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El año pasado, el Consejo de la Judicatura (CJ) había separado del concurso para jueces anticorrupción a Vinicio Rosillo, cuando descubrió que la Fiscalía lo destituyó en 2012, por haber cometido un delito flagrante de acoso sexual, con una alumna suya, en un motel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Este año Rosillo revirtió la separación del concurso, con un recurso de protección que le concedió un tribunal de segunda instancia. La decisión fue avalada por el CJ, dirigido por Wilman Terán, que no apeló, aunque estaba obligado por ley a hacerlo. Es más, la Judicatura acaba de invitar a Rosillo a ser parte del curso de formación para ocupar el cargo de juez anticorrupción. (Nota actualizada este domingo 8 de julio). 

Alianza Código Vidrio – Vistazo
Por Ana María Carvajal

Especialista de las artes marciales, el abogado Vinicio Rosillo Abarca no da su brazo a torcer. Pese a que en septiembre del año pasado el Consejo de la Judicatura (CJ) lo separó del concurso de jueces anticorrupción por haber sido destituido del cargo de fiscal, en 2012. Sin embargo, al mando del nuevo presidente Wilman Terán, la Judicatura nuevamente le abrió las puertas para convertirse en juez anticorrupción y crimen organizado.

Es más, este lunes 10 de julio, por invitación del CJ, Rosillo empezará un taller de inducción como parte del Curso de Formación Inicial, previsto una semana después, en el cual ya tiene un cupo para convertirse en uno de los nuevos jueces, que integrarán las dependencias judiciales con competencia en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. La semana pasada el pleno del Consejo le notificó a Rosillo la invitación a participar en la capacitación.

Rosillo había quedado fuera del concurso que seleccionó a los 14 nuevos funcionarios para ese cargo, cuando la Judicatura descubrió que había sido destituido en 2012 mientras era fiscal provincial en Santo Domingo de los Tsáchilas. De hecho, Rosillo ocultó que fue separado de la Fiscalía durante el proceso de selección, pues conocía que esa era una causal que lo inhabilitaba.

Ahora, con un fallo de la Sala Multicompetente de la Corte de Santo Domingo, que le otorgó una acción de protección, está cerca de cumplir con su cometido. Los jueces Galo Luzuriaga, Juan Carlos Mariño e Iván León le concedieron la acción el 14 de marzo pasado. Y el 9 de junio el Consejo de la Judicatura resolvió darle trámite y acatarla, sin interponer ninguna apelación. Fuentes judiciales dijeron que Terán y Rosillo son amigos, ambos son oriundos de Santo Domingo, donde se conocieron hace varios años. Terán llegó a la presidencia del CJ en febrero pasado.

Por disposición de los jueces del tribunal, la Judicatura debe dejar sin efecto el informe en el que se justificaba la descalificación de Rosillo del concurso. En esa línea dispusieron que el CJ le permita acceder al curso de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial, que ya tomaron y aprobaron otros aspirantes y duró 52 días. Los mejores puntuados llegaron a la lista definitiva de jueces anticorrupción.

En primera instancia la acción de protección fue negada por un juez,  el 20 de diciembre de 2022, 20 días después de que se conocieran los ganadores del concurso de oposición y méritos. Rosillo apeló y el recurso fue conocido por el tribunal de alzada, que le concedió el requerimiento.

En el primer intento, el juez consideró que no existía vulneración a “los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación ni al principio de favorabilidad y legalidad en la aplicación de sanciones”, que argumentaba Rosillo. Por eso negó el recurso.

Varios días en prisión

Cuando era Fiscal, en 2012, Rosillo fue destituido por faltar a su trabajo más de tres días consecutivos. En ese lapso, estuvo preso debido a una denuncia que una alumna suya interpuso por acoso sexual y un pedido de favores sexuales, a cambio de beneficios académicos, para mejorar sus calificaciones. Luego un juez ordenó su traslado a la cárcel de Quito, tras permanecer hospitalizado.

Aunque el abogado fue detenido en delito flagrante, en un motel, el 5 de mayo de 2012, un tribunal lo declaró inocente. Argumentó que la denunciante planificó la detención y que, supuestamente, el fiscal que estuvo a cargo del caso tenía un nexo sentimental con su alumna. La Fiscalía se opuso a la decisión.  No solo apeló la sentencia, sino que ingresó una queja en contra de los jueces del tribunal a cargo del caso, que no prosperó.

Estos argumentos no fueron parte de la acción de protección que Rosillo interpuso para buscar, a como de lugar, regresar al concurso y optar por un cargo de juez anticorrupción y crimen organizado.

Los argumentos de Rosillo

En su defensa, Rosillo dijo que la Judicatura “hizo aparecer” sobre la marcha en el concurso un informe donde constaba la inhabilidad. El entonces director general del Consejo, Santiago Peñaherrera, explicó, en septiembre de 2022, que Rosillo omitió en su inscripción al concurso el informe, por el que fue destituido en 2012. Solo declaró que había sido fiscal provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas hasta inicios de 2013. Para ese entonces, el abogado ya era el mejor puntuado del concurso, con 64,3 puntos en la sumatoria de méritos y la prueba teórica y 30 más, por la prueba práctica, alcanzando 94,3/100.

Según Rosillo, sus pedidos de una audiencia no fueron escuchados en la Judicatura. “No se me dio la oportunidad de nada, con un informe administrativo hecho por un subalterno, decidieron sacarme del concurso”.

Para él, eso implicó un cambio en las reglas del juego, lo cual generó inseguridad jurídica, pues no pudo seguir el curso de formación inicial, lo que le habría permitido “estar en el banco de elegibles o ser parte de los jueces”.

Judiciales destituidos  

Durante el concurso, Peñaherrera le dijo a Código Vidrio que una persona destituida no puede participar en funciones públicas, en general, por dos años. Pero cuando se trata de la Función Judicial, esa prohibición es “para toda la vida”. Rosillo rebatió ese argumento ante los jueces. Según su criterio, la Ley de Servicio Público no se refiere a funciones del Estado, sino a instituciones. En su caso dijo que fue destituido de la Fiscalía y no del Consejo de la Judicatura. “Una cosa es función y otra institución y la fase del concurso precluyó”.

Pero el CJ, entonces dirigido por Fausto Murillo, ratificó la separación porque Talento Humano debía revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos desde que inició el concurso, en marzo de 2022, hasta diciembre, cuando se definieron los ganadores. Fue así que en agosto se detectó que Rosillo, quien formaba parte de los 37 candidatos finalistas, tenía una inhabilidad y fue descalificado.

La tortilla se da la vuelta

La Judicatura se defendió durante las audiencias en primera y segunda instancia. Desde febrero, con Wilman Terán a la cabeza, resolvió acatar la sentencia de la Corte Provincial sin responder como es lo usual en estos casos manteniendo una línea institucional. Rosillo y Terán son juristas formados en Santo Domingo de los Tsáchilas y tendrían una relación de amistad.

Código Vidrio solicitó información y una versión de Terán sobre este caso al Consejo de la Judicatura, y a Vinicio Rosillo a través de llamadas, mensajes de WhatsApp y correo electrónico. No obtuvo ninguna respuesta.

El Pleno del Consejo, en su resolución 099-2023, resolvió en un artículo único agregar el nombre y el puntaje de Rosillo a la resolución del 16 de septiembre de 2022, en la que se proclamaron los resultados de las fases de méritos, prueba teórica y práctica. Además, dispuso a Talento Humano y a la Escuela de la Función Judicial gestionar lo necesario para cumplir con la sentencia de la Corte Provincial de Santo Domingo.

Así, en silencio y seis meses después, el postulante que salió del concurso por una inhabilidad está cerca de cumplir su objetivo de volver a la Función Judicial.

De seis proyectos hidroeléctricos con financiamiento externo y contratistas de origen chino, dos aún no han sido recibidos definitivamente: el de mayor envergadura (Coca Codo Sinclair) y el más pequeño, Quijos. Un tercero, Mazar Dudas, avanzó parcialmente, porque se cambió de contratista tras el incumplimiento de la firma china. Una constante: el precio final siempre es mayor del valor inicial de la obra, sumado a los litigios judiciales por graves fallas o por corrupción.  

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El cambio de matriz energética fue una promesa que el Gobierno planteó hace casi una década. El principal socio en esa ambiciosa apuesta para generar energía limpia fue China.

El panorama de partida era éste: el 83 por ciento de la demanda de energía dependía de los combustibles fósiles. Para 2014, cuando se promocionaba la transformación, solo el siete por ciento de la producción total provenía de energía renovable. Entre las fuentes de esta forma de energía se encuentra la generación hidroeléctrica. Ésta consiste en captar el caudal de los ríos para mover turbinas que producen electricidad. Puede sonar sencillo; en realidad, se trata de obras de alta ingeniería. Los trabajos suelen implicar la construcción de túneles y otras intervenciones de magnitud, inclusive, en el curso de los ríos.

El ambicioso plan incluía casi una decena de proyectos de generación hidroeléctrica. Fue lanzado durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, con el financiamiento, sea parcial o total, de préstamos chinos. Estos créditos llegaron, en casi todos los casos, atados a la contratación de empresas de ese país, para la ejecución de las obras de ingeniería y de electricidad. En realidad, los proyectos habían sido identificados a fines del siglo pasado, porque eran parte del Plan Maestro de Electricidad, elaborado por el (ya desaparecido) Instituto Nacional de Electrificación, Inecel.

Esta alianza se propuso identificar el balance del plan del cambio de la matriz energética. Hay avances, sí; también problemas. Una de cal y una de arena.

El punto de partida fue información del Servicio de Rentas Internas (SRI), según la cual, las empresas de origen chino que no han pagado impuesto a la renta en los últimos años, no han declarado utilidades porque el Estado ecuatoriano no ha recibido aún las centrales hidroeléctricas. Eso es parcialmente cierto; no aplica en todos los casos.

Para corroborar esta información, requerimos a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) datos actualizados sobre el estado de seis proyectos de centrales hidroeléctricas, cuyo financiamiento se hallaba atado a préstamos chinos. Estos son los resultados.

Las centrales financiadas y construidas por empresas chinas 

Las hidroeléctricas

Las seis centrales en cuestión son: Coca Codo Sinclair (1.500 MW de potencia); Sopladora (487 MW); Minas San Francisco (270 MW), Delsitanisagua (180 MW); Mazar Dudas (21 MW) y Quijos (50 MW). El costo inicial de estos seis proyectos hidroeléctricos en conjunto totalizaba 4.053 millones de dólares.

En la práctica, solo la central Delsitanisagua tuvo una condición contractual de precio fijo. Por eso el precio inicial y el definitivo no varían: 258,6 millones de dólares. La central entró en operación en 2018, pero la recepción definitiva se produjo a fines de mayo de 2021. Se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe, aprovecha el caudal del río Zamora.

En dos de los proyectos aún no se conoce el valor final. Uno de ellos es la central Coca Codo Sinclair. Inicialmente, se previó el presupuesto de 2.439 millones de dólares. Del monto, el 70 por ciento sería financiado con un crédito del Eximbank de China. Está pendiente la recepción definitiva de la obra, y solo entonces se conocerá el valor final.

Es, por cierto, la central más cara, la que más debe producir y la más compleja de este conjunto, por los daños posteriores al entorno, debido al fenómeno de erosión regresiva. ¿Su aporte? Entró en operación en 2016. Desde el inicio ha contribuido al ahorro de 18, 7 millones de toneladas de CO2 al ambiente. Por venta de energía ha producido 81,4 millones de dólares. Por dificultades técnicas y por el fenómeno erosivo, la recepción definitiva aún no se concreta.

La otra central que no ha sido recibida aún es Quijos.  Es el proyecto más pequeño en generación, pero no por ello menos conflictivo. El caso merece un capítulo aparte.

