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ENTREVISTA. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó que la suspensión la minería en Napo es un plan piloto que se replicaría en otras provincias críticas del país. Además reveló que hubo filtración de información días antes de las intervenciones en Portovelo, donde la semana pasada cerraron diez plantas de beneficio, aunque se había previsto suspender las operaciones en 24 de estas facilidades, que registran incumplimientos permanentes, en medio del descontrol sistemático de las autoridades durante años. No obstante, explicó que avanzaron con los cierres en Portovelo con base en estudios científicos que prueban la contaminación de los ríos Calera y Amarillo, con cobre, plomo, arsénico, cadmio y cianuro, arrojados por las plantas. Manzano ratificó que las 208 plantas que procesan minerales en el país empezaron a ser auditadas, para impedir que arrojen contaminantes a los ríos ni procesen oro de fuentes criminales. Los mineros ilegales y los grupos delictivos extendieron la explotación minera, de nueve a 12 áreas protegidas, en un año, incluido el parque Podocarpus, en Zamora Chinchipe, devastada por la explotación de oro en los ríos.

Por Arturo Torres

-La decisión que usted acaba de tomar de suspender todas las actividades de minería en Napo y de cerrar plantas de beneficio, donde se procesa el oro en Portovelo, no tiene precedentes. ¿Por qué fue tan radical?
Primero porque es un golpe directo a la minería ilegal. Recuerde que las plantas de beneficio están al final, o sea, al final del proceso de la explotación del mineral. Y segundo es un tema también de seguridad, porque el bloque de seguridad tiene la misión de tratar de que todo el Ecuador tenga esta estabilidad. Pero mientras tengamos todavía un flujo de dinero de minería ilegal hacia estas bandas delictivas o grupos delictivos de la minería ilícita, su trabajo -el de la fuerza pública-, es cuesta arriba.

-¿Entonces, eso también implica que se aplicarán controles severos a la extracción, compra de minerales y comercialización del material mineralizado en todas las plantas, antes de la salida de la comercialización y  exportaciones de oro y otros minerales refinados. Ahí es donde se refina y lava todo el oro sucio que proviene de fuentes ilegales?
Ahí se lava la minería ilegal. Y el problema que han tenido es que sus propietarios, accionistas y personal no han sido controlados. Lo segundo, la comercialización del mercurio, que varias plantas emplean, en Ecuador está prohibida, no hay posibilidad de que nadie lo tenga. Pero los mineros ilegales lo emplean en grandes cantidades. Si descubro una planta con mercurio, sencillamente es ilegal y debe cerrarse.

-¿Y eso es una causal de sanción y de suspensión para cualquier planta que use mercurio y otros químicos y metales prohibidos, que causan daños en los ríos y el ambiente, enferman a los habitantes, a las especies?
Exacto. Por eso se cerraron diez plantas en Portovelo, por la gran contaminación que causan con el uso de químicos y metales prohibidos. Y lo otro que hicimos, porque todo esto fue planificado con tiempo, hemos estado mirando, digamos, todas las áreas concesionadas, porque aquí está interviniendo todo el Ministerio de Ambiente y Energía. Es la primera vez que los cinco sectores estratégicos están juntos lidiando con el tema para enfrentar la minería ilegal y sus consecuencias graves para el ambiente. Sacamos los muestreos de agua de los ríos. Eso se hizo desde hace dos semanas. Y todo eso luego fue decantado en un análisis de laboratorio. Pasaron diez días, más o menos, hasta que tuvimos la información confirmando la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango Tumbes.

-¿Qué pasa con los ríos Pindo y Puyango en esta región?
Ambos ríos también tienen grandes niveles de contaminación, que incluso traspasa los límites territoriales y llega hasta Perú.

-Otro caso dramático es el de los ríos de Zamora Chinchipe, donde hay una gran devastación, así como el daño a las poblaciones, también con secuelas en ambos lados de la frontera.
Así es, el daño y la contaminación también se extienden a grandes zonas de Zamora, donde las FF.AA. están haciendo operaciones constantes para destruir maquinaria y campamentos de mineros ilegales.

-¿La resolución que declara la suspensión en Napo y el cierre en las plantas en Portovelo se tenía lista hace varias semanas y se aplica la semana pasada, también en medio de cuestionamientos sobre la demora en la decisión?
Yo tenía preparada la resolución desde hace, tal vez, varios meses. Pero estaba esperando contar con todas las pruebas científicas, los análisis técnicos, evidencias irrefutables sobre la contaminación de los ríos, para que los afectados no se nos vengan encima con las protestas de siempre. Lo de Portovelo es un golpe directo a las mafias de la minería ilegal, a los grupos criminales que trabajan con ellos y a los funcionarios que han sido sus cómplices.

-¿En el caso de El Oro, en las plantas de refinación de Portovelo empieza la contaminación?
Precisamente comienza la contaminación el momento en que los desechos tóxicos salen con el agua que se emplea en las plantas para procesar el mineral aurífero, ahí es cuando los metales y químicos empiezan a circular río abajo. Río arriba no existe esa contaminación.

–Pero el papel que muchas plantas de Portovelo cumplen para procesar oro de fuentes delictivas es apenas la punta del iceberg. Entiendo que las decenas de plantas de beneficio del país, incluidas las de Camilo Ponce Enríquez, también deben entrar en proceso de revisión, de una auditoría, que nunca antes ha existido, por cierto. Ya sea por corrupción de las autoridades o por las limitaciones de la Arcom, que fue mermada en sus facultades desde 2020, en medio del crecimiento de la criminalidad en esas zonas.
Sí, serán auditadas y controladas las 208 plantas de beneficio que existen en el país. Solo en Potovelo hay 80. Y eso hace que también las mismas plantas o refinierías donde se tritura, procesa, lava, filtra y funde el oro entiendan que no pueden arrojar el agua contaminada del proceso directamente a los ríos, lo cual está prohibido por la ley. Y que no pueden procesar minerales de fuentes ilícitas.

-¿Pero qué mecanismo empleaban para que esto no se visibilice, en las pocas inspecciones que han realizado las autoridades, especialmente después de la pandemia?
Ocultaban los desechos subfluviales, las descargas contaminadas de las aguas empleadas para lavar el mineral. En las plantas que hacen minería legal eso no ocurre. Hablo de las empresas que cumplen con sus obligaciones. Pero en otras han operado siempre al margen de la ley, sin licencias ambientales.

-¿El cierre de las plantas en Portovelo fue simultáneo?  
La Arcom empezó a cerrar las plantas en base a revisión documental, de licencias, auditorías ambientales y otros requisitos que no cumplían y con lo que empezamos a determinar en el monitoreo ambiental de la contaminación de los ríos. Con todos esos soportes se cerraron diez plantas. También esperamos la acción del Viceministerio de Ambiente para que comience a hablar de los procesos administrativos. La contaminación ambiental, de acuerdo a la Constitución, no prescribe y es causal para cierre y suspensión de concesiones mineras. Este delito tiene la reversión de la carga de la prueba. O sea, ellos tienen que probar que no contaminaron.

-Pero cuando Ambiente o Energía han intervenido para sancionarlas, las empresas que contaminan han acudido a la ley e infinidad de recursos y garantías que los amparan para inmovilizar la acción del Estado. A jueces, funcionarios y autoridades seccionales, que compran y tienen en el bolsillo. Siempre vuelven a operar. 
Hay un fundamento importante, se conoce como la responsabilidad objetiva que estamos aplicando para que no puedan ampararse en ese entramado y legal. Es decir, no importa si tú has presentado tu licencia ambiental en orden, si tienes todas tus auditorías en orden, si cuentas con los informes, los reportes anuales. Todo está muy bien en los papeles.

-¿Esa es la coartada perfecta que empresas vinculadas a actividades ilícitas de minería han tenido para seguir operando en la impunidad?
Sí, para ellos ha sido fácil obtener todos los documentos corrompiendo a los funcionarios en las zonales de Arcom y el viceministerio. Pero ahora ese ya no es un obstáculo, no es relevante porque la evidencia técnica de los monitoreos del daño y contaminación en los ríos es fulminante. Y con eso no tienen excusa alguna; por eso aplicamos la responsabilidad objetiva, basados en la Constitución y el Código Orgánico.

-¿Debe haber sido una decisión difícil porque hay muchos intereses en juego, sectores poderosos afectados, hay gremios mineros que ya están protestando en Portovelo, presionando para que se reviertan las suspensiones?
Así es, pero para mala suerte de los ilegales tienen una ministra que es ambientalista y abogada al mismo tiempo.

–Con esta figura legal de la responsabilidad objetiva se puede desbaratar este monstruo descomunal de cientos de leyes y reglamentos, de infinidad de recursos, creado muchos años atrás por clanes mafiosos, para facilitar la corrupción, inmovilizar al Estado. ¿Cree que se puede mantener, en medio de la oposición de tantos grupos?
Sí. Y se rompe por decisión política de este gobierno, porque siempre se pudo haber hecho. Es solo una toma de decisión política impulsada por el presidente Daniel Noboa contra la minería ilegal basada también en los principios de precaución y de prevención que están en la Constitución, así como los derechos de la naturaleza, del agua. El agua, al final del día, es para el consumo humano, es para los animales, para las plantas, para el riego, para los temas eléctricos, obviamente hidrocarburos, etcétera, y para la biodiversidad. Entonces yo estoy cogiendo el agua como el hilo conductor del desafío para impulsar y fortalecer la minería legal, bajo estándares ambientales. Cuando yo asumí el cargo una de las cosas que hablábamos con el Presidente fue que el agua tiene que volverse el eje estratégico y transversal.

-¿Entonces el centro de gravedad criminal en estos casos han sido las plantas de beneficio?
En las plantas todo se basa en la presentación de documentos, que no se han verificado por las autoridades en el terreno. En el proceso que ejecutamos las semanas previas  se había previsto cerrar 25 plantas de beneficio. Pero cuando fuimos a los sitios resulta que de las 25 solo pudimos suspender 10 porque las otras mágicamente habían obtenido en pocos días formalizaciones en su licencias, las auditorías habían tenido los papeles que no poseían.

-¿Les filtraron la información de lo que iban a ejecutar los cierres?
Claro, entonces tengo el enemigo en casa, que avisa y que cuando uno hace estas incursiones entonces obviamente la mitad te sale preparado, que está todo en orden y de las 25 solo suspendimos menos de la mitad. Eso me dio la total certeza, ya con los estudios de la contaminación, de que este no era un tema documental sino fáctico de corrupción.

-¿Sin embargo ustedes avanzaron con el cierre?
Así es. Por eso, ahora todos están alborotados porque es una decisión apoyada íntegramente por el Presidente. Es una decisión que tenemos meses conversando de cómo se haría, cuál es la mejor manera, cómo tenemos que reaccionar, dónde está la parte que hay que entrar e ir solucionando. Hay plantas de beneficio que yo tengo, un par de nombres, que lo están haciendo bien y que nosotros debemos proteger. Y lo otro en Ecuador acabamos de aprobar unos fondos para hacer los estudios de una planta de beneficio del Estado, de ENAMI.

-¿No está previsto construir una refinería del Estado?
Sí, tenemos unos fondos para el estudio de la refinería de oro del Estado. Queremos ser la refinería, el hub de oro de toda la zona andina donde hay oro y que podamos tener la trazabilidad adecuada para que la minería legal sirva para el desarrollo del país. Lo podemos hacer con estas dos medidas que hacemos al mismo tiempo: una es en el momento cuando termina la trazabilidad de las plantas de beneficio, que tienen una capacidad, entre la más pequeña de procesar de 30 toneladas, a la más grande, de 300 toneladas, por día, en pequeña minería. Queremos construir grandes refinerías para refinar miles de toneladas siguiendo todos los parámetros para no contaminar los ríos. Así incentivaremos a los empresarios legales, para que inviertan en el país. El oro ilegal no tendrá por donde salir porque automáticamente con los controles que estamos haciendo solo podrán sobrevivir las empresas que cumplan los planes de acción. El Estado lo que quiere es asegurarse es que por lo menos esas mil toneladas que podamos procesar vienen de minería legal y van directamente a una refinería de oro para poder ser exportadas.

-¿Es decir que con la trazabilidad ya se sabrá que esas plantas procesan oro de fuentes legales o ilegales?
Es la mejor forma de acabar con el lavado del oro sucio. También hay titulares que han denunciado actividades de ilegales en sus concesiones, pero controlar lo que se hace en todas las áreas es físicamente imposible, al menos hasta que tengamos la tecnología para hacerlo. Entonces el embudo para empezar a frenar estos delitos está en el verdadero control de las plantas, porque ahí convergen todos los materiales y de ahí ya salen para su comercialización.

-Ahí es donde ocurre el milagro, la alquimia que aprendieron las mafias mineras para convertir el oro sucio en plata, en miles de millones de dólares, con la complicidad de autoridades. Pero los últimos años también se está lavando en las exportaciones de concentrado de oro.     
-En ese sector es donde también tenemos que apretar porque si la gente ve que ya no podrá con sus delitos por las medidas en las plantas encontrará una vía por las exportaciones de concentrado de oro.

-¿Y cómo van a trabajar con las comunidades que hoy no tienen agua? Precisamente una de esas poblaciones que hemos visitado hace pocas semanas es Capirona, en Napo, que ya no puede usar el agua del río por los grandes niveles de contaminación. Reciben el líquido de un tanquero, una vez por semana. Sus habitantes padecen enfermedades cutáneas y otros males que no pueden atenderse porque no tienen centros médicos?
Vamos a visitar esas comunidades, para ver sus necesidades, y trabajar de forma coordinada para darles los servicios que necesitan. Porque tenemos justamente para desarrollar un proyecto que se llama Fogapri. Son 75 millones de la CAF para apoyo a los poblados rurales, para agua potable, para saneamiento y riego. Desde el Ministerio ayudaremos a esas comunidades con esa propuesta. Este año tenemos como 20 proyectos entre comunidades rurales que han podido presentar. Pero yo le puedo abrir un espacio también a Capirona.

-¿El impacto de la suspensión es en toda la provincia de Napo?
Sí. No es solo el río Napo sino todos sus afluentes. Realmente es una decisión fundamental, con la cual me siento feliz.

