Bonifaz, el ‘Caballo de Troya’ del correísmo para recuperar el CPCCS y elegir al Fiscal

Una vez que el correísmo fracasó en su estrategia de sacar a la fiscal Diana Salazar, a través del juicio político en la Asamblea, busca una nueva ruta para evadir las murallas de la Fiscalía, que se han vuelto infranqueables por más de cinco años. La vía sería el Consejo de Participación con el fin de injerir en la designación del nuevo fiscal. Y el medio: una acción de protección que se resolverá este jueves 30 de mayo, a las 13:00, planteada por Nicole Bonifaz, afín al correísmo,  quien intenta recuperar la presidencia del organismo. 

Redacción Código Vidrio

A sabiendas de que el camino de la Legislatura está bloqueado, retomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es la vía más expedita para llegar al corazón de la Fiscalía General. Dentro de los siguientes 11 meses ese organismo deberá designar al reemplazo de Salazar, cuyo período terminará en abril del 2025.

El objetivo del correísmo es ubicar a un fiscal afin a sus intereses, con un perfil de afinidades y sobre todo lealtades. Mientras Rafael Correa estuvo en el poder fueron designados fiscales Washington Pesántez, Galo Chiriboga y Carlos Baca. Los dos últimos fueron parte de su gobierno, defensores de su proyecto político.

El ‘Caballo de Troya’ para burlar las defensas de la Fiscalía y llegar hasta el despacho que hoy ocupa Salazar parece haber tomado la forma de una acción de protección. Hasta el momento, no obstante, no ha pasado de ser un simple registro noticioso en una agenda dominada por temas como la inseguridad, la crisis con México, los zapatos del Presidente en su Informe a la Nación, entre otros.

Se trata de la acción de protección de la consejera Nicole Bonifaz para recuperar la presidencia del CPCCS, un cargo al que llegó con la ayuda del correísmo. En mayo de 2023, la mayoría correísta bajo el membrete de ‘Liga Azul’ nombró a Alembert Vera como presidente del Consejo y a Bonifaz como su vicepresidenta.

La cercanía entre Bonifaz y el correísmo no es nueva: fue asesora de José Serrano cuando presidió la Asamblea en 2017. Por eso a nadie le sorprendió que fuese la elegida para ser vicepresidenta del CPCCS, lo que la catapultó a la Presidencia de ese organismo cuando en octubre de 2023 la Corte Constitucional destituyese a Alembert Vera.

Uno de los puntos que más llama la atención es el tiempo que se tomó Bonifaz para plantear esta garantía jurisdiccional para recuperar la presidencia del CPCCS. Tardó más de 40 días después de la supuesta violación a sus derechos y tras haber declarado que “no se aferra al cargo”.

«La acción de protección es una garantía que tiene el propósito de solventar violaciones constitucionales graves que, por su naturaleza, no pueden esperar el pronunciamiento de un juez ordinario. Lo que pretende a través de una decisión jurídica es revertir una decisión política», sostiene el constitucionalista Juan Francisco Guerrero.

Para él, esta acción de protección carece de fundamento, pues el Pleno del CPCCS tiene la competencia legal para designar autoridades y la competencia para removerlos con el voto de la mayoría: 4 consejeros.

“Acción desnaturalizada”

Por la temporalidad y la aparente falta de fundamentos, desde el CPCCS, el presidente Andrés Fantoni, la vicepresidenta Mishelle Calvache y los consejeros Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto emitieron un comunicado señalando que la acción de Bonifaz es «desnaturalizada».

No obstante, Calvache ha ido más allá. En una entrevista con Notimundo, señaló que le resulta extraño que la acción de protección «coincida con el exhorto que el CPCSS hizo a Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, para que active la sentencia 1219-22-EP/22 de la Corte Constitucional”. Y así se designe al presidente titular de la Judicatura.

Darwin Pereira (centro), militante del correísmo, es Jefe Departamental Nacional de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. Su vinculación fue solicitada expresamente por la vocal Solanda Goyes (segunda desde la derecha). Foto archivo

Sus palabras se refieren al pedido del 8 de mayo de 2024 firmado por Andrés Fantoni, presidente del CPCCS a Román, para que notifique formalmente que el cargo de presidente titular de la Judicatura está vacante para así solicitar a la Corte Nacional la terna para la designación del reemplazo. Es decir, 5 días antes de que Bonifaz presentara su acción de protección.

La vacante del presidente del Consejo de la Judicatura se registró el 20 de diciembre de 2023 por la renuncia de Wilman Terán. Desde entonces, pasaron dos exhortos del CPCCS y casi 5 meses para que Álvaro Román notificara oficialmente de la ausencia del titular que él reemplaza por su condición de presidente suplente dictaminado por la Corte Constitucional.

¿Un Consejo de la Judicatura con alfiles correístas?

