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ANÁLISIS PROSPECTIVO. El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte representa un pulso político y legal que podría erosionar la independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos. Las experiencias sobre casos similares en América Latina muestran que estos ataques sistemáticos a las cortes constitucionales suelen abrir las puertas al autoritarismo.

Redacción Código Vidrio

Los ataques persistentes del gobierno de Daniel Noboa a la Corte Constitucional erosionan la ya endeble independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos.

¿En ese choque cuáles serían las consecuencias para Noboa y para el país? Sobre todo, en medio de una creciente e incontenible avalancha de inseguridad, que según el Observatorio del Crimen Organizado se refleja en un aumento del 46% de los homicidios en el primer semestre del año, en relación al mismo período del 2024.

Otro factor que complejiza el panorama es la severa crisis que enfrenta el sistema de salud pública, atrapado por redes de corrupción, falta de recursos y medicinas, deterioro de atenciones, inestabilidad de cargos directivos, improvisación… Es sintomático, en este contexto, el caso de la reciente muerte de 12 infantes en el Hospital Universitario de Guayaquil, que ha despertado duras críticas en redes sociales contra el Régimen.

El presidente Noboa está mermando su capital político, a solo tres meses de la elección que le permitió mantenerse en el poder, para un nuevo período presidencial. Los despidos de miles de funcionarios públicos así como casos sonados de corrupción como la compra de generadores a Progen, son minas que el gobierno va sembrando en el camino.

En este contexto, los ataques al tribunal constitucional podrían significar la pérdida del volátil apoyo de sectores y élites políticas, preocupadas por su talante autoritario. Como ya ocurrió tras el incidente diplomático con México (la incursión en la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glas), Noboa podría perder el apoyo de partidos de oposición que hasta ahora han respaldado su agenda de seguridad. Esto dificultaría la implementación de sus políticas, ya que necesitaría construir una nueva coalición en la Asamblea.

El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte representa un pulso político y legal que erosionaría la independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos. Los estudios sobre casos similares en América Latina muestran que estos ataques sistemáticos a las cortes constitucionales suelen abrir las puertas al autoritarismo.

¿Un tiro al pie?

Paradójicamente, Noboa depende de la misma Corte Constitucional que está atacando para aprobar las preguntas de su consulta popular programada para diciembre de 2025. Esta contradicción podría complicar la realización de la consulta, especialmente la pregunta que busca que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a juicio político.

 La convocatoria a una marcha nacional contra la Corte para este martes 12 de agosto y la retórica que califica a este organismo como «enemigo del pueblo» intensifican la polarización política, lo que podría dificultar la gobernabilidad, en el mediano plazo.

Los ataques a la Corte Constitucional, sumados al incidente con la embajada mexicana, ya generan preocupación entre los socios internacionales de Ecuador sobre un posible retroceso democrático, lo que podría afectar la cooperación en materia de seguridad y la inversión extranjera. Varios diplomáticos de países amigos consultados por este medio están preocupados por las virulentas arremetidas del Ejecutivo y sus lugartenientes a la Corte, sobre todo por las presiones, al margen de canales legales y constitucionales,  al convocar a militantes del partido de gobierno para torpedear y presionar a los jueces. Representaciones internacionales les han hecho conocer a autoridades del régimen su malestar por sus arremetidas.

Si bien Noboa ha mantenido niveles importantes de aprobación por su enfoque en la seguridad, el conflicto con la Corte Constitucional podría afectar su imagen como líder democrático, especialmente si la ciudadanía percibe estos ataques como una distracción de los problemas de seguridad, cuyos indicadores se deterioran aceleradamente.

Preocupación internacional

Por lo inusual de este tipo de reacciones, la Relatora Especial de las Naciones Unidas fue una de las primeras funcionarias en reaccionar, rechazado las amenazas del gobierno ecuatoriano contra la Corte, por la suspensión temporal de artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad Nacional.

Human Rights Watch también ha expresado su rechazo a las amenazas del gobierno ecuatoriano contra la Corte, manifestando preocupación por la independencia judicial.

El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional en Ecuador se suma a otros casos similares en la región donde se han producido tensiones entre diferentes poderes del Estado, como en Colombia con el gobierno de Petro y la Corte Constitucional sobre el decreto de conmoción interior, o en México con la reforma judicial y la Suprema Corte.

Las reacciones en Ecuador

 El 7 de agosto de 2025, aproximadamente 1.500 personas se movilizaron en Quito desde el Fondo de Seguros del IESS hasta la Corte Constitucional en apoyo a la decisión de este organismo de suspender 17 artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Participaron representantes de La Cumbre Agraria, Organizaciones de mujeres, el movimiento estudiantil.

La movilización fue una respuesta directa a la convocatoria del presidente Noboa a una marcha contra la Corte Constitucional programada para el 12 de agosto de 2025.

ANÁLISIS. Ecuador se volvió una prioridad para Estados Unidos en temas de seguridad por razones estratégicas que afectan directamente sus intereses. Los principales son el combate el narcotráfico, el riesgo de desestabilización regional, la migración a ese país por la violencia interna, la necesidad de contrarrestar la influencia china y los intereses comerciales.  

Redacción Código Vidrio

La reciente visita de la Secretaria de Seguridad de EE.UU., Kristi Noem, al país, la semana pasada, evidencia la importancia que el gobierno de Donald Trump le ha dado a la cooperación con Ecuador. En esa línea, Noem mantuvo reuniones de alto nivel con el presidente Daniel Noboa y algunos de sus ministros.

Los beneficios específicos que Ecuador obtendrá de los recientes acuerdos incluyen, entre otros:

-Equipamiento «crítico» para seguridad y respuesta a emergencias, como parte de un paquete de ayuda de cinco años valorado en aproximadamente $93 millones.

-Equipamiento militar, aunque no se ha especificado exactamente de qué tipo.

-Intercambio de oficiales de enlace en el campo de la seguridad, lo que facilitará la transferencia de conocimientos y mejores prácticas.

-Capacitación para el uso de sistemas biométricos para identificación de terroristas y miembros de pandillas.

Uno de los ejes medulares, de interés mútuo, es el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. Los últimos años Ecuador se ha convertido en un importante corredor para el tráfico de drogas y enfrenta una grave crisis de seguridad con bandas criminales que luchan violentamente por el control de territorios, rutas y corredores del narcotráfico. EE.UU. busca contener el flujo de drogas hacia su territorio, por lo cual ha priorizado fortalecer las capacidades de Ecuador para combatir estas amenazas.

La crisis de seguridad que enfrenta Ecuador podría desestabilizar la región andina. Según un informe del Congreso estadounidense de este año: «Ecuador enfrenta una crisis de seguridad, con grupos delictivos luchando por el control de rutas de narcotráfico y de las prisiones. Intentando influir en la política». Esta inestabilidad podría afectar a países vecinos como Colombia y Perú.

La migración irregular

Otro propósito de EE.UU. con el apoyo a Ecuador es contrarrestar la migración irregular. El aumento de la violencia en este país ha incrementado el desplazamiento de miles de ecuatorianos hacia ese país.

En este sentido, el gobinero estadounidense necesita mantener estrechos vínculos con Ecuador para administrar un paquete de ayuda de seguridad multimillonario, que se anunció en medio de un aumento en el número de migrantes ecuatorianos que buscan refugio de la violencia e inestabilidad en su país», indicó Insight Crime en un análsis en 2024.

Contrarrestar la influencia de China

EE.UU. busca contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina y específicamente en Ecuador. En el Congreso estadounidense, algunos miembros han pedido «un mayor compromiso de EE.UU. con Ecuador para ayudar a contrarrestar la influencia comercial de China en el país», especialmente después de que un acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China entrara en vigor en 2024.

 

Recuperar influencia

Durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador adoptó políticas «anti-imperialistas» que limitaron la cooperación con EE.UU., incluyendo el cierre de la base militar estadounidense en Manta en 2009. Desde entonces, EE.UU. ha buscado restablecer su influencia en el país, aprovechando gobiernos más favorables como los de Moreno, Lasso y Noboa.

Intereses comerciales

EE.UU. es el principal socio comercial de Ecuador, con un comercio bilateral de bienes que alcanzó los $16.6 mil millones en 2023. Mantener la estabilidad en Ecuador es crucial para proteger estos intereses comerciales.

Impacto de la cooperación en seguridad

El impacto de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador en los niveles de violencia y narcotráfico ha sido limitado hasta ahora, con resultados mixtos.

La violencia sigue en aumento. A pesar de la cooperación en seguridad, Ecuador ha experimentado un incremento dramático en sus tasas de homicidios, pasando de 6 por cada 100,000 habitantes en 2016 a 44,5 por cada 100,000 en 2023, y posiblemente alcanzando 39 homicidios por 100,000 habitantes en 2024. En este primer semestre hubo un aumento del 48% de los homicidios en relación al año pasado, según un informe del Observatorio del Crimen Organizado.

También se han establecido marcos para operaciones navales conjuntas y construcciónn de facilidades para combatir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas fluviales, pero no hay datos oficiales concretos sobre su efectividad.

Factores que limitan la efectividad

Según fuentes del Ministerio del Interior un factor que es un lastre en la lucha antidelictiva es la corrupción estatal. «No es solo preocupante, también es limitante… Tenemos que entender que el crimen organizado no es algo ajeno al estado», refiriéndose a los vínculos entre bandas y fuerzas de seguridad ecuatorianas. La situación es crítica en unidades que controlan el narcotráfico, y también en la respuesta de la Fiscalía.

Además del enfoque y apoyo a las acciones armadas, Ecuador necesita la construcción de su capacidad institucional y reformas sociales, para atacar las causas estructurales de la violencia delictiva.

Según un informe del International Crisis Group, las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno (2017-2021) redujeron el presupuesto carcelario, eliminaron el Ministerio de Justicia y congelaron el presupuesto de seguridad, debilitando las instituciones antes de que comenzara la cooperación intensificada con EE.UU.