-¿Pero cómo enfrentarán a los que se oponen, incluidas algunas de las comunidades y campesinos que viven de la minería ilegal y legal?
Es una decisión dura, en la que necesitamos el acompañamiento de todas las comunidades. Que entiendan que lo hacemos por ellos. Que no estoy haciéndolo solo por el pajarito, por la fauna. Es por sus habitantes, por el agua en la que ya no hay vida. Por eso recalco que no hay otro eje más importante para mejorar la vida del Ecuador que no sea el agua, para darles un verdadero bienestar a los habitantes, para bajar la pobreza, que es la principal aspiración del Presidente. Por eso una de las tareas fundamentales que haremos es ir a Napo para buscar aliados entre los habitantes, que han resistido y se oponen a la minería ilegal.

-¿Cuáles son los siguientes pasos tras la suspensión?
Vamos a hacer varias cosas con diferentes entidades. La Arcom deben ir al territorio para aplicar y verificar el cierre de todas las operaciones de minería, que están suspendidas completamente. Simultáneamente la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA y el Viceministerio de Ambiente harán los análisis de los sedimentos y la calidad del agua del río y sus afluentes. Se aplicará también una protección hídrica, que toma alrededor de 90 días, pero le hemos dado 30 días. Así podremos verificar el uso del suelo con la participación de los gobiernos locales y nuevamente de las comunidades. Aspiramos a dotarles, por ejemplo, de plantas de agua potable, que deberán hacer un tratamiento extraordinario porque deben filtrar metales pesados, que yacen en los lechos del río.

-¿Y cómo se realizará el proceso de recuperación?
Tenemos un programa en el Viceministerio de Ambiente que se llama PRAS, de remediación ambiental y social que se orientará para remediar daños por minería ilegal. Y Arcom avanzará depurando controles in situ y documentales.

-¿Si los procesos de revisión oficial han permitido la ilegalidad, cómo se puede garantizar que eso no vuelva a ocurrir?
Pues sí, desde el estado lo ilegal se hizo legal porque tenemos unos procesos súper engorrosos heredados, porque no hemos podido ser ágiles y entender que el dinero, el presupuesto del Estado, tiene que estar en estas cosas.

-¿Pero el Gobierno impulsa varios proyectos mineros de gran escala, lo cual suena contradictorio con al defensa del agua?
Creemos que la minería es un puntal para el desarrollo del país. Yo sí estimo que se puede hacer una minería legal responsable; entonces tenemos que atacar a la minería ilegal, porque se nos están llevando los recursos, pero además al llevarse los recursos es como elefante en cristalería. Van arrasando con todo, dañando todo.

–En estos casos, ¿Va a pasar algo con la responsabilidad de los titulares mineros que no hicieron lo que tenían que hacer. Habrá una consecuencia legal. Porque, por ejemplo, hay dueños de concesiones que en lugar de explotar sus concesiones, las negocian, a través de la entrega de contratos de operación a mineros ilegales ilegales, incluso narcos. ¿Habrá alguna intervención?
Claro, y el inicio es la resolución que acabo de emitir la semana pasada. Todo está suspendido. Ya veremos un desfile de gente tratando de sacar el cuerpo, de deslinar su responsabilidad. Eso, por ejemplo, lo hicimos de manera frontal con la empresa china Terraearth, cuyas operaciones en 130 hectáreas están paradas completamente en Napo, desde el año pasado. Se suspendieron las actividades, ellos presentaron un plan, etcétera, pero es porque tienen unos cinco contratos de operación para seguir actuando en otras concesiones. Yo no quiero contratos de operación.

-¿El mayor problema se focaliza en las operaciones ilegales en la pequeña minería?
–Es la minería que ha acabado con los ríos, que está acabando en nuestras áreas protegidas. Porque, ojo, cuando yo entré en septiembre del 2024 había nueve áreas protegidas con minería ilegal. Hoy tengo doce áreas con minería ilegal.

-¿Eso ocurrió apenas en un año?
Es un avance rapidísimo. Eso pese a que hemos aumentado el control, en el 2025 hemos tenido operativos constantes, con el direccionamiento del Conim, que es el Consejo Minero.

-¿Cómo coordinan las operaciones?
Obviamente desde mi lado, que es el de ambiente y energía, de minería, nosotros tenemos la información, y también la tiene inteligencia militar. Activamos alertas desde varios frentes para que se planifiquen operaciones. Entonces las Fuerzas Armadas automáticamente hacen lo que debe hacer, que es ir, destruye las bocaminas, y obviamente nos va reportando.Por ejemplo, les dije, Muyuyacu en Camilo Ponce. Quiero que recuperen Muyuyacu de los ilegales. Muyuyacu es del estado. Es una concesión minera de oro, de Enami. Sacamos a los disque socios que habían ahí, que nunca nos pagaron un centavo. Un centavo a Enami los hemos sacado. También hemos intervenido con FF.AA. para sacar a los grupos criminales del proyecto Río Blanco en Azuay, donde han estado desde 2018 extrayendo oro, cuando se suspendieron las operaciones de la empresa Ecuagoldmining, con la que ahora tenemos un arbitraje por 480 millones.

 –¿También han expedido regulaciones, han dado resultados?
Son varias normativas y reglamentos que hemos sacado desde ARCOM, por ejemplo con el tema de la maquinaria amarilla, de las excavadoras, hemos sacado el tema de cuando ellos reciben el material y decomisado y lo pasan al ENAMI. Los esfuerzos han sido titánicos porque dentro de mis instituciones yo estoy segura que sigo teniendo al enemigo dentro y vamos a seguir depurando. En breve ARCOM xeberá hacer algo extremo.

–Un tema medular ha sido la corrupción persistente dentro de todas las instituciones de control, como Arcom, que utilizan estos mecanismos legales que saben todo al revés y al derecho para beneficiar a los clanes mafiosos de la minería ilegal y perjudicar a las empresas legales, que son perjudicadas por la invasión de sus concesiones por mineros ilegales. ¿Hay un plan específico para enfrentar esto, porque se conoció la semana pasada que varios funcionarios fueron separados porque no pasaron pruebas de confianza como el polígrafo?
Las pruebas de confianza, con el empleo del polígrafo, comenzamos el año pasado en el viceministerio de Minas. Sacamos el 40% del personal. Fue un resultado drástico.

-¿Entonces salió el 40% del personal en el Viceministerio?
Sí. Ahora estamos también enfocados en la depuración de las direcciones zonales y en la Arcom donde también fueron separados jefes que no quería acatar nuestras disposiciones para controles específicos.

-¿Pero es una medida puntual o se mantendrá en el tiempo, ya que el riesgo de que un funcionario sea corrompido es permanente?
Por supuesto, será constante. No puede ser una sola vez. Se aplicará como mecanismo sistemático.

-¿Y qué pasa con los patrimonios de quiénes han sido separados, los han investigado. Hay funcionarios que tienen ingresos que no se justifican de acuerdo a sus sueldos, según hemos denunciado?
De eso se encarga el Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero (Conim).

-¿Pero en esa tarea qué papel está realizando la Contraloría, que hasta ahora no ha emitido ningún informe o pronunciamiento al respecto, que se conozca?
Contraloría no ha entrado. Me encantaría que entre en estas cosas tan álgidas y que comience a trabajar en esto, que es importante como su responsabilidad. Creo que lo importante es que Contraloría se alinee también para que entienda todo el proceso de la minería y la trazabilidad y ahí ellos intervengan en instituciones que no están haciendo bien dentro de este proceso.

¿Cómo lograron identificar al personal que podía estar contaminado o no estaba cumpliendo con su trabajo de forma premeditada?
Eso ocurrió cuando ya tuvimos señales de problemas con el abuso de los registradores mineros, que tenían excesivo poder para inscribir concesiones y contratos en las provincias, así decidimos normar claramente esas atribuciones que están centralizadas en la Arcom en Quito. Cambiamos el tema del registrador minero porque en Zamora Chinchipe había uno que decidía que él se iba a su casa con el libro de inscripción de concesiones y contratos escrito a mano, debajo del brazo. Nada podía hacerse en las provincias si él no estaba. Un día tuve que yo personalmente decirle que desgrafique el área y saque lo de Cumbaratza que estaba perjudicando al Estado, pero no lo hizo porque se sentía inmune, protegido por los jueces. Hoy está fuera. La regulación se hizo para que los registradores controlen todo. Tenían más poder que sus jefes, en las direcciones zonales.

Claro, por eso los conocían como los dioses de la Arcom.
Pero, al final, todas esas decisiones han ido surtiendo efecto. Son duras, pero firmes y digamos que llevan a un objetivo. Entonces, si vemos todo lo que se ha hecho en minería desde fines del 2024 hasta ahora, se ve claramente un objetivo de sinceramiento de esta actividad, que la minería ilegal pierda cada vez más espacio.

-Por otro lado, volviendo a las plantas también hay muchas de estas facilidades que procesan minerales de explotación delictiva en Camilo Ponce Enríquez, donde la minería ilegal afecta a empresas legales abriendo bocaminas en sus concesiones ¿Qué harán en estos casos?
Seguiremos los mismos procedimientos que en Portovelo, que es un plan piloto, al igual que Napo. Estamos midiendo las reacciones y acciones de quienes han sido afectados para saber lo que debemos ajustar en cada institución. Napo no debería de tener nada de minería aluvial, nada, porque es prohibido hacer minería al lado del río. Si todo sale bien en Napo debemos llevar la intervención a cierta zona de Zamora Chinchipe, hacia el sur, en la frontera con Perú.

¿Esa es una zona crítica?
Así es, hay que tener mucho cuidado, porque ahí todavía hay minería artesanal, con el antecedente de Nambija,, con miles de personas dedicadas a esas actividades.

También operan bandas delictivas de Ecuador y Perú, que están enfrentadas o pueden ser aliadas.  
Sí, exacto. Entonces hay que atacar hacia abajo estas actividades, hacer que la gente reaccione y diga no puedo seguir haciendo eso no puedo seguir llevándome el dinero del estado sin pagar, sin que existan unas consecuencias. De hecho el proyecto de nueva ley de minería está tratando de que el minero artesanal pueda migrar a ser un pequeño minero, que tenga la aspiración de ser pequeño minero porque no puedo quedarme con el pequeño minero durante 15 años de su concesión. Esta a flor, porque el impacto de miles es desastroso. Necesitamos que tengan la gana de crecer que nosotros podemos ayudar con capacitación, con apoyo. Que aspiren a formalizarse para poder crecer y hay que obviamente ser cuidadosos con el tema ambienta.

¿Y cómo están enfrentando el problema de los recursos para financiar todas estas operaciones, cómo van a hacer para enfrentar todo esto. Habían anunciado que la tasa minera se emplearía para combatir la minería ilegal. Se está pagando la tasa minera, como esperaban?
Se ha pagado no lo que quisiéramos pero hay que tener presente que que los pequeños en minería pagan una vez al año y deben pagarlo ahora o sea debe cubrir lo del año pasado, lo debe cancelar en este en este mes que pasó. Luego las empresas de gran minería no han pagado. Han hecho algo que nos parecía correcto que han estado acumulando hectáreas y como la tasa de minera es por hectáreas y ellos no han hecho las inversiones, lo que hacen es dejarlas fuera de sus proyectos iniciales. Nos han pedido redefinir los acuerdos, reducir las hectáreas de sus concesiones que pasan al Estado, para poder operar en donde realmente tienen capacidad. Entonces ese es un sinceramiento positivo porque me da la oportunidad de que se regresen al Estado y que yo pueda o concesionarlas o reservarlas. Pero esto no ha sido el éxito que hayamos querido porque esperábamos 120 millones anuales pero todo lo que hemos hecho es para demostrarle justamente a la minería mediana, a la grande y a la pequeña que esto va en serio y que aunque no hayamos tenido el éxito esperado en la tasa de minería, nosotros seguimos adelante.

• La decapitación criminal no es el fin del problema: conduce a la fragmentación de los grupos delictivos, según la evidencia empírica en varios países. Cuando un líder visible es capturado sin desmantelar las estructuras que lo sustentan, se desata una competencia darwiniana, solo el más fuerte sobrevive.

• La reciente detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela ilustra claramente esta paradoja. Lejos de señalar el colapso del crimen organizado venezolano, este suceso marca el fin de la protección centralizada de un modelo criminal y el probable inicio de una acelerada atomización criminal. 

• Ocurre lo mismo en el caso de Ecuador, donde la militarización del conflicto contra los grupos delictivos es un fracaso: ha desatado más violencia y atomizado a más células criminales, que van expandiéndose aceleradamente a las zonas donde el Estado no está presente.

• El crimen organizado actual no es solo delincuencia. En muchas zonas, son estructuras que gobiernan, se comunican y se arraigan socialmente. Lo más preocupante es que, en muchos casos, lo hacen con la aceptación, si no el apoyo, de comunidades que el Estado abandonó hace décadas.

• El crimen organizado no depende únicamente de líderes visibles. Depende de estructuras, economías ilícitas y vacíos de gobernanza. Cortar la cabeza sin intervenir en el cuerpo solo acelera la mutación. Y en un contexto de fragmentación, los grupos que sobreviven emergen más violentos, más cohesionados y mejor adaptados a las nuevas condiciones.

Douglas Farah y Pablo Zeballos, de IBI Consultants, especial para Código Vidrio

Existe una narrativa dominante en América Latina que celebra la captura de líderes criminales como victorias definitivas. Es una narrativa heredada de la década de 1980, forjada durante la lucha contra los principales cárteles colombianos: innegablemente atractiva, políticamente útil y convincente para los relatos mediáticos y las series de televisión. Cada vez que cae un capo, un narcotraficante de alto perfil o un líder corrupto, se reactiva el mismo guión esperanzador, pero siempre ambicioso: el Estado recupera terreno, la justicia avanza, la delincuencia retrocede.

Sin embargo, la evidencia empírica cuenta una historia muy diferente. Lo que a menudo se presenta como el fin de un problema es, en realidad, el comienzo de una reconfiguración: más violenta, más fragmentada y, en muchos casos, más difícil de contener. Las consecuencias iniciales, como casi siempre ocurre, recaen con mayor fuerza en las comunidades más abandonadas y vulnerables; pero con el tiempo, este desorden criminal se expande, permea a la sociedad en su conjunto y termina configurando una democracia transaccional, sustentada por un Estado de derecho flexible y adaptable, capaz de coexistir con las lógicas del crimen organizado, en lugar de confrontarlas.

