El contenido falso prolifera en la campaña 2021

contenido-falso-camapana-01

Freedom House anticipó una campaña marcada por la difusión de Fake News, especialmente en Ecuador. A inicios del 2021 también habrán elecciones en El Salvador y Uganda (foto principal tomada de FH). Esa ONG alerta que “es probable que prolifere el contenido falso y engañoso, antes del día de las elecciones, dado el historial de operaciones de influencia de los líderes políticos actuales y anteriores del país”.

Redacción Código Vidrio

La campaña electoral en Ecuador ya despegó. Y las calificaciones sobre su libertad, especialmente en Internet, no son alentadoras.

Así  se detalla en el informe: “Vigilancia electoral para la era digital”, elaborado por  Freedom House, una prestigiosa organización no gubernamental estadounidense sin fines de lucro.

Para el próximo año, esta ONG hará un monitoreo de las elecciones en Ecuador, El Salvador y Uganda.

Este reporte se basa en un seguimiento sobre los peligros, alternaciones o limitaciones que amenazan y se presentan en las elecciones, en las plataformas de Internet en varios países. En el caso ecuatoriano este organismo acaba de emitir su informe a propósito del inicio de la campaña, previsto para el próximo 31 de diciembre.

Esta ocasión, como nunca antes, la promoción electoral está marcada por los mensajes en las redes sociales, debido a las restricciones para concentraciones políticas desde enero, según dispuso el Gobierno para frenar la propagación del Covid-19.

Antes de conocer esta decisión, Freedom House anticipó una campaña marcada por la difusión de fake news. Específicamente alerta que “es probable que prolifere el contenido falso y engañoso, antes del día de las elecciones, dado el historial de operaciones de influencia de los líderes políticos actuales y anteriores del país”.

Según esa organización, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa y sus aliados, que apoyan al candidato Andrés Arauz, serán los principales protagonistas de difusión de contenido fraudulento, una práctica recurrente que han coordinado de forma sistemática en redes sociales, especialmente durante acontecimientos específicos como la pandemia o el paro de 2019.

“Con el expresidente Rafael Correa la ley de derechos de autor se utilizó con frecuencia para censurar contenido políticamente delicado en línea. Esta práctica disminuyó considerablemente durante los dos primeros años de la presidencia de Lenin Moreno. Sin embargo, en 2019 y 2020 se presentaron desde el gobierno varios avisos de eliminación por motivos de derechos de autor y también continuó la suspensión de cuentas en Twitter”.

Este escenario lleva a una calificación regular del Ecuador. Por ejemplo, tiene una puntuación de 61 sobre 100, en vulnerabilidad de integridad electoral. Esta escala refleja los inconvenientes de la libertad de expresión en línea y fuera de línea para los partidos políticos.

También está clasificado como “Parcialmente Libre en Libertad en el Mundo 202”, con una puntuación de 65 sobre 100 con respecto a sus derechos políticos y libertades civiles. Además, con un puntaje sobre libertad en Internet de 57 sobre 100.

Para llegar a esta nota sobre libertad en la web se tomaron los siguientes parámetros de evaluación: Vulnerabilidad en interrupciones de Internet; bloqueo de plataformas y sitios web; eliminación de contenido en línea; desinformación y control estatal de la información en línea; leyes que penalizan las actividades en línea protegidas; procesos judiciales por actividades en línea protegidas; castigos extrajudiciales por actividades en línea protegidas y el ciberacoso a actores cívicos.

En una escala donde cero es la peor calificación y cuatro la mejor Ecuador no obtiene ninguna calificación excelente (4) y los índices que más preocupan son el ciberacoso con un puntaje de uno (1) y eliminación de contenido en línea; desinformación y control estatal de la información en línea; leyes que penalizan las actividades en línea protegidas; procesos judiciales por actividades en línea protegidas; castigos extrajudiciales por actividades en línea protegidas con dos (2) cada uno.

El panorama del país se complica al compararlo con El Salvador y Uganda, que también se alistan a entrar a procesos electorales. La nación centroamericana y la africana tienen un mejor puntaje en la escala de Freedom House.

 


 


 

El informe también recoge evaluaciones sobre el sistema electoral y participación política, así como la defensa en Derechos Humanos. En estos aspectos Ecuador mejora sus calificaciones y supera a Uganda, cuestionada fuertemente por sus procesos electorales pasados y por sus violaciones a los derechos fundamentales. Sin embargo, El Salvador tiene una mejor evaluación.

 


 


 

Se avecina una guerra total

Freedom House indica que las elecciones de febrero próximo serán determinantes para la democracia en el país y hace una evaluación del clima político. En su diagnóstico destaca que el presidente Moreno “enfrenta un pésimo índice de aprobación, que el campo político está fracturado y que las disputas legales, la mala gestión económica y las fallas políticas en torno a la pandemia de Covid, se han agravado para crear un clima muy polémico antes de la votación”.

Alfredo Velasco, de Usuarios Digitales, piensa que el informe de Freedom House se queda corto. Está seguro que la libertad en la web va cayendo en el país y se respalda en los reportes de pedidos para bloquear contenidos y bajar cuentas de Facebook y Google.

Además, cree que esta campaña será (ya es) una guerra total en redes sociales, donde se difundirán noticias falsas, información personal y otras de cualquier índole para afectar a los candidatos, principalmente a los favoritos como Guillermo Lasso y Andrés Arauz.

Tampoco descarta que se presenten hackeos de cuentas y bloqueos de otras para afectar a una determinada tendencia política.

Velasco estima que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no podrá controlar la difusión de este tipo de noticias falsas. El organismo electoral emitió dos normativas para verificar el gasto electoral y para propiciar un equilibrio en redes sociales de todos los concursantes de este proceso electoral.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que para verificar el gasto en redes sociales se firmará un acuerdo con las principales redes: Facebook, Twitter, Istagram y Youtube, para conocer cuánto dinero invirtieron los candidatos antes y durante la campaña.

Sobre el equilibrio en redes sociales, que tiene relación con una campaña limpia, no tienen un camino definido. Sin embargo, considera que incluir este principio en las reglas electorales es un primer paso para obtener esa armonía.

Moreno y Correa igualan pedidos de eliminar información

Los gobiernos y las cortes son los principales actores que solicitan a Google eliminar una información en su buscador, un video en Youtube, un blog o una página web. Por eso, la multinacional decidió transparentar las solicitudes que recibe de gobiernos a escala mundial.

Google explicó que “los gobiernos se ponen en contacto con esa empresa para retirar un contenido porque infringe normas locales o porque viola las normas comunitarias”.  La mayoría de pedidos se justifican en normas de seguridad nacional, en una supuesta difamación y en los derechos de autor.

La empresa emite dos informes cada año. El primero abarca los pedidos que fueron recibidos de enero hasta junio y el segundo desde julio a diciembre. Esta política arrancó en el 2009 y se mantendrá indefinidamente.

Según Google, durante la década de mandado de Correa recibieron ocho pedidos para eliminar información. El primero fue en el primer semestre del 2013 y se trató de un video colgado en Youtube.

En el primer semestre de junio del 2017, en el el relevo entre Correa y el presidente Moreno, llegaron dos pedidos. El uno para terminar el servicio de almacenamiento de archivos en línea en Google Cloud. Mientras que el segundo se trató de un video de Youtube que supuestamente atentó contra los derechos de autor.

Mientras que los tres años de mandato de Moreno la multinacional ha recibido ocho pedidos de eliminar información de la web. La mayoría es por derechos de autor y difamación.

Síganos en: