Las fuerzas militares de Estados Unidos están matando a menos personas en la guerra antidrogas de la administración de Donald Trump en el Pacífico, frente a Ecuador, según un reportaje del Washington Post. La mayoría de los 160 tripulantes ecuatorianos capturados, luego de volar sus barcos pesqueros en ocho operaciones en septiembre, fue puesta en libertad, al no existir pruebas de delitos en su contra. En lugar de hacer estallar lanchas rápidas con los pescadores a bordo, como en la primera etapa, hasta junio, los estadounidenses están incautando y destruyendo grandes buques pesqueros, acusándolos de suministrar combustible a narcotraficantes que llevan cocaína a Norteamérica. Después los marines entregan a los pescadores a la Marina de Ecuador, que los lleva en calidad de «náufragos» a la policía y fiscalía que formaliza sus acusaciones.
Redacción Código Vidrio
El Comando Sur de Estados Unidos dio un giro a su táctica para combatir el narcotráfico en el Pacífico, según revela una investigación publicada este viernes 16 de octubre por el diario The Washington Post. En septiembre pasado, las fuerzas estadounidenses bombardearon ocho barcos pesqueros, luego de detener a 160 tripulantes acusados de abastecer de combustible a los narcotraficantes, y entregarlos esposados y encapuchados a personal de la Marina ecuatoriana.
Los nueve pescadores no podían ver ni oír nada, mientras infantes de marina y marineros estadounidenses armados los empujaban hacia una embarcación militar. Con las manos esposadas, los ojos cubiertos y los oídos tapados, les ordenaron esperar con la cabeza agachada, rodeados por un hedor a orina, relató uno de los detenidos a los periodistas Samantha Schmidt y Arturo Torres https://www.washingtonpost.com/world/2026/10/16/us-says-it-seized-boats-narco-terrorists-gives-ecuador-no-evidence/.
En redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos calificó a los pescadores detenidos de «narcoterroristas» y publicó un video en el que fuerzas estadounidenses hacían estallar su embarcación. El operativo eliminó un «nodo crítico en la cadena logística de los traficantes», destacó el Comando Sur.
Sin embargo, dos días después de que las fuerzas estadounidenses entregaran a los hombres a las autoridades ecuatorianas, ellos fueron puestos en libertad, destaca el reportaje.
La policía y la fiscalía no presentaron pruebas del presunto contrabando: ni fotografías de tanques de combustible adicionales, ni mensajes de texto, ni información de inteligencia que los vinculara con narcotraficantes. Un juez dictaminó que su detención fue ilegal.
La operación del 2 de septiembre -indica el Post- formó parte de una nueva fase de la campaña militar de la administración Trump contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas cercanas a Ecuador. En lugar de hacer estallar lanchas rápidas con tripulantes a bordo, las fuerzas estadounidenses están incautando y destruyendo grandes barcos pesqueros, acusándolos de suministrar combustible a los narcotraficantes para sus travesías hacia Estados Unidos, resalta el artículo.
En ocho intervenciones realizadas en menos de un mes, las fuerzas estadounidenses detuvieron a 160 tripulantes en alta mar antes de hacer estallar sus barcos pesqueros, a los que calificaron de embarcaciones de reabastecimiento «narcoterroristas». No obstante, la mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad sin cargos o han sido absueltos. Los jueces ecuatorianos han determinado, caso tras caso, que la fiscalía no logró probar la comisión de ningún delito.
Estas intervenciones se llevan a cabo de manera conjunta con Ecuador, donde el gobierno del presidente Daniel Noboa ha permitido la presencia de tropas estadounidenses para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico. A diferencia de la mayoría de las otras operaciones realizadas durante la campaña militar que Estados Unidos lleva a cabo desde hace un año, en estos casos los tripulantes de las embarcaciones no han resultado muertos.
EL MECANISMO
En ocho intervenciones realizadas en menos de un mes (septiembre 2026), militares estadounidenses detuvieron a 160 tripulantes en alta mar. Luego hicieron estallar sus barcos pesqueros, acusándolos de ser abastecedores de combustible para el narcotráfico. Estas intervenciones se llevan a cabo de manera conjunta con Ecuador. En estas operaciones de EE.UU. hay un patrón: primero un avión no tripulado o avioneta sobrevuela en círculos la zona donde está el barco pesquero, luego llegan dos helicópteros artillados, que se acercan más a la nave; después de pocos minutos se aproxima un guardacostas del que desembarca una lancha con unos 20 militares armados. ellos se encargan del abordaje, la detención de los pescadores y su traslado, esposados, al buque estadounidense que luego los entrega a autoridades de la Marina que los reciben como «náufragos». Finalmente los marinos entregan a los pescadores a la policía y a la fiscalía que formaliza su detención, sin ninguna evidencia, ante un juez que en la mayoría de casos los libera.
El Comando Sur de EE.UU., que supervisa las operaciones militares en la región, declinó hacer comentarios sobre las operaciones en Ecuador. El Departamento de Estado tampoco respondió a una solicitud de comentarios del Post. Los ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y del Interior de Ecuador tampoco respondieron a las solicitudes de pronunciamientos.