La reciente detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela ilustra claramente esta paradoja. Lejos de señalar el colapso del crimen organizado venezolano, este suceso marca el fin de la protección centralizada de un modelo criminal y el probable inicio de una acelerada atomización criminal. Esto aplica no solo a las estructuras criminales visibles, sino también al poderoso grupo criminal político-militar que, durante décadas, se consolidó dentro de la élite venezolana y posteriormente se envolvió en etiquetas funcionales y atractivas, como el llamado «Cártel de los Soles», que en realidad es un fenómeno mucho más complejo y tenue de lo que su nombre sugiere.

Cuando un Estado capturado por las mafias pierde a su garante máximo —o a la figura que se cree que desempeña ese papel—, las economías ilícitas no desaparecen, ni se disuelven las redes territoriales que las sustentan. Lo que ocurre es mucho más complejo y peligroso: los equilibrios informales se rompen, los liderazgos locales se liberan del control centralizado y surgen violentas disputas por territorio, rutas y la extracción de economías ilícitas. Estas disputas pueden desarrollarse con o sin un fundamento ideológico y la mayoría son, en el mejor de los casos, ideológicamente agnósticas. Ya lo hemos visto antes: en la fragmentación de las FARC, la desintegración del Cártel de Medellín tras la muerte de Pablo Escobar y en la caótica sucesión que siguió a la detención de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Esta historia demuestra que el proceso de fragmentación que probablemente ocurrirá en Venezuela no es único ni imprevisible. Es una dinámica recurrente en toda la región, observable donde convergen la fragilidad institucional, las economías ilícitas rentables y los territorios socialmente vulnerables. La decapitación de las estructuras criminales en el México post-Calderón, en la Colombia posterior a Pablo Escobar y en el Brasil tras las intervenciones policiales y militares en las favelas no condujo a un debilitamiento sostenido del crimen organizado. Por el contrario, la presión competitiva refinó el ecosistema, favoreciendo a los actores más violentos, organizados y adaptables. La lógica es brutal pero consistente.

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⇒En Ecuador, la declaración del conflicto armado contra 22 grupos narcoterroristas, en enero de 2024, tuvo un éxito fugaz, duró menos de seis meses. La tasa de homicidios se redujo ligeramente en un 17% pero luego volvió a crecer. Y este 2025 terminó como el más violento de la historia, con más de 53 crímenes por cada 100 mil habitantes. Este es el país más violento de la región.    

 

Cuando un líder visible es destituido o capturado sin desmantelar las estructuras que lo sustentan, se desata una competencia darwiniana -solo el más fuerte sobrevive- entre los grupos supervivientes. Quienes prevalecen no son necesariamente los más ideológicos ni los más leales a un proyecto político; son los más eficaces en el uso de la violencia, los mejor conectados a las redes transnacionales y los más capaces de gobernar la criminalidad donde el Estado está ausente. En el caso venezolano, el riesgo se ve amplificado por tres factores estructurales. Primero, la existencia de colectivos armados o turbas civiles que durante años funcionaron como brazos operativos del régimen, pero que hoy podrían redefinir sus lealtades y priorizar la supervivencia territorial. Segundo, un sistema penitenciario que desde 2004 ha funcionado bajo la lógica del autogobierno, convirtiendo las cárceles en centros de comando criminales capaces de proyectar la violencia hacia el exterior. Tercero, la circulación descontrolada de armas, exacerbada por el colapso militar y las políticas de rearme civil sin rendición de cuentas.

El contagio regional

Estos tres elementos no permanecerán confinados dentro de las fronteras venezolanas. Se propagan, se intercambian y se integran en los mercados ilegales regionales. Organizaciones como Tren de Aragua no esperaron el colapso de Maduro para expandirse: ya operan como franquicias criminales transnacionales, con presencia documentada en al menos diez países. La crisis actual no las debilita; las libera de cualquier arbitraje residual que pudiera haber limitado su autonomía operativa. Para los países de la región, este escenario plantea un desafío que va mucho más allá de la política migratoria o la seguridad fronteriza. No se trata solo de controlar el flujo de personas, sino de anticipar la importación de conflictos no resueltos, portadores de códigos de violencia y modelos de control territorial que ya han demostrado su eficacia en otros contextos.

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⇒El crimen organizado actual no es solo delincuencia. En muchas zonas, son estructuras que gobiernan, se comunican y se arraigan socialmente. Lo más preocupante es que, en muchos casos, lo hacen con la aceptación, si no el apoyo, de comunidades que el Estado abandonó hace décadas. Una vez que se traspasa ese umbral de legitimidad comunitaria, la policía tradicional resulta inadecuada; las respuestas militares a menudo terminan sirviendo a los fines de las estructuras criminales; y las respuestas estatales con demasiada frecuencia degeneran en pactos de corrupción o pactos informales que consolidan el problema en lugar de resolverlo.

La principal lección estratégica es incómoda pero necesaria: el crimen organizado no depende únicamente de líderes visibles. Depende de estructuras, economías ilícitas y vacíos de gobernanza. Cortar la cabeza sin intervenir en el cuerpo solo acelera la mutación. Y en un contexto de fragmentación, los grupos que sobreviven emergen más violentos, más cohesionados y mejor adaptados a las nuevas condiciones.

¿Nos enfrentamos a una oportunidad o a un riesgo mayor? Ambos. Es una oportunidad para anticipar, fortalecer la inteligencia criminal y construir una cooperación regional efectiva. Pero si la respuesta llega tarde o se limita exclusivamente al uso de la fuerza, el riesgo es que el crimen organizado aprenda más rápido que el Estado.

Y cuando eso suceda, la fragmentación de hoy se convertirá en la consolidación criminal del mañana. Es, muy probablemente, el comienzo de una más compleja, en la que su eliminación será el punto culminante. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino si estaremos preparados para gestionarlas antes de que sea demasiado tarde.

Los certificados de exportaciones de oro y otros minerales deberán ser llenados directamente por los titulares mineros desde sus computadoras, que deberán gestionar las solicitudes manualmente en un formato digital, a través del Quipux, el sistema interno de comunicación gubernamental. Eso debido a fallas constantes en el Sistema de Gestión Minera (SGM), que no puede ser empleado para esos y otros trámites.

Redacción Código Vidrio

La decisión entró en vigencia a través de la resolución emitida por Pablo Izurieta, director de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) ayer lunes 3 de febrero.

La primera alerta de los problemas se evidenció el pasado 22 de enero. Ese día se produjo una falla masiva en el sistema de almacenamiento del nodo Cloud C4 del proveedor que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT-EP. Por este motivo, la plataforma tecnológica minera sufrió una suspensión total de sus servicios. Los siguientes días, varias herramientas críticas del SGM están en reparación, según un informe técnico de la CNT del 28 de enero.

A causa de esta falla en el sistema de almacenamiento se produjeron varios impactos graves. Los principales son:
-Pérdida de conectividad nacional: interrupción total del servicio de Internet en todas las oficinas en todo el país durante aproximadamente una (1) hora.

-Indisponibilidad de sistemas institucionales, suspensión total del SGM y de los sistemas con los que se interconecta, como el Geoportal de Catastro Minero y el Sistema de Migración y el Sistema de Auditores Mineros.

-Pérdida de integridad en el estado de los procesos, lo que dejó trámites críticos, como los Certificados de Exportación, en estados inconsistentes.

-Daño en los 48 flujos de procesos, que aún no garantizan la completa estabilidad del sistema.

-Riesgo crítico de paralización del SGM por fallas en Intalio BPM (tecnología desfasada, fuera de mercado).

Ante el colapso del sistema, la Arcom habilitó la dirección de correo electrónico subsanacion.exportaciones@controlminero.gob.ec, para recibir y atender requerimientos específicos relacionados con certificaciones.

Según un comunicado oficial enviado a los titulares mineros, se ha priorizado la estabilización y recuperación integral de los componentes críticos del SGM, en especial del motor de procesos, que está previsto reponerse las siguientes semanas.

Según expertos consultados,  la resolución no reforma el marco normativo minero. Establece un procedimiento administrativo excepcional, temporal y transitorio para la emisión de Certificados de Exportación de Productos Mineros, por la indisponibilidad e inestabilidad del SGM.

Esto implica la habilitación de un procedimiento excepcional, pues se autoriza temporalmente el ingreso de solicitudes de certificados de exportación vía Quipux, en lugar del SGM. No obstante, se mantiene la exigencia de firma electrónica, documentación completa y cumplimiento íntegro del Reglamento ARCOM-004/25.

La vigencia de esta medida depende del tiempo que tomé reparar y estabilizar el SGM o la implementación de otro sistema tecnológico.

En esencia, no se relajan los requisitos, solo se sustituye el canal tecnológico. No obstante, expertos del sector consultados indican que hay el riesgo de fallas en la trazabilidad documental, así como el uso de correos electrónicos y repositorios paralelos. Esto puede  generar pérdida de documentos, duplicidad de certificados, e inconsistencias entre Quipux, correo y repositorio.

La resolución delimita expresamente que la verificación es formal y que se actúa bajo delegación.

Otro riesgo resaltado es que puede ocurrir un uso abusivo de titulares mineros, que pueden tratar de subsanar documentación incompleta, regularizar exportaciones pasadas y aprovechar la contingencia para “flexibilizar” los controles, dijeron especialistas consultados.

Se estima un plazo máximo de 6 meses para la solución tecnológica del sistema, previa la emisión de un informe técnico.

EL TEMA DE LA SEMANA.  El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, condenó “la deshumanización y el trato dañino” a los migrantes y refugiados en Estados Unidos, donde esta semana fueron detenidos en Minneapolis los niños ecuatorianos Liam Ramos, de cinco años, y Chloe Renata Tipán, de dos años, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). El gobierno ecuatoriano no ha emitido ninguna nota de protesta oficial por las detenciones. Informó que monitorea la situación de los pequeños y les brinda apoyo a través de los consulados. En este contexto, desde 2024 al 2025, se reportan 41.297 casos de ecuatorianos que involucran a niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad por las medidas antimigratorias. 

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En ambos casos, las familias de Liam Ramos y Chloe Tipán no vivían ilegalmente en EE.UU. Habían solicitado un asilo que estaba en trámite y por lo tanto no podían ser detenidos, según sus abogados y organismos de defensa de derechos humanos.

Hasta el momento, el gobierno de Daniel Noboa no ha emitido ninguna nota de protesta oficial por las detenciones ante el régimen de Donald Trump. Se ha limitado a informar, a través de la Cancillería, que está monitoreando la situación de Liam Ramos y su padre para precautelar su bienestar y el debido proceso, en vista de que mantienen una petición de asilo en curso en ese país. No se ha pronunciado sobre la situación de Chloe Tipán.

 Quien sí se ha pronunciado es la excandidata a la presidencia de EE.UU., Kamala Harris. Escribió en sus redes sociales:  “Liam Ramos es solo un bebé. Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como cebo por ICE y retenido en un centro de detención de Texas. Estoy indignada y usted también debería estarlo”.

En las últimas dos semanas, cinco menores fueron detenidos en el norte de Minneapolis. Liam es el más joven con solo cinco años de edad. El pequeño fue detenido por agentes de ICE, cuando regresaba del jardín de infantes con su padre.

El vicepresidente J.D. Vance, declaró estar «orgulloso de que se esté haciendo cumplir la ley» y aclaró que el niño «no fue arrestado», sino que su padre, «un inmigrante ilegal», huyó cuando intentaron arrestarlo, lo cual fue desmentido por su familia. Actualmente ambos están presos en el Centro de Procesamiento de Inmigración «South Texas Family Residential Center», según confirmó la Cancillería.

El Gobierno informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación de los ecuatorianos que enfrentan procesos migratorios en el exterior, con especial atención a los casos que involucran a niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad. Desde enero de 2024 a diciembre de 2025, se han atendido 41.297 casos de vulnerabilidad.

⇒ Ayer sábado 24 de enero, dentro de las redadas violentas de ICE, un oficial de la Patrulla Fronteriza disparó fatalmente a un hombre en Minneapolis poco después de las 9 a.m. La víctima del tiroteo fue Alexander «Alex» Pretti, de 37 años, de Minneapolis, un ciudadano estadounidense que era enfermero de cuidados intensivos, dijo el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison. Este es el tercer tiroteo que involucra agentes federales de inmigración en las últimas semanas en Minneapolis. La semana pasada, Renee Good fue asesinada por un agente de la ICE en esta misma ciudad por temor a ser aprehendida.

Chloe Tipán, una niña de dos años, también fue detenida por agentes del ICE. Estos hechos han generado duras críticas y protestas masivas, en especial en Minneapolis. Miles de personas han salido a las calles mostrando su indignación junto con organizaciones civiles y defensores de derechos humanos las últimas semanas.

Chloe fue interceptada junto a su padre, Elvis Joel Tipan Echeverría, el jueves 22 de enero de 2026 en las inmediaciones de su vivienda. De acuerdo con reportes de The Guardian y el medio local The Star Tribune, ambos fueron trasladados a un centro de detención en Texas, a unos 1.800 kilómetros del lugar de la aprehensión, pese a que un juez federal ordenó la liberación de la menor. Esta decisión judicial fue acatada por el gobierno que liberó a la pequeña ayer sábado y ahora se encuentra con su madre.

La familia había presentado una solicitud de asilo en EE.UU. La abogada Kira Kelley aseguró que, al momento del operativo, no se exhibieron órdenes de detención. Según su testimonio, la madre de la niña se encontraba en casa cuando los agentes subieron a Chloe y a su padre a un vehículo sin asientos traseros. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Chloe, que había sido retenida con su padre Elvis Tipán, ya se encuentra con su madre.

La ONU reclama por excesos de ICE

En un comunicado, el relator de la ONU Volker Türk instó a Washington a respetar la dignidad humana y el derecho a un debido proceso, a poner fin a las tácticas de chivo expiatorio y a combatir la hostilidad xenófoba y los abusos, ahora frecuentes, contra estas poblaciones vulnerables.

