ENTREVISTA / Byron Uzcátegui fue destituido este martes 27 de octubre por el pleno del Consejo de la Judicatura junto a los jueces Silvana Velasco y Wiler Choez, por haber levantado la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Para el organismo los jueces se excedieron en sus facultades al dar paso a la apelación, por lo cual se determinó que cometieron un presunto error inexcusable. Uzcátegui dice que fallaron apegados a derecho y que analiza varias vías para impugnar la decisión. La directora para la Américas de Human Rights Watch alertó que destituir a los jueces por levantar una prisión preventiva envía un mensaje intimidatorio a todo el poder judicial del país.
Por Arturo Torres
¿Cómo recibió la noticia de la decisión del pleno del Consejo de la Judicatura de destituirlo junto a sus colegas de tribunal, Silvana Velasco y Wiler Choez, por levantar la prisión del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?
-Me llama la atención la manera en que nosotros nos enteramos. Formalmente nunca se nos notificó que nuestro caso sería resuelto en la sesión de este martes. De hecho, yo supe de nuestra destitución porque la información empezó a conocerse en las redes sociales. Además la convocatoria formal se trató en puntos varios. Entonces hubiese sido lo deseable que, con la transparencia del caso, el pleno de la Judicatura nos permitiera asistir a la sesión con la planificación debida, para exponer nuestros argumentos.
¿Entonces, el pleno no les convocó ni notificó que este martes 27 de octubre de 2026 iban a resolver sobre la declaratoria de error inexcusable en su contra?
-No. Diariamente, entiendo que por sus redes oficiales el Consejo de la Judicatura hace este tipo de convocatorias, a las sesiones. En la mañana se anunció un orden del día en el que se trataría resoluciones de ciertos procedimientos administrativos, ciertos sumarios, pero ahí no constaba nuestro caso.
Lo que sí se difundió fue la destitución de los jueces Ivonne Núñez y Francisco Morales, por error inexcusable.
-Seguramente, pero yo no estaba pendiente de ese tema, sino de mi caso; como no lo vi en el orden del día, asumí que no se trataría.
¿Entonces, cómo ve usted este desenlace en el contexto de las actuaciones que ha tenido la Judicatura, destituyendo y sancionando, por diversos motivos, a varios jueces que eran parte de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, que fue extinguida. En su caso es la primera vez que era sancionado por dictar un fallo que fue unánime de los tres integrantes del tribunal, revocando la prisión preventiva contra el alcalde Álvarez?
-Bueno, empezando por lo último, hubiese sido importante que el Consejo de la Judicatura transparente o quizá socialice las razones técnicas que tuvo para suprimir la Unidad de jueces Anticorrupción. Porque hasta donde trascendió, en lo medular, la decisión respondió a un tema cuantitativo. Se indicó que los jueces anticorrupción teníamos menos procesos judiciales tramitados que el resto de jueces penales. Yo creo que esa valoración debía tener algún sustento técnico más sólido, no tan parcial. Es como que en un hospital usted esté comparando que en en el área de neurocirugía tengan solo 10 operaciones semanales y que en medicina general intervengan a 100 pacientes diarios. Entonces por esa diferencia cuantitativa, que no toma en cuenta la complejidad de las atenciones en una especialidad, se decide ponerle al neurocirujano a atender gripes y todo tipo de enfermedades que son tratadas por médicos generales.
¿Cuál es su criterio jurídico sobre la decisión de destituirlo con sus dos excolegas del tribunal?
-Siento que he sido sancionado dos veces porque primero nos impusieron una suspensión de tres meses sin sueldo, tres meses sin poder ejercer la profesión. Prácticamente nos tuvieron en el limbo, hasta que llegó la segunda sanción definitiva, que es la separación de la función judicial. Esta es la primera inhabilitación que tengo en casi 20 años de carrera, no solo en la función judicial, sino en la Fiscalía. Nunca he sido objeto siquiera de procedimientos disciplinarios. Peor aún de sanciones de ningún tipo.
¿Qué ha significado para usted su paso por la Unidad Anticorrupción, y este desenlace por emitir un fallo, en un caso de alto perfil político, que la Judicatura ratificó como muy grave, en función del fallo precedente de una sala de la Corte Nacional de Justicia?
-En lo personal, mi carrera en la función judicial significó una gran experiencia, en verdad. Yo siempre soñé en poder servir como juez. Siempre fue esa mi perspectiva. Empecé desde el puesto más bajo, como pasante en un juzgado. Para mí fue una experiencia enriquecedora. Salgo con la satisfacción de haber cumplido mi deber, en cada uno de los roles a cabalidad. De haber honrado y actuado señido a la ley en todos los casos que yo, ya sea como fiscal o como juez, conocí.
¿Qué acciones tomará respecto a esta decisión, la va a impugnar, intempondrá alguna acción judicial o constitucional, cuál es el siguiente paso?
–Lo primero es dejar claro de que estoy inconforme con lo que ha resuelto el Pleno. Eso es lo principal. Y en esa perspectiva, claro, se abre un abanico de posibilidades jurídicas que tendremos que evaluar con mi abogado una vez que contemos con la resolución escrita.
¿A qué se debe su inconformidad?
–Bueno, en el fondo, lo que se cuestionó siempre en este sumario administrativo fue la existencia de un supuesto error inexcusable. Pero en este caso hay una interpretación que no se sustenta en razonamientos jurídico sólidos, tampoco se apega al ordenamiento jurídico vigente, no está motivada adecuadamente como establece la Corte Constitucional. Es una aplicación absurda de las leyes, que ni siquiera sería capaz de convencer a un estudiante de primer año de derecho. En nuestro caso particular, el entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, estuvo de acuerdo con nuestra interpretación. Se trata de un juez de la más alta corte y de los más antiguos y experimentado. Él destacó que lo que resolvimos se apegaba a derecho, dentro del ámbito de nuestras facultades. Esa discrepancia del magistrado con sus otros dos compañeros de sala que fallaron en nuestra contra evidencia que no cabía la aplicación de un error inexcusable, de una falta grave. Por eso es mi inconformidad, porque decidimos en función de lo que dice la ley y sin embargo hemos sido destituidos.
¿Si es así, si se los destituyó sin una debida justificación jurídica ni motivación, usted cree que se estaría sentando un precedente peligroso para el resto de funcionarios que actúan apegados a derecho, que no fallan como espera el poder político de turno? Su destitución por levantar una prisión preventiva sería un escarmiento, un mensaje intimidatorio para todos los jueces, según alertó este martes Juanita Goebertus, directora para la Américas de Human Rights Watch.
-Conforme los parámetros convencionales del sistema Interamericano de Derechos Humanos, la remoción de los jueces es una medida excepcional. Es una decisión que debe darse únicamente en casos de extrema gravedad, de extrema incompetencia, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia. Justamente los cuestionamientos que se hicieron dentro del sumario administrativo que nos iniciaron era que se podía de pronto ir al campo disciplinario por la vía administrativa. Así nos sancionaron por una interpretación judicial. Entonces es justamente eso lo que en lo personal -le hablo por mí y a mi defensa técnica- nos causa inconformidad, ya que en el sumario administrativo, nosostros expusimos nuestros argumentos, que no fueron rebatidos ni contestados por la Judicatura.
¿Por eso interpodrán acciones ante otras instancias?
–Sí. Por eso tendremos que plantear las acciones que correspondan cuando tengamos la resolución escrita. Porque, en efecto, según los parámetros del sistema interamericano, cuando una destitución de un juez no obedece a estos principios y leyes que he indicado, esto puede conllevar una vulneración a la independencia judicial y a la garantía de un juez autónomo.