La cooperación actual se da después de un período de relaciones tensas durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), quien cerró la base estadounidense en Manta en 2009 y expulsó a la embajadora estadounidense en 2011. La cooperación se reanudó con sus sucesores, especialmente con Noboa, quien ratificó dos acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos en febrero de 2024.

ANÁLISIS. En estos días, importantes activistas políticos – influencers – han iniciado una agresiva campaña en contra de la Corte Constitucional, llegando al extremo de proponer una reforma para desaparecerla y, que el control constitucional, sea ejercido por una sala de la Corte Nacional de Justicia. Una de las razones para pedir este despropósito es que los jueces de esta Corte no responden a nadie. Lo sorprendente es que estos activistas, otrora severos críticos de la corte cervecera del correísmo, ahora claman por una Corte Constitucional sumisa que no ejerza el control constitucional, que no conozca las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre de 2025. En medio de esa ofensiva contra la Corte, este martes 5 de agosto el presidente Daniel Noboa difundió las siete preguntas que incluirá en la consulta popular, prevista para diciembre próximo. En una de ellas propone precisamente que los jueces del tribunal constitucional puedan ser enjuiciados políticamente.  

Por Mario A. Prado M., doctor en Jurisprudencia.

El entonces Tribunal Constitucional, luego de aprobada la Constitución de Montecristi, por sí y ante sí se convirtió en “Corte Constitucional de Transición”, luego conocida como la corte cervecera, que, durante su larga vida, no sólo fue obsecuente a todas las directrices e imposiciones del correato, sino que, además, convirtió a la justicia constitucional en una mercadería.

La corte cervecera fue una dependencia más de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, por lo tanto, renunció a ejercer el control constitucional, lo que se tradujo en que nunca, jamás, se atrevió a declarar la inconstitucionalidad de leyes y actos normativos expedidos en oposición de principios y normas constitucionales. En este contexto, para el gobierno de Correa, esa Corte, obviamente, era la mejor y más calificada Corte Constitucional pues le aseguraba el ejercicio abusivo del poder, sin ningún límite. Inobjetablemente, esta Corte respondía al gobierno de Correa.

En estos días, importantes activistas políticos – influencers – han iniciado una agresiva campaña en contra de la Corte Constitucional, llegando al extremo de proponer una reforma para desaparecerla y, que el control constitucional, sea ejercido por una sala de la Corte Nacional de Justicia. Una de las razones para pedir este despropósito es que los jueces de esta Corte no responden a nadie. Lo sorprendente es que estos activistas, otrora severos críticos de la corte cervecera, ahora claman por una Corte Constitucional sumisa que no ejerza el control constitucional, que no conozca las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre de 2025.  Dicho pronto y rápido, para estos influencers lo que antes estaba mal, ahora está bien.

La pregunta es ¿debe o no existir control constitucional? La respuesta desde la ciudadanía debe ser clara y unívoca: si, porque es la única forma como se puede preservar el Estado de Derecho; sin el control constitucional dejan de regir los límites que la norma suprema impone a quienes ejercen el poder, es decir, se da paso al imperio de la ley de la selva (o la ley del más vivo) y los derechos fundamentales se convierten en una ficción.

La Corte Constitucional no debe arredrarse frente a la campaña que han iniciado los infuencers y debe conocer todas y cada una de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de las nuevas leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre; lo deseable, lo necesario es que las resoluciones que adopte la Corte Constitucional estén alejadas del activismo judicial; Manuel Atienza, uno de los grandes exponentes de la argumentación jurídica al comentar la sentencia del matrimonio igualitario recomendó a los jueces que deben respetar el límite autoritativo de derecho y abandonar la peregrina idea de que la constitución significa lo que el juez o el magistrado constitucional decide que signifique, porque esta actitud implica acabar con todos los valores del constitucionalismo.

El país espera que resuelvan todos los casos con la Constitución en la mano y no como activistas judiciales, o como influencers que, cual seres superiores e iluminados, deciden desde la arrogancia lo que es y lo que no es constitucional.

El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, asegura que el concurso y designación del nuevo Fiscal General, así como del presidente de la Judicatura y otras autoridades, se realizarán en base a los méritos de los postulantes, con procesos transparentes, sin espacios para la injerencia del Gobierno. No obstante, desde su creación, en 2008, el organismo ha actuado, con contadas excepciones, como un apéndice del Ejecutivo y de movimientos políticos. Ese mismo guión podría ser aplicado por el régimen de Daniel Noboa. José de la Gasca acaba de renunciar al ministerio de Gobierno y anunció que correrá para Fiscal General. En 2018 ya concursó para ese cargo, pero terminó en el puesto 16 entre 17 postulantes. Nota actualizada este 3 de agosto.

Redacción Alianza Código Vidrio – Vistazo

Las sombras de la politización nuevamente acechan el concurso para la designación del Fiscal General, considerado la joya de la corona en el sistema judicial. Este proceso está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), observado por su aparente afinidad con el gobierno de Daniel Noboa. De por medio está la declaratoria de una emergencia judicial, para una segura reorganización, a través del Consejo de la Judicatura (CJ), cuyo presidente y vocales serán escogidos por el CPCCS.

El nuevo titular de la Fiscalía debía asumir su cargo en abril de 2025, una vez que Diana Salazar terminó sus funciones. Pero por una serie de incidentes y retrasos el concurso recién empezará a fines de este año. Entre tanto, frente a la entidad permanece el fiscal subrogante Wilson Toainga.

El cargo de Fiscal es medular, en medio de una escalada de corrupción en el sector público por la penetración del crimen organizado y el narcotráfico. Investigaciones sistemáticas de la fiscalía, los últimos años, han sido determinantes para evidenciar el nivel de contaminación estatal (casos Purga, Metástasis), pese a sus limitados recursos.

 En los próximos días, los vocales del CPCCS enfrentarán una primera prueba de fuego para medir su independencia del Gobierno: la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

El 24 de julio pasado, la Corte Nacional de Justicia remitió al CPCCS su terna para la designación del nuevo presidente de la Judicatura. La lista era la última que faltaba para que el Consejo de Participación de paso al proceso de designación del titular y los vocales de la Judicatura.

Todo apunta a que será ratificado, por seis años más, el actual titular, Mario Godoy, quien encabeza la terna de la Corte y es señalado como un alfil del Ejecutivo. Ese puesto es clave, pues la Judicatura designará a los nuevos miembros de la Corte. Además, Godoy ya anunció que se declarará la emergencia a la Función Judicial en agosto, que implicaría una nueva reorganización a través de un proceso de evaluación de todos los jueces.

Fantoni niega afinidad con el Gobierno

En entrevista con Código Vidrio, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, negó tener afinidad con el presidente, Daniel Noboa: “No. Aquí se respeta las funciones del Estado y se respeta los que son concatenados a cada una de las funciones. Nosotros somos parte de la Función de Transparencia y Control Social y la Presidencia es parte del Ejecutivo”, afirmó.

Comentó que como organismo han mantenido “una relación o coordinación para sacar el país adelante”, lo cual es positivo. “Pero no es cierto que nos debamos a otra función del Estado, y lo hemos demostrado con hechos. Yo, como presidente del Consejo, he sido transparente en mis votaciones, siempre han sido consecuentes en  todos los procesos para la selección de ternas con verificaciones rigurosas”. Y sobre los méritos y concursos de oposición, explicó  que no es una responsabilidad de los consejeros, sino de una Comisión Ciudadana.

El termómetro de la independencia en la selección del nuevo Fiscal General tendrá un indicador claro cuando se concrete la designación del Presidente de la Judicatura. Por lo pronto, la semana que termina aparecieron claras señales de cual es la intención del régimen de Daniel Noboa.   José de la Gasca acaba de renunciar al ministerio de Gobierno y no descartó que correrá para Fiscal General.

Un cargo en la cúspide del poder judicial

Los alcances y facultades del fiscal han cambiado significativamente desde el siglo pasado. Desde 1948 hasta 1979, su titular tenía el cargo de ministro general de justicia. Los legisladores lo elegían para un periodo de seis años. En esa época también hubo casos de ministros interinos, de 1964 a 1967 y de 1970 a 1979. Algunos de esos años coincidieron con la Junta Militar y con la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara y el posterior Triunvirato Militar. El primero en ocupar ese cargo fue Manuel Cabeza de Vaca, seguido por Alfonso Mora Bowen.

En 1979 asumió el cargo Edmundo Durán Díaz como ministro fiscal general de la Nación. Desde esa época era designado de ternas de la Procuraduría, de los presidentes de turno y del  Consejo de la Judicatura.

Desde el 2007 hasta la actualidad, han ocupado el cargo de fiscal general del Estado Washington Pesántez, Galo Chiriboga, Carlos Baca Mancheno y Diana Salazar, además de fiscales que recibieron el encargo del CPCCS: Paúl Pérez Reina, Ruth Palacios y Wilson Toainga.

¿Por qué hay tanta expectativa e intereses alrededor de quién ocupará ese puesto? Para la exfiscal Mariana Yépez, la Fiscalía es la columna vertebral del proceso penal y siempre lo ha sido, pero actualmente, en el país existe mucha delincuencia, crimen organizado, contacto con la minería ilegal y el narcotráfico. En ese contexto, destaca Yépez, la atención se centra en quien estará a cargo de investigar, presentar un dictamen y sugerir que se inicie un juicio o no en las altas esferas. Sobre todo porque desde la década del 2000, en Ecuador rige el nuevo sistema procesal penal acusatorio oral, que le ha dado a la figura del fiscal mayor protagonismo y poder.

En ese escenario -agrega Yépez- hay distintos intereses sobre el cargo, incluido el político, y si la persona que lo ostenta lo usa para favorecer a sus “amigos de determinado sector y a perseguir a los enemigos”, su figura perderá peso, pues se evidenciará que no es imparcial. “.

El Fiscal es el titular de las acciones penales y decide los casos que se van a procesar y los que no, los que van a instrucción fiscal, los que se quedan en investigación o los que se archivan, indica la abogada penalista Lorena Grillo. Esa es la parte medular para la justicia
-señala-, porque si no acciona, no hay proceso penal.

