EXCLUSIVA/ Esta investigación revela los mecanismos de reclutamiento y la magnitud de la infiltración narco en las filas policiales. ¿Hasta dónde llegaron los contactos de los integrantes de un grupo criminal que traficó 9 toneladas de cocaína a Europa? El cerebro de esta estrategia fue el narcotraficante sentenciado Carlos Zambrano quien mantuvo su red de colaboradores y amigos por más de dos décadas con una fachada de empresario. Eso le permitió conocer a políticos y autoridades, con el fin de obtener información privilegiada y beneficios. Todas esas maniobras le facilitaron el envío de 8,6 toneladas de cocaína a España y Países Bajos. Por su alto perfil fue reclutado como intermediario por un cartel de los Balcanes.
Investigación de Código Vidrio, con el apoyo de Resilience Collaborative
Una estructura narcodelictiva con conexiones en actividades de minería ilegal fue detectada a fines de 2024 mediante un operativo policial transnacional Gibraltar. Lo que no se conocía y hoy revelamos son los intrincados hilos de sus contactos que llegaron a altas filas de la Policía y otras entidades públicas y privadas, así como autoridades gubernamentales. Además esta reportería destapa los niveles de penetración que alcanzó el grupo criminal para contar con la colaboración de decenas de uniformados de unidades antidrogas en los puertos de Guayaquil, algunos de los cuales siguen en servicio activo, bajo investigación. Y pone al descubierto las relaciones de subordinación con un cartel de los Balcanes.
Cuatro figuras fueron cruciales para el envío de la cocaína hacia Europa. El empresario Carlos Zambrano es uno de ellos. Además, tres miembros de la Policía, en servicio pasivo, eran fundamentales en la organización: el coronel Julio Miño del Hierro, exjefe de la Policía Judicial y de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO). También, el sargento Edwin Coque, quien trabajó en la Unidad de investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), y el exagente Carlos S., alias “Sapo” o “Rana”.
Con Zambrano a la cabeza, fueron procesados y sentenciados por delincuencia organizada para narcotráfico Miño, Coque, así como Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear y José Bersoza. En este caso también estuvo procesado Galo Litardo, capitán de Corbeta de la Marina, quien fue absuelto.
Para documentar el mecanismo de penetración, este equipo periodístico revisó, durante seis meses en la Fiscalía, miles de documentos, que incluyen informes periciales, versiones, análisis criminalísticos, asistencias penales internacionales, reportes de la UAFE, contratos. Los cotejó con entrevistas a decenas de fuentes. Revisó la causa judicial foliada en carpetas, tras pedidos de acceso en la Fiscalía. Descubrió que la información más significativa y relevante de este caso no consta en el expediente publicado en el Sistema de Trámite Judicial (SATJE), de libre acceso. Luego, contrastó los datos con fuentes en España y Serbia.
El celular del empresario, un Iphone 6 esconde sorpresas. Entre otras, fotos y videos con uniformados de rangos superiores en reuniones sociales. En otras imágenes aparece junto con empresarios procesados por corrupción en adquisición de insumos durante la pandemia, y también con Rafael Correa, mientras aún era presidente en 2017, en sus últimos meses de gobierno.
Las grabaciones de las escuchas telefónicas, autorizadas por un juez dentro del proceso, revelan los alcances del Zambrano. Organizaba reuniones sociales en su lujosa residencia, con la asistencia de oficiales de la policía. Varios de ellos rindieron versiones ante el fiscal del caso Gibraltar. Algunos coincidieron en que el general de la policía César Zapata estuvo entre los invitados, en un asado, en 2021. Por eso, el oficial, hoy en servicio pasivo, fue llamado a declarar en la Fiscalía, donde admitió haber conversado con el empresario pero negó haber sido su amigo. Esta alianza pidió su pronunciamiento, pero no accedió a conceder una entrevista.
Las escuchas también captaron conversaciones de Zambrano quien menciona que regaló chaquetas de estilo italiano al general en Guayaquil. El oficial fue Comandante de la Policía entre noviembre de 2023 y agosto de 2024.