Incumplimientos

Ocho años han pasado desde que la empresa China National Electric Engineering Company fue declarada incumplida por el gobierno ecuatoriano, tras la fallida construcción del proyecto hidroeléctrico Quijos, en la provincia amazónica de Napo.

El proyecto, con capacidad para generar 50 megawatios  (MW), inició su construcción en enero de 2012, e iba a abastecer de energía hidroeléctrica a un buen segmento de la población de Napo.

Fuentes cercanas al proyecto  informaron que durante la construcción, la compañía incumplió cláusulas contractuales, al utilizar métodos técnicos descontinuados, concretamente, en la excavación del túnel.  Además, afirman que no contaba con la maquinaria moderna y adecuada para los trabajos.

El analista en materia eléctrica, Gabriel Secaira, asegura que la contratista tampoco tenía un personal especializado, que trajo de la misma China, para ejecutar los trabajos. «Tenía poca experiencia en este tipo de obras «, opina.

También había problemas geológicos en el túnel, durante el inicio de la construcción. A marzo de 2015, Quijos registraba un avance del 46 por ciento en su ejecución. A esa fecha se habían invertido 80 millones de dólares.  Y, según cálculos preliminare, se necesitan 130 millones más para terminar la construcción.

Según Celec, se encuentra revisando variables para la reactivación. No se sabe si a la terminación del contrato se cobraron las garantías, por incumplimiento de cláusulas contractuales.

La misma empresa china fue contratada para la construcción del proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas, en el austro del país, con una potencia de 21 MW. También fue declarada incumplida. Por lo tanto, CELEC dio por terminado el contrato en diciembre de 2015. La compañía Astudillo Guillén Construcciones asumió la continuación de los trabajos y la primera de las tres centrales (central Alazán) entró en funcionamiento en 2017. Sin embargo, en agosto de 2018 se suscribió el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de obras civiles, en la central San Antonio, la segunda del proyecto.

Un dato llama la atención. Recién 2021, tres centrales hidroeléctricas de las seis analizadas fueron recibidas oficial y definitivamente. En abril de ese año, Sopladora y Minas San Francisco. Y un mes más tarde, Delsitanisagua.

En Sopladora y Minas San Francisco resaltan las diferencias entre los precios iniciales y los definitivos. En Sopladora, la diferencia es de 9,3 millones de dólares, valor que incluye contratos complementarios.

Sopladora fue inaugurada el 25 de agosto de 2016, por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Esa inauguración tuvo un sabor de precampaña electoral, ya que para los comicios de 2017 correría su entonces ungido, Lenin Moreno. En esa ceremonia, Correa reveló que querían entregar todas las hidroeléctricas (ocho en total) para el primer semestre de 2016, pero sufrieron un atraso. Sopladora, con capacidad de 487 MW, es parte del complejo Paute.

En el discurso de inauguración Correa afirmó que “En Sopladora hemos invertido 755 millones de dólares entre obra civil, equipamiento, fiscalización y administración. Ese es el tan satanizado gasto público. El 85 por ciento de financiamiento del contrato de construcción se hizo con un crédito del EximBank de China con condiciones beneficiosas para el país, y el 15 por ciento con recursos fiscales”. Con su funcionamiento, afirmaba, el país dejaría de invertir 276 millones de dólares anuales, en importar diesel para la generación termoeléctrica.

En suma, con ocho hidroeléctricas, decía Correa, se habían invertido cinco mil millones de dólares, que recuperarían en cinco años, pues cada año de funcionamiento implicaría un ahorro de mil millones de dólares.

La promesa se cumplió a medias. Los gastos posteriores por encarecimiento de las obras, debido a fallas, especialmente en Coca Codo, han sido un verdadero dolor de cabeza para el Estado. Esto ha implicado litigios y paras constantes en la central, que siete años después no es entregada oficialmente.  Además de un proceso judicial en el que están involucrados desde el expresidente Lenin Moreno hasta algunos de sus familiares y exfuncionarios, así como el Exembajador de China. Esa es la otra faceta de estos proyectos: la corrupción, que ha sido una constante.

Hace casi ocho años, el Ministerio de Educación firmó un contrato con la empresa China Railway para la instalación de 200 escuelas prefabricadas, por 196 millones de dólares. El contrato era tan grande que se anunció la construcción de una planta de materiales en Manabí para suplir la demanda. Hoy no hay fábrica; se levantaron solo 50 escuelas y apenas 20 funcionan. Por eso se declaró la terminación unilateral del contrato, pero la empresa china reclamó una millonaria indemnización. Hay 24 mil estudiantes afectados. La Unidad Kerly Torres, inaugurada en 2018 en Manta, fue desmantelada, sin que exista un solo responsable (foto). 

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Por Alejandro Pérez

En 2015, el entonces gobierno de Rafael Correa dio un giro a su emblemático proyecto de escuelas del milenio. Ofreció más de 500 de estas obras. Cada una costaba entre cuatro y ocho millones de dólares. Aunque para ese año apenas se habían construido menos de 50. La bonanza petrolera había terminado y los recursos fiscales escaseaban. Pero del gobierno surgió una idea millonaria: hacer escuelas “tipo milenio” con material prefabricado. Así, el 18 de agosto de 2015, el Ministerio de Educación firmó un contrato con la empresa China Railway N° 9 Engineering Group, para levantar 200 planteles, hasta el último año que gobernaría Correa, con lo cual intentaba dejar su legado.

“Vimos que nos íbamos a demorar muchísimo para completar la infraestructura educativa que se requiere (…). Vamos a construir lo que hemos llamado las Escuelas Siglo XXI, prefabricadas, de un gran material antisísmico, térmico, anti ruidos, pero que cuestan menos de un millón (de dólares) y, con el material en el sitio, se hacen en tres meses”, anunciaba el entonces presidente en la sabatina del 24 de septiembre de 2016. Ya había pasado más de un año de la firma del contrato y todavía no se había instalado ninguna escuela.

Como muchas de las obras emblemáticas de aquella época, las Escuelas Siglo XXI venían atadas a un crédito con el Bank of China Limited, de 167 millones de dólares. La contratación se hizo bajo la figura de Régimen Especial: se invitó a China Railway para que presentara su propuesta, sin concurso. Seis años más tarde, la Contraloría emitiría un informe que determinó reparos en el proceso de contratación e incluso concluyó que la contratista no cumplía con los requisitos de experiencia.

El proyecto además contemplaba la instalación de una planta para materiales prefabricados en el cantón Rocafuerte, en Manabí. “El contrato es tan grande que le exigimos a la empresa china que ponga su fábrica en Ecuador”, dijo Correa.

“A partir del 15 de diciembre, la empresa china empezará con la fase de preproducción y capacitación a los obreros que trabajarán en la planta, y ya estará en operación desde el 15 de enero de 2017”, secundó el entonces ministro de Educación, Augusto Espinosa.

 

Esta planta se construye en principio específicamente para ser la fábrica de las Unidades Educativas Siglo XXI, pero a futuro puede servir también para construir otro de tipo de infraestructuras como viviendas y oficinas cuando sea necesario, agregó. Pero con el tiempo, la fábrica quedó en nada y se construyeron solo 50 escuelas. Apenas  20 están en uso.

Empiezan los problemas

El monto total del contrato ascendía a 196 millones de dólares por las 200 escuelas, que se debían instalar en 21 meses, a partir de la entrega del anticipo. Es decir que, si los recursos fluían a tiempo, todo debía estar listo para mayo de 2017, cuando Correa dejaría el poder. Pero el crédito de China demoró, al Estado le faltaba plata por los bajos precios del petróleo. Para completar el cuadro ocurrió el terremoto de abril de 2016. Recién en mayo de ese año el Ministerio de Educación transfirió un anticipo de 29 millones de dólares a China Railway para que iniciara las obras.

Recién a inicios de 2017, en plena campaña electoral, el gobierno empezó a inaugurar las primeras Escuelas Siglo XXI construidas por China Railway. Hasta ese momento no había ninguna crítica sobre las infraestructuras, pues el gobierno dependía de los créditos chinos. Según documentos del proceso contractual, se levantaron 50 escuelas entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Otros diez terrenos quedaron aplanados, pero sin infraestructura. La empresa dijo que en esas obras había invertido más de 60 millones de dólares.

El problema llegó a fines de 2017, cuando el gobierno de Lenín Moreno dio un giro y rompió relaciones con Correa. Se empezaron a cuestionar el endeudamiento con China, las obras que construían empresas de ese país y las preventas petroleras. En mayo de 2018, el Ministerio de Educación inició la terminación unilateral del contrato con China Railway, puesto que la empresa no había cumplido con lo acordado. Encontró reparos en la calidad de los materiales, por lo que solo aceptó 20 escuelas, el resto quedó en custodia de la empresa china.

“Se encontraron inconsistencias y omisiones. Las escuelas fueron recibidas por un tema de necesidad y con actas provisionales, pese a que había riesgos de infraestructura”, explica Roberto Acosta, coordinador jurídico del Ministerio de Educación. Acosta asegura que en esa fecha no trabajaba en el Ministerio, pero ha tenido que empaparse del proceso. Recuerda que hubo trámites de mediación para reconocer a la empresa china un valor por las escuelas, pero no llegaron a acuerdos. Finalmente, China Railway interpuso una demanda por más de 100 millones de dólares: 65,9 millones por la inversión, más 36,5 millones por lucro cesante.

El argumento de la demanda: Educación no había entregado los terrenos a tiempo para instalar las escuelas prefabricadas, el suelo de algunos de los terrenos no era el adecuado, más otros detalles en los términos del contrato que, a juicio de la demandante, dificultaron la ejecución de obra. Además, el Estado ecuatoriano había recibido, inaugurado y usado 20 escuelas, lo que demostraría que se ajustaron al contrato.

67 millones de dólares en juego

En abril de 2021 un tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito aceptó parcialmente la demanda propuesta de Zhou Xiaoyo, apoderado de China Railway, ordenando que el Ministerio de Educación le pagara 67,7 millones de dólares. Los funcionarios de Estado pidieron un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que fue admitido y se resolverá en los próximos meses. Acosta cree que los jueces darán la razón al Ministerio de Educación cuando se revisen los argumentos y toda vez que, en 2022, después de la sentencia, la Contraloría emitió un informe en el que cuestiona el contrato y la calidad de las escuelas ensambladas y entregadas. Además, fijó glosas por 24 millones de dólares.

Un primer hallazgo de Contraloría fue que el contrato firmado bajo la figura de adquisición de bienes estuvo mal aplicado, puesto que se requería de otras especificaciones en la ejecución de obras. También detectó que China Railway no cumplió con los requisitos mínimos, ya que por ejemplo presentó experiencia en la construcción de proyectos de obras civiles, cuando en los pliegos se requería experiencia en la provisión o instalación de bienes.

Por otro lado, se firmó un contrato modificatorio sin criterio jurídico. Los terrenos no cumplían con las especificaciones contractuales, no había estudios de suelos y dos terrenos no pertenecían al Ministerio de Educación. Además, las actas de entrega recepción no cumplían con los requisitos.

Sobre las deficiencias en el ensamblaje, la Contraloría determinó que los diseños no consideraron parámetros establecidos, lo que provocó que en ciertas escuelas la estructura del piso se deformara, las vigas presentaran deflexiones y fallas, se instalaran vigas desalineadas, y se produjeran aberturas entre las partes ensambladas, por lo cual se desprendieron los tornillos, entre otras fallas.

En los diseños el ente de control determinó que las tuberías y cableados eléctricos no cumplieron los lineamientos requeridos, lo que podría ocasionar problemas de humedad y oxidación. En algunas escuelas encontraron que las dimensiones de ventilación fueron inferiores a las establecidas en los planos, por lo cual se concentraron altas temperaturas en las aulas. Esto obligó al Ministerio de Educación a instalar aire acondicionado y ventiladores, que sirvieron de poco. Pero, sobre todo, la Contraloría concluyó que la contratista no entregó las unidades educativas de acuerdo con el cronograma establecido que tenía como plazo el 9 de junio de 2018, lo que ocasionó una multa de 29 millones de dólares.