“Las personas están siendo vigiladas y detenidas, en ocasiones de forma violenta, incluso en hospitales, iglesias, mezquitas, tribunales, mercados y escuelas, e incluso dentro de sus propios hogares, a menudo únicamente sobre la base de la mera sospecha de encontrarse en situación migratoria irregular”, declaró el máximo responsable de la ONU de velar por los derechos fundamentales.

“Los niños faltan a la escuela y a sus citas con el pediatra por temor a no volver a ver nunca más a sus padres”, añadió.

A pesar de estos abusos, el Alto Comisionado subrayó el compromiso de numerosos actores en Estados Unidos para defender la dignidad y los derechos de los migrantes, en particular una multitud de funcionarios, grupos comunitarios y representantes de la sociedad civil en todo el país, miembros del Congreso, jueces, responsables locales y regionales, abogados, miembros del clero, proveedores de servicios, defensores y ciudadanos comunes.

Sin embargo, Volker Türk recuerda que numerosas políticas migratorias siguen generando arrestos arbitrarios, detenciones ilegales y expulsiones injustificadas.

Trato inhumano y estigmatizante

El Alto Comisionado de la ONU también expresó su profunda preocupación por las narrativas nocivas y deshumanizantes que se utilizan con frecuencia para describir a los migrantes y refugiados.

“Demonizar colectivamente a los migrantes y refugiados como criminales o amenazas o una carga para la sociedad, sobre la base de su origen, nacionalidad o situación migratoria, es inhumano, un error y va en contra del propio tejido social y de los principios fundacionales de la nación”, añadió Türk. Esto se traduce concretamente en arrestos y detenciones sin acceso rápido a un abogado ni a recursos efectivos.

Türk subrayó que numerosos arrestos, detenciones y expulsiones tienen lugar sin que se hagan esfuerzos para evaluar y preservar la unidad familiar, exponiendo en particular a los niños a riesgos de daños graves y duraderos.

Desde su llegada al poder, en enero del año pasado, la administración Trump ha implementado una política de «etiquetado de todos los migrantes como criminales» para obtener apoyo popular para su plan de deportaciones masivas, lo que ha generado temores entre grupos de derechos humanos sobre violaciones al debido proceso.

Esta alianza periodística reconstruyó, con base en fuentes oficiales, tanto en España como en Ecuador, la ruta del trámite fallido. Errores de proceso en Ecuador, que tuvo dos momentos claves, condujeron a la liberación del temido líder de Los Tiguerones, William Joffre Alcívar Bautista, comandante Willy. El presidente Daniel Noboa se enteró del fiasco, en medio de sus vacaciones. El Gobierno, aunque no lo ha reconocido, investiga quién o quiénes fueron los responsables en tres entidades responsables del manejo de esta caso: Corte Nacional de Justicia, Ministerio del Interior y la Cancillería. La liberación desnuda las fallas de coordinación entre instituciones y la ausencia de una autoridad encargada directamente del seguimiento y la cooperación interinstitucional con España y otros países europeos en casos de gran importancia.  

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Extraditar a un requerido por la justicia no es tan simple, es un proceso complejo y sensible. Cuando Ecuador pidió a España la extradición del líder de Los Tiguerones, quien fue detenido la tercera semana de octubre de 2024 en ese país, arrancó un trámite que debía cumplir varios requisitos, que siguen estándares del derecho internacional y concretamente de la Unión Europea. El 29 de diciembre de 2025, la justicia española dictaminó que la parte requiriente ecuatoriana no cumplió todos los pasos, como se había solicitado. El resultado, que cayó como una bomba para el régimen, fue la liberación del William Joffre Alcívar Bautista, comandante Willy. Su captura había sido difundida un año antes por el gobierno como un logro sin precedentes, producto de la coordinación entre las policías de ambos países.

Esta alianza reconstruyó la ruta de este trámite fallido. Para esto, se basó en fuentes oficiales, tanto en España como en Ecuador.

Estos son los hallazgos más significativos que aclaran cómo se desarrollaron los acontecimientos.

La Audiencia Nacional (poder judicial español) hizo dos solicitudes concretas al gobierno ecuatoriano en junio y septiembre de 2025. En junio, el juez español que tramitaba el proceso de extradición pidió que Ecuador enviara las garantías de que, una vez en Ecuador, Alcívar estaría seguro, sin que su vida corriera ningún peligro, en concordancia con la legislación española, que sigue estándares europeos.

La tercera semana de septiembre de 2025, la justicia española reiteró al Estado ecuatoriano el pedido de garantizar la vida e integridad de Alcívar Bautista, ante la crisis penitenciaria e institucional, que estaba fuera de control por las constantes matanzas en varios presidios.

Al formalizar esta petición estableció un plazo fatal. Tres meses a partir de esa solicitud, ante la falta de respuestas, el detenido quedaría en libertad.

Eso fue lo que efectivamente sucedió, coincidieron fuentes en ambos países, entrevistados por esta alianza. La versión oficial de Cancillería y del Ministerio del Interior ecuatorianos sobre el alegado incumplimiento de la entrega de los informes fue solicitada para elaborar este informe. Al cierre de esta entrega, ninguna de las dos instituciones respondió.

En un comunicado oficial, la Cancillería había indicado que sí cumplió el envío de garantías solicitadas, en junio, y la ampliación requerida en agosto y notificada en septiembre. Este medio pidió precisamente que esa entidad confirmé la fecha del segundo remitido y el detalle de la contestación, sin tener aún una respuesta.

Cuando se conoció la decisión de que la justicia de España había resuelto liberar a Alcívar, el primero en reaccionar de manera furibunda fue el ministro del Interior, John Reimberg. Dijo que Ecuador sí presentó el 12 de junio del 2025 las garantías por parte de Ecuador a España, al igual que la Corte Nacional de Ecuador. Agregó que que el abogado de Alcívar, un chileno nacionalizado español, “estaba dando largas para que se entreguen garantías a este delincuente”. Además expresó que la autoridad judicial de España ha decidido dejar libre a un terrorista. “Eso debería elevar la preocupación entre los ciudadanos que viven en España”, subrayó, al tiempo de anunciar que enviaría una nota de queja a las autoridades españolas.

Así se desarrollaron los hechos más relevantes en el tiempo

Octubre 23, 2024: William Alcívar fue detenido en Tarragona, Cataluña, durante un operativo que fue el resultado de labores de inteligencia españolas. Las autoridades ecuatorianas reivindicaron la acción como conjunta.

Ese mismo día, la entonces ministra del Interior, Mónica Palencia, se salvó de ser censurada y destituida por el correísmo en el Legislativo. Se requerían 92 votos y se consiguieron 77. Fuentes consultadas por esta alianza coinciden en que la noticia de la captura de los hermanos Alcívar fue el golpe mediático que contribuyó para salvar a Palencia de la censura legislativa durante esa jornada.

Las autoridades ecuatorianas iniciaron el pedido para una extradición activa. En ese trámite, Ecuador cumple con lo previsto en la Ley de Extradición, vigente desde el año 2000.

El artículo 30 de la ley contempla que en procesos con orden vigente de prisión preventiva o sentencia en contra de un prófugo, el juez competente debe solicitar la notificación roja a INTERPOL Cuando la persona ha sido ya ubicada en el extranjero, se eleva la petición ante la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, CNJ.

Con esos documentos judiciales,  la solicitud formal de extradición se presenta ante las autoridades del Estado requerido, solicitando la entrega del ciudadano, con todos los documentos de respaldo.

Tras su detención, Alcívar Bautista requirió los servicios legales de uno de los abogados más prestigiosos en España, quien participó activamente siguiendo el debido proceso.

Se trata de Gonzalo Boye Tuset, jurista de alto perfil mediático. Nació en Chile en 1965 pero se radicó en España a partir de 1987. Fue simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fuentes en ese país dan cuenta que fue detenido en 1992. La Audiencia Nacional lo condenó a 14 años, por un secuestro atribuido a ETA. En prisión estudió Derecho y para 2002 salió en libertad. Concedió una entrevista a la universidad que lo tituló como abogado. En ella, afirma que nunca ha negado lo ocurrido; estudió derecho mientras estaba preso. Su trayectoria como jurista ha generado revuelo por los casos que patrocinó.

Se vinculó al equipo de defensores de Carles Puigdemont, acusado de sedición en un intento por lograr la independencia de Cataluña.

Fue abogado en la causas particular de una mujer chilena que perdió a su marido en la explosión ocurrida el 11 de marzo de 2004, en la estación de tren de Atocha, Madrid. En el atentado murieron cerca de 200 personas y otras 1.900 resultaron heridas.

Mayo 2025: La justicia española advirtió que accedería al pedido de extradición, pero establecía que el Estado ecuatoriano debía  garantizar que la vida y la integridad del ciudadano requerido no correrían peligro si se concretaba el traslado. Este argumento de indefensión elaborado por el potente equipo de defensores contratado por el comandante Willy.

Junio 2, 2025: William Alcívar compareció ante la Audiencia Nacional. Para entonces, su defensa liderada por Boye Tuset había insistido en el argumento de que su vida corría peligro, considerando que en Ecuador la crisis carcelaria no está superada.

Junio 12, 2025: Según el ministro del Interior, John Reimberg, en esta fecha la Corte Nacional de Justicia cumplió con el envío de las garantías requeridas que luego debían remitirse a través de la Cancillería.

Junio 23, 2025: Un juez de la Audiencia Nacional de España informó que se concedía la extradición, siempre y cuando el Estado ecuatoriano pudiera garantizar condiciones mínimas de seguridad para el detenido. Condicionó la entrega a que Ecuador cumpliera todas esas exigencias, en sintonía con recomendaciones de la Comisión Interamericana de DD.H.H. con la cual España tiene un acuerdo.

Agosto de 2025. La justicia española pidió que Ecuador enviara más garantías para proteger la integridad del líder de Los Tiguerones. Esto en vista de que los hechos violentos en las prisiones habían aumentado. Ese precisamente fue el argumento del abogado del comandante Willy, quien presentó una nueva solicitud ante el juez de la Audiencia Nacional que tramitaba el pedido de extradición. En ese documento detallaba que el riesgo para su cliente había aumentando por los homicidios ocurridos en varias cárceles, adjuntando noticias y fotografías de esos hechos. Ante este nuevo requerimiento, el juez elevó la petición a un tribunal de la sección penal de la Audiencia, para que delibere. La nueva solicitud partió de este tribunal y por tanto de un estamento jerárquico superior en la Audiencia.

Septiembre 22, 2025: El Ministerio de Exteriores de España (el equivalente a la Cancillería) notificó a la embajada de Ecuador en Madrid que fijaba un plazo de tres meses, para que la contraparte presentara más garantías sobre las condiciones carcelarias. Ese mismo día, 14 presos murieron y al menos 13 se fugaron de la cárcel de Machala, luego de una jornada que empezó con explosiones y disparos. Entre los muertos había un guardia penitenciario. Esta información debía ser recabada y proporcionada oportunamente por la Corte Nacional y el Ministerio del Interior ala Cancillería. Precisamente en estas tres entidades está el foco que investigan autoridades de inteligencia para establecer los niveles de responsabilidad y el cumplimiento de lo solicitado.

Diciembre 22, 2025: Venció el plazo de tres meses. Según la parte oficial española, no se recibió respuesta de sus homólogos ecuatorianos, a esta segunda petición originada en el tribunal. Las fuentes coinciden en que el sistema español es garantista de derechos. En este contexto, cumple con acuerdos de la Unión Europea y de la CIDH. Estos protocolos obligan a garantizar la protección de la integridad del extraditado, antes de concretarla.

Diciembre 29, 2025: La autoridad española emitió un auto notificando y motivando la decisión de liberar a Alcívar. Entre los argumentos se menciona que la detención provisional empezó en octubre de 2024.

Enero 04, 2026:  El presidente Daniel Noboa se enteró de la liberación en medio de sus vacaciones y pidió que se esclarezca si hubo un error y quién o quienes lo cometieron. Las siguientes horas y días las autoridades ecuatorianas se comunicaron con sus contrapartes españolas para averiguar lo ocurrido en detalle y buscar que se retome la recaptura de Willy, aunque la decisión, según recalcaron autoridades españolas no dependía del gobierno sino del poder judicial.

Enero 08, 2026: Se hizo pública la noticia de la liberación. En Ecuador las instituciones empezaron a lanzarase la pelota, respecto a las responsabilidades y omisiones. Y el dedo acusador se dirigió a España.

¿Quién es el comandante Willy?

Era guía penitenciario. En 2019, cuando prestaba sus servicios en la Penitenciaría de Guayaquil, William Joffre Alcívar Bautista ayudó a la fuga de su hermano, Luis Ernesto, sentenciado por asesinato, y de otros presos.

Con sus hermanos creó la estructura delictiva que se constituyó en el grupo Los Tiguerones, cuyo bastión es la provincia de Esmeraldas.

Fue procesado por asesinato, pero mediante estratagemas jurídicas obtuvo su libertad en 2018. A España habría viajado poco después de la pandemia, con documentos falsos que acreditaban su identidad como ciudadano colombiano.

Con él vivía su hermano Álex Iván, conocido como Ronco, el segundo al mando en esa organización. Desde el exterior Willy habría sido el cerebro detrás de la toma violenta del canal TC Televisión en enero de 2024. Para expertos, éste habría sido un hecho violento para posicionar su marca violenta en el mundo delictivo.

En agosto de 2024 su padre fue sentenciado a cinco años por delincuencia organizada. A partir de entonces se intensificó la búsqueda de los hermanos Alcívar Bautista.

En Cataluña él y su hermano mantenían negocios de limpieza, encomiendas y transporte, pero se trasladaban en autos de alta gama. Esto intrigó a las autoridades españolas.

En un chalet de Segur de Calafell, municipio de la provincia de Tarragona, vivían con otras seis personas, incluyendo una mujer y una niña. Éste es un lugar reconocido por sus playas y recomendado para el turismo familiar. Esta urbanización privada, constituida hace 70 años, fue concebida como un refugio de casas bajas junto al mediterráneo. En esta zona, el alquiler de una vivienda tiene un valor mensual superior a 1.900 euros.

 “Vivía como príncipe”, según la Policía. La última semana de octubre de 2024 ambos fueron detenidos en un operativo conjunto de las policías de los dos países. Autos de lujo se encontraban entre sus pertenencias.