ENGRANAJE DE LA ORGANIZACIÓN LIDERADA POR ZAMBRANO
El nexo con el clan de los Balcanes
Entre 2023 y 2024 el grupo liderado por Zambrano envió a España y Países Bajos 8,7 toneladas de cocaína, descubiertas en el destino final por las autoridades, ocultas en bultos en contenedores con latas de atún, exportados por una empresa alimenticia, con sede en Manta, Manabí. Otro cargamento, de 664 kilos, fue incautado en Guayaquil. Estas capturas detonaron investigaciones transnacionales y el desmantelamiento de la organización en 2024. Nuevas indagaciones surgieron para determinar quiénes son los líderes.
En una de ellas, agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas con Coordinación Europea (UIACE) han recabado indicios y siguen la pista, con apoyo de policías españoles, del cartel balcánico que financiaba las operaciones hasta el envío desde Guayaquil
En esta ciudad costera operan dos puertos concesionados y ocho terminales portuarias privadas. Manejan en conjunto el 92 por ciento del comercio exterior de Ecuador.
Los documentos revelan que el empresario Zambrano armó la red. Por los hallazgos del expediente Gibraltar, él fue sentenciado por delincuencia organizada para narcotráfico en 2025.
Pero su actividad empezó décadas atrás. En 2002, ya estuvo enjuiciado en un caso de narcotráfico. Se ordenó su captura y estuvo prófugo hasta que el proceso en su contra se diluyó. Entonces se conocieron sus estrechas relaciones con altos oficiales y jefes de la Policía, de la época, que lo cuidaban y trasportaban en vehículos oficiales en Guayaquil y Quito.
Precisamente por ese alto perfil, habría sido reclutado como intermediario de un cartel de los Balcanes, para los envíos desde Ecuador hacia Europa, indicaron a esta alianza agentes que trabajan en forma coordinada con la Unión Europea. Ellos llevan adelante una investigación multinacional.
“Esta organización balcánica controla toda la línea logística del narcotráfico, desde la compra de la cocaína en Colombia, hasta la salida por los puertos de Guayaquil y su llegada a Europa”, explicó el funcionario antidrogas. Los clanes de los Balcanes(incluidos los albaneses, serbios y montenegrinos) se convirtieron en menos de diez años, en los principales protagonistas de la expansión del negocio de la cocaína hacia Europa. Despegaron en el crimen transnacional desde Ecuador por varios factores. El principal es que la demanda de cocaína se disparó en Europa con la llegada de la pandemia del Covid-19.
El grupo liderado por Zambrano, alias “Carlitos”, despuntó después de la pandemia. Siguiendo esa pista esta alianza documentó cómo la estructura penetró en las filas policiales, corrompiendo, esta vez, a unos 40 uniformados en unidades especiales en varios puertos, así como varios militares. Los uniformados cumplen todavía diferentes funciones en las terminales, según un oficial Antinarcóticos. El diagrama que identifica a estos cooperantes y su papel específico para la contaminación de los contenedores en puertos de Guayaquil está incluido en el proceso.
Los policías hoy están bajo la lupa, en una investigación previa que se derivó del caso Gibraltar. Según agentes antidrogas, esta estructura operaría indistintamente para cualquier organización que requiera sus servicios en los puertos.
Contratos con la Casa Militar
La organización liderada por Zambrano combinaba actividades de narcotráfico y lavaba sus recursos en otras empresas, incluida Goldenminerals, dedicada a la minería ilegal, según reveló Código Vidrio https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/. Inicialmente las actividades de este grupo fueron noticia en diciembre de 2024, en el caso denominado Gran Fénix Gibraltar, cuando autoridades de Antinarcóticos anunciaron que una red dedicada al tráfico de cocaína desde Ecuador hacia España fue desarticulada, tras dos años de indagaciones https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/2024-12-16-coronel-policial-prision-delincuencia-organizada-caso-gibraltar-NH8485582. Miembros del grupo delictivo consiguieron contratos con el Estado, aprovechando sus influencias políticas. El que se encargó de cuajar esos negocios en el sector público fue Geovanny Cruz, dueño de un taller de reparación de autos. Entre 2023 y 2024, su principal cliente fue la Casa Militar Presidencial, a cargo de la seguridad del Primer Mandatario. Esta entidad le pagó en ese lapso más de 722 mil dólares por servicios de mecánica automotriz. También tuvo como cliente al Agrupamiento de Comunicaciones y Guerra Electrónica de la Fuerza Terrestre, por más de siete mil dólares.
