El CNE quiere ponerle el cascabel al gato

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El Consejo Electoral no cuenta con personal ni un centro para el monitoreo específico de publicidad de los candidatos en redes sociales, como el que mantiene para medios tradicionales. Pero aprobó dos artículos en el reglamento de fiscalización que fijan la obligatoriedad de las organizaciones políticas y los candidatos de presentar los gastos que hagan y que los medios digitales den un trato equitativo, neutral, a todos los aspirantes. La titular de la entidad, Diana Atamaint, informó que el organismo busca un acuerdo con Facebook, Twitter y otras plataformas para mejorar el control del gasto electoral.

Redacción Código Vidrio

 El Consejo Nacional Electoral (CNE) quiere auditar el gasto electoral en las redes sociales. El primer paso fue aprobar los primeros artículos que den piso a esta compleja tarea, durante la campaña para las elecciones de febrero 2021.

El consejero Luis Verdesoto presentó en noviembre a sus colegas un reglamento que busca transparentar la difusión de propaganda en las redes y la igualdad entre todos los candidatos. Sin embargo, no logró el apoyo para que toda su propuesta se apruebe.

De todas formas, Verdesoto consiguió incluir dos artículos en el reglamento de fiscalización, aprobados el 27 de noviembre pasado por el Pleno.

El inciso 147 señala que en el  “caso de anuncios contratados en línea con proveedores o prestadores de los servicios de redes sociales y páginas web con domicilio nacional o extraterritorial, ya sea de forma directa por el candidato, el responsable del manejo económico o procurador común de la organización política o alianza, o de forma indirecta a través de intermediarios, la comprobación se realizará por medio de factura o comprobante de venta, expedido por los proveedores o prestadores de los servicios de redes sociales en el formato proporcionado por el sitio en línea”.

Mientras que el 148 apuesta por la neutralidad en las redes. Este principio establece que “se entenderá por discrimen de la información a la acción deliberada de los proveedores de internet, los medios digitales y las redes sociales para proporcionar trato desigual a la información de una campaña sobre otra”.

Entrevistada por este portal, la presidenta del CNE, Diana Atamanint, dijo que sí existe la posibilidad de realizar un control del gasto en redes, luego de la aprobación de la normativa, a pesar de la oposición de actores políticos.

Destacó que el aspecto más importante es llegar a un acuerdo con las plataformas
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, para que informen sistemáticamente sobre el pautaje de los candidatos, y que pese a que no cuentan con un equipo especializado sí es factible verificar el gasto, lo cual ya se realiza en otros países que lo han implementado con éxito.

 

El 27 de noviembre el pleno del CNE aprobó una nueva normativa para controlar el gasto de los candidatos en redes sociales. Foto CNE

 

Juan Guarderas, asesor de Verdesoto, considera este como un “primer paso importante” para equiparar las fuerzas de los candidatos en el mundo digital. Él reconoce que no será una tarea sencilla, porque el Estado deberá pedir información a los proveedores de internet, los medios digitales y las redes sociales, sobre la pauta, no solo de las páginas oficiales de los candidatos, sino también de terceros o influencers, que fueron contratados para promocionar una línea política.

Facebook es la única red que transparenta la promoción política. Guillermo Lasso lidera la lista. El candidato presidencial por la alianza CREO y Partido Social Cristiano gastó 158.830 dólares, en los últimos 90 días, en la difusión de su propaganda.

Facebook arrancó en septiembre un control a este tipo de publicaciones. Busca dar más transparencia a los usuarios de esta plataforma, luego de que recibiera fuertes críticas por no prevenir oportunamente el mal uso de su sistema para las campañas electorales, especialmente en Estados Unidos, desde 2016. Ahora la red es meticulosa en el control de información política.

La pauta de los candidatos en Facebook

En la plataforma está disponible el gasto de anuncios por cada candidato. Por ejemplo, informó que Lasso desembolsó más dinero para la difusión en Guayas (41.567 dólares); Pichincha (23.432); Manabí (14.574), Azuay y Los Ríos, con más de 10.000 dólares, en cada jurisdicción.  Pero su pauta se repite en el resto del país.

 

 

Luego está Álvaro Noboa, quien aspira nuevamente a llegar a Carondelet, aunque su postulación no se encuentra en firme en el Consejo Electoral. Invirtió 105.647 dólares desde el 5 de agosto hasta el 15 de diciembre.

En tercer lugar está Juan Fernando Velasco, aspirante por el Movimiento Construye. Su campaña ha gastado 38.981 dólares en la difusión de 128 spots. Luego aparece el candidato a asambleísta Daniel Noboa Azín, con 20.000 dólares.  Él es hijo del empresario Álvaro Noboa.

En quinto se ubica otro postulante para llegar al Legislativo Mauricio Salem, de Movimiento SUMA, con más de 11.000 dólares. La misma cantidad ha gastado Wilma Andrade quien quiere ser asambleísta nacional por la Izquierda Democrática.