Tras sentenciar al narco serbio Jezdimir Srdan por lavado de activos, el juez anticorrupción Carlos Serrano quedó indefenso. Las siguientes semanas vivió un infierno, entre presiones de dos autoridades de la judicatura, amenazas y riesgos inminentes contra su vida ignorados por las autoridades. Antes de la resolución del proceso, el entonces director de la Judicatura, Henry Gaibor, no solo se habría reunido con Serrano, para presionarlo, sino con la jueza Gabriela Lara, que finalmente se pronunció por la inocencia del serbio. Al escalar el riesgo, Serrano redobló sus medidas personales de seguridad: salía de su departamento encapuchado, ocultando el rostro. A escondidas sin el usual acompañamiento de dos policías. Serrano dio hoy viernes 6 de febrero su testimonio dentro del juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ratificó que Godoy supo que el riesgo de su seguridad aumentó y sin embargo no activó ningún protocolo para protegerlo. Nota actualizada este 6 de febrero de 2026.

Por alianza Código Vidrio – Revista Vistazo

La pesadilla del juez anticorrupción Carlos Serrano empezó ese día, el 20 de noviembre de 2025. Junto con el juez Christian Fierro sentenció a diez años de prisión por lavado de dinero al serbio Jezdimir Srdan. La tercera jueza del tribunal, Gabriela Lara, estuvo en desacuerdo. Salvó su voto y creyó en la inocencia del extranjero, quien en 2014 ya fue sentenciado a 17 años de prisión por narcotráfico, pero no cumplió la sentencia. Fue liberado en 2018 al lograr una rebaja ilegal de su pena, presionando al juez de la causa, quien luego fue enjuiciado y destituido. El extranjero es requerido en extradición por Austria que lo acusa de asesinato. Según la Fiscalía ha enviado más de 9 toneladas de cocaína a Alemania, donde es considerado uno de los capos de más alto valor.

Hoy ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Serrano corroboró y detalló la forma en que perdió la seguridad por decisión de la Policía y con pleno conocimiento y aval del Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, que enfrenta un juicio político por su papel en este caso. Esto en medio de un sinnúmero de hechos que evidenciaban que el riesgo contra su vida había aumentado tras sentenciar a Srdan, según informes de Inteligencia de la propia Policía.

 ¿Quiénes dejaron desprotegido a Serrano? 

Tras condenar al serbio, con el paso de los días, la situación de Serrano cobró otra dimensión, mucho más arriesgada. Una semana después, el 27 de noviembre recibió el Acta de Análisis de Riesgo Personal, firmada por la capitán Verónica Villalba, jefa de apoyo de la Unidad de Protección (UNPRO) de la Policía. En ese reporte la oficial le informó a Serrano  que “No era procedente continuar otorgándole el servicio de seguridad personal”. Incluso, el informe que comunicaba la decisión de dejarlo sin protección fue avalado por el Comandante de la Policía, general Pablo Dávila, según consta en los partes policiales que revisó esta alianza.

“Sin embargo, como medida preventiva para garantizar su seguridad -destaca la capitán Villalba- la unidad de policía comunitaria más cercana a su domicilio le brindará el servicio de patrullaje preventivo en los exteriores de su residencia”.

La decisión dejó perplejo al juez. Según esa misma Acta, que es parte de un protocolo de protección para los jueces, su riesgo había aumentado del 36 al 38 por ciento.

En septiembre de 2024, Serrano tenía un perfil de riesgo medio de 36 puntos. Entonces la Unidad de Protección le notificó que por ese este resultado le asignaba dos servidores policiales para su cápsula de seguridad inmediata.

El análisis de riesgo tiene una vigencia de un año. En septiembre de 2025 Serrano realizó la petición para actualizarlo. La actualización se emitió un mes después, en noviembre.

¿Por qué aumentó el peligro? Para entonces el juez también había recibido dos intimidaciones, por lo cual la Fiscalía abrió investigaciones previas.

El seis de noviembre, hacia las 18:30, un mayor de la Policía neutralizó tres cargas explosivas con cilindros de gas licuado de petróleo GLP, colocados en un auto estacionado en la parte posterior del Complejo Judicial Norte, a pocos metros de la oficina donde trabajaba Serrano.

Seis días de zozobra 

La disposición de retirarle su cápsula de seguridad se concretó el martes 2 de diciembre. Desde ese día, Serrano se quedó solo, abandonado a su suerte, con la amenaza del narco serbio a cuestas.

El jueves 20 de noviembre, cuando el serbio escuchó su condena de 10 años de cárcel por lavar 11 millones de dólares en Ecuador, como fruto del narcotráfico, montó en cólera. Frente a las cámaras que transmitían la audiencia telemática, en vivo, no pudo ocultar su rabia: puso su dedo índice en la garganta y luego lo deslizó horizontalmente sobre el cuello, simulando un corte letal.

Un agente de la Policía, que junto al resto de asistentes presenció la reacción del extranjero, tomó fotografías de sus gestos y elaboró un parte informativo que envió el día siguiente -el 21 de noviembre- a la Dirección General de Inteligencia de la Policía, alertando que la señal era inequívoca de una amenaza de muerte para los jueces, por lo cual su seguridad debía ser reforzada.

El parte fue elaborado por el policía Carlos Ponce, encargado de la seguridad de Serrano, a quien acompañaba como su sombra junto a otro agente, por más de un año.

Las amenazas fueron conocidas por las autoridades de la Judicatura y de la Policía. Incluso el ministro del Interior, John Reimberg, después de que la noticia se difundiera por todos los medios de comunicación, reaccionó. Al justificar la decisión dijo a la prensa que a Serrano le habían quitado sus custodios porque su riesgo había disminuido.

Al verse totalmente desprotegido, el 3 de diciembre Serrano envió un oficio urgente, de cuatro páginas, dirigido al entonces director administrativo provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, para que le asignaran nuevamente resguardo policial y se le permitiera despachar en teletrabajo. Ese documento incluye todas las pruebas de la escalada del peligro registradas por la Policía.

No obstante, Gaibor, no respondió la solicitud de Serrano, que envió copias del documento al resto de los vocales Mario Godoy, Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara.

Luego de agotar todas esas instancias y levantar alertas constantes, el 4 de diciembre Serrano presentó su renuncia. Su pedido no ha tenido respuesta hasta el primer lunes de enero. Las autoridades de la Judicatura no le aceptaron la dimisión argumentando que el 24 de diciembre el juez debía participar en la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, aunque el juez no tenía ningún conocimiento de ese proceso, en el que está implicado el alcalde de Guayaquil, Aquiles  Álvarez. Esa diligencia estaba fijada para el 21 de enero, pero el juez ponente del tribunal, Jorge Sánchez, sorpresivamente decidió adelantarla.

La decisión de la Judicatura significó la suspensión de las vacaciones que Serrano había solicitado previamente, para salir desde el 24 de diciembre y   ponerse a buen recaudo.

El CJ también le negó la renuncia argumentando que las sentencias en las que hubiera participado Serrano quedarían sin validez, si él dejaba el cargo.Pero ese razonamiento al parecer no tiene piso legal. La Corte Nacional de Justicia, en la resolución 18-2017, sí contempla esa posibilidad. Estableció el camino a seguir cuando uno de los jueces de tribunal se ausente temporal o definitivamente, una vez emitida la sentencia oral, y antes de que el pronunciamiento se registre por escrito.

Fiscalía investiga reuniones con otros jueces  

Pero Serrano, sin sospecharlo, había entrado en un campo minado, semanas antes de la amenaza, cuando el caso de lavado de activos del serbio llegó para su deliberación a su tribunal, luego de que el juez de primer nivel Vicente Hidalgo lo había llamado a juicio. El 13 de octubre había terminado la diligencia de revisión del proceso y los jueces empezaron la etapa de deliberación.

Serrano llegó al cargo en la unidad especial anticorrupción, que tiene 23 integrantes y fue creada en 2022, luego de un concurso escrutado por la Academia y la sociedad civil, organizado por la Judicatura. Fue el segundo mejor puntuado en la selección de ese cuerpo élite de juzgadores. A sus 35 años, Serrano proviene de una familia con larga tradición en el ejercicio del derecho en Cuenca; su abuelo y su padre fueron jueces durante muchos años. Ellos fueron su inspiración para escoger la función judicial como su derrotero. Tiene un PhD en la Universidad Carlos III de Madrid. Ejerce además la docencia.

A mediados de diciembre pasado se hizo público un audio que Serrano había grabado en una reunión que tuvo el 10 de noviembre pasado, en la oficina del director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor. El funcionario lo había convocado para conversar sobre sus preocupaciones en el caso del serbio, algo inusual para las tareas de Gaibor, quien estaba a cargo de resolver temas administrativos y no jurisdiccionales. En esa grabación Gaibor le pidió al juez que pusiera más atención a la defensa del narcotraficante, pero desde el inicio Serrano se negó a conversar sobre el juicio o la estructura criminal.

Brazo derecho de Godoy

 Gaibor fue nombrado director provincial del CJ en agosto de 2024 por el pleno presidido por Mario Godoy, quien asumió el puesto un mes antes. Cuando las presiones de Gaibor trascendieron, también se conoció que la esposa de Godoy, Dolores Vintimillla, fue abogada del serbio Jedzimir en la primera etapa del proceso de lavado de activos, antes de que le formularan cargos. Ella aceptó que hasta el 25 de noviembre fue notificada a su correo electrónico de los trámites del caso, por un error del sistema. Y aseguró que no ha mantenido contacto alguno con las personas dentro del proceso, incluyendo los abogados del serbio del estudio Chimbo Moreno. Entre sus clientes, la esposa de Godoy defendió a varios acusados de narcotráfico, incluido el capo Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que fue extraditado a Estados Unidos.

El primer viernes de enero, Godoy, su esposa Dolores Vintimilla y cuatro consejeros del Consejo de Participación fueron denunciados en la Fiscalía acusados de presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.

Gaibor también se habría reunido con la jueza Lara

Según fuentes de la Judicatura, Gaibor, quien fue destituido del cargo, contaba con toda la confianza de Godoy y actuaba con absoluta libertad, más allá de sus funciones administrativas.

Una de las reuniones la habría mantenido con la jueza Gabriela Lara y Serrano, del mismo tribunal junto con Serrano. Fiscalía investiga esos hechos. Pese a las abundantes evidencias presentadas por la Fiscalía, que contó con la colaboración de autoridades europeas para probar el lavado contra el serbio, Lara se pronunció a favor de su inocencia. No es la primera vez que sus actuaciones judiciales están en entredicho. Desde enero del año pasado, Lara enfrenta una investigación por supuesta delincuencia organizada y tráfico de influencias, al intentar supuestamente liberar a los hijos del cabecilla de los Comandos de la Frontera, Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, quien acaba de ser extraditado a Ecuador desde Emiratos Árabes, la semana anterior. Hoy lunes 5 de enero será vinculado por la Fiscalía en un proceso de presunto lavado de activos.

Por este caso, Lara fue suspendida, junto con sus colegas Jairo Mosquera y Christian Quito, durante tres meses, entre junio y septiembre pasado, cuando fue restituida al cargo, pese a que la investigación en su contra, en el denominado caso Pantalla, sigue.

La Fiscalía también indaga la posible participación de la coordinadora de la unidad de jueces anticorrupción, Sofía Carrillo. Ella habría sido la primera intermediaria de Gaibor para persuadir, sin éxito, al juez Serrano, desde el 6 de noviembre. Eso consta en audios que están bajo pericia fiscal.

Esta alianza periodística contactó la semana pasada a la jueza Lara a su número celular, para consultarle sobre la presunta reunión con Gaibor y conocer sus argumentos para exculpar al serbio, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Serrano abandonó el país el 15 de diciembre

Serrano rindió su versión vía telemática desde el exterior en 24 de diciembre. Henry Gaibor también fue convocado a declarar pero no acudió. Sí se presentó Felipe Rodríguez, abogado del juez Serrano, quien en diciembre pasado hizo público parte del caso en su columna de opinión en el medio Primicias.

Fuentes del entorno de Serrano relataron a esta alianza que durante dos semanas vivió un infierno, entre presiones, amenazas y riesgos inminentes contra su vida.

Tras sentenciar al serbio, su vida cotidiana se trastocó. Para ir a su oficina, en el complejo judicial norte de Quito, Serrano redobló sus medidas de seguridad: salía de su departamento encapuchado, ocultando el rostro. A escondidas, como si fuera un delincuente. Siempre tomaba Uber.

Nunca lo hacía a la misma hora, cambiaba constantemente de horarios, sin permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Iniciaba y terminaba sus jornadas laborales a diferentes horas. En los edificios o lugares a los que ingresaba, el juez cuencano buscaba las puertas de escape, en lugar de las entradas principales, que evitaba a toda costa. Era cuestión de vida o muerte.

Al verse  acorralado sin salidas posibles ni apoyo institucional empezó a aplicar su propio protocolo de seguridad y decidió abandonar el país lo antes posible. Según pudimos corroborar entre sus allegados, viajó al exterior el 15 de diciembre y hoy se mantiene clandestino.

Sus familiares y amigos dicen que decidió dejar la función judicial, no regresar al Ecuador, al menos mientras algunos funcionarios de la Judicatura y el poder judicial actúen impunemente a favor del crimen organizado o del poder político.

El caso del juez Carlos Serrano no solo expone la vulnerabilidad de los jueces anticorrupción sino de todo el sistema judicial, permeado por operadores de mafias locales y transnacionales.

Estados Unidos lanzó un ataque militar, sin precedentes, a bases militares y puestos estratégicos en Caracas y otras localidades en Venezuela, la madrugada de este sábado 3 de enero. El presidente Donald Trump anunció que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y sacados de Venezuela en un buque militar durante la operación, para ser trasladados y juzgados en Nueva York, Estados Unidos, por varios delitos. Los presidentes de Colombia y Cuba condenaron el ataque como una violación a la soberanía de Venezuela y pidieron la intervención de la comunidad internacional. En EE.UU. varios congresistas cuestionaron el ataque de las fuerzas estadounidenses, en vista de que esa arremetida bélica debía ser autorizada por el Congreso. Daniel Noboa fue uno de los primeros mandatarios en reaccionar en su red X en apoyo a la intervención armada estadounidense.