La trayectoria del empresario
Zambrano, de 63 años, se educó en Quito en un colegio privado regentado por la orden salesiana y viajó a Estados Unidos en la adolescencia. Volvió para graduarse de la secundaria. Su familia tenía una buena posición económica.
En su juventud, a mediados de los 90s llegó al sector camaronero en Cojimíes, al norte de Manabí. Por esos años conoció a altos oficiales de varias unidades especiales, en especial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Quien le presentó a algunos de los oficiales de esa unidad fue un médico guayaquileño que practicaba tiro. Al percatarse de que las condiciones de la unidad eran modestas y rudimentarias, Zambrano hizo una donación de 20 mil dólares para mejoras en las instalaciones, con lo cual se ganó el aprecio y reconocimiento de los uniformados, según recordó un exoficial de esa Unidad.
Sus relaciones salieron a la luz en 2002, en un informe del entonces inspector de la Policía, general Édgar Vaca (+), quien dirigió una investigación interna recabando testimonios de policías en torno al narcotraficante Carlos Hong Mayorga. Meses después el general Abraham Correa fue dado de baja por el presidente Gustavo Noboa por “mala conducta profesional”.
En 2002 Hong fue sentenciado a seis años de prisión por narcotráfico. Lideraba una banda que operaba en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Fue detenido en una mecánica de pintura de vehículos, al norte de Quito, donde se encontraron 122 kilos de cocaína. Tres meses después el general Correa y su ayudante, un capitán, fueron procesados y sobreseídos por la Corte Superior, al igual que Zambrano.
Encuentro informal con Correa
Cuando el remezón pasó, los siguien tes años Zambrano retomó su actividad empresarial e incluso se convirtió en el representante local de dos firmas panameñas. De a poco retomó sus contactos con sus amigos en la Policía y en otras entidades públicas y privadas. Para ponerlos de su lado, apeló al mismo mecanismo. Les entregaba obsequios caros como relojes Rólex, prendas de diseñador, entre otros. Los invitaba a reuniones donde bebían whisky y deliciosa comida.
En su celular, Zambrano guardó cientos de fotos y videos de sus encuentros, algunos fortuitos, con distintas figuras públicas y privadas, con oficiales en servicio activo y pasivo, con uniforme y de civil. En una de ellas aparece con Xavier Jordán, quien está enjuiciado como uno de los autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El 7 de marzo de 2017, a las 20:00, la cámara de su celular registró en vídeo y una fotografía de un encuentro informal con el entonces presidente en funciones Rafael Correa, quien vestía una camisa blanca de lino. Sonrientes, ambos saludan afectuosamente, cruzan unas palabras y se abrazan, luego posan para la cámara de Zambrano. Otros dos acompañantes, hombres, no identificados, se encuentran en el grupo. A sus espaldas, una pantalla muestra un partido de fútbol y el espacio parece ser un bar restaurante, que los analistas no pudieron identificar. Las paredes están decoradas por nombres multicolores de personas, con distintas caligrafías. Esas imágenes, con la fecha en que fueron tomadas, forman parte del proceso judicial. En su declaración, al ser procesado, Zambrano no fue interrogado sobre este hecho. Tampoco se encontraron evidencias de otros contactos o nexos con el exmandatario.