En este contexto a Álvaro Roman se le solicitó activar el mecanismo constitucional que implicaría su salida del cargo. Su reemplazo significaría un nuevo intento de reposicionamiento político en la Judicatura, donde se han incorporado varios cuadros identificados o vinculados con el correísmo.

El primero que salta a la vista es el actual director general encargado, Hernán Calisto, quien está en ese cargo desde el pasado abril. Calisto es reconocido en la esfera judicial por haber sido uno de los hombres de confianza de Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura entre 2013 y 2018. De hecho, Calisto fue su director del Consejo de la Judicatura de Pichincha.

De acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, el Director General de la Judicatura tiene amplias atribuciones y potestades sobre los jueces, pues la ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial; dirige y supervisa la administración de los recursos humanos, financieros, administrativos y los procesos de selección y evaluación.

Gustavo Jalkh junto a Hernan Calisto (derecha) cuando era director de Pichincha de la Judicatura. Hoy Calisto es director encargado del organismo. Foto de archivo

Otro de los cuadros afines al correísmo es el ex asambleísta de Pachakutik, Darwin Pereira Chamba, quien en el periodo legislativo 2021-2023 fue parte de la mayoría legislativa liderada por la revolución ciudadana, entonces llamada Unes. De hecho, llegó a ocupar la segunda vicepresidencia del Congreso con el respaldo del correísmo.

En la actualidad Pereira se desempeña como Jefe Departamental Nacional de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. Su vinculación fue solicitada expresamente por la vocal Solanda Goyes y para un cargo de mayor rango.»Magíster Darwin Stalin Pereira Chamba para el cargo de Subdirector (A) de Evaluación de Talento Humano de la Direcion Naconal de Talento Humano, perfil referido y solicitado por la Dra. Narda Solanda Goyes Quelal en su calidad de Vocal del Consejo de la Judicatura», señala Gloria Salazar, directora de Talento Humano, en el Memorando CJ-DNTH-2024-2025-M firmado electrónicamente el 22 de abril de 2024.

Sin embargo, acabó enrolado como Jefe Departamental de Derechos Humanos y desde ese cargo ha estado en contacto con jueces y juezas. Fuentes del Consejo de la Judicatura agregan que trabaja cerca de la vocal Goyes, en especial en su «propuesta de evaluación de desempeño y productividad de juezas y jueces». En efecto, el 30 de abril Pereira estuvo en Azuay en la presentación de esa propuesta. Estuvo sentado en la mesa principal justo frente a juzgadores. Lo mismo hizo el 1 de mayo en Tunguarahua y el 6 de mayo en Guayas, siempre junto a la vocal Goyes y como auditorio jueces y juezas de esas jurisdicciones.

La vocal Goyes es esposa de Fausto Camacho, exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y quien actualmente participa en el concurso que organiza el CPCCS para volver a ser vocal electoral.

Si bien el análisis y definición sobre la garantía jurisdiccional de Bonifaz está en manos del Tribunal de Garantías Penales, hay antecedentes de «pedidos» desde el Consejo de la Judicatura para que se resuelva en determinada forma este tipo de acciones.

El más claro ejemplo fue el «Caso Vocales» investigado por la Fiscalía, en el que los ex vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo presuntamente cometieron tráfico de influencias al solicitar en 2022 a jueces de la Corte de Pichincha que acepten una acción de protección de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, con la que pretendía regresar a su puesto; casi un calco a la pretensión de Bonifaz. Como resultado Barreno y Morillo fueron llamados a juicios y removidos de sus cargos como vocales.

La audiencia para tratar la acción de protección de Bonifaz estaba fijada para el 13 de junio, pero el Tribunal Penal la adelantó para este jueves 30 de mayo. La sede para el desarrollo de la audiencia es el Complejo Judicial de Quitumbe, donde el 16 de mayo coincidencialmente estuvo Álvaro Román para “conmemorar” el séptimo aniversario de la creación de esas instalaciones, una celebración no muy común.

Mientras que en el seno del CPCCS Augusto Verduga, uno de los consejeros identificados con el correísmo, no dudó en exteriorizar el interés que despierta la silla que ocupa Diana Salazar. En su cuenta de Twitter dijo: “he solicitado formalmente que, en la próxima sesión ordinaria, demos inicio al proceso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado”. En su tuit adjuntó un memorando remitido a Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, el cargo al que desea regresar Bonifaz, el ‘Caballo de Troya’ del correísmo, y que es clave para conducir el concurso de Fiscal.

1 comentario en «Bonifaz, el ‘Caballo de Troya’ del correísmo para recuperar el CPCCS y elegir al Fiscal»

  1. Como ciudadana ecuatoriana y como mujer propia considero que el actual C P C C S’, Andrés Fantoni se observa que antes de presidir, ni era candidato, ha trabajado por las personas más necesitadas del país y ahora mucho más se observa su imparcialidad ante presiones políticas y ese accionar da confianza en su trabajo mi apoyo total.

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