INVESTIGACIÓN / En julio pasado el Consejo de la Judicatura (CJ) dio luz verde para que el estudio jurídico español Cremades & Calvo-Sotelo elaborara un informe de avaluación del desempeño de la Unidad de Jueces Anticorrupción, que fue suprimida dos meses después. El CJ informó que ese análisis no fue tomado en cuenta para esa decisión. En 2024, abogados del mismo bufete elaboraron un análisis que avaló la constitucionalidad del decreto emitido por la Presidencia de la República para declarar el estado de excepción. En ambos casos, el bufete ofreció sus servicios de oficio, al parecer sin que ninguna autoridad se lo pidiera y sin cobrar por sus servicios, incluidos los viajes desde España y su estadía en Ecuador.
Investigación Código Vidrio con apoyo de Resilience Collaborative
Abogados del bufete español Cremades & Calvo-Sotelo se volvieron aliados oficiosos y oportunos de la Presidencia de la República y del Consejo de la Judicatura (CJ), en momentos claves, entre 2024 y 2026.
En su más reciente intervención en Ecuador este estudio privado entró en escena para proponerle a la Judicatura la elaboración de un informe de evaluación del desempeño de la Unidad de Jueces de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado. La propuesta de esa firma -un documento de 10 páginas en poder de este medio- fue entregada formalmente el 25 de junio pasado en Madrid, mientras la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, se encontraba en una visita oficial a España e Italia. Un mes después el pleno de la Judicatura aprobó que esa firma legal elaborara el informe, que debía estar listo en cuatro semanas, según el cronograma establecido.
La Unidad fue modificada semanas después, el 7 de septiembre por el CJ, bajo el argumento de corregir un desequilibrio operativo y optimizar los recursos en la función judicial. Eso en vista de que los jueces especializados -según la resolución- tenían muy baja carga procesal y sus competencias podían ser extendidas a otros juzgadores penales, que de hecho ya estaban conociendo este tipo de delitos en otras provincias, según indicó Caicedo a Código Vidrio. Ante una serie de reacciones adversas, la titular de la Judicatura aclaró que no fue eliminada ni disuelta, sino «suprimida mediante un proceso de fusión y reestructuración». Las causas que antes manejaba de forma exclusiva esta unidad especial fueron asumidas por 50 funcionarios de otras judicaturas penales y la Corte Provincial de Pichincha, mientras los jueces especializados fueron cambiados a otras dependencias, para juzgar todo tipo de ilícitos.
La supresión esa entidad jurisdiccional, que operó cerca de cuatro años, desató una avalancha de críticas. Juristas, gremios, académicos y sectores políticos, así como organismos internacionales, señalaron que la Judicatura se extralimitó en sus funciones y que la decisión es una injerencia a la independencia judicial. Este tipo de decisiones que afectan la autonomía de la función judicial empezaron a escalar desde el año pasado. El gobierno de Daniel Noboa acusó en 2025 a los nueve magistrados de la Corte Constitucional de favorecer al crimen organizado, en el contexto del trámite de decenas de demandas de inconstitucionalidad de organizaciones de sociedad civil contra tres leyes aprobadas por el Ejecutivo. Los ataques del Gobierno contra la Corte son «una grave amenaza a la independencia judicial y al Estado de derecho en Ecuador», según un informe del Laboratorio del Imperio de la Ley, de la Universidad de Nueva York. El ensayo documenta varios patrones de represalia tras fallos contrarios al Ejecutivo. Investigaciones penales contra magistrados ponentes, campañas para deslegitimar a la Corte, exposición pública de los jueces con sus rostros en vallas, propuestas para recortar sus competencias y presiones administrativas sobre su funcionamiento.
Para el expresidente del CJ, Fausto Murillo, de por medio hay temas mucho más sensibles que pueden afectar seriamente la economía del país. Sobre todo porque esta unidad especializada tenía competencia para conocer las acciones de extinción de dominio de los bienes vinculados con actividades de corrupción y crimen organizado transnacional.