Solicitamos una entrevista con el expresidente Correa, a través del equipo de comunicación de su movimiento en Quito, pero no obtuvimos una respuesta hasta la publicaciòn de esta historia. Correa estuvo en el poder hasta mayo de 2017. Luego abandonó el país y viajó a Bélgica. En Ecuador tiene un sentencia en firme de ocho años de prisión por el delito de cohecho
El tráfico se disparó en plena pandemia
Entre 2019 y 2020, el empresario contactó al entonces coronel de la policía Julio Miño del Hierro. El oficial ejercía por esos años el cargo de director de la Policía Judicial de Guayas. En esas funciones pudo haber borrado el pasado judicial por narcotráfico de Zambrano, según se desprende de la investigación interna en las filas, recogida en un informe policial adjuntado al proceso del caso Gibraltar.
En 2022, en un taller mecánico, Zambrano conoció al sargento de la policía, en servicio pasivo, Edwin Coque. Su cuñada estaba enferma y la esposa de Zambrano le dio apoyo espiritual. Coque se dedicaba a la venta de carros chocados.
La relación de amistad se hizo cada vez más cercana. El sargento retirado, quien salió de la entidad en 2020, le comentó que era amigo de uniformados que trabajaban en la UIPA de la Policía
De esta manera, Zambrano, empezó a coordinar con los dos exmiembros policiales, el coronel y el sargento, que darían la logística indispensable para el envío de cargamentos de droga.
Para ello usaron teléfonos celulares específicos, con la aplicación encriptada Zangi, de origen armenio que era usada por el Tren de Aragua, por sus altos niveles de hermetismo, y que la mafia rosarina había adoptado para sus comunicaciones.
Para ocultar sus actividades Zambrano y Miño del Hierro adoptaron las identidades de dos generales de la Policía y con esos nombres registraron sus contactos en sus teléfonos celulares.
El sargento Coque pasaba a ser el contacto con los policías de la UIPA.
Miño del Hierro se encargaba de la logística relacionada con el envío, para lo cual reservaba un cupo para exportación de contenedores. Cada cupo (booking) tiene un código alfanumérico.
En el proceso judicial salió a la luz que Miño del Hierro, además, ‘manejaba’ dos grupos de policías en puestos estratégicos. El primero estaba liderado por un teniente coronel, con ocho subordinados a su servicio. Y el segundo estaba dirigido por un mayor, con ocho policías a su cargo.
Así se armaba el rompecabezas en el puerto
La modalidad de revisión en puertos consiste en que dos de cada tres contenedores son abiertos, dependiendo de la información de perfilamiento que reciben los policías. Así los agentes confirman con inspecciones apoyadas con canes si existe o no una contaminación con droga, con base en datos sobre cargas reportadas con mayor riesgo.
Miño informaba cuál era el contenedor contaminado (la jerga que usaban es ‘el preñado’), luego de comprobar que la empresa exportadora escogida para el envío era la adecuada. La caja “preñada” no era revisada, gracias al direccionamiento que recibía uno de los policías infiltrados, a cargo del control.
Los policías en puertos se encargaban de abrir los dos contenedores limpios y no inspeccionaban el que contenía la cocaína, ubicado en el primer piso, por orden del uniformado, también cooperante de la banda. Era fundamental coordinar los envíos con los turnosde los policías que colaboraban.
El valor negociado que recibían los encargados de ocultar la droga en los cargueros era 700 dólares por kilo. Se pagaban una vez que el barco estuviera en alta mar, ya que la organización consideraba que en ese punto terminaba su responsabilidad con los clientes finales en Europa.
“La caja preñada nuestra es la que termina en 7120”. Este mensaje aparecía en el celular del excoronel Miño del Hierro. Se refería al cargamento de cocaína que el grupo envió a fines de diciembre de 2023 hacia España.
El cargamento fue detectado en España. Esto motivó un desacuerdo entre los miembros de la organización: ellos creían haber enviado 700 kilogramos de cocaína, pero fueron descubiertas más de seis toneladas.
la Policía refuerza medidas de confianza
El inspector general de la Policía, general Víctor Herrera, explica que ante las alertas de participación de uniformados en las redes delictivas en los puertos para el envío de cocaína la institución ha reforzado medidas de control interno y contrainteligencia para fortalecer la autodepuración.
