La banda de Los Lobos empezó una contraofensiva para sembrar nuevamente el terror en Camilo Ponce Enríquez. Así buscan amedrentar a empresas legales que operan en esta zona de Azuay y volver al esquema de extorsiones, secuestros y asesinatos que fue sistemático hasta el 2024. La semana anterior un sicario intentó asesinar al jefe de seguridad de una empresa legal del grupo Bonanza y a un guardia, que fueron atendidos en el centro médico del poblado y luego trasladados a Machala (foto de portada).
Redacción Código Vidrio
El más reciente hecho que evidencia la arremetida de la banda de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, ocurrió el domingo 5 de abril pasado, a las 21:00. Ese día un sicario intentó asesinar al jefe de seguridad y a un guardia que lo acompañaba, del grupo minero Bonanza, titular de la concesión Mollopongo, que es constantemente asediada por mineros ilegales que operan con Los Lobos. Esta banda criminal está aliada con mafias de la minería que también tienen concesiones, contratos de operación, licencias de comercialización y plantas de beneficio, y operan en varias provincias.
El sicario descargó varios disparos contra Sebastián Barahona y Luis Tacán, mientras se encontraban comiendo en un restaurante, luego de salir de una audiencia en la unidad judicial de esa localidad, a cargo del juez Juan Carlos Romero Blacio.
Barahona y Tacán habían acudido a la diligencia desde temprano en la mañana, puesto que cuatro integrantes de su equipo de seguridad (tres expolicías y un exmilitar), contratados legalmente para dar seguridad a la compañía minera Mollopongo, habían sido detenidos a las cuatro de la madrugada de ese 5 de abril por agentes de la Dirección de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros (Dinased) y del GOE. Fueron aprehendidos mientras dormían en sus habitaciones, en el campamento de la compañía, ubicada en el sector de Bella Rica, en la parte alta de Ponce Enríquez.
En el allanamiento al campamento minero -detalla el parte policial- los uniformados encontraron dos radios Motorola: 1 fusil con nomenclatura Anderson Manufacturing
Esa madrugada los policías, al mando del capitán Alberto Hermosa, junto con el fiscal Pedro Panamá, allanaron el campamento de la empresa minera Mollopongo -parte del grupo Bonanza- y detuvieron a los guardias, encargados de la seguridad de la mina.
Según el parte de la UIAN, los detenidos serían parte de una red de tráfico de armas de fuego y explosivos, integrantes del grupo delictivo Lobos Sao Box, que utilizaba inmuebles en en Camilo Ponce, como centro de acopio de armamento de corto y largo alcance. Ese informe -que no incluye ninguna prueba que respalde esas acusaciones- indica que una de esas instalaciones estaba en el campamento de la empresa, cuya administradora, no obstante, recibió a los policías y les permitió el ingreso a la compañía.
Hebron, KY AM 15, 3 fusiles, con nomenclatura AK-SA Armas K9-9mm pan made in Turkiye. Una base on cargador (sin cable de carga). Una escopeta Lanza gas sin numeración. Una alimentadora con nomenclatura kyung chang ncage de 8n62, con 15 cartuchos calibre 5.56; 4 chalecos antibalas tácticos, 42 cartuchos, calibre 5.56; una alimentadora, con 30 cartuchos calibre 5.56.
Según la empresa las armas no son de fuego sino de fogueo; por lo tanto no serían letales. Ninguno de los cuatro detenidos tienen antecedentes penales, según certificados del Ministerio del Interior, ni existe evidencia alguna de que pertenezcan a la banda de Los Lobos, indicaron sus abogados Óscar Zúñiga y Kuis Uguaña, en la audiencia ante el juez Carlos Romero López, de la Unidad Multicompetente de Camilo Ponce Enríquez. También presentaron los contratos legalizados y certificados de honorabilidad como guardias de la empresa. “No hubo un informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Tampoco un reporte técnico que indique que las armas son de uso militar o policial, que configure un supuesto delito de tenencia y porte ilegal de armas. Caso contrario estaríamos frente a una pena anticipada, ya que los cuatro son trabajadores de la empresa, no delincuentes como indicó el fiscal”, señalaron en la diligencia los defensores.
