La Fiscalía y la Policía investigan una serie de anomalías y supuesta corrupción en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) por la emisión de concesiones mineras, permisos de exportación de oro, y de operación de plantas de beneficio para el procesamiento de material aurífero, hasta inicios de este año.
Redacción Código Vidrio
Este caso se conoció el martes 2 de septiembre pasado cuando personal de la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio de Energía y Minas en Quito.
La intervención de la Fiscalía ocurre en medio de una grave crisis que sacude a la ARCOM tras la llegada del nuevo director ejecutivo Mauricio Martínez en agosto pasado. Aunque nuevo personal ha ingresado, aún no está totalmente operativo. La Agencia opera a medias: no cuenta con el personal técnico, administrativo, jurídico indispensable, y tampoco con el presupuesto correspondiente para continuar con su operación de regulación y control, según fuentes de la entidad que pidieron el anonimato. «Las autoridades están incumpliendo el mandato constitucional de gestionar y controlar los sectores estratégicos, tampoco está en marcha la provisión de servicios inherentes al control», dijo un funcionario.
El 13 de agosto Código Vidrio pidió por escrito un pronunciamiento de Martínez sobre los actuales problemas para el control y las irregularidades detectadas desde el gobierno de Lenin Moreno, quien en 2020 eliminó la ARCOM. Todavía no ha respondido nuestro pedido.
Sumida en problemas administrativos y operativos, la ARCOM se convirtió en un dique. Grandes intervenciones en contra de la minería ilegal están suspendidas desde hace varias semanas en algunas provincias. La coordinación con otras entidades que venían trabajando en esa estrategia está bloqueada por los problemas que enfrenta la Agencia, pues sin su aprobación ninguna operación es posible.
652 concesiones irregulares
Durante varios meses, agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza (INIDCAN) investigaron las operaciones de la ARCOM y determinaron supuestas anomalías en sus sistemas informáticos y en el otorgamiento de todo tipo de permisos.
Entre 2019 y 2024 se habrían emitido 652 concesiones mineras a nivel nacional de manera irregular. Eso pese que en desde enero de 2018 está vigente una resolución de la ARCOM, que aprobó el cierre temporal del catastro minero, para el otorgamiento de concesiones mineras en los regímenes de minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala.
Además, según los investigadores, hubo un aparente crecimiento significativo en el número de plantas de beneficio que estarían procesando material aurífero sin verificar la trazabilidad y procedencia del mineral, que se presume se origina en la minería ilegal.
Según la investigación de la INIDCAN hubo una falta de control sistemático en el otorgamiento de licencias y certificados exportación de oro, lo que habría generado el blanqueamiento del material aurífero.
Con este antecedente, esa unidad especial de la Policía pidió que se verificara la existencia de esos documentos en los allamientos que se realizaron en la ARCOM y el Ministerio de Energía y Minas. “Es necesario preservar y conservar esta información pues existe una presunción de que sea destruida o adulterada”.
Desde marzo de 2022, la Subsecretaría de Minería Artesanal y Pequeña Minería ha gestionado los trámites correspondientes a pequeña minería metálica, que se encontraban pendientes desde el cierre del Catastro Nacional Minero (24-Enero-2018). Actualmente están pendientes 199 trámites de 384 en total. En el período mayo- agosto 2024 se gestionaron 60 trámites correspondientes a pequeña minería metálica.
Sin embargo, ninguno de esos trámites corresponde a otorgamiento de concesiones. Se trata de resoluciones de archivo de solicitudes de ese tipo de áreas.
En la ARCOM hay alrededor de 73 trámites de concesiones que se otorgaron desde el 2023 hasta abril de 2024, según consta en sus registros.
Desde mayo a agosto de 2024 no hubo ningún trámite de otorgamiento de áreas mineras, que están en trámite. Hasta el relevo del nuevo Director Ejecutivo existía desde el Viceministerio de Minas la disposición de no tramitar ninguna de estas solicitudes, debido a la falta de información sobre esos procesos y a la manipulación de la documentación, que ya se había detectado, según fuentes de la Agencia.
Funcionarios alertaron que en esa institución y en el Ministerio de Energía todavía hay operadores vinculados a la entrega de certificados de todo tipo y concesiones, a cambio de pago de extorsiones, lo cual fue corroborado por dos representantes de empresas mineras. «Ellos están enraizados y trabajan con funcionarios de las coordinaciones zonales, en provincias, que no han sido cambiados pese a las alertas que se han realizado», dijo la fuente.