El tráfico de cocaína por mar sigue
Según un funcionario de inteligencia ecuatoriano, indica el diario estadounidense, Estados Unidos propuso las operaciones conjuntas al hacerse evidente que la campaña más amplia del Pentágono de atacar embarcaciones más pequeñas no estaba afectando significativamente el tráfico de drogas.
The Washington Post informó en julio que una evaluación de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) determinó que los ataques no habían reducido la cantidad de cocaína que ingresaba a Estados Unidos, ni habían disminuido el suministro ni aumentado los precios de la droga.
Al atacar las embarcaciones que transportan combustible para que los traficantes recarguen cerca de las islas Galápagos, los funcionarios estadounidenses argumentaron que podrían cortar un nodo logístico clave para un mayor número de lanchas de narcotraficantes, según el funcionario de inteligencia ecuatoriano.
Siguiendo esta lógica, en lugar de neutralizar una sola lancha rápida, podrían interceptar a diez, señaló el funcionario de inteligencia quien, al igual que otros funcionarios y exfuncionarios ecuatorianos entrevistados para este reportaje, habló bajo condición de anonimato para tratar detalles sensibles.
Las autoridades ecuatorianas aceptaron apoyar y sumarse a las operaciones estadounidenses siempre y cuando los ataques no implicaran volar las embarcaciones con las tripulaciones aún a bordo, indicó el funcionario ecuatoriano. El país sudamericano ha proporcionado información de inteligencia para ayudar a identificar estas embarcaciones, añadió.
El secretario de Estado, Marco Rubio, al ser consultado el mes pasado sobre las interdicciones en Ecuador, declaró a la prensa que «seguiremos volando barcos si es necesario», pero que estas nuevas operaciones se llevan a cabo en cooperación con otras naciones y en sus propias aguas territoriales. «Y cuando se hace eso, hay que hacerlo basándose en los acuerdos establecidos con ellos; ellos deben cumplir con sus propias leyes, sus propios sistemas y sus propios protocolos».
Lo que sucede tras los ataques —y si las tripulaciones son investigadas y procesadas— no parece ser una prioridad para EE.UU., según el funcionario y un segundo agente de inteligencia ecuatoriano. No está claro por qué ese país no facilita pruebas a las autoridades ecuatorianas, o si tales evidencias existen.
Una posibilidad son las preocupaciones sobre la confidencialidad de investigaciones en curso. Otra es la profunda desconfianza de Washington hacia un sistema judicial ecuatoriano y otras entidades de control gravemente debilitadas por la corrupción vinculada al narcotráfico.
¿Campaña de disuación?
Cualquiera que sea la razón, señalaron dos funcionarios ecuatorianos, el gobierno de Trump le comunicó a Ecuador que su objetivo principal es la disuasión. Dicen: «¿Saben qué? No me importa si los procesan o no, ni si terminan en prisión o no», comentó uno de los funcionarios. «Yo me quedo con la embarcación, y punto «.
Este informe sobre la fase más reciente de la campaña estadounidense de interceptación y destrucción de embarcaciones —y sobre la falta de pruebas presentadas para investigar o procesar el presunto contrabando de combustible— se basa en entrevistas con tripulantes de tres embarcaciones atacadas recientemente, sus abogados, funcionarios ecuatorianos (tanto en activo como exfuncionarios), así como en documentos judiciales y otras pruebas presentadas ante los tribunales.
«No hay pruebas, porque las embarcaciones fueron destruidas», afirmó al Post Juan Alvia Cevallos, abogado que representa a varias de las tripulaciones. «¿Y si se cometió un delito? Pues destruyeron las pruebas». Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch —una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York—, señaló que EE.UU. no ha logrado demostrar a estas comunidades «que existiera una razón para detener a estas personas ni para destruir sus embarcaciones».
«Si no eres capaz de demostrar eso», añadió Pappier, «tu credibilidad queda gravemente socavada». Según Human Rights Watch, que entrevistó a los afectados, de los 160 tripulantes, 14 nunca fueron puestos a disposición de las autoridades ecuatorianas, 32 fueron absueltos y 56 fueron puestos en libertad sin cargos. Otros 58 fueron liberados bajo restricciones mientras sus casos siguen en proceso judicial.Algunos tripulantes denunciaron haber sido golpeados, amenazados y obligados a firmar documentos que no podían comprender, según informó ese organismo humanitario tras entrevistar a los hombres.
Los pescadores que trabajan en estas embarcaciones suelen ser contratados para viajes específicos; varios de ellos indicaron que solo habían participado en una jornada de pesca previa en la embarcación en cuestión. Durante el año hay varias temporadas de pesca, que requieren equipos y conocimiento específico, por lo cual los tripulantes usualmente recurren, indistintamente, a varios barcos pesqueros para sus faenas, no son empleados fijos, siempre están rotando.