Estos hallazgos, según Roberto Acosta, servirán de elementos en el recurso de casación, pues no fueron tomados en cuenta en el fallo a favor de China Railway. “Tenemos dos escenarios: uno, que el Ministerio de Educación tenga que cancelar el monto que dice la sentencia, o dos, que esa sentencia sea revisada y que esos haberes sean disminuidos o incluso dejados sin efecto, lo cual sería favorable a los intereses del estado ecuatoriano”, dice Acosta.

Efectos colaterales

No se sabe la situación de las escuelas que no han sido entregadas y están en custodia de la empresa china. Esta alianza periodística solicitó una entrevista por medio de un ejecutivo de China Railway para obtener la versión de la empresa, pero no se pudo concretar hasta el cierre de este reportaje.

Hace varios años, por ejemplo, la Unidad Educativa Siglo XXI Kerly Torres, en la parroquia Leonidas Proaño, en Manabí, fue desmantelada por vándalos que se llevaron la escuela pieza por pieza. Esa escuela, según los documentos contractuales no tenía acta de entrega recepción, pero según la contratista estaba “terminada totalmente y en funcionamiento”.

Gabriel Castañas, subsecretario de Administración Escolar, dice que ya han tenido que hacer mantenimiento y reparaciones a algunas escuelas prefabricadas con significativos gastos: solo en dos han gastado más de 700 mil dólares, puesto que requerían cambios de cubiertas, baterías sanitarias, canchas, entre otros trabajos emergentes. En teoría, las escuelas tendrían una vida útil de 25 a 30 años. Aunque el contrato preveía el mantenimiento y garantía de las escuelas por al menos diez años, con la terminación unilateral se cerraba esa puerta.

Pero eso no es todo. El Ministerio ha tenido que construir nuevas escuelas o remodelar y ampliar las que ya existían suplir la demanda de estudiantes que debían ocupar las 30 escuelas prefabricadas que no se recibieron. Como cada de esas infraestructuras acoge, en promedio, a 800 niños y adolescentes, la afectación llega a más de 24 mil estudiantes. Castañas dice que ya se han invertido cerca de ocho millones de dólares en este proyecto de contingencia y que en los próximos meses se invertirán otros 52 millones para habilitar otras 52 unidades educativas.

Con la posibilidad de que el Fenómeno del Niño ocasione fuertes daños en la infraestructura educativa, las escuelas prefabricadas sin uso podrían ser una opción. Pero el proceso legal demorara mucho tiempo más en resolverse. Además, si la justicia vuelve a fallar a favor de la empresa china, obligando a pagar los 67 millones de dólares, la inversión para infraestructura educativa se verá más comprometida.

El millonario contrato de las escuelas prefabricadas no dejó el legado que el gobierno de ese entonces ofrecía. Más bien quedaron las infraestructuras cuestionadas, niños que no pudieron ocupar escuelas y un juicio que todavía no termina.

Casa adentro, China es consciente de que debe frenar emisiones para evitar los efectos del cambio climático. En la Amazonía ecuatoriana, la mayor inversionista extranjera es la china Andes Petroleum, operadora del campo Tarapoa o bloque 62, cuestionada por provocar 59 pasivos ambientales en la zona frágil de Cuyabeno. El contrato que le permite operar en el país sería renovado por el Gobierno saliente, año y medio antes de fenecer, sin tomar en cuenta los posibles daños. Por eso, expertos piden que los candidatos presidenciales se pronuncien. PetroOriental, empresa filial también constituida por capitales chinos, fue llevada al banquillo de los acusados, por la quema de mecheros en el bloque 14. Aquí las historias.

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Si se habla de cambio climático, una potencia mundial es, por sí sola, responsable de la emisión del 27 por ciento del dióxido de carbono y de un tercio de los gases de efecto invernadero de todo el planeta, según un informe del Banco Mundial. Casa adentro, China ya sufre los efectos: inundaciones costeras, marejadas ciclónicas, erosión… Si no adopta medidas drásticas, en 2030 podría enfrentar pérdidas estimadas entre 0,5 y 2,3 por ciento de su PIB.

Esa nación se comprometió a llegar al máximo de sus niveles de emisión antes de 2030 y lograr la neutralidad de emisiones para 2060. Una de las recomendaciones que formula el documento es “garantizar una transición justa para las regiones y comunidades más afectadas por la eliminación de los combustibles fósiles”.

China extrae combustibles fósiles en la Amazonía ecuatoriana. Dos empresas constituidas en Ecuador, con capitales chinos, han sido observadas por su impacto ambiental, en distintas instancias. Se trata de PetroOriental y de Andes Petroleum. Ambas son compañías filiales.

Petrooriental fue demandada por su incidencia en el cambio climático. El recurso judicial constituye un hito en el país. La comunidad waorani Miwaguno denunció a PetroOriental SA por la quema y venteo de gas en los mecheros del Bloque 14, durante la extracción del petróleo. La contaminación atmosférica tiene efectos directos en el cambio climático, según la demanda revisada por esta alianza.

En cambio, la firma Andes Petroleum, filial de PetroOriental y constituida también con capitales chinos, habría provocado 59 pasivos ambientales desde el inicio de sus operaciones en 2006. Su relación contractual con el Estado ecuatoriano fue modificada en noviembre de 2010. La nueva modalidad contractual arrancó en 2011 y debe terminar a fines de 2025.

Pero dos años antes de que concluya el convenio, el gobierno saliente de Guillermo Lasso estaría realizando una renegociación anticipada, sin tomar en cuenta los pasivos ambientales, según fuentes consultadas por esta alianza. Según esta alerta, la administración de Lasso debería abstenerse de extender el plazo del contrato para la extracción del crudo en el campo Tarapoa (bloque 62) y más bien los candidatos presidenciales deberían empaparse de este tema, para tomar decisiones que beneficien al Estado.

La histórica demanda que se hizo humo

“En agosto era la época seca, porque todo se secaba (…) aparecía y reventaba el algodón. Se secaban los ríos y las quebraditas y se morían los peces y aparecían los puercos (guancanas) a comerse los peces muertos. En septiembre florece todo y en febrero llueve. Ahora noviembre y diciembre llueve. Ahora no se sabe cuándo es tiempo de lluvia o sequía, todo cambia”.

Éste es uno de los testimonios que sustentaba la demanda de la comunidad waorani de Miguaweno contra PetroOriental SA, subsidiaria de las gigantes firmas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (Sinopec). La demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2020, ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana. Fue un hecho sin precedentes, considerado histórico, porque un grupo de denunciantes llevó a una firma petrolera china al banquillo. El argumento: su posible contribución al cambio climático.

Los demandantes dejaban claro el objetivo del recurso que presentaban, que era una acción de protección. “Desde ya podemos anticipar que nuestra pretensión no es el cierre de las operaciones del Bloque 14, sino detener la quema y venteo del gas que ahí se produce. Como quedará demostrado, esto es algo totalmente factible y que, si bien requerirá una inversión y tiempo, ninguno de estos puede ser un obstáculo para que la accionada cese el acto que viola los derechos que aquí invocamos”.

La demanda fue presentada en el marco de un conjunto de acciones coordinadas con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la cual Acción Ecológica es contraparte en Ecuador, según explicó a esta alianza Ivonne Yánez, una de las responsables de la demanda. FIDH representa a 192 organizaciones en 117 países.

Alex Almeida, otra de las impulsoras de la denuncia, explicó en entrevista que la comunidad waorani está consciente de las afectaciones, consistentes en los cambios de estación, inundaciones y otros problemas. En el texto de la demanda se incluye un testimonio revelador:

“Ocurrió una inundación del río Miwaguno en junio del 2020, creció de noche, inundó las casas, algunos nadaron. Inundó hasta la mitad, duró una semana. Casas se partieron, debajo de las casas se partió la tierra. Hubo daños a los cultivos, cacao, yuca, plátano, café se murió. El cacao no carga cuando se moja mucho, recién ahora (octubre 2020) está secando y la tierra empieza a producir. Todo quedó podrido, no tienen que tomar, la yuca quedó podrido. Instituciones como la Junta Parroquial, el Consejo Provincial, el FEPP, la fundación Labaka les dio comida (arroz azúcar, aceite). Hasta ahora tienen hambre. Yuca y plátano hay poco, recién están volviendo a sembrar. La fundación Labaka les dio camas”.

Según la demanda, antes de la actividad petrolera, “se podían encontrar pájaros como el papagayo, pescados en los ríos, monos, tigre, boa, etc». Cuando los Waorani iban de cacería encontraban guanganas. Usaban bodoquera, esto lo practicaban los hombres ya que tenían el dominio de la lanza. Los testimonios que sustentaban la denuncia señalan que con la presencia de petroleras se colocaron mecheros “hubo cambios grandes en el mundo Wao. Estamos tristes, dan ganas de correr por estos cambios”. “La escasez de productos silvestres y la baja productividad de la tierra han ocasionado que la disponibilidad de alimentos y la dieta de los waorani se vean afectadas”. Miembros de la comunidad migraron. “Con estos testimonios, que tienen pleno valor probatorio como fuente de conocimiento ancestral, queda demostrada la afectación que sufrimos los accionantes y nuestros pueblos a causa del cambio climático”.

Según los demandantes, “Nos enfrentamos a una alteración del flujo de energía, pues el carbono presente en la atmósfera ha aumentado un 42 por ciento debido a la combustión de combustibles fósiles, de la cual es responsable parcialmente la empresa accionada. Este incremento de carbono en la atmósfera causa un fenómeno conocido como efecto invernadero”. El efecto invernadero, dice la demanda, es el fenómeno que permite al planeta mantener una temperatura ideal para que exista vida y depende del balance energético del planeta.

La defensa de la empresa argumentó que ésta “ya tiene en marcha un plan para reducir el uso de mecheros, utilizar el gas que se produce al extraer el petróleo”. Además, insistió en que la comunidad Miwaguno “no está en el área de influencia del bloque 14 ni de las dos estaciones que tienen los mecheros”. Según su explicación, la estación Nantu está de cuatro a siete kilómetros y la estación CDP tiene otro mechero, a 6,4 Km. Según la defensa, la empresa china invirtió 23 millones de dólares entre 2012 y 2020 para instalar sistemas que reduzcan la quema de gas. Para cuantificar, la firma aseguró que Petrooriental emitió menos de uno por ciento de gas lanzado por todos los mecheros en el país.

Durante el proceso la defensa argumentó que un carro genera nueve toneladas de CO2 en un año. En 2018, en Ecuador circulaban 2,4 millones de carros, lo que implicaría emisiones anuales de 21,6 millones de toneladas.

Para Ivonne Núñez y Alex Almeida, el proceso dejó un cúmulo de enseñanzas y experiencias. Una de ellas, por ejemplo, los ancianos wao debían comparecer por medios telemáticos porque el proceso se sustanció durante la pandemia. Las diferencias culturales sobre la perspectiva del tiempo en la cosmovisión waorani también pesaron, durante las comparecencias. “Antes” para los waoranis no representa una noción de pasado, sino que puede ser comprendido como algo ocurrido apenas hace un momento.

La jueza de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia del cantón Francisco de Orellana no dio paso a la demanda. Los miembros de la comunidad desistieron de apelar. Los demás demandantes optaron por el mismo camino, pero creen que este caso puso en el tapete la discusión sobre el papel de las petroleras chinas en el cambio climático, mientras en su propio país toman decisiones radicales.

Alerta por renegociación flash

La empresa Andes Petroleum opera el campo Tarapoa o bloque 62, lo que, de hecho, la convierte en un actor estratégico en la industria hidrocarburífera nacional. Se trata del mayor inversionista extranjero en el campo petrolero en Ecuador.