Antes de las reformas que empezaron a regir desde inicios de este siglo los fiscales generales recibían exclusivamente procesos de fuero y de tipo político por causas como el peculado. Ahora, y con los cambios drásticos por los que ha atravesado el país en los últimos 20 años, el cargo es más relevante, explica Grillo. “Hoy enfrentan organizaciones que tienen participación en diferentes tipos penales, son estructuras criminales que participan de una serie de delitos de manera coordinada y jerárquica y también tienen tentáculos en la justicia, en la misma Fiscalía, en los poderes políticos. Es decir, son estas empresas criminales que tienen inversiones, si se puede mal llamar así, en todo tipo de áreas dentro del mismo Estado”, dice Grillo.

 Su poder no está solo en el campo del litigio, sino en lo administrativo. Tiene tareas administrativas en cuanto a la estructura y organización interna, suscribe convenios, maneja la coordinación internacional en cuanto a delitos nacionales, internacionales y transnacionales y temas de capacitación, entre otras tareas.

El abogado Hugo Espín destaca que una arista polémica del fiscal es que hay un alto riesgo,  como ya ha ocurrido, de que sea selectivo, sesgado, en cuanto a qué procesos decide darles celeridad y a cuáles no. Precisamente este tema ha sido el centro de críticas en contra de los fiscales generales electos bajo concursos dirigidos por el CPCCS.

Por ejemplo, Chiriboga fue cuestionado, inicialmente, por ser familiar político del expresidente Rafael Correa. Al terminar sus funciones, todos los dedos apuntaban hacia un gran vacío en su gestión: la falta de resultados de la investigación sobre el entramado de corrupción en los contratos en Ecuador de la firma constructora brasileña Odebretch fue uno de los más sonados. Según sus detractores, Chiriboga represó la investigación porque involucraba a personajes del gobierno de Correa, donde también fue ministro de Energía.

La “traición” de Baca Mancheno

Aunque Chiriboga decía haber entregado miles de fojas sobre el caso a su sucesor, Baca Mancheno, no tomó ninguna decisión. Fue Baca quien, pese a haber ocupado cargos en el gobierno de Correa, procesó y acusó al entonces vicepresidente Jorge Glas de asociación ilícita en el caso Odebretch, junto al excontralor Carlos Pólit, hoy preso y sentenciado en Estados Unidos. Ambos fueron enjuiciados por recibir coimas por un total de  24 millones de dólares de la empresa brasileña. Esa decisión, a la larga, le costó el cargo a Baca, (tildado de traidor por Glas) pues fue enjuciiado y censurado por la Asamblea. Estuvo menos de un año en funciones.

A Baca le sucedió Diana Salazar, quien era una funcionaria de carrera en la Fiscalía. Llegó al cargo durante la presidencia de Lenín Moreno. Y si bien su selección fue considerada como una apuesta del país hacia la independencia, también hubo señalamientos en su contra por haber sido funcionaria en la administración de Moreno, como directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Moreno convocó a un referéndum para cambiar la conformación del CPCCS: pasó del concurso de oposición y méritos, a la designación de sus vocales en un proceso electoral.

Salazar ejerció su cargo durante tres gobiernos: Moreno, Lasso y Noboa. Durante esos seis años, su gestión fue aplaudida y criticada. Su rol, en buena medida, profundizó la polarización que ha vivido el país, desde la década pasada: aplaudida por el anticorreísmo, criticada sin piedad desde el correísmo. Sin embargo, su salida dejó un sabor agridulce entre sus simpatizantes. Minutos después de renunciar al cargo, en mayo pasado, el gobierno de Noboa anunció que la había designado embajadora de Ecuador en Argentina.

Sus últimos años en funciones impulsó los casos Metástasis, Purga, Plaga y Amistad. Pero el que la catapultó fue el caso Sobornos, que tuvo un desenlace con la condena a 8 años de prisión a Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno. Su desempeño destacó entre sus antecesores, con un marcado protagonismo en los medios, porque proyectó la imagen disrruptiva de una mujer negra empoderada, de carácter vehemente y confontativo. Su desempeño fue el foco de sistemáticos ataques, cuestionamientos y descalificaciones, especialmente desde el correísmo, que intentó sacarla del cargo en varias ocasiones. Recibió amenazas constantes contra su vida, lo cual la condenó a vivir con un dispositivo permanente de seguridad.

Si bien tuvo una aprobación generalizada por sus aciertos y celeridad en importantes investigaciones, Salazar también fue criticada por una supuesta selectividad al decidir en qué temas concentrar su atención: mientras apretaba el acelerador en los casos que incluían al expresidente Rafael Correa y sus excolaboradores, en otros, relacionados con otros gobiernos no hubo la misma agilidad, según juristas consultados.

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LEA MAÑANA. La Fiscalía depende económicamente del Ejecutivo  y no tiene control disciplinario de sus funcionarios.

ENTREVISTA. El jurista y académico de la Universidad San Francisco, Xavier Andrade, estima que los políticos en general carecen de ética intelectual y académica para ocupar el cargo de Fiscal General, dignidad que el Consejo de Participación debe designar en los próximos meses. Un Fiscal, recalca, debe cumplir, al menos, con tres estándares mínimos: integridad, determinación y solvencia académica, ética e intelectual.

Redacción Código Vidrio

–En 2019 usted participó en la evaluación para elegir al nuevo fiscal. Hoy estamos empezando un nuevo proceso de selección de esa autoridad. Como académico y jurista litigante, especializado en derecho penal, ¿Cuál es su evaluación del desempeño de estos seis años de Diana Salazar como Fiscal General?
El desempeño de la fiscal general, en estos últimos años, lo calificaría como bueno, tomando en cuenta que ha liderado una lucha frontal contra la delincuencia organizada. Pero también he visto desigualdad de condiciones en el manejo de otros casos, como por ejemplo Ina Papers o Grilletes Electrónicos. Descuidó estas y otras investigaciones a las que no les puso suficiente énfasis.

–Si bien Salazar tuvo un apoyo mayoritario por su frontalidad y valentía para empujar casos emblemáticos también tuvo detractores y muchos enemigos.
Creo que ella maduró mucho en el cargo, en muchos aspectos, en conocimientos, tuvo mayor preparación en los casos, aunque su posición fue a veces autoritaria.

–Un hecho que desató una encendida polémica durante el concurso y luego fue usado políticamente en contra de Salazar fue la nota que usted le puso, de 10 sobre 20, en el examen de conocimientos penales y procesales.
Ella era la candidata favorita, entre 17 postulantes; sus admiradores esperaban que la evaluara bien, pero yo solo califiqué sus respuestas, sin ninguna animadversión, en presencia de cuatro académicos que eran parte de la comsión que yo dirigía. Pero a la larga luego se produjo un efecto que le molestó mucho a la fiscal, pues un movimiento político empezó a llamarla la fiscal 10 sobre 20. Esos ataques injustificados de desprestigio cada vez le recordaban la nota que yo le había puesto. Eso generó una especie de rechazo hacia mí, que también la pasé mal, más allá de que éramos un equipo de evaluadores, pero yo asumí la responsabilidad porque presidía el comité. Sin embargo, además de esa prueba había otros componentes, por los cuales ganó el concurso, además de la prueba oral. El primero es que era afrodescendiente, era la primera vez en la historia que una persona de una minoría aspiraba a ocupar una dignidad tan alta, además era mujer, sucedía luego de varios hombres como fiscales. Uno más era que Salazar había empezado desde abajo, era una funcionaria de carrera en la Fiscalía.

–Volvamos al presente. ¿Cuál es su apreciación sobre la forma en que está desarrollándose el proceso para la designación del nuevo fiscal; existe el riesgo de que se politicen los concursos?
La falta de publicidad y transparencia en la designación del nuevo fiscal me genera muchas dudas de cómo se va a elegir, particularmente porque quienes han mostrado públicamente su interés en postularse tienen vínculos con partidos políticos.

-La designación del nuevo fiscal se da en momentos muy distintos a los que se vivían en 2019. El contexto del narcotráfico, la criminalidad organizada y la violencia con la corrupción son factores presentes a diferente nivel dentro y fuera del estado. ¿En estas circunstancias cuál es el perfil ideal que debe tener el nuevo fiscal?
Un Fiscal debe, al menos, cumplir con tres estándares mínimos para ocupar el cargo: integridad, entendida como la coherencia, entre lo que dice, piensa y actúa, tanto en la vida privada como la pública; determinación, a efectos de enfrentar con firmeza todas las adversidades, obstáculos y limitaciones que la gestión del cargo exige tanto en la parte administrativa, como la de litigio. Y finalmente, solvencia académica, ética e intelectual, para resolver todos los problemas jurídicos que el ejercicio de un cargo de esta naturaleza exige.

–¿Cuál es su opinión sobre la participación en el concurso de abogados litigantes y políticos que aspiran a ser fiscal general?
Para responder esta pregunta, yo preguntaría al abogado litigante y al político cuál es la razón, su motivo, cuál es la fuente para querer ser Fiscal. En la medida de su respuesta, yo valoraría que el abogado debería tener una experiencia previa sobre el funcionamiento interno de la Fiscalía, y no solamente la experiencia de conocer la Fiscalía. Es decir, el abogado debe conocer los procesos internos del manejo administrativo de una fiscalía y todos los componentes alededor de esto. Si el litigante no tiene esta experiencia, veo inútil su participación en este concurso ya que no generaría ningún cambio, sino todo lo contrario. En cuanto al político, en mi opinión, es poco idóneo que quiera asumir un cargo tan importante, ya que adolece de dos estándares que mencioné hace un momento, el político es poco íntegro y carece de ética intelectual y académica. Un ejemplo he que he escuchado a expolíticos que son abogados es que por su experiencia en el campo público, serían un buen fiscal. Los peores candidatos para este cargo son los políticos, porque ellos no tienen un criterio jurídico sino político y actuarán con esa perspectiva. Hay muchos que quieren alinear los dos conceptos, pero para mí siempre han estado divorciados.

-¿Un político debería saber que no puede ser fiscal, que no debe, porque está en la orilla opuesta. Ya estuvo en el otro lado, en un partido o en el gobierno?
Correcto. Es un tema de sentido común.