⇒Una de las naves, incautada por el ejército estadounidense el 15 de septiembre, transportaba a un biólogo, funcionario del gobierno ecuatoriano que actuaba como observador para prevenir la pesca ilegal. No tenía ninguna relación con los pescadores, su misión era controlar que los tripulantes cumplan con las faenas que declararon, para obtener el permiso de zarpe de la Capitanía del Puerto, antes de poder salir a navegar. El biólogo es parte de un equipo de funcionarios que realizan verificaciones a todas las embarcaciones desde su salida hasta su regreso al puerto de Manta. Su abogado defensor es auspiciado por la Subsecretaría de Pesca de Manta, donde trabaja desde hace siete años.
Noboa, un aliado clave en la guerra de Trump
Ecuador se ha convertido en un socio en materia de seguridad cada vez más importante para la administración Trump; el ejército estadounidense ha intensificado sus operaciones en el país, a pesar de que, en un referéndum celebrado a finales del año pasado, los ecuatorianos votaron en contra de permitir la presencia de bases militares extranjeras en su territorio, destaca el informe del Post. En marzo, Ee.UU. ayudó a las Fuerzas Armadas ecuatorianas a realizar operativos en varias propiedades situadas en una zona rural cercana a la frontera con Colombia. Según funcionarios de la Marina, las aguas próximas a las islas Galápagos se han transformado en una especie de gasolinera clandestina, donde los pescadores pueden ganar decenas de miles de dólares en un solo viaje mediante el contrabando de combustible hacia embarcaciones vinculadas al narcotráfico en alta mar.
Según señaló un funcionario de inteligencia ecuatoriano, las embarcaciones de mayor tamaño suelen transportar motores adicionales para transformar barcos pesqueros pequeños en lanchas rápidas —equipadas con dos motores—, con el fin de llevar combustible a los narcotraficantes.
No obstante, los funcionarios explican que estos casos son difíciles de probar sin evidencias como un excedente de combustible, motores adicionales, permisos de pesca irregulares u otras pruebas, tales como comunicaciones telefónicas. Muchos de los implicados en el contrabando de combustible son pescadores legalmente registrados, al igual que los dueños de los barcos.
Juan Carlos Posligua se dedicaba a la pesca desde su adolescencia; sin embargo, el viaje realizado a finales de agosto era apenas su segunda experiencia a bordo del *Conquista II*. En una travesía anterior, este pescador de 44 años había ganado 230 dólares por un viaje de 17 días.
En esta ocasión, durante el trayecto de regreso, una manguera del sistema hidráulico de la embarcación sufrió una avería. Mientras un mecánico intentaba repararla, advirtió al resto de la tripulación que una avioneta (lo más probable es que era una nave no tripulada) sobrevolaba la zona. Aproximadamente media hora más tarde, Posligua divisó un buque militar estadounidense.
Poco después, infantes de marina y marineros de Ee.UU. se aproximaron en una embarcación más pequeña. Dos helicópteros volaban justo encima de ellos, y los efectivos estadounidenses apuntaron sus armas hacia los pescadores. Según un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, el personal fue desplegado desde el *USS San Antonio* —bajo la dirección del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur—, en coordinación y colaboración con Ecuador.
Los pescadores confinados a una bodega
Sin ofrecer explicaciones, las fuerzas estadounidenses abordaron y registraron la embarcación. Ordenaron a la tripulación arrodillarse, con la cabeza pegada al suelo y las manos sobre la cabeza. Tras una hora, esposaron a los pescadores con correas de plástico y los trasladaron al buque estadounidense, donde fueron confinados en un área de almacenamiento, una bodega, bajo cubierta.
Dos días más tarde, cuando los nueve pescadores fueron entregados a las autoridades ecuatorianas, la Armada del Ecuador los calificó de «náufragos» —personas que han sufrido un naufragio— y, posteriormente, fueron puestos en libertad. En un informe policial entregado al fiscal a cargo del caso en Manta, las autoridades señalaron que los hombres fueron «rescatados» en alta mar tras ser interceptados por la Marina de los Estados Unidos, bajo la sospecha de que se dedicaban a vender y transportar combustible para grupos delictivos.
Más de un mes después, la fiscalía sigue reteniendo los documentos de Posligua, lo que le impide trabajar. A lo largo de la costa de Manta, la industria pesquera ha quedado paralizada por el miedo. «La gente ya no sale a faenar y yo no puedo trabajar», afirmó Posligua. «Lo he perdido todo».
Inicialmente, según indicaron funcionarios de inteligencia, los ataques parecieron lograr su objetivo principal: disuadir a los pescadores de transportar combustible para los narcotraficantes. De hecho, las incautaciones de droga en el mar parecieron disminuir, señaló un funcionario de inteligencia.
Sin embargo, el 3 de octubre, la Marina de Ecuador anunció la captura de una lancha rápida al oeste de Manta, la cual transportaba cerca de 55 fardos de presunta cocaína, valorados en 50 millones de dólares en el mercado estadounidense. Un funcionario antidrogas que sigue de cerca las operaciones dijo que el tráfico por el corredor del Pacífico en lanchas rápidas y semisumergibles se mantiene, pese al riesgo de los ataques, porque los pagos que reciben los tripulantes por el transporte son mayores, y la demanda no ha caído en EE.UU.