Andes Petroleum, constituida con capitales de las firmas Sinopec y CNPC, inició operaciones en 2006. La modalidad contractual con el Estado ecuatoriano fue replanteada a fines de 2010, mediante la firma de un nuevo acuerdo en noviembre de ese año. Diversos estudios académicos revisados por esta alianza revelan que el cambio de fórmula fue beneficioso para el Estado mientras el precio del barril de crudo se mantenía en altos niveles. A medida que los precios fueron declinando, fenómeno que se intensificó desde 2014, la relación dejó de ser positiva, de acuerdo con varios autores.

Respecto al pago de tarifas, el Estado le pagaba a Andes Petroleum “dos y tres veces más que los costos de producción de Petroecuador”, según el analista petrolero Henry Llanes. En una carta de nueve páginas entregada al presidente Guillermo Lasso, el viernes 23 de junio, Llanes advierte al mandatario que en su administración se pretende una renegociación anticipada del contrato con Andes Petroleum. Aquello ocurriría, alerta, un año y medio antes de que fenezca el convenio (diciembre de 2025) y sin tomar en cuenta los pasivos ambientales.

Los dirigentes de la Asamblea Ciudadana del Cantón Cuyabeno determinaron que la operación de la firma china en los campos Tarapoa y Bloque Sur causó 59 pasivos ambientales “En los ecosistemas de las zonas de influencia de Cuyabeno, los mismos que no han sido remediados”. Entre las afectaciones, se señalan problemas en la salud por contaminación ambiental, así como destrucción de cultivos y muerte de animales domésticos. Los efectos fueron detectados en 12 comunidades colonas y siete comunidades indígenas. Entre ellas, las comunidades Tarabeaya, San Victoriano y Puerto Bolívar de la nacionalidad Siona; Platas de Cuyabeno y Zancudo, de la comunidad Kichwa; Pakuya y Sábalo, de nacionalidad Cofán; comunidad Wais, de la nacionalidad Siekopai; y, comunidades Taykiua y Charap, de la nacionalidad Shuar.

“Resulta inconcebible que se quiera renovar el contrato con Andes Petroleum, por 15 años más, con el argumento de que el Estado le debe a la contratista 200 millones de dólares, así como, porque la compañía invertirá una cantidad similar en el nuevo período de vigencia del contrato. Se trata de una inversión insignificante que surgirá de los mismos yacimientos”.

El candidato presidencial Fernando Villavicencio exhortó al gobierno de Lasso a dejar en suspenso cualquier intento de extensión del plazo, advirtiendo que el Estado paga 42 dólares por cada barril extraído, lo que convierte a esta operación en perjudicial para el país.

Aún más, Henry Llanes pidió que todos los candidatos presidenciales se empapen de este tema, por su gravedad y trascendencia, para que el triunfador de las elecciones de agosto de 2023 pueda tomar decisiones acertadas.

Andes Petroleum es además accionista del 40 por ciento del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. El contrato con el Estado fenece en septiembre de este año. Según Llanes, bajo el argumento de que no hay recursos públicos para construir la variante del OCP, se renovarían a dedo los contratos.

En un artículo difundido en 2020, con motivo de los 14 años de presencia de Andes Petroleum en el Ecuador, su principal, el ingeniero geólogo Hu Quan defendía el aporte y el beneficio de la relación entre el Estado y la petrolera, a la cual calificó como un “ganar-ganar”.

Explicaba que la empresa llegó en 2005, para hacerse cargo del bloque que estaba en manos de la saliente Encana. Y detallaba que luego de 2011, cuando se redefinió el modelo contractual, se aplicaron técnicas de avanzada para descubrir nuevos yacimientos de crudo, lo que efectivamente ocurrió. Esto, en un área que venía siendo explotada desde los años 70s y por tanto se considera zona de campos maduros, sería positivo, según este argumento.

Entre 2006 y 2019, la empresa invirtió más de 485 millones de dólares en exploración.

“La empresa se caracteriza por una gestión limpia, impoluta e indiscutible en sus estándares de cuidado y de producción”.  Detalló que en ese mismo período, entre obras sociales como voluntariado y siembra de árboles, la empresa promovió 128 mil atenciones médicas comunitarias, y contribuyó al bienestar de seis mil niños y jóvenes.

Es la más grande inversión petrolera extranjera en el país, señaló.

En un reporte publicado en medios públicos chinos, la empresa afirmaba haber prestado atención médica a la comunidad, durante la pandemia por Covid-19. A inicios de 2022, la contribución de esta firma al país se estimaba en 9.413 millones de dólares, lo que incluye, impuestos, regalías, producción y ganancias compartidas.

Un informe de 50 ONGs de nueve países analizó los proyectos de extracción de petróleo y recursos mineros, hidroeléctricas y ferrocarriles desarrollados en ecosistemas frágiles, a cargo de inversionistas chinos. Existe un patrón de vulneración constante de derechos ambientales y económicos en 11 países de América Latina.

Por Ana María Carvajal

Las concesiones mineras de Mirador y San Carlos Panantza forman parte de los 14 proyectos en manos de empresas chinas, que han violentado derechos y causado daños al ambiente,  según un informe que 50 ONGs de nueve países de Latinoamérica presentaron en febrero pasado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC).

A Ecuador lo representan Amazon Watch regional, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Fundación Pachamama, Iniciativa Cuencas Sagradas y Yasunidos Cuenca. El trabajo, titulado informe ‘Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica’, analiza proyectos de extracción de petróleo y recursos mineros, hidroeléctricas y ferrocarriles desarrollados en ecosistemas frágiles, a cargo de 11 inversionistas chinos en Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, México, Perú, Colombia, Argentina y Ecuador. En el documento se concluye que los inversionistas chinos no han hecho suficientes esfuerzos para evitar graves daños ambientales en la región.

El informe fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) que acompañó a representantes de comunidades afectadas y que contó con el apoyo del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) y FIAN Internacional.

Desde 2016, las inversiones chinas han sido observadas por distintos estamentos de la ONU debido a incumplimiento de sus obligaciones. El CDESC invitó a las ONGs a enviar sus observaciones y reclamos, en su calidad de evaluador de los estados en cuanto a garantías de derechos económicos, sociales y culturales. Luego, varios de esos reclamos fueron reconocidos por China en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2019.

El CDESC incluyó también las observaciones de la sociedad civil en su informe final publicado el 3 de marzo pasado y en las recomendaciones del CDESC, del 22 de marzo. Se solicitó que se recomiende a China que respete, proteja y cumpla sus obligaciones fuera de su territorio, relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los países donde sus empresas y bancos estatales y semiestatales estén operando.

Sofía Jarrín, de Amazon Watch, fue parte del equipo de monitoreo durante cinco años a los proyectos. Para ella, es un logro que en el EPU se haya reconocido que dentro de las empresas también se debe cumplir con obligaciones extraterritoriales, que incluyen respeto de los derechos. Además que se les haga recomendaciones orientadas a un adecuado control para que en toda la cadena de suministros se garanticen los derechos humanos y del medio ambiente. “Demostramos que existe un patrón de vulneración en América Latina donde se plantea que se deben mejorar las políticas y cadena de control, dentro y fuera de sus fronteras”.

El Comité le recomendó a China que vele para que sus empresas, proveedores y financistas “rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que cometan, prestando especial atención a los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y los campesinos, los impactos ambientales y la expropiación. Eso en el contexto de proyectos inmobiliarios y de infraestructuras, y porque se establezcan mecanismos de seguimiento y vigilancia para investigarlas y sancionarlas por sus actividades perjudiciales. Pidió además que se asegure de que las víctimas de violaciones a sus derechos puedan acceder a mecanismos de denuncia efectivos y una reparación adecuada.

Observó que al Estado debe asegurarse de que las compañías “respeten los derechos económicos, sociales y culturales cuando operan en el extranjero, en particular en lo que se refiere a las operaciones de aquellas que trabajan en la extracción de materias primas, la construcción y los proyectos de infraestructuras”. Adicionalmente le recomendó adoptar medidas legales y administrativas para exigirles que se responsabilicen de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.

Relación desfavorable en el financiamiento

Otra preocupación para el Comité son las prácticas y condiciones del financiamiento que ofrece China en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para el desarrollo de infraestructuras en terceros países, porque “están repercutiendo negativamente en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en esos países”. Habla, por ejemplo, de falta de transparencia, corrupción, inviabilidad de ciertos proyectos y una relación costo-beneficio desfavorable para los países que reciben los fondos. Además, resalta que algunos niveles de deuda son insostenibles para ellos y que hace falta respetar la necesidad de emplear a proveedores y mano de obra locales.

Los proyectos citados en Ecuador, Mirador y San Carlos Panantza, son operados por Ecuacorriente (ECSA) y ExplorCobres, ambas filiales del consorcio CRCC-Togling. En el primer caso, el informe argumenta que se trata de un proyecto pionero a gran escala de minería a cielo abierto, que ha afectado a unos 16 ecosistemas diferentes.  Allí también participa China Railway Construction Corporation.

Y en el segundo caso subraya que su área de influencia llega al 70 % del territorio ancestral del pueblo Shuar Arutam. Varias ONGs han acompañado y apoyado a los Shuar como a los Kichwas y campesinos que vivían en el sector, hasta que en 2020 lograron que se frenen los trabajos en la mina. El año pasado, obtuvieron una sentencia en la Corte Constitucional, que retiró la licencia ambiental a la empresa, por violaciones al derecho de la consulta.

JusticiaAcorralada. El nombramiento de 10 conjueces para la Corte Nacional de Justicia podría concretarse dentro de los próximos días. Talento Humano trabaja en el perfil de los funcionarios. Hay críticas a la designación sin concurso de merecimientos, por la falta de independencia de los judiciales que sean nombrados, al ser solo ocasionales, sin un nombramiento.

Por Fernando Medina 

El Consejo de la Judicatura busca designar contra reloj 10 nuevos conjueces para llenar vacantes en la Corte Nacional.

Los judiciales serán escogidos sin un concurso de méritos y oposición, debido a que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), encabezado por Wilman Terán, emitió la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente para la designación de conjueces temporales.

La resolución se tomó el miércoles 7 de junio pasado en el pleno del CJ. En la sesión estuvieron presentes los vocales Maribel Barreno y José Morillo, quienes el mismo día fueron acusados por la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias.

La diligencia de formulación de cargos no impidió que los funcionarios se reunieran para determinar los plazos que deben cumplirse para posesionar a los nuevos conjueces.

Según la Judicatura, la decisión se justifica debido a que la Corte Nacional debe funcionar con 21 magistrados. Pero el máximo tribunal cuenta, desde 2021, con 11 jueces, quienes no pueden gestionar y resolver todas las causas judiciales pendientes, que ingresan constantemente. Inicialmente se preveía nombrar 21 conjueces, pero la idea no prosperó.

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En febrero del 2021, el Consejo de la Judicatura tomó juramento a los 9 magistrados y dos conjueces, que actualmente integran la Corte Naacional. Hubo un concurso de méritos que duró siete meses.

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En la sesión de junio pasado, el vocal Fausto Murillo mocionó que los elegibles debían cumplir un perfil mínimo: que sea juez de corte provincial o de tribunal de lo Contencioso, que tenga una experiencia de mínimo cinco años como juez de corte provinncial, que en su última evaluación haya obtenido un mínimo de 80 sobre 100 puntos, que tenga una especialización y no haya sido sancionado. Con base en esas sugerencias la dirección de Talento Humano está elaborando el perfil que deberán tener los nuevos conjueces.

La falta de jueces se complicó con la suspensión del magistrado Walter Macías, quien fue sancionado por el mismo pleno de la Judicatura a inicios de mayo pasado. Él tramitaba el proceso en contra de Barreno y Morillo. Además tiene a su cargo importantes causas, como Sobornos, que está en etapa de ejecución para recuperar bienes de los sentenciados, incluido el expresidente Rafael Correa. Su suspensión de 90 días empeoró el panorama.