-En el caso de un abogado que litiga y se presenta como candidato a fiscal y gana ¿hay la posibilidadd de que no sea imparcial si debe investigar a uno de sus exclientes?
Por supuesto, hay un conflicto de interés latente, si eso ocurre su tarea se complicará mucho.

-¿Cómo ve usted la evolución de este nuevo proceso de selección, cuán confiable y solvente es?
Escucho y veo en los medios que se volverá a emprender evaluaciones y que hay nuevos reglamentos, con comisiones de veedores, pero seguimos enfocándonos exactamente en los mismo; lo cierto es que no se evalúa de manera distinta, se evalúan títulos, experiencia, pero no se llega a elaborar una propuesta distinta.

-¿Por qué no se lo hace?
Hay temor de subir los estándares, la calidad de quienes van a ser los candidatos.

¿Hasta dónde llega la independencia del Fiscal General?  Una de las mayores debilidades es su subordinación económica al Gobierno, que le asigna el presupuesto para su funcionamiento. Otro aspecto que merma su independencia es el control disciplinario de los agentes fiscales, que está a cargo del Consejo de la Judicatura. Por eso, “la Fiscalía no es independiente ni autónoma”, según expertos consultados, que coinciden en que el Ejecutivo está moviendo sus alfiles para controlar la Judicatura, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Redacción Alianza Código Vidrio – Vistazo 

No todo lo que brilla es oro. Pese a que el cargo del Fiscal General es considerado el de mayor peso en el poder judicial, la estructura legal y constitucional vigente es una camisa de fuerza que merma su independencia y autonomía y lo subordina al poder Ejecutivo, que tiene la última palabra en las asignaciones de su presupuesto.

La necesidad de fortalecer la independencia del Fiscal es oportuna, en vísperas de que empiece el proceso para escoger a quien dirigirá esa entidad los próximos seis años, y está previsto arrancar a fines de este año.

Desde 2008, tras la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Fiscalía volvió a ser parte de la Función Judicial, de acuerdo con el artículo 194. Aunque ahí se menciona que “funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera”, esa autonomía es solo declarativa.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), considera que eso se queda solo en el papel. “La Fiscalía en este momento, lamentablemente, ni es independiente ni es autónoma. En el tema presupuestario, se convierte a la institución en un dependiente del Ejecutivo a tiempo completo”, apunta.

 ¿Por qué la Fiscalía debe mendigarle al Ejecutivo presupuesto cuando debería tener garantizado por ese principio de autonomía?, se pregunta Alarcón.

Por esa falta de autonomía económica actualmente Ecuador tiene 4,75 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras el estándar internacional recomienda que debería contar con, al menos, ocho por cada 100.000 habitantes. En total hay 887 fiscales operando.

Desde hace varios años, la Fiscalía enfrenta problemas de presupuesto que le impiden contratar nuevos funcionarios.  Actualmente hay un déficit de 546 agentes, además de la necesidad de aumentar el personal administrativo y los puntos de atención, según datos oficiales.

En 2024 el presupuesto de la Fiscalía fue de $143 millones, menor al de años anteriores. Esto aumentó sustancialmente el represamiento de procesos judiciales, en el contexto de cada vez más detenciones por la oleada criminal que asola el país desde 2020. En la práctica, ése es un factor que favorece a la impunidad, perforando la lucha antidelictiva.

Sin control sobre sus subordinados

La falta de independencia de la entidad se refleja también en que su titular no tiene un real control sobre los funcionarios y fiscales de la integran, pues no tiene es facultad. Ésa es una responsabilidad del Consejo de la Judicatura.

Para la jurista Lorena Grillo, eso, más allá de un tema de jerarquías, es un error garrafal porque no permite que la institución tenga una línea clara de trabajo. Cada fiscal “hace lo que quiere”, pues disciplinariamente se debe a la Judicatura y, por otro lado, su designación no necesariamente depende de su conocimiento sino que está supeditada a los vaivenes políticos. “Para que para exista una Fiscalía totalmente funcional, -siempre y cuando se tenga un fiscal general confiable y en la línea de defensa del país, haciendo su trabajo como debe-, debería tener control sobre sus fiscales”.

Apéndice de los gobiernos de turno

La reforma de Montecristi también significó un giro en el mecanismo de designación del Fiscal General. Hasta 2008, el fiscal debía ser elegido por el Congreso entre los integrantes de una terna presentada por el Consejo de la Judicatura. La Constitución vigente delega esas funciones al CPCCS, que, bajo la fachada de un poder ciudadano, se volvió un apéndice del Ejecutivo, especialmente durante los gobiernos de Rafael Correa.

El Consejo de Participación debe organizar una comisión ciudadana de selección, el concurso público de oposición y méritos, la veeduría y permitir el derecho a la impugnación ciudadana. El concurso y las pruebas varían en cada ocasión y las dudas no faltan en cada convocatoria. Las cinco Funciones del Estado deben enviar su delegado, al igual que organizaciones sociales y ciudadanas. Una vez elegido quien obtenga el mayor puntaje, el CPCCS debe informar a la Asamblea Nacional para que lo posesione.

Cuando se creó, el gobierno de entonces publicitó la idea de que los ciudadanos serían gravitantes en la desiganción del fiscal y otras autoridades de control. Para la exfiscal Mariana Yépez, el CPCCS es una pseudo representación del poder ciudadano, porque en realidad tiene una participación de carácter político. Por ello cree que el Consejo debe desaparecer, una vez que se escoja al nuevo Fiscal.

“Los concursos ya están politizados”

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General avanza con altibajos, en medio de dudas sobre su confiabilidad e independencia de injerencias políticas.

Fausto Murillo, abogado y expresidente del Consejo de la Judicatura, sostiene que los procesos de selección ya están viciados por la politización.  “En el caso de los vocales para el nuevo periodo de 6 años en la Judicatura, han sido las fuentes políticas ( Asamblea y Ejecutivo) las que han demorado en el envío de las ternas, sin duda hubo cálculo electoral y político obviamente”.

Los mismo ocurre respecto al Fiscal, indica Murillo. “Es el CPCCS que al parecer respondiendo a una línea política viene dilatando el procedimiento de selección de la máxima autoridad de la FGE, no hay que olvidar que el período de la anterior autoridad concluyó en abril de este año y según lo han manifestado esta designación puede concretarse recién en febrero del 2026”.

Los hechos coinciden con esa interpretación. Recién el 16 de julio pasado se abrió la convocatoria para que los ciudadanos se postularan, entre el 18 y el 31 de julio, para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará de este proceso.

Luego, el concurso, cuyo reglamento fue aprobado en septiembre de 2024 y reformado en junio pasado, tendrá cuadro fases: convocatoria y postulación, admisibilidad y reconsideración, escrutinio público e impugnación ciudadana, calificación de méritos y recalificación.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, ha ofrecido celeridad y transparencia en las designaciones; no obstante la veeduría ciudadana de este proceso ha mostrado reparos, tanto por la reforma al reglamento de un concurso en marcha como por la falta de información con respecto de los avances, el cronograma y el presupuesto.

La preocupación principal sobre el concurso apunta al núcleo del CPCCS, que jugará un rol medular en la conformación del Consejo de la Judicatura, mientras las sospechas sobre la politización cobran cuerpo y apuntan al Gobierno como un actor gravitante para inclinar la balanza a su favor.

Las sospechas de una nueva metida de mano en la justicia se profundizaron tras la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, el 24 de junio pasado. Esta norma trajo un elemento sorpresivo: la declaratoria de emergencia en la justicia. Mario Godoy, actual presidente del CJ, dijo que el mes entrante se declarará esa emergencia, luego de haber realizado varios informes. Esto le permitirá anticipar evaluaciones a jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, acceder a un mayor presupuesto y hacer contratos bajo esta figura.

Godoy es nuevamente candidato para volver al Consejo de la Judicatura, y un seguro aspirante a presidirlo. El 24 de julio pasado, la Corte Nacional de Justicia remitió al CPCCS su terna para la designación del nuevo presidente del organismo. La lista era la última que faltaba para que el Consejo de Participación diera paso al proceso de designación de los vocales. Él encabeza la terna de la Corte y es señalado como un alfil del Ejecutivo. Ese puesto es clave, pues la Judicatura también designará a los nuevos miembros de la Corte.

La impugnación ciudadana puede romper el nudo gordiano

Para Murillo, hay una línea transversal que particularmente en estos dos procesos de selección, debe ser aprovechada rigurosamente y que puede marcar la diferencia entre una selección objetiva y una discrecional o arbitraria, con claros intereses políticos.

“Esa línea es la impugnación ciudadana”, resalta.

En las impugnaciones se evidenciarán, por ejemplo, los conflictos de intereses entre los postulantes y el poder: político, económico, gremial, o de cualquier otra índole, incluido el que tienen las mafias y la delincuencia organizada. Mostrará, según el exvocal de la Judicatura, si los postulantes tienen probidad notoria y están formados para dirigir nada más ni nada menos que el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la FJ; y, el órgano titular de la acción penal pública, en el marco de la tolerancia cultural a la corrupción y a la ilegalidad que ha superado a la cultura de la legalidad y la justicia.

El Observatorio de Control Ciudadano ha pedido la revocatoria de Fantoni, pues las demoras y repentinos movimientos en los concursos despiertan sospechas sobre su afinidad con el Ejecutivo. Y éste no sería primer caso pues desde su creación, el CPCCS ya ha enfrentado críticas similares. Tras la selección del nuevo CJ vendrá la designación del apetecido cargo de Fiscal general y ese concurso apenas empieza.

El presidente del CPCCS señaló que este Consejo “tiene proyección” y que para que no haya demoras en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que debe tener 10 integrantes, ya envió Quipux para que las cinco funciones del Estado manden a sus delegados. Agregó que para que no haya demoras de su parte y que cumplan con su deber, “habría que cambiar el mandato constitucional”.