Los ataques sistemáticos a los jueces en Ecuador no son un caso aislado. Son parte de una tendencia de gobiernos con tintes autoritarios, de izquierda y derecha, que ha cobrado fuerza en todo el continente. El Salvador, con Nayib Bukele en el poder, aparece como el caso más evidente de ataque sistemático a la independencia judicial en la región. Abanderando la lucha contra la criminalidad, Bukele ha capturado todos los poderes, incluida la Corte Constitucional que dio luz verde a su reelección presidencial consecutiva. Guatemala registra ataques sostenidos contra jueces y fiscales, especialmente quienes investigan corrupción y derechos humanos, al igual que Honduras, Nicaragua y Venezuela que muestran un deterioro crónico. México destaca por la reforma constitucional al poder judicial impulsada bajo el expresidente López Obrador y continuada con las elecciones judiciales de 2025, que trasladaron el sistema de nombramiento de jueces a elección popular. En Perú, Argentina y Colombia hay tensiones recurrentes entre el Ejecutivo/Legislativo y el Poder Judicial, aunque con una intensidad variable.
La creación de la Unidad de Jueces anticorrupción se fundamentó en reformas a tres artículos del Código Penal, que establecen la existencia y necesidad imperiosa de jueces especializados para el juzgamiento de delitos de crimen transnacional complejos, que requieren de una especialización, destacó Fausto Murillo, quien en 2022 lideró su conformación. La decisión de la Judicatura se aparta de la Convención de Palermo suscrita por el Estado Ecuatoriano en 2000, que concuerda con las exigencias de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de la cual Ecuador es suscriptor, subraya.
Su funcionamiento se volvió un imperativo después de la pandemia, en vista de que las judicaturas penales en las distintas capitales de provincia y cantones del país fueron virtualmente cooptadas por las organizaciones criminales. Esto en el contexto de la rápida transformación de Ecuador en un corredor estratégico, un santuario de negocios del crimen organizado, para sacar por sus puertos un 70% de las 3.000 toneladas de cocaína que produce Colombia, según informes de la ONU, con la intervención de carteles mexicanos y de los Balcanes y decenas de bandas locales aliadas. Mientras buena parte de los los jueces y sus familiares, especialmente en localidades de la costa, han sido amenazados otros fueron cooptados para ponerse del lado de la delincuencia y la corrupción, dijo una fuente de la Judicatura que fue parte del proceso de selección de juzgadores anticorrupción. Este fue el motivo por el cual se escogieron jueces con un alto perfil académico y ético, que solo actuaban en la unidad que se centralizó en Quito, para precautelar su seguridad.
El espaldarazo de los españoles al gobierno
No es la primera vez que abogados de Cremades & Calvo-Sotelo colaboran voluntariamente con autoridades ecuatorianas en temas jurídicos y constitucionales. Hace dos años, el 27 de junio de 2024, tres de sus integrantes, José Francisco Estévez, copresidente de ese bufete, Elena Fernández y Gabriel Fernández, desembarcaron en Quito para respaldar al gobierno, en nombre de la Asociación Mundial de Juristas, cuya sede está en Washington, Estados Unidos. Entonces dieron a conocer en una rueda de prensa los resultados de un informe que dijeron haber elaborado sobre la constitucionalidad del proyecto de Decreto Ejecutivo de declaratoria de estado de excepción, que el presidente Daniel Noboa estaba por presentar para su calificación a la Corte Constitucional. Los medios fueron convocados a la conferencia por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
En ambos casos los abogados españoles dijeron que actuaron de oficio, sin que ninguna autoridad o institución del país se lo pidiera, y que no cobraron un solo centavo por sus servicios para el Ejecutivo y la Judicatura. Eso incluyó que pagaran con sus recursos sus pasajes desde España a Ecuador, así como el hospedaje, alimentación y transporte en Quito. La Presidencia y la Judicatura también indicaron que los servicios de los abogados españoles fueron gratuitos.
Ni Estévez ni Elena Fernández aparecen registrados como integrantes de la Asociación Mundial de Juristas. Solo Gabriel Fernández es parte de ese organismo en calidad de delegado ante la ONU en Viena y socio de Cremades y Calvo-Sotelo.
La presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, viajó a Italia y España, entre el 13 y el 27 de junio de este año, para firmar y buscar varios convenios de cooperación con entidades académicas y judiciales de esos países. A su regreso los vocales de la Judicatura conocieron la propuesta para evaluar el desempeño de las salas especializadas de los 19 jueces anticorrupción. Para entonces los funcionarios también empezaron a analizar la pertinencia de su continuidad, su posible reorganización, fusión o supresión, según confirmaron fuentes cercanas al proceso.