Así lo señaló el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, en un informe remitido a la Judicatura el pasado 15 de mayo. En ese expediente, el juez indica que la “situación se ha visto agravada con la ausencia de dos magistrados, quedando de manera definitiva la vacante del despacho de Vicente Robalino (…) y temporalmente el despacho de Walter Macías Fernández, quien se encuentra suspendido en la actualidad”. Saquicela pidió a Terán y a los vocales que apresuren la designación de los nuevos magistrados.

¿Algunos jueces ya festejan?

Inclusive en un encuentro nacional que se celebró en Cuenca y reunió a 300 jueces de todo el país, el último fin de semana, varios jueces fueron consutados sobre sun interés en asumir los cargos. Algunos se negaron y otros habrían aceptado la invitación a integrarse, en función de los parámetros que fije Talento Humano. “Hay algunos que ya estuvieron festejando de antemano su designación”, dijo uno de los participantes en el encuentro, donde los asistentes debatieron sobre la aplicación y abusos de las garantías constitucionales.

Fuentes de la Corte consultadas por Código Vidrio dijeron que el nombramiento temporal puede ser un dogal para los conjueces, que actuarán condicionados, por la naturaleza y condiciones de su designación. “Un juez temporal es una figura atemporal, puede durar todo el tiempo que la autoridad nominadora quiera”, advirtió una fuente de la Corte Nacional, que pidió el anonimato.

Este es el argumento. La justicia tiene varias garantías, como la independencia y la imparcialidad judicial. A su vez, la independencia tiene otras garantías que permiten precisamente que el juez pueda juzgar con independencia e impacialidad. Además existen como pilares la independencia judicial interna y la externa. En la externa se requiere un juez que sea fijo, no esté supeditado a presiones externas, y que tenga un nombramiento.

“Al nombrar conjueces temporales, que hagan las veces de titulares, ellos no tendrán un nombramiento, pueden ser removidos en cualquier momento y bajo cualquier causal. Eso sin duda puede ocurrir en cualquier momento si ese juez emite un fallo que no le guste a la autoridad nominadora, que por este motivo lo puede remover”, subraya un jurista de la Corte.

En general también se nombran jueces temporales para obtener resoluciones favorables a los intereses de quienes los nombran. Sometidos a esa presión, los temporales también pueden condenar a un opositor político o exculpar a un amigo, sin que existan suficientes evidencias.

Sin duda, agrega otra fuentes, “una garantía para la independencia es el nombramiento y la inmamovilidad  en el cargo, que está supeditada a causales claramente establecidas en la ley”.

Represamiento, licencias, demoras…

Según información oficial, la Corte tiene  problemas por el congestionamiento de causas de los recursos de casación y de doble conforme. Este último tiene que ver con las personas que son condenadas por primera vez en segunda instancia. Incluso, la Corte Constitucional se pronunció en 2021 para que existan más jueces que tramiten estos procesos.

La falta de jueces ha desencadenado otros inconvenientes. Por ejemplo, los constantes pedidos de licencias que diariamente son solicitados a Saquicela. El titular de la Corte dice que se produce la problemática de dobles e inclusive hasta triples encargos de diferentes despachos a un mismo conjuez.

En el peor escenario, ante las múltiples peticiones presentadas para un mismo día, simplemente no se realiza el sorteo de ningún reemplazo. Eso provoca  constantes audiencias fallidas por que el tribunal no se conforma.

El artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que los jueces que pueden ejercer las funciones de conjueces tienen que ser de una categoría 8. Precisamente es en este punto en el que las cosas se complican para la Judicatura, pues desde hace más de cuatro años el país no cuenta con magistrados con ese perfil profesional.

En septiembre del 2019, la dirección de Talento Humano ya alertó esta situación.  Ningun juez ha sido promovido en virtud de la resolución 163-2016. La razón es que no cuentan con los recursos económicos para su promoción.

El Código también establece que la Judicatura no solo se debe encargar de la designación de jueces, sino también de su evaluación. Pero este último proceso tampoco se ha cumplido. El presidente Wilman Terán ha señalado públicamente que no tienen recursos para iniciar estos procedimientos.

Con la declaratoria de emergencia y necesidad extraordinaria, la Judicatura tiene la facultad de colocar a jueces sin concurso de méritos y sin los requisitos establecidos regularmente.

El Pleno del CJ en su resolución determinó un plazo de cinco días para que Talento Humano elabore y apruebe el perfil que tendrán los nuevos conjueces temporales. Así mismo estableció que en 15 días ya deben estar listos los informes para la designación de los conjueces temporales. Eso ocurriría la siguiente semana.

En la Judicatura hay expectativa por este proceso, pues no aún no ha trascendido cómo serán elegidos, ya que la mayoría de los jueces del país son de primer nivel.

Los últimos meses, Terán ha realizado viajes a distintas zonas del país. Se ha entrevistado con jueces de distintos niveles. 

Las principales concesiones mineras entregadas a empresas chinas han desatado un vendaval de conflictos sociales y entuertos judiciales, la última década. En los proyectos San Carlos Panantza (Morona Santiago), Mirador (Zamora Chinchipe), Telimbela y Tornado (Bolívar), las denuncias de ONGs y comunidades locales giran en torno a violaciones al derecho a la consulta previa. En Mirador, donde opera Ecuacorriente, los moradores denunciaron que siguen los desalojos de los habitantes (foto).

Por Ana María Carvajal

Los colectivos acusan a las corporaciones chinas de llevarse el oro, el molibdeno, la plata y el cobre, poco a poco, mientras que en la selva dejan el rastro indeleble de la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y el despojo de territorios ancestrales de las comunidades.

Ecuador firmó acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantizan esos derechos, al igual que la Constitución. Según las normas, las comunidades deben ser consultadas sobre posibles explotaciones de recursos no renovables en sus territorios, pues podrían causar impactos tanto en su cultura como en el ambiente.

Luego del paro nacional de junio de 2022, promovido por organizaciones sociales encabezadas por la Conaie, la Fenocin y la Feine, se instalaron mesas de diálogo con el Gobierno con la mediación de la Iglesia Católica. El tira y afloja por los alcances de la consulta previa era uno de los principales motivos de los conflictos. Tanto el Gobierno como los voceros del movimiento indígena y campesino acordaron que debía trabajarse en una ley que la normara.

Mirador deja una estela de enfrentamientos

Uno de los proyectos que más enfrentamientos y reacciones ha causado los últmos  años es Mirador, que es explotado por la china ECSA, Ecuacorriente.

La concesión está ubicada en la comunidad de Tundayme. Allí se estima que existen unos 860 millones de toneladas de cobre, que explota ECSA. Aunque el Estado ha asegurado que se ha cumplido con las normativas ambientales y la consulta previa y un juez, en 2019, negó una acción de protección a la comunidad, los comuneros continúan en resistencia.

Una de las primeras denuncias contra la china ECSA, que aún no han sido esclarecidas, es el asesinato del líder comunitario José Tendetza, un shuar que combatió a la minería hasta que su cuerpo apareció en el río Zamora, en diciembre de 2014. Murió días antes del viaje a Lima que tenía previsto, para presentar su denuncia contra la minera en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza.

Meses antes, denunció persecución, por lo cual la empresa lo demandó. La Fiscalía identificó a dos sospechosos de su asesinato, pero en 2016 fueron declarados inocentes y aún no se ha identificado a los culpables. Este crimen sigue impune.

Los lugareños también denunciaron que en 2016 grupos relacionados con la empresa china ingresaron a la fuerza a territorio shuar, con maquinaria que acabó con sus cultivos, entre otros episodios violentos.

Gran conflictividad en el Pangui y San Juan Bosco                

Según un informe de la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, uno de los problemas que enfrenta Mirador es la gran conflictividad social en El Pangui. Por este motivo, el informe indica que se debe reubicar la relavera, que es un molino donde se procesa el material descartado de las opoeraciones mineras.

La opción es hacerla en Santa Cruz, pero sus propietarios aún tienen sembríos de cacao y otros productos, lo cual complica los planes de la reubicación. Otra opción es ampliar la relavera que opera en Tundayme, si los resultados de los estudios geotécnicos son favorables.

En esa localidad, según el informe ‘Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica’, hubo una incursión a la fuerza, catalogada como ilegal, para hacer perforaciones, excavaciones y otras tareas que afectaron cerramientos, cercas y canales en los terrenos. En los años siguientes surgieron amedrentamientos, presuntas estafas, ofertas de trabajo, estudio y reubicaciones incumplidas, uso de testaferros que compraban los terrenos que luego transferían a las empresas, entre otros. El caso más grave ocurrió en San Marcos, una comunidad en la que, además de viviendas, fueron destruidas su iglesia, la escuela y otros espacios comunitarios.

Por este motivo -alta conflictividad- el Comando Conjunto de las FF.AA. se ha negado a aprobar la operación de una fabrica de explosivos que desde el 2019 construyó Ecuacorriente en este sector, pasando por alto prohibiciones legales y alertas de las autoridades de control.

42 familias perdieron sus viviendas

El informe señala que a las 04:00 del 30 de septiembre, 13 familias fueron sorprendidas por un grupo de más de 100 uniformados, entre policías y  guardias, que les dieron cinco minutos para desalojar. Sacaron sus pertenencias y animales y derrumbaron sus viviendas con maquinaria pesada. Desde ahí hasta 2016, al menos 42 familias y unas 136 personas perdieron sus viviendas.

La confrontación también llegó a la concesión San Carlos Panantza, en donde la comunidad ha logrado una victoria judicial. En septiembre pasado, la Corte Constitucional declaró que en ese proyecto, adjudicado a la empresa china ExplorCobres, se afectó el derecho a la consulta previa.  Eso significó que se retire la licencia ambiental y se repare al pueblo Shuar que vive en el cantón San Juan Bosco, de Morona Santiago.

Los trabajos en esa zona están suspendidos desde que en 2016 hubo enfrentamientos entre comuneros Shuar, policías y militares, según un reporte del Ministerio de Energía. Un uniformado perdió la vida en ese conflicto. En 2020, mineros informales quemaron un campamento y este está en un proceso judicial que aún no se resuelve.

Consultada por Código Vidrio, ExplorCobres respondió, a través de la Cámara de Minería, que “las comunidades Shuar están tranquilas, pero las organizaciones como la PSHA (Pueblo Shuar Arutam), la FISCH (Federación Interprovincial de Centros Shuar), que son financiadas por ONGs extranjeras, se oponen a la minería responsable. Sin embargo, no se manifiestan en contra de la minería ilegal, no opinan ni comentan sobre la destrucción que causa ni los daños al ambiente”.

Las comunidades que están en la zona de influencia de la provincia, agregó,  tienen un alto porcentaje de población en extrema pobreza. En general la empresa ha tenido “proyectos agropecuarios, de becas, salud, y otros”.

Pero Luis Sánchez, vicepresidente de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), resalta que las organizaciones shuar se oponen porque son las dueñas originarias de los territorios en los que no se ha hecho ninguna consulta: ni previa ni ambiental. Esta ha sido una vulneración de derechos sistemática que se repite en otros proyectos como Mirador o Fruta del Norte, por ejemplo, advierte. “Esto afecta a las comunidades y a la naturaleza, dejando daños irreversibles. Sin naturaleza ni agua, nosotros no existimos como rurales, pero para las ciudades debe ser así también”.

En ríos como el Tundaymi, Wawaymi o Kimi ya se han reportado graves daños. “Están desviados y van quedando vacíos”, observa. Por ahora, una de las mayores preocupaciones es que se desborden las relaveras que están sobre la cordillera y que contienen metales pesados. Eso destruiría todo aguas abajo, en un territorio muy accidentado, agrega Sánchez.