Redacción Código Vidrio  

Trump anunció a través de su plataforma Truth Social que «Estados Unidos de América ha llevado a cabo exitosamente un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado, junto con su esposa, y transportado fuera del país por aire». Según Trump, la operación fue realizada en conjunto con las agencias de aplicación de la ley de EE.UU.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a varios medios que la operación fue ejecutada por Delta Force, una unidad de élite del Ejército de EE.UU. Estas fuerzas especiales habrían sido directamente responsables de la captura de Maduro durante la acción militar en Caracas. Y se conoció que Maduro es transportado con su esposa en un buque militar a Nueva York, EE.UU.

El Subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, declaró en la plataforma X que Maduro ahora sería responsabilizado por presuntos crímenes, especialmente por ser un cabecilla del Cartel de los Soles, dedicado al narcotráfico.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez declaró esta mañana que se desconocía el paradero del presidente Maduro. Rodríguez exigió a Trump que proporcionara una «prueba de vida» de Maduro. Un video publicado en la página verificada de Facebook de Maduro reportó ataques en varias regiones y acusó a Estados Unidos de intentar apoderarse de la riqueza petrolera y mineral de Venezuela. El video también indicó que se había declarado un estado de emergencia nacional y que las unidades militares y de defensa fueron puestas en alerta en todo el país.

En EE.UU., según reportes del Washington Post, varios congresistas y analistas cuestionaron el ataque de las fuerzas estadounidenses a Venezuela, en vista de que esa arremetida bélica debía ser autorizada por el Congreso.

El presidente Daniel Noboa apoyó la operación estadounidense. «A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador», escribió en su cuenta en X.

Hasta el momento, según reportes de prensa internacionales, Trump no ha revelado detalles operacionales. El Pentágono declinó responder y dirigió las consultas a la Casa Blanca. Los funcionarios venezolanos no han emitido una confirmación oficial sobre el paradero de Maduro y su esposa.

Trump anunció que ofrecería más detalles en una conferencia de prensa programada hoy para las 11:00 en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

El ataque en la madrugada

Múltiples explosiones sacudieron Caracas alrededor de la 01:50, seguidas de más detonaciones poco después. Se reportaron cortes de electricidad en varios vecindarios y residentes informaron sobre el sonido de aeronaves volando a baja altura.

Según fuentes de la oposición y medios de comunicación, varios lugares estratégicos fueron impactados:

-El complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas

-La base aérea La Carlota en Caracas

-Una antena de señal en El Volcán

-El puerto de La Guaira en la costa caribeña

-Las operaciones también se reportaron en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Respuesta del Gobierno Venezolano

El presidente Nicolás Maduro declaró un estado de emergencia inmediatamente después de las explosiones, calificando los hechos como «agresión americana». El gobierno venezolano: Anunció la activación completa de los planes de defensa nacional; solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y llamó a la movilización general

Este ataque representa la culminación de meses de tensiones crecientes. Desde agosto de 2025, EE.UU ha mantenido un despliegue militar en el Caribe con aproximadamente 15.000 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Antes del ataque del 3 de enero, Estados Unidos había reportado ataques contra más de 20 embarcaciones en el Caribe, resultando en más de 75 muertes.

El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó el despliegue del ejército colombiano en la frontera con Venezuela y ofreció mediación para desescalar las tensiones. La Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) prohibió temporalmente los vuelos comerciales hacia y desde el espacio aéreo venezolano debido a riesgos de seguridad.

Al bombardear una embarcación, el 16 de octubre pasado, destruir pruebas y repatriar a los sobrevivientes, un ecuatoriano y un colombiano, Estados Unidos truncó un proceso que por años ha ayudado a desmantelar a los narcotraficantes en toda la región, señala una investigación publicada por el Washington Post, que este medio reproduce. En la foto de portada aparecen tres policías que observan la playa y el oceáno Pacífico, frente Anconcito. Tras el ataque, el presidente Donald Trump había descrito al ecuatoriano y a otro sobreviviente del ataque como «terroristas» que serían devueltos a sus países de origen «para su detención y procesamiento». Eso no ocurrió.

Por Arturo Torres, Samantha Schmidt y Alex Horton

QUITO, Ecuador — La policía llegó al aeropuerto preparada para arrestar a un narcotraficante: un marinero cuyos compañeros de tripulación acababan de ser asesinados por el ejército estadounidense.

Andrés Fernando Tufiño Chila fue una de las dos únicas personas conocidas que sobrevivieron a un ataque estadounidense contra un buque que, según la administración Trump, transportaba drogas desde Sudamérica. El presidente Donald Trump había descrito al ecuatoriano y a otro sobreviviente del ataque del 16 de octubre en el océano Atlántico como «terroristas» que serían devueltos a sus países de origen «para su detención y procesamiento».

En Ecuador —un gobierno estrechamente alineado con Trump en la aplicación de la ley antinarcóticos— la administración tenía un socio dispuesto, ansioso de aprender, dijeron varios funcionarios aquí, lo que el presunto traficante podía decirles sobre sus empleadores, según divulga en un reportaje el Post.

Tufiño, que entonces tenía 41 años, descendió del avión militar estadounidense en el aeropuerto de Quito la mañana del 18 de octubre pasado con grilletes, con cortes y magulladuras por el ataque, pero caminando por sí solo, según recuerda el coronel Carlos Ortega, entonces director de la unidad Antinarcóticos de la Policía de Ecuador, que fue delegado por el mando policial para esa misión. El pedido de que la Policía acudiera al aeropuerto fue directo del Comando Conjunto de las FF.AA.

Tufiño ya fue sentenciado por narcotráfico

Tufiño ya era un narcotraficante reconocido: se había declarado culpable en un tribunal federal estadounidense de conspiración para distribuir cocaína en 2021 y cumplió más de tres años en una prisión estadounidense antes de ser deportado a Ecuador el año pasado. Ahora, el ejército estadounidense lo había rescatado entre los restos de un semisumergible, un «narcosub», destaca el reportaje del diario estadounidense publicado este domingo 28 de diciembre.

En Anconcito, controlada por las bandas, Tufiño era conocido como Fresco Solo, según contaron sus vecinos. Era un hábil navegante que, según ellos, había sido reclutado por delincuentes para contrabandear drogas hacia el norte. Pero al transferirlo a custodia ecuatoriana, según tres funcionarios, las fuerzas estadounidenses no aportaron ninguna prueba que pudiera utilizarse para detenerlo: ni drogas incautadas, ni registros telefónicos ni de GPS, ni videos, ni la información de inteligencia que los llevó a atacar su embarcación.

Al desembarcar en Quito, los funcionarios estadounidenses informaron a las autoridades que el traslado era una repatriación «humanitaria». Por eso luego ingresó a los puestos de control migratorio y fue entregado a la Policía, que luego lo llevó a un centro médico para conocer su estado de salud y posteriormente ante a la Unidad de Flagrancias de la Fiscalía.

En cuestión de horas, Tufiño fue liberado. Las autoridades no tenían ninguna evidencia de que hubiera cometido un supuesto delito de narcotráfico, por lo cual el juez lo dejó libre.

Las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 105 personas en 29 ataques contra buques en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental desde principios de septiembre, según las autoridades, en una campaña que, según Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene como objetivo frenar una amenaza existencial: los narcoterroristas que inundan Estados Unidos con drogas letales.

Otros, incluyendo analistas legales y legisladores de ambos partidos, han descrito los ataques como ejecuciones extrajudiciales, ilegales según el derecho estadounidense e internacional.

Una investigación del Washington Post sobre el ataque del 16 de octubre revela una brecha entre la retórica de mano dura del gobierno contra el narcotráfico y sus acciones en alta mar. Trump ha declarado un «conflicto armado no internacional» contra los cárteles de la droga. La Casa Blanca y el Pentágono han comparado a los narcotraficantes con miembros de Al Qaeda y el Estado Islámico: terroristas que utilizan drogas como armas para matar estadounidenses.

Pero al destruir pruebas en lugar de recopilarlas, y al entregar a los dos supervivientes a gobiernos extranjeros en lugar de procesarlos, liberaron a supuestos enemigos, interrumpiendo así un proceso que las fuerzas del orden estadounidenses han utilizado para investigar las operaciones de contrabando y confrontar a los criminales responsables.

«Si estas personas eran narcotraficantes y merecían la muerte», dijo el representante Joaquín Castro (demócrata por Texas), miembro de los comités de Inteligencia y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, «¿cómo es posible que los detuvieran y simplemente los dejaran ir?».

Este informe sobre el único ataque conocido públicamente que dejó sobrevivientes se basa en entrevistas con funcionarios gubernamentales y de seguridad de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, registros de inteligencia e inmigración ecuatorianos, una visita a la ciudad natal de Tufiño y entrevistas con varias personas familiarizadas con su presunta participación en el narcotráfico. Varios funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir los detalles sensibles de una campaña en curso.

Los repetidos intentos del Post por contactar a Tufiño por teléfono, correo electrónico y redes sociales resultaron infructuosos. Las autoridades ecuatorianas afirman desconocer su paradero.

Jeremy Warren, el abogado de San Diego que representó a Tufiño en su caso de 2020, también ha perdido contacto con él, según declaró. Warren declaró al Post que Tufiño era un pescador «poco sofisticado» que vivía con sencillez. Era uno de los muchos marineros habilidosos que fueron reclutados, a veces atraídos por dinero, a veces obligados, para trabajar en el tráfico de drogas, afirmó Warren.

Durante décadas, las fuerzas estadounidenses han interceptado con éxito a narcotraficantes en los océanos Atlántico y Pacífico, incautando cargamentos de varias toneladas de cocaína en operaciones que han ayudado a los fiscales a acusar, extraditar y encarcelar a algunos de los líderes de cárteles más poderosos de Latinoamérica. En enero y febrero, la Fuerza de Ataque Exprés Panamá —que reúne a la Guardia Costera, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI y fiscales federales de Florida— incautó más de 20,000 kilos de cocaína, con un valor superior a los 500 millones de dólares, y detuvo a 34 presuntos traficantes en investigaciones vinculadas a los cárteles mexicanos más poderosos, según informaron las autoridades.

Récord de capturas

Aun así, el tráfico de cocaína ha seguido prosperando, batiendo récords cada año para satisfacer la creciente demanda mundial de la droga. Europa ha reemplazado a Estados Unidos como el principal destino del producto sudamericano.

La decisión de lanzar una campaña militar contra embarcaciones, principalmente pequeñas, en las costas de Sudamérica y Centroamérica ha tenido consecuencias. Las fuerzas militares estadounidenses no recopilan regularmente pruebas de delitos cometidos por civiles, como narcotraficantes, según exabogados militares y funcionarios actuales y anteriores de la DEA. La Guardia Costera, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, es la principal agencia encargada de interceptar narcotraficantes marítimos. Pero en lugar de intentar detener a los presuntos traficantes, el gobierno está lanzando ataques letales.

Mantener a los sobrevivientes fuera del sistema judicial estadounidense, según los críticos, ayuda al gobierno a eludir el escrutinio judicial de su enfoque. «Intentan evitar tener que defender sus políticas y estándares en los tribunales», declaró un funcionario de la DEA.

«Una vez que tuvieron a estas personas bajo custodia, estaba claro… que intentarían deshacerse de ellas rápidamente», declaró Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado sobre antiterrorismo y fuerza militar. Revelar pruebas en los tribunales, afirmó, habría sido «políticamente desventajoso».

Mantener el caso fuera de los tribunales también protege a los artífices de la política de ser descubiertos y a quienes la ejecutan de ser llamados a declarar. «El ejército no va a permitir que sus hombres testifiquen», declaró un exagente de la DEA. «No quieren seguir ese camino. Es mejor dejarlo ir que revelar sus fuentes y métodos».

El Pentágono se negó a responder más preguntas sobre el ataque o el rescate y la repatriación de Tufiño.

«Hemos afirmado sistemáticamente que nuestra inteligencia confirmó que estos barcos traficaban narcóticos con destino a Estados Unidos», escribió el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en una declaración a The Post. «Esa misma inteligencia también confirma que las personas involucradas en estas operaciones de narcotráfico son/eran narcoterroristas, y mantenemos esa afirmación».

 

LOS DESPLAZAMIENTOS DE TUFIÑO

El 30 de agosto Tufiño voló de Quito a Brasilia. Luego, el 3 de septiembre, se trasladó a la frontera con Guyana y entró a ese país por tierra. Las autoridades presumen que desde las costas de ese país salió navegando en el semisumergible con el colombiano que era el copiloto. El 16 de octubre esa nave fue bombardeada por las fuerzas de Estados Unidos que luego recataron a los dos sobrevivientes, los llevaron a República Dominicana y luego los repatriaron a Ecuador y Colombia, sin formalizar ningún cargo por narcotráfico en su contra.   Mapa tomado del Washington Post.

 

Antes del ataque del 16 de octubre, el personal estadounidense que rastreaba la embarcación de Tufiño evaluó que se dirigía a Europa, no a Estados Unidos, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The Post.

Algunos ataques estadounidenses han tenido como objetivo lanchas rápidas; otros, buques pesqueros. Pero el ataque del 16 de octubre es el único ataque conocido públicamente que tuvo como objetivo un semisumergible. Estas embarcaciones, que pueden navegar a gran velocidad por el océano justo por debajo de la superficie del agua, son relativamente poco comunes, pero son muy apreciadas por los cárteles porque pueden transportar grandes cargamentos de drogas y su bajo perfil las hace más difíciles de detectar que las embarcaciones comunes.

Trump ha descrito el semisumergible como «un submarino narco construido específicamente para transportar cantidades masivas de drogas», aunque no se sumerge por completo. Un alto funcionario de la policía ecuatoriana afirmó que estaba claro que «lo único que [Tufiño] podría estar haciendo es consumir drogas».

«Alguien en alta mar» en una embarcación así, dijo, «no solo está ahí para pasear por diversión».

Pero para acusar a un sospechoso de tráfico detenido por un gobierno extranjero, la fiscalía ecuatoriana exige una muestra de las drogas. Y cualquier prueba de ese tipo, si existiera, se encuentra ahora en el fondo del océano.

Un cambio de protocolo

Para la campaña del gobierno contra las embarcaciones en aguas de Sudamérica y Centroamérica, el ataque del 16 de octubre marcó un punto de inflexión.