En particular le preocupa la contaminación detectada entre uniformados de la Unidad de investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA) y el Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC).
“Hay un esquema que estamos aplicando de rotación continua. Los policías que están en unidades sensibles de control antidrogas no pueden quedarse más de un año en un solo puesto. Además deben someterse en ese mismo período a pruebas de confianza como el polígrafo. Si no pasan son separados de la unidad”, destaca Herrera.
También alerta que un problema de fondo es la restitución a unidades especiales de policías que han sido dados de baja por cometer delitos.
“Es muy grave que uniformados sancionados vuelvan a la institución por fallos de los jueces, que estamos obligados a cumplir. Entonces vemos que los niveles de influencia y contaminación de las organizaciones criminales no solo afecta a la Policía, sino a Fuerzas Armadas, a la justicia y la Fiscalía. Todo esto alienta la impunidad”.
“Los más peligroso -advierte Herrera- es que ciertos grupos delictivos también son integrados por expolicías, que conocen bien cómo opera la institución y se encargan de reclutar a personal en servicio activo. El último mes nueve policías han sido asesinados por sicarios en Manabí. Los investigadores estiman que seis tenían vínculos con bandas. Cinco fueron dados de baja y eran parte de unidades antidrogas.
Operadores criminales en empresas de servicios
En Guayquil operan dos puertos concesionados y ocho terminales portuarias privadas, que no tienen las mismas exigencias legales que los concesionados. Manejan en conjunto el 92% del comercio exterior de Ecuador. Las terminales concesionadas son Posorja DP-World y Contecom, que tienen contratos con el Estado, el cual regula sus operaciones de seguridad y establece obligaciones para el control. Estas facilidades concentran los envíos más grandes de carga al exterior, especialmente frutas y productos del mar. Entre los puertos privados más importantes destacan: TPG (Terminal Portuario de Guayaquil), Naportec (Bananapuerto), Fertisa y Trinipuerto. Aunque en todos hay presencia de unidades antinarcóticos, solo las terminales concesionadas tienen obligaciones contractuales para cumplir exigencias legales, el resto se rige por actos administrativos de la Autoridad Portuaria.
Fuentes de Antinarcóticos indicaron que hay casos de contaminación en la mayoría de puertos, tanto concesionados como privados, donde el problema es recurrente: en varias terminales se han detectado cooperantes internos, reclutados por organizaciones del narcotráfico.
En especial -según coinciden un oficial de la Policía y dos jefes de seguridad portuaria- un grave problema son las empresas privadas de seguridad y de servicios como alimentación que también han sido infiltradas. El personal fue reclutado para facilitar los ilícitos de las bandas. En junio pasado, en uno de los puertos fueron despedidos 20 trabajadores identificados como operadores delictivos, según fuentes portuarias. Este mecanismo se consolidó en el contexto del incremento de la producción y demanda de cocaína a escala global. Ecuador se volvió un eslabón en esa cadena por sus características únicas: la ubicación geográfica de este país, entre Colombia y Perú, los más grandes productores de esa droga; y, una economía dolarizada desde el año 2000, que facilitó el flujo y lavado de dinero del narcotráfico en la economía formal.
Las conversaciones con el General
El empresario vivía en la urbanización Bonaire, Samborondón, con su esposa María Auxiliadora. Ambos se casaron muy jóvenes: de eso hace más de 43 años. Ella revelaría, en el juicio por delincuencia organizada que fue víctima de maltrato psicológico. Sufría de depresión y estaba medicada.
Daba terapias de sanación para familiares de policías con enfermedades crónicas. El empresario aprovechó esta práctica para estrechar vínculos con los uniformados.
Otro método de enganche eran las invitaciones a reuniones y fiestas en su residencia. Allí acudían policías de distintas jerarquías, incluidos coroneles y generales, vestidos de uniforme y también de civil.