Pero el daño no es solo material. La minería en estos sectores ha causado división en las comunidades de influencia. Algunos ha optado por trabajar con las mineras mientras que otros se suman a la resistencia y varias ocasiones se han enfrentado. Decenas de familias han denunciado el despojo de su territorio.

Otros, como Sánchez, han sido obligados a vender sus tierras. Los que se oponen a la minera china -como él- afirman que tanto los caminos administrativos como judiciales son largos y engorrosos, por lo que están  decepcionados.

Además de los daños ambientales, la muerte de animales de la zona y del desalojo del que han sido objetos, quienes aún se resisten denuncian además que se están dañando bienes arqueológicos. Lo que se recupera, dice Sánchez, no se sabe a dónde va a parar y en qué estado. Peor aún el futuro que le espera a lo que aún no ha sido removido de la zona.

División entre comunidades y violencia intrafamiliar

Las secuelas sociales en las comunidades de influencia de esta industria son complejas. En eso coinciden Sánchez y Sofía Jarrín, asesora de incidencia internacional en Amazon Watch. Con la división en las comunidades surgieron problemas de violencia de género, intrafamiliar, construcción de casas de tolerancia para el trabajo sexual, separación de las familias, migración o condiciones de trabajo sin garantías. “Ha habido gente que se ha ido a otros países luego de trabajar con la minera porque no resultó cómo les decían. No pudieron hacer dinerito ni guardar de alguna forma. Les entregan cositas, contentando a la gente para engañarle y así no se paren o no denuncien a la empresa. Hacen que la gente viva de un salario, se vuelva dependiente y luego les tienen con amenazas”, dice Sánchez.

Jarrín agrega que con la minería se afectó a un tejido social comunitario que se basaba en otro tipo de principios. Las empresas llegaron a territorios indígenas y rompieron la conexión de la gente con su tierra, que ha sido ocupada sin su consentimiento. Aunque ella acepta que la consulta previa es una obligación estatal, agrega que “las empresas son responsables porque no están exigiendo que exista un proceso que además es su obligación el cumplir”.

Para María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, hacer la consulta previa no es el principal problema sino la falta de una ley que habilite su aplicación.

Si bien consta en el Convenio 169, que Ecuador suscribió hace unos 25 años, también se menciona en la Ley de Minería de 2009 . Todos establecen que la consulta debe hacerla el Estado, según Silva.

Las empresas incluyen en sus planes actividades con la comunidad, “pero este mecanismo no reemplaza a lo previsto en la ley, el Convenio y la Constitución y no hay normativa que implemente la consulta previa”. “La Cámara de Minería no solo ha pedido expedición de la normativa, hemos tenido reuniones con autoridades para explicar cómo se hace en otros países”, dice Silva.

Yankuang está en pausa

En la sierra también existen conflictos por la misma causa: concesiones mineras que dividen a la población y acusaciones de que no se ha realizado la consulta previa. En Bolívar hay dos ejemplos: Telimbela y Tornado, a cargo de la empresa china Yankuang.

Al igual que San Carlos Panantza, el proyecto Telimbela está paralizado y la empresa dijo a Código Vidrio, a través de la Cámara, que no se reactivará hasta contar con garantías para poder trabajar con seguridad. El Ministerio de Energía y Minas también señaló que fue el titular quien pidió suspender la vigencia del plazo de Telimbela y Tornado, “pero ha manifestado su interés de levantar esa suspensión en este año”.

En esta zona han ocurrido choques con los moradores. En 2019, un grupo de personas destruyó equipos y maquinaria, cerró vías, quemó un vehículo policial y un contenedor de la empresa. luego persiguió a los trabajadores y atacó a los pobladores que prestaron terrenos para instalar plataformas de exploración, según un informe del Ministerio. Además, un policía fue herido.

Los conflictos continuaron en los años siguientes. Según un informe oficial, estos se debió a que no ha habido difusión suficiente sobre el proyecto con la gente que vive en su zona de influencia y a que no hay operadores para fortalecer el tejido social. Por eso, la población desconfía. La empresa intenta resolverlo desde octubre pasado. Uno de los detonantes es por la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, de la que son parte agricultores y bananeros, que se oponen a estos proyectos.

Según Silva, Telimbela operaba siguiendo la norma ambiental y en una etapa inicial de bajo impacto, pero responsabiliza de los conflictos a las agendas políticas. Habría un dirigente comunitario “que vendió el miedo a su comunidad y les dijo que íbamos a dañar el agua”. Les habría ofrecido protección, a cambio de una cuota con la que cuidaría y monitorearía el agua.

La minería industrial tiene la obligación de devolver el agua al ecosistema en iguales condiciones que la extrajo.  Eso se puede garantizar con un monitoreo que establezca las condiciones fisicoquímicas en las que empezaron a usarla, para luego de terminado su uso, pueda volver con niveles similares.

En una mina se usa el agua para consumo humano o para tareas de minería y luego pasa por laboratorios internos y externos y donde solo si los niveles están iguales que al inicio, se la devuelve. “La licencia ambiental es el oxígeno para nosotros, la cuidamos porque es vital”, agrega. Por eso, niega que las empresas incumplan con normativas.

Yankuang señaló que han buscado acercarse a la comunidad de varias formas. Por ejemplo, en la pandemia se extendió el comodato de una ambulancia para trasladar a los enfermos desde Bolívar hacia Guayas y Chimborazo, y se adquirieron insumos médicos.

Ahora está en marcha el proyecto Mejorando juntos el ganado, “que tiene el fin de desparasitación, nutrición y cambio de pastos para ganaderos de la zona, ya que la mayoría de la gente del área está dedicada a la ganadería. Este proyecto se lo llevó a cabo en conjunto con la Universidad Estatal de Bolívar”.

Además, explica que se ha buscado contratar personal de la zona para trabajar con ellos, por ejemplo, en el catering o en la seguridad. “De los trabajadores que están en territorio, el 80 % son de la zona de Telimbela, Caluma y otras localidades de Bolívar”.

Ahora están dialogando con los gobiernos locales para buscar la oportunidad de trabajar proyectos conjuntos, como mantenimiento vial. Resta esperar si esos intentos permiten un acercamiento con la comunidad que logró frenar los trabajos cuando apenas terminaba la exploración inicial.

El magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, camina por un campo minado. Especialmente desde que empezó a conocer el caso por supuesto tráfico de influencias contra los vocales del Consejo de la Judicatura, José Morillo y Maribel Barreno, y el juez Vladimir Jhayya, que impulsa la Fiscalía. Ni Morillo ni Barreno se pronunciaron sobre el supuesto retiro de sus visas a Estados Unidos.  

Alianza Código Vidrio – Vistazo
Por Fernando Medina

Hoy miércoles 7 de junio empezó la audiencia para la formulación de cargos, por un supuesto tráfico de influencias que presentó la fiscal Diana Salazar contra los vocales del Consejo de la Judicatura, José Morillo y Maribel Barreno, y el juez de Pichincha Vladimir Jhayya. La Fiscal pidió la prisión preventiva de los vocales y la prohibición de salida del país y uso de grillete para el juez.

El primero en conocer este caso fue el magistrado Walter Macías, quien se convirtió en una figura incómoda, según fuentes judiciales, en el contexto de una confrontación abierta entre la Judicatura y la Fiscalía.

El 10 de mayo pasado, Barreno y Morillo participaron en la reunión del Pleno de la Judicatura que suspendió al magistrado por 90 días, en medio de violaciones procesales de forma y fondo, denunciadas por sus abogados y por juristas consultados.

Así, Macías dejó de conocer el caso de los vocales y otros procesos de gran connotación, relacionados con hechos de corrupción, incluidos algunos contra exfuncionarios del correísmo. En esa lista está el caso Sobornos, que involucra al expresidente prófugo Rafael Correa y funcionarios de su Gobierno. También el proceso Las Torres, en el que fue sentenciado el excontralor Pablo Celi. Además, tramitaba la causa penal en contra del exasambleísta Peter Calo, acusado de violación.

Días después de la suspensión, la Fiscalía allanó las oficinas de los vocales por sospechas de obstrucción de la justicia.

Al suspender al Juez, la causa fue asignada al juzgador Javier de la Cadena Correa, quien aparece en fotografías junto a importantes personajes del correísmo como Gabriela Rivadeneira, asilada en México, y el exfiscal Galo Chiriboga. Cadena convocó a la audiencia contra los vocales un mes después de la solicitud, aunque debía hacerlo a los 5 días de haber conocido la causa. Los judiciales son señalados por Fiscalía por una supuesta presión a los jueces de la Corte de Pichincha, en el tratamiento de una acción de protección interpuesta por la exlegisladora Guadalupe Llori, en junio de 2022, con el fin de recuperar la presidencia de la Asamblea. Sobre estos hechos hay audios de una conversación ocurrida el 2 de junio pasado.

Terán, artífice de la suspensión

Apartar al juez Macías del trámite de varios procesos a su cago no fue fácil. El principal artífice fue el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Él convocó a los cuatro vocales para una votación que defina la suerte de Macías, la madrugada del 10 de mayo. Morillo y Barreno se abstuvieron de votar, mientras el vocal Fausto Murillo se opuso a la suspensión porque no estaba motivada y carecía de sustento legal. Los únicos que votaron a favor de la suspensión fueron el vocal Xavier Muñoz y el presidente Terán. Este último decidió apelar a su voto dirimente para decidir la suerte de Macías. En la práctica, Macías fue suspendido con los votos de dos de los cinco vocales del CJ.

Esta atropellada votación, según funcionarios de la Judicatura que pidieron la reserva, habría evidenciado que Barreno y Morillo apoyaron tácitamente a Terán. Pese a que no votaron, porque podrían incurrir en un conflicto de interés, tampoco designaron a sus suplentes para que pudieran votar.

Terán, quien llegó a la Judicatura en febrero pasado, se mantiene como cabeza de un Pleno que tiene a tres de sus vocales investigados por la Fiscalía. Xavier Muñoz se unió a esta lista, tras ser señalado por lavado de activos, el pasado 18 de mayo.

Terán ha llevado a cabo varias acciones para intentar blindar a los tres vocales.

Eso quedó al descubierto el 9 de mayo, cuando un juez negó las pretensiones de la vocal Barreno, quien recusó al juez Macías. Lo recusó por «falta de imparcialidad». Horas después, Terán impulsó su suspensión.

El año pasado, sin embargo, un tribunal de Cuenca ya había sentado un precedente en un caso similar contra Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional. La Judicatura, según sus argumentos, no puede suspender a ningún magistrado, sin la suficiente motivación.

La Corte Constitucional observa a la Judicatura

En agosto de 2020, la Corte Constitucional se pronunció indicando que la Judicatura no podía sancionar directamente a jueces o funcionarios judiciales que tengan denuncias por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Previamente se requiere la resolución de un juez superior que determine si se cometió alguna de esas tres faltas. Eso no se cumple en el caso de Macías.

Con esta resolución se dejó sin efecto, en 2022, la suspensión que la misma Judicatura le impuso al presidente de la Corte, Iván Saquicela. Él también fue sancionado por la entidad y estuvo suspendido 40 días.

Saquicela presentó una acción de protección que fue aceptada en julio pasado por la Corte de Azuay. Tres jueces establecieron que en su caso fue vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la defensa y a la motivación de las resoluciones del poder público.

En el caso del Juez Macías, la Judicatura también se basó en una denuncia de Esteban Celi, sentenciado junto a su hermano en el caso Las Torres.

Efecto dominó

La suspensión de Macías afecta al caso Sobornos. Macías es uno de los jueces encargados de ejecutar la sentencia en contra de Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. También figuran exministros como los prófugos Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte. Todos fueron sentenciados por corrupción y adeudan USD 14,7 millones.

Este mes el juez Macías tenía previstas diligencias para incautar los bienes de los sentenciados. Todos esos trámites están en suspenso, hasta que regrese al cargo.