El primer ataque de la campaña, el 2 de septiembre, tuvo como objetivo una lancha rápida con 11 personas a bordo en aguas de Venezuela y Trinidad y Tobago. (Trump afirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilegales a Estados Unidos; funcionarios estadounidenses y extranjeros afirmaron que la ruta en la que fue atacada se utiliza para el contrabando de cocaína y marihuana a Europa y África).

Hegseth dio su aprobación para matar a los pasajeros, hundir la embarcación y destruir la droga, según tres personas familiarizadas con la operación. Mientras dos supervivientes se aferraban a los restos, el almirante Frank M. Bradley, comandante del ataque, determinó que seguían siendo objetivos viables y, tras consultar con un abogado militar, ordenó un segundo ataque, eliminándolos, según informó The Post el mes pasado.

Posteriormente, los comandantes priorizaron el rescate de los supervivientes del ataque, según tres personas con conocimiento de las conversaciones. No está claro quién dirigió el cambio, cuándo ni por qué.

El ataque del 16 de octubre fue el sexto reportado por la administración.

A pesar de evaluar que el semisumergible se dirigía a Europa, según dos funcionarios, las fuerzas estadounidenses acudieron para el ataque.

Un AC-130J Ghostrider, un avión de ataque tripulado de Operaciones Especiales, impactó el buque dos veces en una salva inicial, como muestra un video aéreo publicado por Trump, que generó columnas de humo. La tripulación a bordo se apresuró a escapar por la escotilla, según un funcionario estadounidense familiarizado con la operación.

Tufiño y otro hombre se lanzaron al agua, dejando a otros dos probablemente dentro de la embarcación, según el funcionario. Tufiño y el otro sobreviviente, posteriormente identificado por la Fiscalía General de la Nación como el colombiano Jonatan Obando Paredes, se aferraron a algunos escombros en las olas agitadas, según un segundo funcionario estadounidense, quien revisó el video de vigilancia de la operación.

«Vimos a estos hombres flotar en el agua», dijo el segundo funcionario.

Un ataque posterior hundió la embarcación y los comandantes determinaron que la misión había terminado, según una persona familiarizada con el ataque. Las fuerzas estadounidenses rescataron a los sobrevivientes y los llevaron de regreso al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, informaron las autoridades.

Hegseth dijo que el ataque del 16 de octubre fue «una circunstancia diferente» del doble ataque del 2 de septiembre.

«No cambiamos nuestro protocolo, simplemente fue una circunstancia diferente», declaró en el Foro Nacional de Defensa Reagan en Washington este mes. Un par de hombres saltaron y nadaron, según tengo entendido, a cierta distancia. Cuando chocamos contra el submarino por segunda vez, se hundió, y entonces teníamos que rescatar a dos personas, y pudimos hacerlo. Los devolvimos a sus países de acogida.

Funcionarios estadounidenses pidieron a Ecuador y Colombia que se prepararan para recibir a los ciudadanos repatriados, según informaron funcionarios de ambos países. Un vuelo militar estadounidense partió de República Dominicana y trasladó a Tufiño a Quito y a Obando a Bogotá. Obando sufrió una lesión cerebral, informaron funcionarios colombianos. Se encontraba en coma inducido y conectado a un respirador. Estuvo hospitalizado durante cinco días en Colombia, indicaron los funcionarios, y fue dado de alta.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha condenado los ataques a barcos estadounidenses, afirmando que matan principalmente a correos jóvenes y pobres, sin afectar a los líderes de los cárteles que se enriquecen con este tráfico. Sin embargo, Colombia sigue siendo el aliado más importante de Estados Unidos en Sudamérica, y las fuerzas de seguridad de ambos países siguen colaborando estrechamente para combatir el narcotráfico.

Aun así, cuando Estados Unidos transfirió a Obando, un funcionario colombiano declaró: «No habían entregado ninguna información, ningún elemento para procesarlo». La investigación está cerrada, según la Fiscalía General de la República.

Tufiño se negó a proporcionar información a los investigadores ecuatorianos, según Ortega, exdirector de antinarcóticos de la Policía Nacional de Ecuador. No dejó ningún número de teléfono a las autoridades. Un fiscal solicitó a la policía que buscara la información de contacto del hombre, según la Fiscalía General de la República, pero no se ha logrado contactarlo.

Algunos miembros del Congreso han expresado su frustración por la escasa información proporcionada por la administración sobre los ataques. El senador Rand Paul (republicano por Kentucky) los ha calificado de «ilegales» e «indignantes».

El representante Gregory W. Meeks (Nueva York), el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cuestionó la decisión de no procesar a los sobrevivientes en tribunales estadounidenses, «como cabría esperar si estos individuos fueran, de hecho, peligrosos narcotraficantes con destino a Estados Unidos».

“Lo único que quiero que sepas”, escribió, “es que te estaré esperando aquí con una celda, una escoba y un trapeador”.

En 2020, Tufiño era el capitán de una lancha rápida que transportaba más de una tonelada de cocaína a un punto de encuentro con otra embarcación cuando esta fue interceptada por la Guardia Costera, según los investigadores. Fue arrestado, se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y fue sentenciado a cinco años de prisión.

En esa investigación, las autoridades recuperaron unidades GPS con coordenadas, teléfonos satelitales, celulares y las marcas en la cocaína, según Warren, exabogado de Tufiño. “Todo eso es un tesoro de información de inteligencia”.

En un memorando de sentencia, Warren declaró ante el tribunal que Tufiño había sido reclutado por una fortuna —6,000 dólares— para pilotear una pequeña embarcación con una tripulación reducida que transportaba cocaína en alta mar. En aquel entonces, el otrora tranquilo Ecuador se perfilaba como un importante país de tránsito para la cocaína. Con bandas cada vez más poderosas aliándose con cárteles mexicanos y mafias albanesas para competir por el control de las rutas de tráfico, ahora es uno de los países más violentos de la región.

En Anconcito, según los residentes, se ha vuelto habitual una especie de puerta giratoria: los pescadores son reclutados para traficar drogas; son arrestados y llevados a Estados Unidos; son juzgados, condenados, encarcelados y posteriormente deportados, para pronto regresar al negocio.

Pocos foráneos visitan Anconcito. Los Choneros han controlado durante años el puerto y otros a lo largo de esta costa, según el comandante de la policía provincial, Jorge Hadathy, extorsionando y amenazando a los residentes, y asesinando cada vez más a pescadores en ataques selectivos. Otras bandas, como Los Lobos y Los Lagartos, han intervenido para competir.

Ninguna parece haberse desanimado por los recientes ataques a barcos estadounidenses, según las autoridades de inteligencia ecuatorianas. Las autoridades locales han incautado más de 171 toneladas de cocaína en el mar este año, frente a las aproximadamente 129 toneladas de 2024.

Un funcionario de inteligencia ecuatoriano declaró a The Post que esperaba que Tufiño regresara al negocio. «¿Qué cree que podría hacer?», preguntó. Ese es el dinero más fácil. Ya conoce la ruta, tiene los contactos.

Para los cárteles que controlan el tráfico internacional de cocaína en el Pacífico, el otrora tranquilo océano que rodea las islas Galápagos se ha convertido en una parada vital, estratégica, para abastecerse de combustible, lo que les permite transportar toneladas de droga desde Ecuador continental a Centroamérica y, de ahí, a los consumidores en Occidente, reporta este domingo en un extenso reportaje el medio de Gran Bretaña Sunday Times. Ese viaje sería imposible sin el combustible que proporcionan los pescadores de las islas desde hace muchos años. Las islas no solo son un imán para el turismo mundial, ne medio de los esfuerzos de la Marina y la Policía para controlar una zona enorme, con el apoyo de guardacostas de Estados Unidos. La mayoría de los cargamentos con destino a Estados Unidos se reabastece en Galápagos antes de continuar hacia México o Panamá, surcando el agua a velocidades de hasta 112 km/h, o en embarcaciones semisumergibles que son casi imposibles de detectar con radar. Galápagos se utiliza básicamente como base de apoyo logístico para embarcaciones que transportan narcóticos hacia el norte. Literalmente, llegan como una gasolinera y llenan el tanque.

Por Louise Callagham

Cada mañana, alrededor de las 7:00 a. m., los pescadores zarpan de los puertos de las Islas Galápagos y navegan hacia el océano azul cristalino, entre leones marinos e iguanas que descansan sobre las rocas basálticas. Trabajan en un paraíso: un vasto parque nacional a 965 kilómetros de la costa sudamericana, donde tortugas gigantes pastan como vacas y pingüinos incuban sus huevos en coladas de lava petrificada.

Sin embargo, su cargamento cuenta una historia diferente. Además del hielo para sus capturas, algunos pescadores llevan cientos de galones de combustible, comprado a precios subsidiados, que transportan mar adentro en el Pacífico y entregan a narcotraficantes que les pagan miles de dólares en efectivo. Para los cárteles que controlan el tráfico internacional de cocaína, el otrora tranquilo océano que rodea las Galápagos se ha convertido en una parada vital para abastecerse de combustible, lo que les permite transportar toneladas de droga desde Ecuador continental a Centroamérica y, de ahí, a los consumidores en Occidente, publicó este domingo 14 de diciembre el medio de Gran Bretaña, Sunday Times, firmado por Louise Callagham, quien contó con el apoyo en la reportería adicional del periodista Arturo Torres y del reportero y documentalista mexicano Miguel Fernández. https://www.thetimes.com/travel/destinations/south-america-travel/ecuador/galapagos-islands-drugs-trafficking-qmqmxstw3

Los viajes que realizan los barcos pesqueros con grandes cantidades de cocaína -detaca el artículo-  serían imposibles sin el combustible que proporcionan los pescadores de Galápagos. Ni Ecuador ni sus aliados en la administración Trump, que ha lanzado una ola de ataques contra barcos que, según afirman, transportan drogas en el Caribe y el Pacífico, han logrado detenerlos. Albert de la Huerta, exagregado ecuatoriano del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró: “Galápagos se utiliza básicamente como base de apoyo logístico para embarcaciones que transportan narcóticos hacia el norte. Literalmente, llegan como una gasolinera y llenan el tanque”.

Las ganancias son enormes. En un solo viaje, un pescador puede ganar entre 25.000 y 90.000 dólares vendiendo combustible, en comparación con los pocos cientos de dólares de ganancia en una salida de pesca equivalente.

Las islas, con una población de tan solo 33.000 habitantes, dependen del turismo. En 2024, casi 280.000 turistas visitaron las islas y los esfuerzos de conservación recibieron millones de dólares de donantes internacionales. Sin embargo, los tentáculos de los cárteles han envuelto a autoridades corruptas que facilitan la venta de combustible a los narcos, según fuentes oficiales. En un puerto de las islas, una mañana temprano el mes pasado, Diego, un pescador, explicó al Sunday Times cómo funcionaba el negocio.

«Si eres pescador, un intermediario se acercará a ti y te ofrecerá dinero en efectivo. Si pagas 50 dólares por gasolina, por ejemplo, te ofrecerán 150 dólares, solo para que te adentres en el agua y se la entregues al siguiente eslabón de la cadena. El intermediario entonces envía coordenadas GPS que especifican dónde debe entregarse la carga». Los funcionarios corruptos de las islas, a quienes Diego acusó de estar a sueldo de los cárteles, se llevan una parte de la venta. «Esto es una mafia», dijo. «Todos están involucrados, de arriba abajo». El relato de Diego fue confirmado por fuentes de las autoridades nacionales y municipales ecuatorianas, la inteligencia naval, las fuerzas armadas y la guardia costera, quienes han advertido repetidamente sobre el creciente papel que desempeñan las Galápagos en el tráfico de narcóticos.

Hasta ahora, las islas han sido un lugar excepcionalmente estable en un momento en que Ecuador, una parada crucial para los narcotraficantes, está siendo desgarrado por la violencia. Hace cinco años, Ecuador era la nación más pacífica de Latinoamérica. Sin embargo, los cárteles mexicanos se dieron cuenta de que era más fácil enviar cocaína producida en Colombia y Perú a Ecuador para su exportación por mar que traerla por tierra a través de Centroamérica. Desde entonces, se ha convertido en la nación más violenta de la zona. Daniel Noboa, presidente de Ecuador y aliado clave de Estados Unidos, anunció que el país se encontraba en un estado de conflicto armado interno. La violencia y el narcotráfico han seguido creciendo.

El 70 % de las exportaciones mundiales de cocaína fluyen a través de Ecuador. Alrededor del 65 % de estas exportaciones se destinan a Europa. El resto se dirige a Estados Unidos.

La mayoría de los cargamentos con destino a Estados Unidos se reabastecen en las Islas Galápagos antes de continuar hacia México o Panamá, surcando el agua a velocidades de hasta 112 km/h, o en embarcaciones semisumergibles que son casi imposibles de detectar con radar.

En los últimos años, a medida que la producción mundial de cocaína ha aumentado (según la ONU, aumentó un 34 % entre 2022 y 2023), también lo ha hecho el uso de la ruta de Galápagos.

Las bandas de narcotraficantes también utilizan islas deshabitadas para almacenar drogas en su ruta hacia el norte. El mes pasado, la Armada ecuatoriana encontró más de 1.300 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilo, en un remoto sector de las Galápagos. En la isla Isabela hace dos semanas también fueron fue descubierta encaletada una tonelada de cocaína.

«Las Islas Galápagos son como un almacén», dijo una fuente que trabaja con una banda de narcotraficantes. «Han creado zonas de almacenamiento allí. Allí almacenan la droga y también reciben los cargamentos».

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Cuando el joven naturalista Charles Darwin desembarcó en las costas de las Galápagos a bordo del HMS Beagle en 1835, los picos de los pinzones y los caparazones de las tortugas gigantes le ayudaron a desarrollar su teoría de la evolución. Los esfuerzos para salvaguardar la biodiversidad de las islas han aumentado a lo largo de las décadas: en 1959, el 97% de las Galápagos fue declarado parque nacional y, en 1978, las islas se convirtieron en patrimonio mundial de la Unesco. Sin embargo, la legislación ambiental diseñada para proteger las Galápagos expuso a Diego y a sus colegas a las ofertas de los cárteles, según ha afirmado. Para preservar la vida marina, está prohibida casi toda pesca con cualquier otra cosa que no sea un anzuelo, y, según él, los pescadores no pueden ganar lo suficiente para sobrevivir.