Uno de los conocidos de Zambrano era el entonces general de la Policía César Zapata Correa. Fue ascendido al cargo de comandante de la Policía el siete de octubre de 2023. Estuvo en funciones hasta agosto de 2024, en los gobinernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
En el curso de la investigación fiscal se determinó que Zambrano habló varias ocasiones con el general Zapata. “A veces hablábamos, comíamos, nos reuníamos. Nos reíamos”, declaró Zambrano, al ser interrogado por el fiscal Fernando Guerrero.
En una llamada telefónica, que fue interceptada en el caso, Zambrano fue grabado mientras conversaba con alguien, a quien le menciona que “sería bueno llevarle unas levas (chaquetas a Zapata) porque sale seguido en televisión”.
Cuando el empresario fue interrogado sobre esta conversación, por el fiscal, mencionó que tenía amistad con el dueño de un establecimiento de ropa de caballero, y que le facilitó al oficial unas chaquetas, “como cortesía, por amistad”. Aclaró en su versión que el general no tenía ropa de civil. En esa declaración, afirmó que Zapata recibió las chaquetas y que no necesitaron arreglo alguno, pues le quedaron a la perfección. El exclusivo almacén confecciona ropa a la medida, con líneas diseño italiano en Guayaquil.
El oficial negó relación alguna con el empresario
Zapata fue llamado a declarar en Fiscalía. Negó una relación de amistad con el empresario. De hecho, afirmó que bloqueó su contacto, para no recibir sus llamadas. Aclaró que su trayectoria policial de más de 35 años fue limpia y nunca tuvo relaciones comerciales, ni de otro tipo, con él.
Pero Zambrano contradijo al excomandante. A fines de enero de 2024 –cuando Zapata era comandante de la Policía- mantuvieron una conversación telefónica, que también fue interceptada y motivó varias preguntas del Fiscal.
De acuerdo con el empresario, un mayor de la Policía le pidió concretar el pase de una uniformada, de una provincia a otra, ya que se trataba de una colega embarazada, que además es hija única, y que fue trasladada a un sitio distante. Para lograrlo, Zambrano dijo que habló con Zapata, personalmente, en el almacén italiano de ropa de caballeros, donde se reunieron.
“Él hizo el pedido, habló por teléfono, no sé si con el director de Personal, o alguien más. A los 20 minutos recibió la respuesta de que el cambio no era posible, porque esa uniformada tenía dos alertas críticas en la Unidad Antinarcóticos. Había pertenecido a la UIPA”. Ésta es la Unidad antidrogas de Puertos y Aeropuertos.
Zapata afirmó que en su “larga y reconocida trayectoria mantuvo tratos amables con muchas personas”, por cuanto “mi trato cotidiano fue cordial, amable y gentil”.
Reconoció haber conversado con Zambrano, el 25 de enero de 2024, cuando estaba al frente de la Policía. Insistió que se trataba del pedido para otorgar seguridad y protección a una autoridad pública. Citó el nombre de Hugo González, quien por esas fechas presidía la Corte de Justicia de Guayas. Meses más tarde el servidor judicial fue destituido por colaborar con el crimen organizado, del cual recibió favores y hasta ‘panes de pascua’.
No obstante, el oficial negó haber conocido a González y aclaró que no recibió petición alguna para concretar el pase de la uniformado a la UIPA.
Con Zambrano -dijo Zapata- “mantuve conversaciones triviales, como cualquier otro conocido me pudo haber llamado, y dichas conversaciones nunca se llegaron a plasmar”.
Parrillada entre amigos en la residencia en Bonaire
Durante el juicio, el mayor de la Policía Jorge Cortez rindió su versión sobre las circunstancias en las cuales conoció al empresario Zambrano.
En 2021 Cortez fue trasladado a Guayaquil para realizar el curso de ascenso del grado de capitán a mayor. “Durante el minuto cívico me dieron la disposición de dar un discurso sobre redes sociales y la injerencia en la Policía”, explicó el oficial, quien es especialista en ciberinteligencia y monitoreo de redes sociales.