La decisión de suprimir el organismo fue tomando cuerpo en medio de una serie de inconvenientes que enfrentaban los jueces anticorrupción, sin tener una respuesta efectiva y oportuna del CJ, por su excesiva carga de procesos y a la falta de personal de apoyo. Sobre todo porque estaban sometidos a jornadas extenuantes en audiencias, que en varios casos terminaban a la madrugada, en vista de que debían conocer procesos de otros de sus compañeros, encargados de otros despachos, suspendidos o destituidos.
La corrupción atenaza a la Judicatura
El CJ, que es el órgano administrativo y disciplinario del poder judicial, ha sufrido un desgaste acelerado en su credibilidad los últimos tres años, por estar envuelta en escándalos de corrupción, y por su sometimiento a intereses extrajudiciales relacionados con el crimen organizado y el poder político. Desde 2022, la Judicatura ha tenido siete presidentes, que en promedio han estado en funciones menos de un año. En este lapso ninguno ha cumplido el período completo de los seis años en el cargo, pues la mayoría ha sido encargada. Esto ha incidido directamente en una prolongada inestabilidad institucional, en medio de acciones sistemáticas para someter a jueces y funcionarios judiciales a sus intereses. Precisamente un factor que agudizó la crisis es la participación de dos de sus últimos titulares en redes de narcotráfico, manipulación de concursos y tráfico de influencias.
Un momento de quiebre que mostró la magnitud del colapso fue la abrupta salida del cargo de Wilman Terán, en diciembre de 2023. Terán, quien antes de llegar a la Judicatura era ministro de la Corte Nacional de Justicia, fue detenido y luego sentenciado en tres juicios, que suman 25 años de prisión, por su colaboración con el narcotráfico, obstrucción a la justicia y manipulación de concursos. Le sucedió en el cargo Mario Godoy, quien renunció en febrero pasado, mientras enfrentaba un juicio político en la Asamblea, que lo destituyó por incumplimiento de funciones, presiones a jueces y conflictos de interés. Estuvo dos años en funciones. Estos dos acontecimientos también marcaron el inicio de un distanciamiento del CJ de agencias internacionales que apoyaron la creación de la Unidad.
Uno de los principales problemas ocasionados por la crisis sistémica del CJ fue la postergación indefinida del la designación, por consurso, de 900 jueces, que requieren juzgados, tribunales y cortes en todo el país. Estas judicaturas han sido permeadas por años por redes de corrupción que aún siguen operando, según confirmaron funcionarios a cargo del control y jueces en varias provincias. El coletazo de ese represamiento también golpeó a la Unidad de Jueces Anticorrupción, que no contaba con un banco de jueces elegibles para reemplazar a los siete titulares que habían dejado sus puestos los dos últimos años, definitiva o temporalmente, por distintos motivos. Mercedes Caicedo, quien está en el cargo desde mayo pasado, dijo que heredó ese y otros problemas acumulados por años y que ha priorizado la designación, a través de un concurso interno, de 220 jueces temporales, para lo cual logró que el Ministerio de Economía asignara una partida de 15 millones anuales.
Consultados por Código Vidrio, cinco exjueces anticorrupción coincidieron en que en lugar de fortalecer la Unidad, Judicatura la fue torpedeando o no intervino oportunamente por sus problemas internos. Eso pese a que los juzgadores anticorrupción empezaron a emitir fallos importantes contra poderosas estructuras y actores criminales con decenas de implicados. “El CJ se convirtió en la punta de lanza de la estrategia para desmantelar la Unidad que se volvió incómoda e incontrolable”, destacó un juez, que tras la supresión fue enviado a trabajar fuera de Quito, sin ninguna seguridad, pese a que había emitido fallos en casos contra peligrosos delincuentes y estructuras mafiosas. También era evidente una creciente animadversión de jueces de otras unidades jurisdiccionales por el protagonismo que iban ganando los jugadores anticorrupción en casos de gran impacto.