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«[El gobierno] no te da la opción de trabajar», dijo. «Y todos tienen que mantener a su familia. Desafortunadamente, el contrabando de combustible es un trabajo fácil». Los pescadores reciben un subsidio al combustible, diseñado para mejorar sus medios de vida, pero este les ha permitido obtener enormes ganancias vendiendo su suministro a los traficantes. El gobierno afirmó que su consumo de combustible estaba estrictamente monitoreado y que sus embarcaciones estaban equipadas con GPS. Al menos una cuarta parte de los pescadores estaban involucrados en el tráfico de combustible para el narcotráfico, según dos funcionarios que pidieron no ser identificados. Una fuente de inteligencia naval estimó que la cifra era del 65%.

Los envíos de cocaína son transportados en pesqueros que son abastecidos por lanchas en
diferentes puntos de combustible desde Galápagos

“Hay pescadores que literalmente se dedican al contrabando de combustible para venderlo a economías ilícitas. Y viven de eso”, dijo Diego. “Ya no pescan. Y, lamentablemente, el Estado aún no se ha tomado este asunto en serio”.

Estados Unidos se lo está tomando muy en serio, alerta el reportaje del Sunday Times. En el Caribe y partes del Pacífico, la administración Trump ha estado bombardeando lanchas rápidas que supuestamente transportaban drogas. Sin embargo, los esfuerzos para cerrar las rutas de la droga desde Ecuador han fracasado. Un plan para abrir una base estadounidense en las Islas Galápagos y en Manta, en la costa de Ecuador, que según sus partidarios proporcionaría supervisión a la inteligencia estadounidense para combatir el narcotráfico, fue rechazado por los votantes ecuatorianos en un referéndum el mes pasado. En las Islas Galápagos, muchos se niegan a hablar sobre el papel de las bandas de narcotraficantes y los problemas sociales, incluida la corrupción generalizada, que han explotado. «La cuestión es que si los turistas supieran lo que está pasando, se irían a otro lugar», dijo un alto funcionario. “Así que los que mandan aquí ocultan la realidad de lo que está pasando.

Galápagos es la joya del turismo ecuatoriano. Si el mundo supiera lo que realmente está sucediendo, querría cambiarlo y mejorarlo. Pero los responsables aquí no lo saben. Porque todos están involucrados y no les conviene cambiar.

Reporte adicional de Arturo Torres y Miguel Fernández

Los Choneros, que son el grupo delictivo hegemónico en Manabí, están relacionados con la captura y el aleteo de tiburones y otras especies, actividades complementarias al tráfico de drogas y combustibles por el Océano Pacífico. Pero no es el único actor en ese mercado ilegal marítimo. Los Lobos empezaron a disputarles ese espacio, como revela el caso de Briones Chiquito. El papel de la flota china es un misterio, sobre todo por indicios de su posible involucramiento en narcotráfico. Está relacionado con la pesca indicriminada de especies de fauna marina, como revelaron investigadores a esta alianza transfronteriza. Fotocomposición de la portada con Canva IA. 

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres

En febrero de 2023, una nota periodística en la prensa mexicana daba cuenta de la captura de una embarcación a 195 millas náuticas del puerto marítimo Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Llevaba casi 315 kilos de cocaína, distribuidos en ladrillos cubiertos con cinta. Además, transportaba 1.650 litros de hidrocarburos en 33 pomas de plástico.

Dos pescadores ecuatorianos constaban entre los cinco detenidos. Su registro migratorio mostraba una conducta inusual. Ambos habían arribado por vía aérea desde México, Guatemala y El Salvador, en varias ocasiones desde 2016. Sin embargo, no hay registros de que salieran por avión desde suelo ecuatoriano. Al parecer, su desplazamiento seguía un patrón: salían desde las costas de la provincia de Manabí, con cargamentos ilegales que entregaban en altamar. Dejaban las embarcaciones abandonadas. Luego, volvían en vuelos comerciales a su país de origen.

La estructura narcodelictiva a la que pertenecían los detenidos en México tenía como cabeza a Leonardo Briones Chiquito, conocido como Iguana o Mexicano. Fue un capitán de barco pesquero, conocía los secretos del mar. Briones Chiquito tenía cercanía con el grupo criminal Los Lobos, que disputa a Los Choneros el control de las rutas marítimas en el Pacífico. Los Choneros han tenido predominio en esta actividad ilegal, particularmente desde las costas de Manabí. Los Lobos, una facción disidente, se extendió por todo el país y amplió su portafolio criminal a las extorsiones, la minería ilegal y los secuestros.

La Fiscalía ecuatoriana logró documentar cómo operaba la estructura criminal de Briones Chiquito, a partir de escuchas telefónicas, seguimientos y allanamientos que duraron más de un año. Este equipo periodístico accedió al proceso judicial, que muestra que la actividad narcodelictiva ahora incluye el tráfico de especies marinas.

La investigación fiscal detectó que en esta estructura de delincuencia organizada había personas específicamente dedicadas a reclutar navegantes para llevar los paquetes de droga en lanchas rápidas, desde puertos manabitas como el de Jaramijó. Cuando detectaban la proximidad de vigilantes, los tripulantes no dudaban en arrojar los bultos de droga al mar. A veces, instalaban dispositivos de geolocalización (GPS) con boyas satelitales para recuperarlos y evitar represalias, pues la pérdida de la mercadería se suele pagar con la vida.

Los miembros del grupo se enteraron de la detención de la nave en México, porque uno de los ecuatorianos detenidos alcanzó a llamar a su esposa. Luego de enterarse, organizaron una nueva incursión para rescatar los “caramelos”.

Droga al agua

Las comunicaciones entre los pescadores fueron interceptadas en el curso de la investigación fiscal. “Que le pongan una velita a la niña [la virgen] para seguir adelante. Que vieron drones en altamar y botaron los sacos de yute”, dice el extracto de una de las conversaciones. En otro diálogo, explican que en el barco llevan a “veedores colombianos” y que los motores son nuevos, lo que sugiere que pudieran alcanzar mayor velocidad. En otra conversación, preguntan quién atrapó “pescado”.

Briones Chiquito fue vinculado a la investigación dirigida por la Fiscalía ecuatoriana. No recibió la pena de cárcel, sino una medida que le obligaba a comparecer periódicamente ante representantes de la justicia. Cuando los uniformados allanaron sus propiedades, en el contexto de una nueva investigación fiscal, esta vez por lavado de activos, en casa de una de sus familiares encontraron un caimán de poco más de un metro de longitud.

A mediados de julio de 2025, Briones Chiquito fue acribillado por sicarios junto con su esposa mientras viajaba en un lujoso carro blindado, resguardado por exintegrantes del Ejército. En respuesta a esos crímenes, una ola de violencia se desató en Manabí. La noche del crimen hubo 18 asesinados en esa zona.

La investigación de Fiscalía ecuatoriana por el delito de lavado de activos siguió su curso y detectó que una empresa pesquera, dedicada a la exportación de mariscos, estaba relacionada con este grupo. La compañía habría lavado 17 millones de dólares, entre 2021 y 2024, según la teoría fiscal.

Coca y aletas

En agosto de 2018, la embarcación Tahoma del servicio de Guardacostas de los Estados Unidos interceptó una nave cargada con 16 bultos, que escondían 769 kilos de cocaína. Cinco tripulantes, dos mexicanos y tres ecuatorianos, fueron detenidos y llevados hasta Florida. Los seis teléfonos satelitales y dispositivos GPS encontrados abordo se convirtieron en la punta del ovillo.

Así empezó una investigación transnacional, que duró tres años y permitió desenmascarar esta estructura narcodelictiva aliada con el cartel mexicano de Sinaloa. Desde las costas de Manabí, una flota de al menos diez embarcaciones llevaba combustible para abastecer a naves que esperaban en el océano Pacífico. Lanchas rápidas acarreaban sacos de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. En su ruta, pasaban por el sur de las islas Galápagos.

Los investigadores detectaron que ciertas embarcaciones dejaban la mercancía ilícita y luego atrapaban tiburones con un palangre, un método de pesca que consiste en un cordel largo y grueso, del cual penden, cada cierto tramo, ramales con anzuelos. En Ecuador, desde 2007, rige una norma que incentiva la pesca artesanal y permite que los tiburones capturados “accidentalmente” sean utilizados y comercializados.

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Un oficial que investigó la estructura narcodelictiva confirmó a este equipo que la captura de tiburones era una actividad complementaria al tráfico de drogas y de combustible. Los tiburones son sacrificados por sus aletas. Estas piezas son transportadas a las islas Galápagos, donde se someten a un proceso de preservación y almacenamiento. Cargamentos de aletas luego son enviados a China, donde son apreciadas como un manjar gastronómico. Se les atribuyen supuestos poderes afrodisíacos.

La justicia ecuatoriana procesó al grupo de involucrados por el delito de tráfico de drogas, pero no por delitos relacionados con la captura ilegal de especies marinas. A pesar de las evidencias, exhibidas en el juicio, dos de los tres jueces que evaluaron en primera instancia lo ocurrido no declararon culpables a los involucrados.

Según el coronel Carlos Ortega, director de la Policía Antinarcóticos, entre 2024 y 2025 (acaba de ser nombrado director de la Escuela de Policía), se han capturado dos barcos pesqueros que navegaban en los alrededores de las islas Galápagos. En total, transportaban ilegalmente 27 toneladas de aletas de tiburón, cuyo destino era el mercado asiático. La más reciente captura ocurrió el 10 de agosto pasado cuando un Guardacostas de Estados Unidos detuvo un barco pesquero que transportaba 10 toneladas de aletas. Detuvieron a 18 personas: 13 eran de Manabí, dos de Esmeraldas y una de Quito. El otro caso ocurrió en abril de 2024. Hizo parte de una operación bautizada Fénix 113, en la que la Armada y Guardacostas de EE.UU. incautaron 16,6 toneladas de aletas.

En ambas ocasiones, según el coronel Ortega, los pescadores navegaban cerca de Galápagos en la ruta usada para el transporte de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Las autoridades estiman que, previamente, los pescadores también habrían utilizado las embarcaciones para llevar cocaína desde puertos ecuatorianos. Tras entregar la droga, los navegantes, que operan para grupos delictivos como Los Choneros, se dedican a la pesca de tiburones para luego venderles las aletas a intermediarios de la flota china que permanece pescando durante buena parte del año en aguas internacionales, frente a Galápagos.

Guido Núñez es un consultor en temas de seguridad y de crimen organizado. Perteneció a una unidad policial de élite, que empezó a detectar la presencia de embarcaciones con droga a fines de los años 90. Desde hace varios años sigue la pista de estructuras criminales y delitos ambientales. Núñez encontró una serie de vacíos en el esquema de control y verificación estatal. Los pescadores reciben combustible que hasta mediados de septiembre era subsidiado por el Estado. Pero no hay mecanismos para impedir que sirva para abastecer al narcotráfico. También halló que los tiburones que son atrapados en el palangre son faenados. Usualmente, se retiran sus aletas y, en ocasiones, los cuerpos llegan hasta los puertos de Manabí, desde donde se envían hacia Quito. Aquí, en los mercados de la ciudad andina se venden como carne de corvina.

Grupos criminales en altamar

Los Choneros son el grupo criminal que domina el Pacífico, según el general de la Policía en servicio pasivo Freddy Sarzosa. “Los pescadores se dedican a estas actividades por la inseguridad que se vive en el mar”, dice. “Les asaltan los piratas, les roban los motores fuera de borda, pero además hay factores críticos como la falta de alternativas laborales, la precariedad de empleo”.

En Manabí hay una tradición ancestral de pesca. Los pescadores son expertos en navegar sin instrumentos tecnológicos; usan solo señas climatológicas. Esa experticia es aprovechada por las organizaciones criminales, de acuerdo con Sarzosa.

Un viaje para llevar droga por mar puede representar un pago de entre 10 mil y 30 mil dólares para el pescador, cuando tiene éxito. Pero hay enormes riesgos. Generalmente la mitad del pago la reciben al concretar el negocio. Algunos son extorsionados al recibir ese dinero. Si llegan a “coronar” y cumplen “la vuelta”, cobran el resto.

Muchos, sin embargo, son interceptados por las autoridades marítimas. En esos casos, optan por arrojar los bultos al océano. Una vez capturados, son llevados a cárceles de Centroamérica, México o Estados Unidos. Según organizaciones de madres y esposas de pescadores detenidos en el exterior, hay cientos de pescadores detenidos en estos países, sin derecho a comunicación con las sedes diplomáticas.

Cuando la mercancía se pierde, la familia del pescador puede sufrir retaliaciones. “Es un problema complejo que ha ido empeorando. La familia queda en estado de vulnerabilidad. Debe impulsarse una política pública para enfrentar el problema”, dice Guido Núñez.

El rol de la flota china

Los barcos chinos que permanecen en tareas de pesca a gran escala en aguas internacionales, frente a Galápagos, sirven como puente para las actividades, de acuerdo con un agente de inteligencia, que pidió mantener su nombre bajo reserva. “Hemos tenido casos de transporte de cocaína en veleros y embarcaciones pesqueras que han zarpado desde Salinas y Manta, y han sido capturadas en Australia y Corea del Sur, por lo cual es bastante probable que también estén llegando a China”, dice.

No obstante, el investigador afirma que es difícil acceder a evidencias sólidas, ya que China no comparte información sobre incautaciones. “La explicación es sencilla”, explica. “Ese país no revela cifras porque afectaría su imagen de un sistema que funciona y no tiene los mismos problemas de los países occidentales, como narcotráfico y consumo de drogas”.

En el aleteo de tiburones, al parecer, el grupo dominante sigue siendo Los Choneros. “Hemos tenido evidencia de que muchos barcos que sirven como gasolineras flotantes para las lanchas go fast, también trafican especies”, dice el agente de inteligencia. A cambio de las especies, el combustible subsidiado y la droga, las naves regresan con armas. El armamento, de grueso calibre, suele ser en su mayoría de origen estadounidense y ha contribuido a aumentar la violencia en Ecuador, donde, en el último año, la criminalidad llegó a tal punto que cada hora, en promedio, una persona es asesinada con violencia.

La flota china también sería un medio para el transporte de cocaína hacia Asia