En los siguientes puestos aparecen Javier Hervas (ID); Guillermo Celi (SUMA);  Ximena Peña (Alianza PAIS) y Yaku Pérez (Pachakutik).  Ellos han pagado entre 7.000 y 5.000 dólares en promoción en Facebook.

Sin embargo, la pauta en esta plataforma es solo una ola dentro del mar de posibilidades de difusión pagada en redes sociales. El ex presidente del Consejo Electoral, Omar Simon, explica que este control del gasto en redes es positivo, aunque en la práctica cree que es muy complicado.

Por ejemplo, el CNE mantiene un centro de monitoreo de la publicidad en estaciones de TV, radio, periódicos y en vallas publicitarias. Sin embargo, no ha instalado un sistema similar para las redes sociales.

 

 

Ruth Hidalgo, principal de Participación Ciudadana, también cree que este será un trabajo casi imposible de concretar para estas elecciones. La organización que ella lidera ha desarrollado un seguimiento electoral en la última década y confiesa que consolidar un sistema de seguimiento ha sido complicado.

Por ejemplo, ellos deben realizar el monitoreo de forma manual, es decir una verificación cuenta por cuenta, porque hasta el momento no existe un robot de búsqueda que pueda simplificar este trabajo, pues está condicionado a criterios subjetivos.

El CNE auditará este gasto con la información directa de los responsables del manejo económico de las campañas o del procurador común de las organizaciones políticas que participarán en los comisios de febrero próximo y también solicitarán información a otras redes sociales.

Este rubro será incluido en el gasto de cada candidato, incluidos todos los pagos antes del inicio de campaña, previsto para el 31 de diciembre.

Guarderas aclara que si un postulante desea promocionarse por esta vía no podrá hacerlo con los rubros que entregará el CNE, porque existe una prohibición expresa para la pauta con dinero público en redes.

Una apuesta por la igualdad en redes

Si transparentar el gasto electoral en redes sociales es complicado, el principio de neutralidad frente a todos los candidatos parece una utopía. Esta norma busca evitar que se usen trampas informáticas para favorecer a un candidato.

En el reglamento del CNE se incluyen varias de estas tretas:

-Acelerar la conectividad al realizar búsquedas en los temas específicos.

-Favorecer la presencia de noticias, campaña o sujetos políticos en los buscadores.

-Inducir a la circulación de información focalizada en una acción o sujeto político.

Guarderas detalla que en elecciones en otros países ha sucedido que, por ejemplo, los buscadores de Internet se ponen más lentos para revisar una página de determinada tendencia política o que las primeras noticias que salten a la vista sean de determinados candidatos.

Reconoce que concretar la neutralidad es muy difícil en las elecciones del 2021, pero en el futuro existe un reglamento que puede ser usado por un movimiento que se sienta perjudicado por estas tretas.

 

 

Hidalgo propone que todos los candidatos hagan un compromiso de manejar transparentemente su campaña en redes. Cree que es necesario un acuerdo para luchar contra la violencia en las redes y la propagación de Fake News durante el proceso electoral.

Participación Ciudadana seguirá con su monitoreo sobre la violencia política en redes. Su último informe, del 1 de diciembre de 2019 al 31 de septiembre de 2020, contabilizó 6.322 tuits violentos contra 32 mujeres, no solo políticas, sino también funcionarias públicas, activistas sociales y comunicadoras sociales.

Esta organización ampliará su monitoreo a la violencia contra hombres. Hidalgo dice que esta comprobación es necesaria para concienciar sobre la violencia política y esta campaña es una oportunidad de oro. Las condiciones generadas por la pandemia del Covid-19, que dificultan una campaña tradicional, dan más protagonismo a las redes.

Sin embargo, ella cree que estas plataformas se convertirán en un “paredón” de acusaciones y noticias falsas contra los candidatos. Por eso, aclara que si llegara a darse un acuerdo entre todos los políticos por manejar una contienda limpia se debe erradicar la contratación de troll centers, call centers o influencers, para favorecer a un aspirante.

La catedrática Saudia Levoyer comparte el criterio que las redes sociales serán actores principales en la contienda de febrero, no solo por el Covid, sino que se han convertido en una herramienta muy usada. Pero también se ha verificado que son empleadas para la divulgación de desinformación.

“Jugar limpio depende de todos los contendientes, que exista un compromiso ético que no habrá una manipulación y esa es una responsabilidad de los partidos”, dice la experta en comunicación y política.

Para Hidalgo este compromiso debe ser impulsado por el Consejo Electoral, tiene que ser público y arrancar en enero, cuando la campaña formalmente se inicie.

En el reglamento preparado por Verdesoto se quedó en el tintero una norma para luchar contra las noticias falsas en elecciones. Su propuesta buscaba que el Consejo Electoral llegue a un convenio con las cinco redes sociales más utilizadas en Ecuador para el control de las noticias falsas. Sin embargo, esta idea no fue aceptada por los resto de integrantes del organismo electoral.

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