Serrano abre la caja de Pandora
A fines de noviembre de 2025 la señal de que los jueces anticorrupción habían cruzado una línea roja para la Judicatura fue el desenlace del juicio por lavado de activos contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. El 20 de noviembre el juez Carlos Serrano, junto con dos juzgadores más de su tribunal, sentenciaron a Srdan a diez años de prisión. Semanas antes, Serrano fue presionado por el entonces director provincial del CJ, Henry Gaibor, brazo derecho de Godoy, para fallar a favor del narcotraficante https://www.codigovidrio.com/code/asi-vivio-el-juez-serrano-los-ultimos-dias-antes-de-abandonar-el-pais-el-8-de-diciembre-cuando-las-autoridades-lo-dejaron-desprotegido/. Serrano grabó los pedidos de Gaibor y luego denunció lo ocurrido públicamente, cuando el comandante de la Policía, Pablo Dávila, ordenó que los dos policías de su cápsula de seguridad dejaran de custodiarlo, pese a que el riesgo contra su vida había aumentado. En diciembre, Serrano se fue del país y las semanas siguientes la Judicatura le aceptó la renuncia. Srdan fue detenido por primera vez en 2014 y sentenciado a 17 años y 4 meses de prisión por narcotráfico. No obstante, fue liberado en 2019, gracias a fallos ilegales de jueces, que luego fueron enjuiciados y destituidos por corrupción.
Pese a este antecedente, las presiones a los jueces desde autoridades de la Judicatura al parecer no han cesado. El más reciente episodio se conoció la semana pasada cuando el medio La República difundió un audio en el que los jueces de Guayaquil Martina Aguilera y Demóstenes Díaz conversan sobre las supuestas presiones que han recibido para celebrar la audiencia y fallar en contra de Aquiles Álvarez. El abogado defensor del alcalde guayaquileño, Julio César Cueva, dijo que los audios confirman que los jueces no deliberaron de manera independiente. Sostuvo que el tribunal simplemente esperaba una resolución externa prefabricada (presuntamente redactada para perjudicar al alcalde) para firmarla como propia.
Serrano fue el segundo juzgador en abandonar la Unidad. En julio del 2025 el primero en ser destituido fue Ángel Quito por negligencia manifiesta, al ordenar medidas cautelares y la inmovilización de cuentas bancarias de una empresa que no estaba siendo procesada en un caso judicial.
Este año varios jueces más fueron investigados por la Fiscalía y sancionados por la Judicatura. En febrero fueron destituidos Christian Quito y Gabriela Lara, señalados por presunta delincuencia organizada y tráfico de influencias, para favorecer y facilitar la liberación de los hijos del líder del grupo narcoterrorista Comandos de la Frontera, en el denominado Caso Fachada.
El 27 de julio la Judicatura suspendió por tres meses a los jueces Silvia Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, por revocar la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de sus hermanos dentro del caso Goleada. Ese tribunal consideró de forma unánime que la Fiscalía no pudo sustentar la necesidad de mantener detenido al Alcalde; es más los argumentos presentados no correspondían al caso investigado de delincuencia organizada sino a otro delito por posible evasión tributaria. Por eso decidieron que no había suficientes elementos para sostener la prisión.
Al conocer la sanción, Uzcátegui denunció presiones previas de la Judicatura, incluyendo decisiones inesperadas que obligaron al tribunal a reprogramar audiencias en varios casos, incluido Goleada, así como intentos de intimidación. Dos días antes de que emitieran su fallo, el 3 de marzo, la Judicatura les envió un correo indicándoles que debían participar en una cumbre judicial en Panamá, a la que acudieron esa semana pero en el evento los organizadores les dijeron que ningún autoridad ecuatoriana había confirmado que irían. A su regreso de la cumbre los tres juzgadores se pronunciaron, levantando la prisión preventiva.
Inconforme con la decisión, la Fiscalía presentó una denuncia en su contra. Buscaba su destitución. Dos meses después, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó la petición del Fiscal concluyendo que los jueces cometieron una «falta gravísima de error inexcusable». Consideraron que los juzgadores no debían discutir la existencia del delito al resolver la apelación de la prisión preventiva. Pero ese fallo no fue unánime. El juez nacional Javier de la Cadena estuvo en desacuerdo. Sostuvo que no hubo error inexcusable alguno, pues los jueces provinciales se limitaron a controlar la procedencia de la prisión preventiva, que es precisamente lo que un tribunal de apelación debe hacer. Trece días después de salvar su voto, la Judicatura terminó la designación temporal de la Cadena en la Corte Nacional de Justicia, donde estaba desde 2019, y dispuso su retorno a la Corte Provincial de Imbabura.