Si Correa interpone un recurso extraordinario de revisión durante la suspensión de Macías, el caso recaería en otro juez, quien podría descartar la solicitud o aceptarla y declararlo inocente.

Entre gallos y medianoche

La reunión para suspender a Macías fue a puerta cerrada y sin transmisión en redes sociales. Terán ordenó que la sesión no sea transmitida, como es usual, por Facebook. Incluso, para tratar el tema, el Pleno de la Judicatura se ha reunido en la madrugada. Eso ocurrió el 24 de mayo pasado. Era la 01:50 cuando Terán y los vocales se reunieron de forma telemática para tratar la admisibilidad de la denuncia con la que suspendieron a Macías. El contenido de esa reunión fue declarado reservado. Este medio consultó a los vocales Barreno y Morillo sobre su participación en la suspensión de Macías. Por escrito, Barreno dijo que no participó en el debate ni en la votación porque su “imparcialidad se encuentra afectada con respecto al referido juez”.

El sigilo de la Judicatura también ha trascendido al proceso por tráfico de influencias de los dos vocales, que no está subido al sistema de de Gestión Procesal de la Función Judicial.

Barreno y Morillo no se pronuncian sobre el retiro de visas

Otro hecho que han mantenido en reserva y del que evitan pronunciarse los vocales Barreno y Morillo es la supuesta revocatoria de sus visas a Estados Unidos. En el cuestionario que este medio envió a Barreno se incluyeron cuatro preguntas sobre este tema. Ninguna fue respondida. Sus asesores dijeron que la vocal no se pronunciaría.

En los últimos dos años, la embajada de EE.UU. ha retirado la visa a políticos, jueces y generales de la Policía, por su supuesta vinculación con casos de corrupción y crimen organizado.

En el caso de los vocales Barreno y Morillo trascendió que la decisión respondería al hecho de que no podían garantizar su permanencia en el país. El Pleno de la Judicatura tampoco se ha pronunciado.

Tampoco se conoce si el  vocal Xavier Muñoz ha sido afectado por la vía diplomática al enfrentar un proceso por lavado de activos. Él tampoco se pronunció. Lo mismo ocurrió con el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Su equipo de comunicación no ha respondido a las solicitudes de información remitidas hace un mes.

Abogados defienden a Macías

La suspensión de Macías generó reacciones entre abogados y funcionarios judiciales. En Manabí, de donde oriundo el magistrado, se presentaron al menos dos medidas cautelares para evitar la suspensión.

En los escritos se denuncia que se ha vulnerado los derechos de Macías y que se trata de una persecución para beneficiar a casos de repercusión social por corrupción.

Una de las ponentes de estas medidas es la abogada Johanna Cevallos. La jurista dice que la suspensión de Macías fue arbitraria. Además, que está “hastiada de tantas irregularidades de la Judicatura, sobre todo la arbitrariedad de violentar la ley y sus propios reglamentos para encubrir a sus vocales inventándose suspensiones”.

La separación temporal de Macías está en firme, pues un juez negó el recurso de protección de Cevallos. En el acta dice que el juez no ha perdido sus funciones definitivamente y por eso no se considera una acción grave. En tanto, abogados del magistrado recopilan información sobre todos los procesos para analizar futuras acciones contra la decisión de la Judicatura.

Esta alianza mapeó el listado de las principales contratistas chinas con el Estado ecuatoriano, aparte de Sinohydro. Se trata de una veintena de empresas, de las cuales la mayor parte ejecutó obras en sectores estratégicos. Hay sorpresas: firmas que no han pagado impuesto a la renta en los últimos años. Tensiones y conflictos legales; obras retrasadas con sobreprecios importantes, incumplimientos. También hay compras inútiles. En síntesis: los proyectos no fueron buenos, bonitos, ni baratos.

Alianza Código Vidrio-Vistazo.

Siete años después del terremoto de Manabí, y luego de varios retrasos, a fines de julio debería estar en funcionamiento el hospital de Pedernales. La ejecutora es la empresa China CAMC, que desde 2012 ha recibido al menos mil millones de dólares en contratos de obra pública. Fue privilegiada durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y ese favoritismo se mantuvo en el mandato de Lenín Moreno, que le otorgó el contrato para el hospital manabita, en octubre de 2020.

Esto, pese a que en abril de 2019 un informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) señalaba a esa firma. Según el CPCCS-T, la contratista China CAMC Engineering Co. LTD. habría integrado una lista de entidades inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por el Banco Mundial, por haber incumplido normas y regulaciones sobre fraude y corrupción.

No pagó renta. Según descubrió esta alianza, no ha pagado el Impuesto a la Renta (IR) desde 2020 hasta 2022. Reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI)  indican que el último año fiscal en el cual pagó este impuesto fue en 2019; entonces canceló 3,8 millones de dólares. Esto es casi la mitad del valor tributado del año previo (2018) cuando pagó la cifra más alta de su historial en Ecuador, USD 7,3 millones. Por concepto del Impuesto a la salida de divisas, en 2021, tributó USD 15 mil.

No es el único foco de tensión con esta firma. Un reporte de inteligencia económica al que accedió esta alianza revela que ha sido una proveedora relevante para el Estado ecuatoriano, bajo la figura de régimen especial. “Es un tipo de contratación cuyo denominador común son los procesos contractuales sin concursos ni estudios de mercado”.

Subcontratan obras completas en tres proyectos

De hecho, la misma empresa ganó un contrato por USD 40 millones, en el marco del proyecto Casa para Todos, publicitado por el gobierno de Lenín Moreno. Para la construcción de 4.608 casas, el Banco de Desarrollo de China prestó al país USD 109,3 millones. China CAMC fue una de las tres escogidas, sin concurso, de un listado de 19 firmas impuestas por el gobierno asiático.

Debía edificar 2.095 unidades habitacionales pero ilegalmente subcontrató a una firma ecuatoriana para cumplir todos esos trabajos. La Ley de Contratación prohíbe que un subcontratista reciba más del 30 por ciento del total de un proyecto. Esa no fue la única irregularidad. Hubo demoras de varios meses en la ejecución del proyecto estrella del gobierno de Moreno. Según informes de Contraloría, la firma ya había incurrido en la práctica de subcontratar, en la ejecución de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua.

La firma se defendió en su momento, indicando que -por el contrario- había sido perjudicada por la contraparte local. Según su argumento, ésta abandonó las obras e incumplió con sus obligaciones contractuales.

Hasta 2018, la firma había sido contratada para 17 obras, según el informe del CPCCS-T, con base en datos del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Algunos de los proyectos emblemáticos eran:

• 5 hospitales públicos en Manabí, Guayas y Esmeraldas por 346, 3 millones de dólares
• La plataforma gubernamental norte, cuyo valor final superó los 220 millones de dólares.
• 12 centros regionales del ECU-911, por 61 millones de dólares.

La plataforma gubernamental al norte de Quito tuvo problemas por mal funcionamiento del alcantarillado y presentó inundaciones. A esas fallas estructurales se sumó el hecho de que la contratista habría pagado 1,3 millones de dólares, en forma irregular, con el fin de que Contraloría desvaneciera una glosa por 22,5 millones por problemas en esa obra.

Para la empresa, sin embargo, los procesos contractuales fueron transparentes. Cuando se presentaron las inundaciones en la plataforma gubernamental, sus voceros deslindaron responsabilidades.

La firma china ha construido en todo el país. En su objeto social, afirma que es la construcción de todo tipo de edificios residenciales, edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, carteles, cárceles, conventos, casas religiosas, lo que incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.

Seguridad, pero a qué costo

 China National Electronics Import & Export Co. Ltd. (CEIEC) entra en el ranking levantado por esta alianza.

A inicios de noviembre de 2012 se suscribió el contrato 945-DE-DCP-2012, para la adquisición, instalación e implementación de 55 juegos (kits de seguridad); adquisición, licenciamiento e implementación de una plataforma informática. El proyecto, llamado Transporte Seguro, tenía dos responsables: la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre y la firma CEIEC. Esta sería la encargada de proveer e instalar los kits de seguridad.

Para los primeros meses de 2013 se anunciaba la instalación de los dispositivos en taxis y en buses. Cámaras grababan lo ocurrido en la unidad de transporte; si el botón de pánico se activaba, la información llegaría hasta el centro de auxilio en el ECU-911, a través de una plataforma tecnológica. Un dispositivo GPS identificaba la localización. El proyecto estaba cuantificado en USD 73 millones.

En 2015 se firmó el contrato para la Fase 2, que implicaba la ampliación del data center del proyecto. El monto: USD 36 millones. Para 2016, se anunció que más de 70 mil unidades contaban con el sistema. Hasta 2019 el funcionamiento fue relativamente normal. Hoy, la plataforma que comunica el sistema con el ECU911 se encuentra inactiva.

En 2016 la firma CEIEC firmó el contrato con el Ministerio de Justicia (hoy Mujer y Derechos Humanos) por USD 13,7 millones. El objeto: la adquisición e implementación de la Plataforma Informática y dispositivos de geo-posicionamiento electrónico. En otras palabras, los grilletes para ubicar a las personas que cumplen penas no privativas de libertad.

Documentos reservados en poder de esta alianza muestran que el contrato fue perjudicial para el Estado, por cuanto fue financiado “con crédito chino oneroso, pagado con petróleo a precios descontados”. CEIEC habría ganado el 800 por ciento como intermediaria en la venta de los grilletes, si se considera el precio del fabricante. “Se simuló un concurso abierto”, advierte el informe. Según esta fuente, el crédito estuvo atado a la contratación de esta empresa. Durante el correísmo, la firma habría recibido 12 contratos por 424 millones Del total, nueve habrían sido atados a endeudamiento con petróleo.

Los voceros de la firma china se han defendido en entrevistas de prensa. Argumentaron que no hubo sobreprecio en los grilletes, ya que quienes comparan usan como referencia dispositivos muy baratos que aparecen en páginas de internet. Defendieron la idoneidad de los dispositivos de localización, pues explicaron que estos emiten alertas cuando son manipulados. Así salieron al paso de acusaciones y críticas, que se hicieron públicas cuando el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado se retiró el grillete y huyó del país.

No pagó renta. La empresa no pagó impuesto a la renta desde 2020. En 2019 tributó 45 mil dólares por este rubro. En 2017 y 2018 tampoco tributó. Su año récord para el pago de impuesto a la renta fue 2014: contribuyó con 977 mil dólares. En 2015 pagó USD 89 mil por salida de divisas.

Hidroeléctricas

A un costo de USD 670 millones fue construido el proyecto hidroeléctrico Paute Sopladora, con capacidad de 487 megavatios. La responsable: la empresa China Gezhouba Group.

La obra fue entregada en 2016. Está entre las provincias de Azuay y Morona Santiago. En abril de 2021 fue recibida definitivamente por Celec. Contraloría estableció multas y glosas por 248 millones de dólares.

La misma empresa firmó en 2012 con la Secretaría del Agua un contrato para la ejecución de obras para evitar las inundaciones del río Bulubulu, por un monto de 55 millones de dólares. Por la entidad estatal firmó el contrato Walter Solís Valarezo, quien fue sentenciado por el caso Sobornos, por el delito de cohecho. También fue procesado el representante de la empresa en Ecuador, pero presentó un recurso constitucional de acción extraordinaria de protección, al considerar que su derecho fue violentado.

No paga renta. La firma china pagó impuesto a la renta hasta 2017, cuando tributó USD 840 mil por ese rubro. En 2016 había pagado USD 2,6 millones, su año récord de tributación. Eso sí, ha pagado impuestos a la salida de divisas, en lo que va del 2023 por USD 24 mil. Y en 2022 tributó por ese rubro USD 56 mil.

Hydrochina corp. es el nombre acortado de China Electricidad Ingeniería Consultorio Grupo Co. La firma recibió el contrato para la ejecución de la central hidroelétrica Delsitanisagua, que aprovecha las aguas del río Zamora. El contrato fue firmado en 2011 y el monto pactado fue de USD 195 millones. Problemas técnicos y de diversa índole provocaron que el valor se incrementara a 258 millones de dólares. Aunque debió estar operativa en 2016, recién empezó a trabajar en 2018. Entre los imprevistos que afectaron la marca de los trabajos, en julio de 2014 tras una lluvia torrencial, parte de una montaña se desprendió y aplastó parte del campamento. Tres funcionarios chinos murieron, entre ellos, el jefe del campamento.

La central tiene una capacidad instalada de 180 MW, y beneficia directamente a más de medio millón de pobladores del sur del país, según CELEC.

No paga renta. 2017 fue el último año fiscal en que Hydrochina pagó 400 mil dólares por impuesto a la renta. En lo que va de 2023, ha pagado una cifra similar por concepto de impuesto a la salida de capitales.

Las verdades a medias del ITT salen a la luz. La Corte Constitucional dio luz verde a la consulta popular, para que en menos de dos meses los ciudadanos decidan si se deja el crudo bajo la selva en el bloque 43 o ITT. Todo indica que el inicio de explotación en la zona más sensible, un año atrás, dejó como única ganadora a la firma china, a cargo de la perforación. Del campo Ishpingo salía crudo de tan mala calidad que no aumentó la productividad de todo el bloque. Hasta 2027, el país tiene comprometidos 101,8 millones de barriles de crudo, la mayor parte a Petrochina. Foto de cortesía, operación en el Tiputini.

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Bajo la selva, en el Yasuní, el petróleo brota espeso. Parece brea. No tiene la calidad que los técnicos esperaban. Sacar crudo aquí fue «una desilusión», confesó el ministro Fernando Santos a un medio radial. Ishpingo es la tercera y última fase de explotación del bloque 43. Un área sensible en éste, uno de los lugares más biodiversos del planeta. La última plataforma de perforación, Ishpingo D, está a 127 metros de distancia de la zona protegida, de amortiguamiento.

La institucionalidad ecuatoriana tardó diez años en viabilizar una consulta popular para que los ciudadanos se pronunciaran. La pregunta es simple: ¿Se debe dejar o no el petróleo del bloque 43, que se encuentra en el Parque Yasuní, bajo la tierra?

En realidad, la decisión debió ser tomada, con criterios técnicos y más de una década atrás, luego de oír a expertos en sostenibilidad, ambiente, biodiversidad y estudiosos de los pueblos indígenas en aislamiento. En el diálogo debieron participar técnicos en petróleo sin sesgos políticos.

En lugar de ello, el Gobierno de la época (Rafael Correa) manejó el tema ITT con un tinte politizado y populista. Clientelar. Primero anunció un ambicioso plan para recaudar, vía donantes extranjeros, la mitad de los recursos que generarían esas reservas, a cambio de dejarlos en los yacimientos. La cereza de pastel de esa iniciativa: se evitarían emisiones contaminantes; además, se preservarían la selva y el Parque Nacional Yasuní. La propuesta no tuvo los resultados esperados, ni hubo una respuesta masiva de los donantes.

La explotación a costa de todo

Por eso tomó cuerpo la segunda opción y se inició la explotación. Las reservas eran tremendamente prometedoras, según las cifras oficiales. Esos recursos, se decía, ayudarían a combatir la pobreza. En 2013, el Legislativo que entonces era afín a ese gobierno autorizó por mayoría de votos iniciar la actividad petrolera en esa zona biodiversa. Previo a eso se justificaba, con mapas alterados para el efecto, que el área no era un corredor de paso de los últimos pueblos indígenas en aislamiento.

Todo indica que explotar el ITT no era el plan B, sino el plan A; la primera opción. Desde el inicio del correísmo, el gobierno recibía a manos llenas créditos de origen chino. En marzo de 2007 se firmó un acuerdo de entendimiento entre el gobierno ecuatoriano, Sinopec, Petrobras de Brasil y Enap de Chile. El plan de operación para el desarrollo y la producción de los campos del bloque ITT contemplaba ocho cláusulas; fue elaborado por Sinopec, según el académico Omar Bonilla Martínez, en el informe «La geopolítica petrolera de China en Ecuador y el área andina».

La llegada de préstamos frescos de China estaba atada, según este análisis, a la participación de empresas de esa nación en la explotación del ITT. Un elemento adicional: la única firma autorizada para explotar el bloque es Petroamazonas. Sin embargo, se incorporó la figura de «contratación de servicios específicos integrados», mediante la cual se podían entregar las actividades de sísmica, perforación, transporte, seguridad, limpieza, a una sola compañía. Desde esta perspectiva, el objetivo del cambio normativo habría sido beneficiar a empresas chinas en este bloque.

Hoy, cuando la consulta popular podría revertir las cosas, se confirma que entre las mayores beneficiadas con la explotación en el Parque Yasuní estarían varias empresas chinas y sus operadores locales.

El dragón se agazapa

En 2016, en una inspección al área Tiputini, que fue la primera en operar en el bloque 43 o ITT, periodistas de esta alianza constataron que la empresa a cargo de la perforación en esa primera fase era Sinopec. Los operadores de campo chinos explicaban, en perfecto inglés, que la actividad era altamente técnica, ya que se utilizaba el método de perforación de racimo. Una sola torre abarca varias líneas subterráneas de extracción, que se extienden bajo la tierra en forma de un racimo. Las líneas bajo la tierra pueden alcanzar hasta 2,5 kilómetros de distancia. Eso evita la proliferación de torres sobre la superficie.

Durante esa visita, técnicos de la empresa petrolera ecuatoriana explicaban todas las «salvaguardas ambientales» para preservar ese entorno delicado, y a sus especies protegidas.

China Petrochemical Corporation (también llamada Sinopec) no era para entonces una empresa desconocida en Ecuador. A cargo de la sísmica en el bloque 62, su actividad afectó a la comunidad Siekopai – Secoya cuando instaló un campamento petrolero en pleno corazón del centro cultural secoya. En él habitaban menos de 650 personas de la comuna de San Pablo, mientras que los trabajadores extranjeros eran aproximadamente 150 en forma permanente, según explica el experto Omar Bonilla Martínez. El estudio de la Clínica Ambiental, citado por Bonilla, refiere que la presencia de trabajadores chinos de Sinopec en la comunidad indígena disparó los casos de alcoholismo y violencia intrafamilar.

China National Petroleum Corporation (CNPC), otra empresa petrolera, fue la primera en llegar a la Amazonía ecuatoriana, en 2003.

Con capitales de CNPC y Sinopec se formó otra firma en Ecuador, Andes Petroleum. Las violaciones a derechos laborales que ésta habría cometido a partir de 2007, con el despido de trabajadores, en los bloques Shiripuno 14 y 17 están documentadas por la Clínica Ambiental.

LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL ITT

Para 2020, días antes del inicio de la pandemia, Petroamazonas anunciaba la adjudicación de un contrato de prestación de servicios específicos integrados para la perforación y completación de 24 pozos nuevos en las plataformas B y D de Tambococha. Ésta es la segunda fase del bloque 43. Según la información oficial, se invertirían 148 millones de dólares en los nuevos y se incrementaría la producción en unos 7.500 barriles por día.

Dos empresas chinas participaron: Sinopec y una filial de CNPC, la Chuaquing Drilling Engineering Company Limited, cuyas siglas son CCDC. «A ésta última se le adjudicó el contrato, por cuanto presentó la oferta económica más baja». El criterio de selección, según el documento oficial ecuatoriano, no fue el ambiental ni el tecnológico, sino el económico.

En esa misma línea, la CDCC filial de la CNPC se adjudicó en febrero de 2022 el contrato para perforar 40 pozos en las plataformas A y B de Isphingo, la tercera y más sensible fase del bloque. Según las bases del concurso, el presupuesto referencial para el contrato era de 211 millones de dólares. Dos meses más tarde, en abril de 2022, brotó el petróleo de este campo. Las imágenes del inicio de operaciones muestran al presidente Guillermo Lasso sonriente, con el entonces gerente de Petroecuador, Italo Cedeño. En círculos petroleros no era un secreto que Cedeño había sido gerente adjunto de la firma CNPC en su larga trayectoria profesional. Cedeño fue destituido de cargo cuatro meses después del arranque en Ishpingo. En agosto de 2022, tras denuncias según las cuales nombraba y destituía funcionarios por consejo e injerencia directa de su esposa. Esta alianza intentó localizarlo, pero no obtuvo respuesta.

Las cifras opacas

El hecho es que en febrero de 2022, antes del inicio de operaciones de Ishpingo, los campos Tambococha y Tiputini en conjunto producían 55.710 barriles al día. Un año más tarde, cuando está en pleno funcionamiento el campo Ishpingo, la producción del bloque 43 no supera los 55 mil barriles por día.

¿Para qué sirvió el inicio de la operación en la zona más sensible? Al parecer la única que obtuvo beneficios fue la china CDCC que ganó el contrato. El valor actual de la perforación en Ishpingo supera los 300 millones de dólares, según documentos revisados por esta alianza.

Las cifras opacas de la operación en esta zona sensible de biodiversidad salieron a la luz durante las comparecencias de todos los actores públicos y privados, ante la Corte Constitucional. Este organismo tiene nueve jueces. Ellos escucharon en audiencia pública a todos quienes tenían elementos que aportar, a favor o en contra, antes de decidir la viabilidad de la consulta popular.

La tesis favorable a realizar la consulta popular se impuso, aunque no en forma unánime.Durante la audiencia, técnicos de la estatal petrolera explicaron que en Ishpingo, «encontramos un crudo extrapesado, tipo melcocha». Y advirtieron que se necesitarían «tecnología e inversiones» para obtener el recurso.

Los representantes del Estado coincidieron en señalar que el bloque 43 genera aproximadamente el 14 por ciento del total de crudo que el país produce. Sin embargo, no pudieron explicar cuánto de este recurso se destina al gasto social para cumplir con la oferta de terminar con la pobreza.

6.700 millones de regalías

En seis años de operación del bloque 43 se generaron 122 millones de barriles de crudo que produjeron 6.700 millones de dólares al Estado. Según técnicos de Finanzas, al suspender las actividades la afectación económica alcanzará 7.967 millones de dólares y tendrá impactos sobre la economía nacional. Aún más, pronosticaron que de suspenderse la actividad no se alcanzará el valor del producto interno bruto previsto para este año ni el porcentaje de crecimiento real del PIB, previsto en 3,1 por ciento.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) dejarán de percibir 331,58 millones de dólares: ellos hicieron sus presupuestos basados en un cálculo de ingresos que dejarían de recibir, alertaron técnicos de Finanzas.

Los escenarios del Sí y el No

La decisión de realizar la consulta popular abre un escenario. Si triunfa el sí y se suspenden las operaciones, la petrolera estatal tendrá un año para el desmontaje de actividades en la zona. ¿Qué pasará con los contratistas? ¿Tendrán derecho a reclamar medidas de reparación? Los comparecientes durante la audiencia no supieron explicar con claridad el escenario, pero esta posibilidad habría sido el argumento que esgrimieron los vocales que dieron el voto de minoría, en contra de la consulta.

Si se suspende la operación del bloque 43, ¿el país tendrá dificultades para cumplir sus compromisos petroleros? El dictamen de la Corte deja sentado que los contratos «no corresponden a un solo bloque específico o determinado». Hasta diciembre de 2027 está comprometido bajo la figura de preventa un monto significativo: 101,8 millones de barriles de petróleo. De ocho contratos bajo esa modalidad, tres corresponden a Petrochina. El país asiático sació su sed de crudo de la selva ecuatoriana.

MATRIZ DE AFECTACIONES DE EMPRESAS CHINAS EN LA REGIÓN