El supuesto líder de una estructura de narcolavado vinculada con CDF tiene orden de prisión, aunque está en España. La agencia de seguridad de EE.UU. emitió una alerta por terrorismo en su contra, según consta en el expediente judicial. La audiencia de juicio contra el resto de implicados, incluidos los hijos del acusado, se realiza en Quito. El grupo intentó dejar sin efecto las órdenes de prisión que se dictó inicialmente contra miembros de la organización, intentando sobornar a tres jueces anticorrupción, que están bajo indagación de la Fiscalía.
Alianza Código Vidrio y Vistazo
No sería coincidencia. La audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada contra 13 procesados en un caso que vincula a los Comandos de la Frontera se reinstalaba en su tercer día. En medio de esa jornada, una masacre provocada por esa organización narcoterrorista quitaba la vida a 11 militares del Ejército, quienes participaban en una operación de control de minería ilegal en el sector de Sardinas, en Alto Punino, provincia de Orellana.
Fue una matanza sin precedentes contra uniformados, por parte del grupo criminal de origen colombiano, que se ha adentrado en Ecuador y Perú, según la investigación transnacional de Ojo Público y Código Vidrio publicada a fines de abril.https://ojo-publico.com/tag/comandos-frontera https://www.codigovidrio.com/code/la-sombra-de-los-comandos-de-la-frontera-se-expande-desde-colombia-a-ecuador-y-peru/
En la jornada de este sábado 10 de mayo, Fiscalía presentaba los medios probatorios contra los 13 acusados. Varios de ellos fueron detenidos la madrugada del 29 de agosto de 2024, mediante operativos simultáneos en las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Orellana.
En los allanamientos conjuntos, en coordinación con la Policía, Fiscalía incautó siete vehículos de alta gama, 29 terminales móviles, 16 armas, municiones, computadoras, 100 mil dólares en efectivo y otros indicios. Según la información policial, los bienes incautados y las cuentas bancarias dentro del sistema financiero ascienden a unos USD 200 millones.
El informe de seguimientos y vigilancias, los reportes telefónicos y el contexto de los diálogos revelan conexiones con tráfico de drogas, armas, sicariato y lavado de activos. Por ello a inicios de septiembre la justicia dispuso su prisión preventiva. A mediados de enero, la Fiscalía pidió la vinculación de cuatro personas más, incluyendo a quien en los diálogos aparece identificado como ‘Gerente’.
Se trata del presunto cerebro de la estructura de lavado de activos vinculada con los Comandos de la Frontera. Él se encuentra radicado en España, “en una zona de alto nivel económico de Madrid, en una propiedad a nombre de una empresa”, según el expediente revisado por esta alianza. A fines de febrero, el tribunal de Alzada de la sala especial para juzgamiento de delitos de corrupción negó el pedido de apelación a la prisión preventiva, presentado por ‘Gerente’ y otro procesado. Este Tribunal está integrado por los jueces Mabel Tapia, Esteban Coronel y Lauro Sánchez.
El delegado de Fiscalía, Roberto Torres, sustentó en la audiencia en la que se tramitaba el pedido de apelación que el posible líder financiero de la estructura tiene movimientos económicos superiores a 5,5 millones de dólares.
“Estados Unidos emitió una alerta por terrorismo relacionada con el acusado”, insistió el delegado de Fiscalía, al aclarar que “se considera que esta persona representa una amenaza significativa para la seguridad nacional e internacional, porque las alertas de terrorismo suelen ser emitidas por agencias de seguridad y pueden implicar acciones como como búsqueda y detención de individuos como este ciudadano”.
Durante la audiencia, su defensa había insistido en que desconocía a los vinculados con la estructura.
‘Gerente’ coadministra dos empresas legalmente constituidas en España. Se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles en Mahadahonda (Madrid), según el proceso judicial. Este expediente contiene las conclusiones del tribunal que ratificó la orden de prisión preventiva en contra de ‘Gerente’, aunque está fuera del país. “Los elementos permiten presuntamente establecer su relación dentro de esta organización criminal como líder, permitiendo el ingreso de fondos ilícitos a su patrimonio, y mediante eso la generación de empresas, la compra de vehículos, la compra de inmuebles que permiten la integración de capitales provenientes de actividades ilegales al sistema financiero nacional, elementos de convicción suficientes para determinar su presunta participación dentro de la actividad de delincuencia organizada, con la finalidad de tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de activos, puesto que se verifica que sus actividades son referentes a la infiltración de capitales provenientes de actividades ilícitas”.
Entre los detenidos a fines de agosto se encuentran dos hijos de ‘Gerente’, quienes en registros del sistema nacional de compañías aparecen como administradores de empresas. El conglomerado societario surgió de un consorcio ferretero constituido en Lago Agrio, en Sucumbíos. La economía de esa provincia ha sido, por décadas, dinamizada por recursos provenientes de actividades ilegales, relacionadas con el narcotráfico. Uno de los motores han sido precisamente los Comandos de la Frontera, y anteriormente el Frente 48 de las FARC, donde ese grupo criminal nació.
A lo largo del proceso judicial, la defensa de ‘Gerente’ argumentó que los ingresos del grupo familiar tienen un origen lícito, por lo que es ilegal la detención de los dos hijos del presunto cerebro financiero.
Desde comienzos de este año se hicieron evidentes los esfuerzos de esta estructura por boicotear y detener el avance del proceso judicial. Primero, en enero, la Policía alertó que desarticuló una red de corrupción que intentaba dejar sin efecto las órdenes de prisión emitidas contra los hijos de ‘Gerente’, pagando sobornos a los jueces de primera instancia. Se trata de los jueces anticorrupción, que inicialmente conocieron el caso: Gabriela Lara, Christian Quito y Jairo García, quienes fueron involucrados en la trama.
La Fiscalía ha denominado este caso como ‘Pantalla’. Los tres jueces, que están radicados en Quito y estuvieron inicialmente detenidos, iban a recibir pagos a cambio de dictar las órdenes de libertad a favor de los detenidos.
En el territorio amazónico del norte ecuatoriano, los Comandos de la Frontera (CDF) buscan mantener la hegemonía en la actividad de narcotráfico, en las distintas etapas de la cadena de producción y distribución.
Derivaron del frente 48 de las FARC. Se integraron a ‘La Constru’, que manejaba los vínculos con distintos carteles. Su líder, el colombiano ‘Araña’, detenido en febrero en Bogotá, armó su estructura de operación. Una figura destacada fue Juan Carlos Chulca, alias ‘Chabalo’, que manejaba el transporte desde Putumayo al Ecuador y a las provincias con salida al Pacífico. Fue detenido a mediados de 2024.
En su búsqueda de hegemonía territorial y para ampliar su portafolio delictivo, CDF quieren consolidarse como actores predominantes en la minería ilegal en Orellana, al sur de Sucumbíos. Y para ello se aliaron con Los Lobos. En tanto los grupos locales de Orellana pidieron protección de Los Choneros. La violenta disputa por el control de minería ilegal, que implica cobro de vacunas y extorsiones, ha dejado al momento casi 80 víctimas entre ambas provincias, en lo que va de este año.
Por lo menos media docena de hechos violentos se han producido en ambas provincias desde inicios del año pasado, en cantones como Joya de los Sachas, en Orellana, y en Lago Agrio, Sucumbíos.
El más violento, descrito como una masacre por el uso de armas de largo alcance y artefactos detonantes, causó la vida de once militares, el viernes nueve de mayo.