Fantoni mencionó que las nuevas dilaciones en el concurso para el titular de la Fiscalía General obedecen a la reforma que se hizo al reglamento, por solicitud de los nuevos miembros del Consejo. Hasta fines de octubre, dijo, estaría conformada la comisión de selección, y luego de seis meses se podría contar ya con la nueva autoridad. Según el comisionado, si bien se designará al sucesor de Salazar y Toainga, con un año de retraso, este Consejo ha trabajado para nombrar, de forma ordenada, a 13 autoridades que llevaban años en funciones prorrogadas, entre ellas el Contralor General y varios superintendentes.

Un proceso de selección que requiere cambios

Luego de dos mecanismos de designación de consejeros fallidos y de cuestionados concursos para elegir autoridades nacionales gravitantes como contralor, fiscal, miembros del Consejo de la Judicatura, superintendentes, entre otros, todo apunta a que es necesario tomar un rumbo distinto en esta tarea.

Durante su mandato, el expresidente Guillermo Lasso convocó a un referéndum con la idea de enmendar la Constitución para eliminar el CPCCS y hacer cambios para que la Fiscalía trabaje de forma independiente de la Judicatura, cuente con personal especializado y recupere la confianza de la gente. Sin embargo, la consulta no tuvo apoyo en las urnas.

Las reformas para la designación del fiscal y otras autoridades, segun varios analistas, requieren de cambios constitucionales. Para Mauricio Alarcón es necesario “meter mano de forma muy firme” en ese tema y también en el Código Orgánico de la Función Judicial para que la autonomía de la institución sea real y para que su titular pueda evaluar al resto de fiscales y así la carrera fiscal tome forma y arroje buenos resultados.

Hoy los concursos son manipulables y basta revisar la historia para darse cuenta de que el país tuvo mejores fiscales cuando intervenían el Ejecutivo y el Legislativo en la selección de las ternas, había más transaparenca, agrega Alarcón. “Si se quisiera incluso mejorar el sistema de pesos y contrapesos, se podría utilizar una designación no solo de Ejecutivo y Legislativo sino incluso, para determinadas autoridades, contar con la intervención del Poder Judicial”.

Estados Unidos oficializó esta tarde del 8 de julio el pedido de extradición de José Adolfo Macías, alias Fito, ante la Corte Nacional de Justicia.  Minutos después de sus captura, Fito habló con los policías y militares que lo detuvieron el miércoles 25 de junio y precisamente lo primero que les preguntó es si secretaría su entrega a las autoridades de ese país. Esta alianza reproduce parte de la conversación que mantuvo el líder de Los Choneros. Nota actualizada a las 21:00.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

No hubo arrepentimiento en las primeras palabras que pronunció José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, luego de su recaptura en un bunker, bajo una casa entre Manta y Montecristi, el pasado miércoles 25 de junio. Esta alianza accedió a la transcripción de los primeros diálogos, una vez que el narco salió del subsuelo de la lujosa vivienda, por temor de que las paredes lo sepultaran. La operación duró más de 13 horas.

“Bueno, una pregunta, una pregunta, ¿Me van a extraditar? Yo no soy traqueto, lo que yo  vendo es un kilo de creepy, un kilo de polvo. Con eso sobrevivo, ¿Todo el mundo lo sabe, no?”. Esto dijo a los uniformados que lo atraparon y recapturaron, según la reconstrucción del diálogo.

De las conversaciones iniciales se desprende que le preocupaba el tema de su extradición.

Este 8 de julio, 13 días después de su recaptura, Estados Unidos pidió formalmente la extradición de José Adolfo Macías, quien es requerido por la justicia de ese país por narcotráfico y otros delitos.

La solicitud llegó al presidente  de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, este martes 8 de julio, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

“El proceso de extradición pasiva se tramitará de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano”, informó la Presidencia de la Corte en un comunicado. 

Según el artículo 199 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Presidente de la Corte es la autoridad central competente en materia de extradición.

Esta misma tarde el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, conversó con la Canciller, Gabriela Sommerfeld, sobre los esfuerzos conjuntos para combatir la delincuencia transnacional en la región. Además elogió al gobierno por la exitosa captura de Fito y destacó la colaboración para promover la seguridad en todo el hemisferio.

Cuando fue detenido, Fito se refirió a la extradición en varias ocasiones, en el diálogo con los agentes que lo capturaron.

Además, minimizaba su rol como responsable de una organización de narcotráfico a gran escala.

En pericias de perfilamiento criminal que habían realizado expertos, cuando Fito estaba detenido, se reveló que no admite sus delitos.

“Lo que me gano la vida es en lo local”, se lo escucha decir, ante los interrogatorios de agentes y uniformados, policías y militares, que lo recapturaron luego de que él lograra permanecer prófugo durante 17 meses.

Fito se había atrincherado en el bunker de la lujosa mansión con paredes de mármol, piscina interior, gimnasio y área de juegos, en la provincia de Manabí.

De sus primeras intervenciones se desprende su interés en conocer sobre el proceso de extradición. Pregunta sobre los plazos y los tiempos. Y queda en evidencia su voluntad de negociar con agencias del extranjero.

Agentes de inteligencia consultados por esta alianza coincidieron que Fito pedía entregarse en un tercer país, para ser extraditado hacia Estados Unidos. Además, su temor era llegar a la cárcel de El Salvador.

A inicios de enero de 2024, Fito huyó de la prisión regional de Guayaquil, ante su inminente traslado a la cárcel de La Roca.

Al ser recapturado, el miércoles 25 de junio, Fito explicó las razones de su huida. “Me fui de la prisión porque me iban a matar el día que me iba, que me iban a trasladar. Yo ya estaba para mi 40 por ciento, no tenía porqué fugarme, ese mismo año tenía que salir. Me fugué por ganar un día más de vida; por lo menos sería factible ingresar a un cuartel”, afirmó, poco después de ser aprehendido.

Un extenso reportaje publicado por The Washington Post sobre la captura de Fito revela que él narco mantuvo en paralelo varias líneas de negociación con distintos actores, no solo del Estado ecuatoriano sino de agencias extranjeras.

Fito no se arrepentía

“He tratado de cambiar la vida a mucha gente, que sí lo he hecho. Sí, lo he hecho entonces, toda la vida, a mucha gente. ¿A cambio de qué? De nada, de nada. Me siento bien, de tantos errores que he cometido. Me siento bien”.

“Es que a mí me conviene salir. Dios es grande, nada más, o sea… Yo estoy dando un tratado con ellos, quiero entregar con ellos, quiero que entienda. ¿Qué eso demora? ¿Cómo está? Todo era leyes”.

Mencionaba la necesidad de proteger a su padre, a su hija y a su familia. Así, queda en evidencia que mantenía comunicaciones, con distintos interlocutores.

Esta alianza conoció que a inicios de marzo de 2025 hubo una operación para detenerlo en una zona rural de Manabí, llamada Junín. Ese intento fue fallido.

En su alocución destacaba que su fuga, en 2024, no causó violencia. “Por eso le dijo, no soy como lo pintan, ya me fugué sin hacer daño a nadie. No tengo nada que ver con las muertes”.

El capo ya se fugó de La Roca en 2013

En febrero de 2013 un grupo de detenidos se fugó de la cárcel de La Roca, usando el río Daule como vía de escape. Entre ellos se encontraba Fito.

Tres meses después, en mayo de ese año, el ministerio de Gobierno de la época anunciaba que Fito había sido recapturado en el escondite bajo la vivienda de un familiar suyo en El Palmar (Manta). En la casa de enfrente, también en un sitio subterráneo, estaba escondido su hermano Ronal Xavier Macías Villamar, alias Javi.

Antes de la captura, la madre de los hermanos Macías Villamar había intentado negociar las condiciones para que ellos se entregaran. “Al gobierno de la Revolución Ciudadana no se le puede chantajear ni manipular. Desde el inicio fuimos tajantes al afirmar que no íbamos a aceptar las condiciones de dos peligrosos delincuentes y les advertimos que haríamos hasta lo imposible por recapturarlos”, dijo en esa ocasión el entonces ministro de Gobierno, Javier Córdova.

En enero de 2024, al huir de la cárcel regional de Guayaquil, Fito evadía La Roca. Hoy, espera en ese entro de privación de libertad su inminente extradición hacia Estados Unidos.

La recaptura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es solo la punta del iceberg. Debajo han permanecido ocultos hechos inéditos que el medio estadounidense The Washington Post reveló este domingo 6 de julio en un amplio reportaje. La detención del capo fue el resultado de una búsqueda sistemática de más de un año de un equipo élite de inteligencia militar, en coordinación con un grupo especial de la Policía, que avanzaban indistintamente de las conversaciones que Fito y sus intermediarios tenían, por cuerda separada, con funcionarios del gobierno, agentes estadounidenses de la DEA y autoridades colombianas. Fito buscaba, según declaró tras su detención, asegurar a toda costa su extradición a Estados Unidos. En ese contexto, la fiscalía estadounidense ya había iniciado el caso penal en contra del líder de Los Choneros en el Departamento de Justicia.    

Redacción Código Vidrio

Los agentes de inteligencia llevaban más de un año tras la pista del narcotraficante fugitivo, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en una operación de alta prioridad a la que denominaron «Zeus II».  Buscaron pistas de su paradero en varios países; en un momento dado, incluso creyeron que se escondía al otro lado de la frontera, en una zona remota de Colombia, según publica este domingo The Washington Post https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/06/fito-captured/.

En cambio, el líder de Los Choneros se refugiaba en una lujosa casa con paredes de mármol que las autoridades ya habían allanado al menos tres veces, en Montecristi, Manabí, una zona que controlaba desde hacía mucho tiempo, donde disfrutaba de todas las comodidades,  incluidos un gimnasio y una piscina cubierta.

Según la nota del medio estadounidense, firmada por Samantha Schmidt y Arturo Torres, las fuerzas de seguridad supieron que estaban cerca el 25 de junio pasado cuando descubrieron, en un allanamiento a esa vivienda, a su hija de 3 años, los medicamentos que conocían que tomaba para la gastritis crónica, así como prendas personales, perfumes y otros objetos.