Sin embargo, al cierre de la audiencia el juez Romero Blacio ordenó la prisión preventiva de los guardias y dispuso que sean trasladados a la cárcel de Guayaquil. El fallo fue apelado por sus abogados, por lo cual será enviado a la Corte Provincial de Azuay, para que revise si la decisión del juez estuvo apegada a derecho, pues en casos similares, cuando el único sustento es el parte policial y las armas incautadas los jueces suelen emitir medidas sustitutivas, ya que los implicados no tienen antecedentes delictivos, indicaron fuentes de la empresa.
La noticia de la detención fue difundida el lunes 6 de abril pasado por el ministro del Interior, John Reimberg. En redes sociales el funcionario dijo que se trataba de integrantes de un grupo criminal y difundió las fotos de los cuatro procesados, aunque el proceso está en la etapa inicial.
Sicario dispara cuatro tiros contra jefe de seguridad
Durante el ataque del sicario, el jefe de seguridad de la empresa, Sebastián Barahona, para la cual prestaban servicios los cuatro guardias, recibió cuatro disparos en la pierna, brazos y en la mandíbula, mientras su compañero recibió dos impactos. Después del atentado, ninguno fue auxiliado por la Policía que no llegó al lugar del atentado. Ambos heridos llegaron caminando al centro médico, ubicado a dos cuadras, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Después de varios minutos al centro llegó un policía por una alerta del ECU-911.
En su informe remitido al jefe policial de Ponce Enríquez el agente indicó que al llegar al subcentro “se tomó contacto con el guardia de seguridad Fernando P., quien indicó que: «escucho varias detonaciones por arma de fuego en la esquina del subcentro, y posterior mente ingresaron dos personas de sexo masculino una por cuenta propia y otro en compañía de una tercera persona quienes manifestaron que se encontraban heridos». Otro testigo corroboró que se encontraba el con las dos personas actualmente heridas, comprando comida en la esquina del subcentro, dónde se percataron que una persona se acercó mismo que saco presuntamente un arma de fuego y realizó varias detonaciones en su contra y que luego debieron llegar al centro caminando, heridos. Luego de los primeros auxilios ambos fueron trasladados al hospital de Seguro en Machala.
La doctora de turno del subcentro Ponce Enríquez, Katherine del Cisne Makilon Minuche y el médico de turno Cristopher Columba, indicaron que los dos heridos se encuentraban en estado crítico. Desde la semana pasada ambos empezaron a recuperarse de las lesiones pero el jefe de seguridad deberá realizarse varias intervenciones en la mandíbula.
Fuentes de Inteligencia dijeron que Los Lobos buscan retomar las actividades criminales de extorsión y explotación ilegal de oro en Ponce Enríquez. Y habrían planificado sus ataques en las minas de varias empresas, sobre todos las del grupo Bonanza que en 2023 ya sufrió varias embestidas criminales en sus instalaciones, que incluyeron el secuestro de decenas de trabajadores, así como pedidos sistemáticos de extorsiones. A partir de entonces esa empresa reforzó su equipo de seguridad y realizó coordinaciones con Fuerzas Armadas, que realizaron una serie de operativos en los que fueron detenidos varios cabecillas y miembros de los Lobos. Entonces la banda se replegó hacia Zamora Chinchipe, donde ha seguido delinquiendo. Hasta el primer trimestre de este año en Ponce Enríquez bajaron los índices de hechos criminales violentos, pero es probable que se reactiven, según estimaciones de Inteligencia con la colaboración de autoridades locales, porque los militares no tienen una presencia permanente en la zona y están realizando operaciones contra la minería ilegal en otras provincias.