Para el exjuez Carlos Serrano detrás de la sanción hay un problema mucho más grande. “Lo que está en juego es la independencia de la justicia especializada para decidir, en cada causa, si la prisión preventiva procede o no. Sin importar si son mediáticas o si afectan al poder político. El juez que decide con miedo a la sanción ya no decide. Obedece”.
El alcalde Álvarez está enjuiciado por una denuncia impulsada por el fiscal general Leonardo Alarcón. El Alcalde está acusado de liderar una presunta red de delincuencia organizada y lavado de activos. El proceso ha avanzado atropelladamente en medio de debates legales y cuestionamientos sobre vicios de nulidad y una supuesta persecución política a Álvarez, quien es uno de los cuadros importantes del correísmo, movimiento opositor al régimen.
La sanción a los tres jueces desató críticas generalizadas de diversos sectores, que defendieron la legalidad y argumentación sólida del fallo. No obstante, Mercedes Caicedo defendió la decisión del Pleno del CJ, que estaba obligado por ley a sancionar a los jueces por la declaratoria previa de la Corte Nacional.
Reunión en la Judicatura
El mismo día lunes, 27 de julio, cuando el pleno del CJ sancionó a los tres jueces, Caicedo recibió en la sala de reuniones de la Presidencia a los abogados del estudio Cremades y Calvo-Sotelo. La reunión se llevó a cabo con la participación de los vocales Fabián Fabara, Alfredo Cuadros, Magaly Ruiz y Damián Larco (quien se conectó por videoconferencia) entre las 11:30 y las 12:00, según confirmaron fuentes de la institución. En la cita conversaron sobre la factibilidad del avance del proyecto, que fue aprobado por el pleno de la Judicatura cuatro días antes, el 23 de julio.
En la sesión ordinaria de ese día el pleno conoció los informes técnicos y jurídicos de la propuesta para el acuerdo de cooperación entre la firma española y el Consejo de la Judicatura. Eso con el fin de realizar “un estudio objetivo y de evaluación de las judicaturas especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, para generar recomendaciones para el fortalecimiento institucional del sistema de administración de justicia”.
En la sesión, el Consejo aprobó los informes favorables presentados, entre otras, por las Direcciones de Asesoría Jurídica y de Gestión Procesal, que recomendaron avanzar con el acuerdo de cooperación con el estudio Cremades y Calvo-Sotelo para fortalecer el sistema de justicia.
Reparos de la Coordinación internacional
En la reunión que fue pública también intervino la responsable de la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo. La funcionaria advirtió que esa entidad “no posee competencia para gestionar o suscribir instrumentos de cooperación con entidades privadas, como despachos internacionales de abogados, por cuanto sus atribuciones se circunscriben a la coordinación con organismos internacionales, agencias de cooperación, conforme a la normativa institucional vigente”. En consecuencia -agregó- “cualquier acercamiento o formalización con actores del sector privado excede el ámbito competencial de esta coordinación”.
“En mi calidad de coordinadora de relaciones internacionales, la naturaleza de nuestras funciones con las relaciones internacionales están orientadas única y exclusivamente a la cooperación o firma de instrumentos con organismos internacionales y sus socios complementarios”, concluyó. La sesión fue grabada, al igual que otras y está disponible en la cuenta de la Judicatura en YouTube.
Sin embargo, el pleno acogió la propuesta técnica del estudio español y dispuso que las direcciones correspondientes elaboraran el acuerdo que garantice no solamente la seguridad, sino también la confidencialidad de la información entregada para el estudio.
Para cuando se autorizó el convenio, Cremades y Calvo-Sotelo informó a la Judicatura que su equipo de abogados ya estaba llevando a cabo “un análisis y evaluación externa e independiente sobre la situación y el encaje jurídico de la unidad judicial de garantías penales especializada en el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado”. El objetivo -según el bufete- era que la Judicatura disponga de herramientas que faciliten la toma de decisiones orientadas a la mejora y el fortalecimiento de estas judicaturas (…). Para su correcta ejecución, el CJ se compromete a colaborar, sin que ello suponga asumir gasto económico alguno”.