Pero ese día, mientras lanzaban gases lacrimógenos dentro de la propiedad, el líder de los Choneros no aparecía por ningún lado. Sospechaban de un búnker oculto. Y tendrían que excavar debajo de la casa, contra el tiempo.

«Entren, con fe», le dijo un alto oficial a un agente de policía que participaba en la operación de inteligencia, en coordinación con un equipo élite del Ejército, que lideró la operación. “Busquen como puedan. Usen todos los medios a nuestro alcance. Pero tenemos que encontrarlo”, describe el Post.

Mientras las fuerzas de seguridad excavaban, Fito temió que el búnker se desplomara sobre él. Salió de una puerta secreta en el suelo de una lavandería y se encontró en la mira de un militar, sorprendido al reconocerlo, pero listo para reaccionar con su arma, apuntándole a la cabeza.

La captura -según el Post- fue una victoria simbólica para el presidente Daniel Noboa, el heredero millennial de los negocios de un emporio bananero. Él ganó la reelección este año con la promesa de contener la violencia criminal que ha convertido a esta otrora pacífica nación sudamericana en un campo de batalla del narcotráfico.

Noboa declaró la guerra a los grupos criminales, a los que denomina narcoterroristas, el año pasado, días después de la fuga de Fito.

Como líder de Los Choneros, según la fiscalía estadounidense, Fito colaboró ​​con el Cártel de Sinaloa de México para enviar cargamentos de varias toneladas de cocaína a Estados Unidos y otros países. En una acusación formal, desvelada en abril, lo describieron como un «líder despiadado y prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional» que contrabandeaba ametralladoras de uso militar, rifles de asalto y granadas desde Estados Unidos y utilizaba sicarios para secuestrar, torturar y asesinar. Bajo el liderazgo de Fito, la organización atacaba a policías, políticos, fiscales y civiles, utilizando amenazas, sobornos y corrupción para construir y proteger un imperio de la cocaína.

Este reportaje del Washington Post incluye detalles no divulgados previamente sobre la captura de Fito, se basa en entrevistas con tres altos funcionarios de seguridad e inteligencia que ayudaron a supervisar la operación, así como en documentos, videos, fotos, grabaciones, informes de Inteligencia y una transcripción de conversaciones grabadas con el propio Fito, después de su recaptura. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato.

El ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, al día siguiente de la detención de Fito, afirmó que el arresto demostraba que el gobierno de Noboa no negocia con criminales. «No hay ningún acuerdo aquí y nunca lo ha habido».

Sin embargo, tres funcionarios de seguridad que participaron en el operativo de búsqueda desde hace meses afirmaron que el gobierno sí negoció con Fito una posible entrega.

Los contactos con la DEA

Según el Washington Post, un informante, que actuó como intermediario de Fito, contactó a funcionario de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para intentar ayudarlo a negociar su extradición a ese país, en cuyo sistema penitenciario creía que estaría más seguro, según un funcionario de inteligencia ecuatoriano. El funcionario afirmó que la DEA habló luego directamente con Fito, por medio de una videollamada.

La  DEA y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios, ante los pedidos del Post. Sin embargo, Fito, tras su captura, declaró a autoridades ecuatorianas que había hablado con la agencia. “Estaba hablando con la DEA y usted lo sabe, ministro”, le dijo al ministro del Interior tras su captura, según una transcripción de un audio revisada por el Washington Post. “Quería entregarme y decirles algunas cosas”.

Parece que Fito -según el reportaje- podría conseguir al menos parte de lo que quería. Las autoridades locales afirman que han adelantado su traslado a custodia estadounidense y esperan que las autoridades de ese país formalicen el pedido de extradición en la Corte Nacional de Justicia.

Pero las negociaciones para la entrega fracasaron. Cuando los agentes de inteligencia recibieron un aviso de una fuente humana con las coordenadas de la ubicación de la casa donde estaba Fito, decidieron actuar. Era el 19 de junio. Entonces realizaron reconocimientos terrestres y aéreos identificando la vivienda con alta seguridad y artículos infantiles. En el lugar observaron tres hombres, uno con rasgos muy similares a Fito, otro con apariencia de guardaespaldas y tres perros.

La cacería del capo

Desde la cárcel -detalla el Post- Fito lideró una organización criminal que llegó a tener 5.000 miembros dentro del sistema penitenciario y 7.000 más allá. Controlaban la penitenciaría del Litoral, contrabandeando drogas, teléfonos y armas a su antojo. Fito incluso grabó un video musical de alta producción desde el interior de la prisión, presentándose como una especie de Pablo Escobar moderno. «Es el jefe y patrón», cantaban sus hombres en el video.

Los Choneros habían contribuido a convertir a Ecuador en un importante punto de tránsito de cocaína y en uno de los países más violentos de la región. Tras la toma de posesión de Noboa, se comprometió a restablecer la seguridad sin negociar con las organizaciones criminales del país. Anunció planes para restablecer la ley y el orden en el sistema penitenciario. «Simplemente no se lo digan a Fito», dijo en una entrevista televisiva, el año pasado.

A principios de enero de 2024, el capo de la droga escapó. Los agentes de inteligencia supieron que había recibido información sobre los planes para reubicarlo y simplemente salió por la puerta principal, porque temía ser asesinado.

En cuestión de días, disturbios en la prisión, coches bomba y un atentado contra una transmisión de noticias en vivo llevaron a Ecuador al borde del colapso. Noboa declaró el estado de conflicto armado interno, nombró a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas y permitió que las autoridades movilizaran al ejército contra ellas.

Durante el siguiente año y medio, uniformados del Ejército y la Policía buscaron al narcotraficante en Ecuador, confiscando sus negocios y bienes, allanando sus propiedades, capturando a sus sicarios y, finalmente, arrestando a personas de su círculo íntimo, incluyendo a su pareja. El ministro del Interior, John Reimberg, describió esto como una operación psicológica para que Fito perdiera el control de sus acciones.

Las autoridades habían registrado la casa cerca de Manta al menos tres o cuatro veces, según dos agentes confirmaron. En una grabación de audio obtenida por The Post, un aliado de Fito le dijo a otro informante que las autoridades «registrarían todo y luego se irían… No consiguieron ni una sola pistola».

Un informante proporcionó a las autoridades grabaciones de video de Fito entrenando en un gimnasio en la casa y en su dormitorio. La misma persona se contactó con la DEA, en nombre de Fito, según un funcionario de inteligencia. Abogados y otros intermediarios de Fito contactaron a funcionarios de la administración de Noboa, según tres personas familiarizadas con las conversaciones.

En un momento dado, la embajada de Colombia en Ecuador recibió una carta de Fito solicitando la ayuda del país. En la carta, obtenida por The Post, Fito expresó su temor de que Ecuador lo enviara a CECOT, la megaprisión de máxima seguridad en El Salvador a la que la administración Trump ha enviado a migrantes detenidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que su embajador recibió la carta el 9 de junio, pero afirmó que no podía verificar su autenticidad y que no había dado respuesta a la solicitud.

El 19 junio, una fuente humana les entregó a los agentes las coordenadas donde Fito se escondía, en un búnker en la casa cerca de Manta, y que estaba bien armado. Las autoridades sobrevolaron la propiedad con drones y observaron su estricta seguridad: gruesos muros de concreto y acero, portones con doble blindaje, cámaras de circuito cerrado de televisión y hombres y perros de guardia, detalla la crónica del Post.

También vieron juguetes infantiles junto a la piscina. Eso significaba que Fito y su hija podrían estar allí.

La captura

 Un equipo de 300 militares, armados con rifles y otras armas, se desplegó en Manta antes del amanecer. A las 5:30 de la mañana, usaron escaleras para escalar los muros exteriores de la propiedad. «¡Sube! ¡Sube!», gritó un oficial en la oscuridad, mientras sonaban las alarmas de la vivienda.

Los uniformados entraron corriendo a la casa, pasaron junto a los perros que ladraban. Llegaron a las habitaciones, junto a una mesa de billar y bajaron por una escalera de caracol, gritando «¡Al suelo!» a todo el que encontraron a su paso, describe el relato del Post. Detuvieron a seis adultos, incluyendo a la enfermera de Fito, dos hombres que lo ayudaban con las tareas de la casa, una cocinera y la niñera de su hija. Encontraron colonia y ropa suya, licores finos. Pero no encontraron al cabecilla de Los Choneros.

Entonces los militares apagaron, sin saberlo, un generador que proveía de energía eléctrica al búnker de Fito. Usaron equipos de escaneo, que llevaron policías de una unidad élite, para buscar estructuras subterráneas ocultas detrás de paredes y lozas, pero no encontraron nada. El ministro del Interior envió una retroexcavadora. «Destruyan la casa», les dijo a los funcionarios que dirigían la operación, según un funcionario. Pero sin saber exactamente dónde estaba Fito, les preocupaba enterrarlo vivo.

 

La excavación hizo temblar el techo del búnker de Fito. Las autoridades dicen que entró en pánico. Apresurado subió por una escalera para salir. Atravesó una puerta pequeña, oculta en el suelo del lavadero de la casa. Chocó con un soldado, lo empujó a un lado y siguió caminando. Luego se encontró, cara a cara, con el jefe del operativo. El oficial le apuntó con un arma a la cabeza, le ordenó que levantara las manos, lo tiró al suelo y lo esposó.

Poco después fue trasladado por vía aérea a la Roca, una prisión de máxima seguridad en Guayaquil.

«Hoy, este narcoterrorista está donde debe estar, en La Roca», declaró a la prensa el ministro de Defensa, Loffredo. «Mediante una operación quirúrgica, logramos aprehender al criminal más buscado de todos los tiempos en Ecuador».

Unidades de inteligencia de la Policía y el Ejército encontraron posteriormente un segundo búnker con 15 pistolas, dos revólveres, dos rifles y 2.000 cartuchos, además de 19 relojes, docenas de anillos y brazaletes, y 7.600 dólares en efectivo.

La captura representa un triunfo político para Noboa, según el analista de seguridad Fernando Carrión, pero cualquier refuerzo «probablemente se verá afectado por todos estos factores que aún no están claros». Las noticias sobre las conversaciones del gobierno con Fito han generado controversia.

«A pesar de mi errores me siento bien»

Mientras se encontraba oculto, Fito seguía liderando a Los Choneros a través de su segundo al mando, un pariente cercano, según un funcionario de inteligencia. No está claro cómo afectará su captura a la organización. En un informe interno, funcionarios de inteligencia advirtieron que su captura podría desatar violencia entre los tenientes que compiten por reemplazarlo. También podría inspirar a bandas rivales a luchar por el control de corredores de narcotráfico o alianzas criminales, indica el diario estadounidense.

Por ahora, Fito espera su extradición a Estados Unidos. Ha declarado a las autoridades que lo mejor para él es ser enviado a Estados Unidos.

«No soy como me pintan», dijo, según una transcripción de un audio grabado el momento de su captura, haciéndose eco de la imagen de Robin Hood que retrata Escobar. «He intentado cambiar la vida de muchas personas, y lo he hecho. ¿A cambio de qué? De nada. De nada».

«Me siento bien, a pesar de todos los errores que he cometido», dijo. «Me siento bien».

La producción y comercialización de cocaína han alcanzado niveles históricos, con un aumento en América Latina y una expansión sin precedentes a mercados emergentes en Europa, África y Asia. Ecuador es un punto neurálgico para el envío de cocaína hacia varios continentes, con consecuencias directas en la criminalidad y violencia desatadas por las bandas locales, que trabajan para los carteles transnacionales, según el último informe mundial sobre las Drogas 2025, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que identifica una nueva era de inestabilidad global por el explosivo aumento del consumo de diferentes tipos de drogas.

Redacción Código Vidrio

El aumento histórico de la producción y comercio de cocaína a escala global ha empoderado a los grupos de delincuencia organizada, que mutan constantemente, tejen alianzas, multiplican su incidencia en actividades como minería ilegal, tráfico de especies, trata de personas, así como en inversiones en el sector formal de la economía, con lo cual obtienen mayores ganancias.  Esa es una de las principales conclusiones del último informe Mundial sobre las Drogas 2025, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que identifica una nueva era de inestabilidad global por el explosivo aumento del consumo de diferentes tipos de drogas.

El cannabis sigue siendo la droga más requerida: 244 millones de personas la consumen, seguida por los opioides (61 millones), la cocaína (31 millones), el éxtasis (25 millones) y las anfetaminas (21 millones). Solo 1 de cada 5 consumidores con trastornos graves recibe tratamiento.

“Esta edición del Informe Mundial sobre las Drogas muestra que los grupos delictivos dedicados  al tráfico de drogas continúan adaptándose, explotando las crisis y teniendo en la mira a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”, destacó Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC. “Debemos invertir en prevención del consumo y abordar las causas raíz del tráfico de drogas en todas las etapas de la cadena de suministro. Debemos reforzar las respuestas, aprovechando la tecnología, fortaleciendo la cooperación transfronteriza, proporcionando medios de subsistencia alternativos y tomando acciones desde la justicia para combatir a quienes impulsan las redes ilícitas del tráfico de drogas. Mediante un enfoque coordinado e integral, podemos desmantelar a las organizaciones criminales, reforzar la seguridad global y proteger a nuestras comunidades”.

El mercado global de cocaína bate récords 

La producción, incautaciones y consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento en el mercado. La producción ilegal creció a 3,708 toneladas, casi 34% más que en 2022. Las incautaciones mundiales llegaron a un récord de 2.275. Esto supone un aumento de 68% entre 2019 y 2023. El consumo creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023.

Flujos de envíos de cocaína a escala global 

Los narcotraficantes están encontrando nuevos mercados en Asia y África. La violencia y la competencia que caracterizan el ámbito ilícito de la cocaína, antes confinado a Latinoamérica, se está extendiendo a Europa Occidental y países asiáticos, mientras los grupos de delincuencia organizada aumentan su influencia en el mercado. Hay también nuevos países usados para el envío de cocaína, lejos del epicentro Colombia-Ecuador-Perú. Especialmente en el Cono Sur, como Chile y Argentina. Esta dinámica también evidencia la participación de cada vez más actores y grupos criminales, que brindan servicios específicos y especializados. Los holdings transnacionales ya no controlan toda la cadena, desde la producción hasta la venta de la cocaína. Los envío de esa droga se concretan a través de sociedades criminales de grupos diversos.

Las organizaciones criminales aprovechan la inestabilidad y las brechas en el estado de derecho para expandir sus operaciones. El informe de la UNDOC destaca la relación entre el tráfico de drogas y los altos niveles de violencia en ciertas regiones, especialmente en América Latina. El caso de Ecuador es el más preocupante. Se reportan en promedio 45 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La mayoría tienen relación con disputas de territorio y ajuste de cuentas entre miembros de las células criminales.

Según el Informe de la ONU, los países y regiones de América Latina que enfrentan los mayores desafíos relacionados con el narcotráfico y sus consecuencias son:

Colombia: Enfrenta altos índices de criminalidad vinculados a la producción récord de cocaína, conflictos armados internos y violencia estructural. El informe destaca la relación entre el tráfico de drogas y los altos niveles de violencia en el país.

Ecuador: Ha experimentado un aumento significativo en la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos años, con grupos criminales disputando rutas de tráfico.

Perú: Como segundo productor mundial de cocaína, enfrenta desafíos relacionados con la producción y el tráfico, así como daños ambientales en ecosistemas frágiles.

México: Presenta desafíos críticos relacionados con el crimen organizado, violencia asociada al narcotráfico y el tránsito de drogas hacia Estados Unidos. El informe señala problemas de seguridad fronteriza y combate a las drogas como prioridades.

Venezuela: Enfrenta una crisis multidimensional donde el narcotráfico se ha convertido en un factor desestabilizador, con escasez de energía y otros recursos que complican la situación.

Centroamérica (especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador): La región es identificada como un corredor de tránsito clave donde el narcotráfico alimenta la violencia y debilita las instituciones.

Estos países enfrentan no solo el problema del tráfico de drogas, sino también sus consecuencias: violencia estructural, erosión del estado de derecho, corrupción institucional y convergencia con otras economías ilícitas que desafían la gobernabilidad.

¿Qué impacto tiene la producción récord de cocaína en Ecuador?

Aunque Ecuador no es un productor tradicional de coca como Colombia o Perú, su posición estratégica entre estos dos grandes productores lo ha convertido en un importante punto de tránsito, con aproximadamente un tercio de la cocaína colombiana (estimada en 467 toneladas en 2021) pasando por territorio ecuatoriano, generando un mercado de aproximadamente 953 millones de dólares.

El aumento del tráfico de cocaína ha coincidido con un incremento dramático en la tasa de homicidios en Ecuador, pasando de 6 por 100 mil habitantes en 2016 a 39 en 2024. La tasa de homicidios en Ecuador en 2025 muestra un panorama preocupante, con un aumento significativo en comparación con años anteriores. Las cifras oficiales indican que el primer trimestre de 2025 ha sido el más violento de la historia del país, superando en un 65% los homicidios del mismo período en 2024. Se reporta un asesinato por hora en promedio en lo que va del año. Guayaquil, en particular, ha experimentado un aumento alarmante de la violencia, con 236 homicidios solo en enero, debido a disputas entre bandas narcodelictivas.

En este sentido, la declaratoria del conflicto armado interno del gobierno de Daniel Noboa en la lucha contra el narcotráfico ha tenido un impacto mixto en la lucha contra el narcotráfico, con resultados a corto plazo positivos pero con interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.

La militarización de las cárceles permitió a las fuerzas de seguridad recuperar cierto control sobre estos espacios que funcionaban como centros de operaciones para grupos criminales. Se reportó una disminución significativa en la violencia carcelaria tras la toma de control militar, pero el sistema es inestable y está permeado por altos niveles de corrupción de funcionarios y uniformados. Con

Ausencia de estrategia para la salida del conflito

Según coinciden varios analistas, el gobierno de Noboa ha dado pocas señales sobre su estrategia de salida del conflicto. Existe evidencia creciente de que Ecuador podría quedar atrapado en un conflicto a largo plazo, lo cual ha saturado a las fuerzas militares, que cumplen diferentes roles operativos y tácticos, con una cooperación y coordinación débil con la Policía.

Los éxitos del Bloque de Seguridad expresados en capturas constantes de miembros de las bandas y mayores incautaciones de droga, han fragmentado aún más a los grupos delictivos, aumentando inicialmente la incertidumbre, la competencia por las rutas de drogas y la violencia. Quienes han sido dados de baja en enfrentamientos o encarcelados por las fuerzas de seguridad están siendo reemplazados por otros delincuentes.

A pesar de la reducción en homicidios, continúan los ataques a políticos, policías, funcionarios de gobierno local, autoridades penitenciarias y jueces, junto con la violencia brutal de pandillas en las comunidades.

Las perspectivas a futuro

En mayo de 2025, el presidente Noboa envió un proyecto de ley a la Asamblea para «Desmantelar la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno en Ecuador», lo que sugiere que la estrategia continúa evolucionando hacia un enfoque más integral que aborda no solo la violencia sino también las estructuras económicas del narcotráfico.

Las rutas del narcotráfico de cocaína desde América hacia Australia y Asia

Human Rights Watch expresó en mayo de 2024 su preocupación por la respuesta del gobierno ecuatoriano al crimen organizado, cuestionando la base legal de la declaración de «conflicto armado interno» y advirtiendo que podría conducir a violaciones de derechos humanos.

Las experiencias en América Latina sugieren que los operativos militarizados contra grupos criminales no reducen los homicidios a largo plazo y pueden incluso aumentar la inseguridad. Normalmente, cuando los gobiernos responden al crimen organizado con violencia, esto genera más violencia.

El enfoque debe ser multidimensional, reconociendo que «la ‘mano dura’ puede ser efectiva excepcionalmente y a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo.» La política debe construirse en democracia, con la institucionalidad establecida y como una oportunidad para entender y actuar con alcance regional andino.

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ANÁLISIS

¿Cuáles son las políticas más efectivas para reducir la violencia causada por el narcotráfico?