En la presentación de su propuesta el bufete español destacó que cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados en el asesoramiento a distintos gobiernos, organismos internacionales e instituciones públicas. Entre otros proyectos mencionaron que participaron en el diseño y la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), por encargo del presidente Bukele, quien la disolvió dos años después.
Luego de que se concretó la supresión de la Unidad, este medio pidió a Caicedo, a quien habíamos entrevistado una semana antes, que confirmara si el informe del estudio español había sido tomado en cuenta para esa decisión. Nuestra consulta fue canalizada a la Dirección de Innovación, que respondió: “El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 187-2026 (firma del acuerdo con Cremades y Castro-Sotelo) en función de los informes técnicos realizados por las direcciones de Gestión Procesal, Planificación, Innovación y de Asesoría Jurídica. De hecho, los considerandos de la Resolución recogen con claridad los insumos técnicos que la sustentaron, en los que no consta el análisis de esa firma jurídica”.
También pedimos que la Judicatura nos facilitara el informe de Cremades y Calvo-Sotelo, pero no han respondido nuestra solicitud hasta la publicación de este reportaje.
Código Vidrio solicitó una entrevista a la representante del bufete español Todora Toma, quien fue el contacto con la Judicatura para la elaboración del acuerdo de cooperación, y de la propuesta firmada por Santiago Calvo Sotelo. Hasta la divulgación de esta historia no respondió a nuestra solicitud que buscaba esclarecer cuánto habían invertido en la realización de los estudios para la Presidencia y la Judicatura y sus viajes a Ecuador.
Al justificar la decisión de suprimir la Unidad, Caicedo aseguró que no debilitaba la lucha contra el crimen organizado, pues en realidad se trató de una fusión en la que se extendió la competencia a jueces que tienen las mismas capacidades para conocer casos anticorrupción y de crimen organizado, pues los que integraban la Unidad Anticorrupción “eran iguales que el resto”. “Así buscamos elevar la tasa resolutiva, y que en las audiencias en este tipo de delitos se resuelva de manera más ágil”, destacó y agregó que este proceso de selección interna empezará con el nombramiento de cinco ministros de la Corte Nacional, que de hecho ya ha resuelto casos de delincuencia organizada como Metástasis, en el que fue parte del tribunal que dictó la sentencia, en medio de amenazas e intimidaciones que denunció en la Fiscalía.
Al ser consultada sobre el funcionamiento y resultados de la Unidad dijo que en la práctica jueces de otras provincias ya estaban tramitando casos complejos de crimen organizado, por lo cual las vacantes de los jueces anticorrupción serían llenadas con juzgadores temporales de los 222 que serán seleccionados por el pleno del Consejo. No habrá un concurso. La convocatoria es interna y está dirigida a todos los servidores que acrediten al menos cinco años en la Función Judicial, incluyendo los secretarios de los despachos.
Caicedo además destacó que se habían presentado varios conflictos de competencias, que se resolvieron a favor de jueces de otras judicaturas en procesos de delincuencia organizada, fuera del complejo norte, donde trabajaba la Unidad, en Quito.
La eliminación de las dependencias judiciales anticorrupción ha provocado la suspensión de audiencias, reubicación apresurada de jueces, falta de directrices para actuar en los procesos judiciales y un posible incumplimiento de normativas constitucionales, por lo cual ya se han presentado demandas y acciones en la Corte Constitucional. Una de las demandas fue presentada por asambleístas de la Revolución Ciudadana.
La semana pasada, los jueces de la extinta Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, Karol Zambrano y Renán Andrade, también presentaron una acción de incumplimiento en contra de la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo. En el documento indican que con la eliminación de la unidad, la Judicatura incumplió su sentencia constitucional emitida el 19 de septiembre de 2022. En esa fecha, el Pleno dispuso al Consejo que garantizara la independencia y estabilidad laboral de los jueces anticorrupción y dejó claro que al organismo no le corresponde establecer los delitos que ellos deben juzgar.
La magistrada constitucional Alejandra Cárdenas tendrá la última palabra sobre si caben o no las demandas planteadas en este caso.