Las políticas que han demostrado ser más efectivas para reducir la violencia relacionada con el narcotráfico en Ecuador y otros países de América Latina incluyen:

1. Enfoque en reducción de violencia, en lugar de controlar solamente el envío y la oferta.

La experiencia regional muestra que las políticas centradas exclusivamente en reducir el suministro de drogas a menudo aumentan la violencia. Un enfoque más efectivo prioriza la reducción de la violencia como objetivo principal, econociendo que «el costo de la aplicación de la ley antidrogas no debería seguir pagándose en vidas civiles».

2. Aplicación focalizada de la ley.

Dirigir los esfuerzos hacia los grupos más violentos, no necesariamente los que venden más drogas. Las estrategias que concentran recursos en las organizaciones más violentas, en lugar de dispersar esfuerzos contra todos los grupos criminales, han mostrado mejores resultados. Comunicar claramente a los delincuentes violentos que serán procesados

3. Alternativas socioeconómicas

Las políticas que abordan las causas estructurales de la violencia han mostrado resultados positivos. Incluyen:

-Programas de desarrollo económico en zonas vulnerables

-Creación de oportunidades de empleo legal para jóvenes en riesgo

-Atención a la desigualdad y la pobreza que facilitan el reclutamiento criminal

4. Reforma del sistema penitenciario

El sistema carcelario ecuatoriano se ha convertido en un centro de operaciones para grupos criminales. Las reformas efectivas deben incluir:

-Reducir el hacinamiento carcelario

-Separar a los reclusos según su nivel de peligrosidad, no agruparlos por bandas

-Implementar programas de rehabilitación y reinserción

5. Enfoque multidimensional

Ninguna política aislada es suficiente. Se requiere una combinación de:

-Fortalecimiento institucional

-Mejora de la investigación criminal

-Protección de las fuerzas de seguridad contra la corrupción

-Mejora de la policía comunitaria

-Atención a las necesidades sociales que aprovechan los grupos criminales*

 

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*Para este análisis recurrimos a la plataforma Nelson de Southern Pulse, que es un asistente de investigación de inteligencia artificial especializado en análisis de información sobre América Latina.

Unidades de Inteligencia del Ejército, con apoyo de la Policía y asistencia de agencias de EE.UU. y otros países, ubicaron en un sótano de una lujosa vivienda en Montecristi al narcotraficante y líder de Los Choneros, José Adolfo “Fito” Macías Villamar. La recaptura ocurrió este miércoles 25 de junio, más de un año después de que escapara de la Penitenciaría del Litoral, que controlaba. La detención es ampliamente desplegada en un reportaje que publicó el medio estadounidense The Washington Post. (Nota actualizada a las 14:00 de este 26 de junio)

Redacción Código Vidrio

El rastreo de la casa donde se ocultaba  José Adolfo Macías, alias Fito, en Montecristi, Manabí, fue posible gracias al seguimiento de un equipo élite de Inteligencia del Ejército que le seguía los pasos hace meses, en varias zonas de Manabí, de donde son originarios Los Choneros, la banda que él lidera. La pista los condujo el miércoles pasadas las 17:00 hasta un sótano donde se escondía y había acondicionado para vivir, según un alto funcionario policial que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la delicada operación, según destacó el diario The Washington Post en un reportaje firmado por Arturo Torres y Samantha Schmidt.

Videos difundidos por el Ministerio de Defensa y el Ejército mostraron a militares metiéndose en un agujero en un piso de baldosas para llegar al sótano oculto e inacabado que se encuentra debajo. Otros videos mostraron a los agentes sujetando a Macías en el suelo, boca abajo, con las manos atadas a la espalda.

Las autoridades comenzaron de inmediato a solicitar su extradición a Estados Unidos, según informó el presidente Daniel Noboa en una publicación en X.

Un alto oficial de la Policía, al tanto del proceso, dijo a Código Vidrio que los diálogos con autoridades estadounidenses están avanzadas para concretar el traslado de Fito a ese país, aunque no preciso el tiempo que podría tomar.

Fuentes de Inteligencia informaron que después de escapar de la Penitenciaría del Litoral, hace más de un año, Fito estuvo en algunos sitios de Manabí. Nunca abandonó el país.

A EE.UU. también han sido extraditados, tras ser detenidos en Colombia, los narcos ecuatorianos Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias ‘Gato Farfán’, y Washington Prada Álava, alias Gerald. Sánchez se declaró culpable de tráfico internacional de drogas. Espera su condena en prisión, en agosto de 2025. Gerald cumple una sentencia de 19 años de prisión.

Más de un año clandestino 

Macías es uno de los principales líderes de Los Choneros, una banda que llegó a tener 5.000 miembros dentro del sistema penitenciario y 7.000 fuera, y que se alió con el Cártel de Sinaloa de México para dominar el floreciente tráfico de cocaína en esta nación sudamericana. Las fuerzas ecuatorianas y de seguridad, así como sus aliados estadounidenses, lo han estado buscando desde que se fugó de una prisión en Guayaquil a principios de 2024, resalta el diario estadounidense.

Finalmente, lo encontraron en el sótano de una vivienda perteneciente a su pareja, Verónica Narcisa Briones Zambrano, quien actualmente se encuentra recluida en una prisión de Guayaquil, según un funcionario de inteligencia que también habló bajo condición de anonimato.

Para ubicar a Macías, las unidades tácticas del Bloque de Seguridad emplearon un densitómetro, aparato que permite medir el espesor de paredes y detectar posibles compartimentos secretos. También se usó una retroexcavadora para remover los alrededores de la vivienda, en especial un jardín, lo que terminó por acorralar al delincuente, quien se ocultaba en un búnker subterráneo. En la operación también se emplearon drones, que vigilaban la vivienda de tres pisos.

Junto a Fito se encontraban cuatro individuos : Eduardo H. C., Freddy Z.Z., Cristian M. V. y Carlos C. Z., el último registra antecedentes por robo, tenencia de armas, asesinato, existencia de delito. Asimismo, se decomisó un fusil.

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, el ministro del Interior, John Reimberg, precisó que la pieza clave en la captura de Fito fue Cristian Germán Mendoza Vélez, uno de los detenidos. Mendoza es un agente de Tránsito de Manta, que había trabajado por mucho tiempo en la Empresa de Movilidad de este cantón. Vivía en la casa donde se ocultaba Fito, y se trataría de uno de sus muchos testaferros.

El individuo nunca se presentaba a laborar en la Agencia de Tránsito de Manta. Mendoza fue jefe de los agentes de tránsito, subdirector de Tránsito, supervisor de tránsito y su último cargo fue supervisor de operaciones de la entidad.

Con esos datos, Inteligencia corroboró la información y realizó los seguimientos necesarios, que permitieron confirmar que Fito se refugiaba en la vivienda de Mendoza.

«Esta es una victoria que tomo mucho tiempo y mucho esfuerzo por el Bloque de Seguridad, intervenciones a lo largo y ancho del país, recopilación de información y no es sino la presión constante lo que ha logrado la captura de alias Fito», dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Tras su recaptura, Fito fue trasladado en un jet, bajo un estricto resguardo, desde Manabí hacia Guayaquil, a la cárcel de La Roca, durante una operación anunciada ante los medios por los ministros Reimberg y Loffredo.

Bajo cargos criminales en EE.UU.

El Post destaca que Macías fue acusado formalmente en un tribunal federal de Brooklyn en abril por distribuir grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. La fiscalía alega que lideró Los Choneros desde al menos 2020 hasta 2025, controlando las rutas de tráfico de cocaína a través de Ecuador y dirigiendo una red de distribución a través de Centroamérica y México hacia Estados Unidos y otros países.

Acusan a la organización de usar sicarios, corrupción y sobornos para asegurar su lealtad y de contrabandear armas de fuego desde Estados Unidos para financiar sus operaciones.“Como se alega, el acusado era un líder despiadado y un prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional”, declaró John J. Durham, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York. “Al liderar la red de asesinos y traficantes de drogas y armas de Los Choneros e importar cantidades potencialmente letales de cocaína a Estados Unidos, el acusado ha causado un gran daño a su propio país y a Estados Unidos, destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de Los Choneros”.

El empoderamiento de Los Choneros

El crecimiento descontrolado de las bandas de narcotraficantes en Ecuador -destaca el Post- ha contribuido a convertir a este país, antes pacífico, en un centro crucial para el tránsito de cocaína. Utilizando las cárceles del país como centros de mando, Los Choneros y otros han formado alianzas con cárteles mexicanos y la mafia albanesa, e infiltrado el gobierno en casi todos los niveles.

Macías se burló del gobierno en septiembre de 2023 en un video musical de alta producción filmado dentro de la prisión donde estaba recluido. En enero de 2024, empezó a correrse la voz de que Fito se había fugado de la penitenciaría regional de Guayaquil.

Cuando la Policía entró en la prisión, el capo ya no estaba; días antes, según informaron los servicios de inteligencia, simplemente había salido por la puerta principal tras recibir información sobre los planes para reubicarlo. Las autoridades ecuatorianas lo han estado persiguiendo desde entonces y el 9 de marzo anunciaron una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a su arresto.

Noboa atribuyó las leyes recientemente aprobadas que han ampliado las facultades de las fuerzas de seguridad para detener rápidamente a presuntos delincuentes. «Mi reconocimiento a nuestra Policía y Ejército que participaron en esta operación», dijo Noboa. «Caerán más, recuperaremos el país. Sin tregua».

Según el Post, la captura es una victoria para Noboa, el millennial que fue reelegido para un mandato completo este año con la promesa de restaurar la seguridad. Noboa ha buscado presentarse como un líder de mano dura; declaró la guerra a las pandillas el año pasado, días después de la fuga de Fito, cuando una revuelta del narcotráfico llevó a Ecuador al borde del colapso. «Era como vivir en Ciudad Gótica», declaró Noboa a The Washington Post el año pasado. «Todos los locos habían escapado».

La semana pasada, otro capo de la droga de alto perfil escapó de la prisión. Rolando Federico Gómez, conocido como Fede, escapó de una cárcel de Guayaquil disfrazado de militar.