Al término de evento le dijeron que Zapata, entonces jefe de la Zona 8 de Guayaquil, Durán y Samborondón, quería plasmar ese discurso en un proyecto ejecutable para ese distrito. Con ese fin debía trasladarse al Cuartel Modelo para concretar una reunión. Sin embargo, la cita se postergó por la agenda apretada del jefe policial.
Luego de las seis de la tarde, tras esperar en vano, Cortez recibió la orden de dirigirse a un domicilio particular, en la urbanización Bonaire, según declaró el mayor.
Llegó a la ubicación que le enviaron. “Allí estaban otros ciudadanos, creería que son oficiales en servicio pasivo, muy antiguos para mí (…). Fui recibido por el dueño de la casa que posteriormente conocí que se llamaba Carlos Zambrano. Estaban el ayudante de mi general (Zapata), su secretario, otros oficiales, mi persona y su seguridad; habían preparado una parrillada”.
“Después de conversar varios temas en los que yo no participaba, políticos, deportivos, jocosos, el general (Zapata) me manifestó: ‘Explíqueme cómo es el tema y discúlpeme la informalidad, aquí estamos entre amigos’”.
Cortez afirmó que detalló su proyecto durante aproximadamente 30 minutos y se retiró de esa residencia.
Reconoció que luego, en el transcurso de varios años, se encontró con Zambrano tres veces más en eventos deportivos y sociales en Guayaquil, Manabí y Quito. En uno de ellos coincidieron mientras comían en un exclusivo restaurante italiano.
También detalló un encuentro fortuito con el excoronel Julio Miño del Hierro, procesado y sentenciado con Zambrano, en el mismo restaurante en el centro norte de Quito, donde coincidieron con sus esposas. Cortez mencionó que acostumbra visitar ése y otros sitios los jueves, una vez por semana, con su grupo de amigos.
Cuando el fiscal le preguntó a Zapata por qué le presentó al mayor Cortez a Zambrano, respondió:
“Yo no le presenté al mayor al señor Carlos Zambrano, yo no le presenté”.
A continuación, el abogado del excomandante interrumpió el interrogatorio. Dijo que su defendido ya no respondería más preguntas del fiscal, ni de ninguna de las partes. La diligencia terminó ese momento intempestivamente.
Contactamos a Zapata para saber cómo conoció a Zambrano y sobre la reunión en su domicilio. “Lo que conocía lo dije. No puedo atender su entrevista. Gracias”, respondió en un mensaje escrito desde su celular.
Otros uniformados de distintas jerarquías fueron llamados por fiscalía a declarar. Uno de ellos, perteneciente del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) afirmó que Zambrano le fue presentado en 2021 por dos de sus superiores en servicio pasivo. Dijo que conversó varias veces con él, quien tenía preocupación por temas de seguridad. Zambrano se enteró que el jefe directo de este uniformado intentaba lograr un traslado al exterior y se ofreció para conseguir el cambio, sin éxito. El policía afirmó que el empresario lo invitó a su cumpleaños, que empezaría desde la tarde, pero recién llegó en la noche, por sus obligaciones laborales. Detalló que en el festejo encontró a varios oficiales de la Policía, que vestían de civil. Uno de ellos era el entonces general Zapata.
Sentenciados con penas reducidas en el caso Gibraltar
El ex policía Carlos S. C., quien era conocido como ‘Rana’ o ‘Sapo’, no fue vinculado al proceso. Cuando el cargamento de más de seis toneladas fue descubierto en España, los miembros del grupo dieron señales de alarma. Uno de ellos afirmó que había recibido amenazas de muerte por parte de ‘Sapo’, quien se sintió traicionado, al enterarse que la cantidad de droga enviada era diez veces más grande de lo que él conocía. Surgieron dudas de que alguien del grupo estaba coordinando a espaldas del resto otros envíos de cocaína. No fue procesado, por razones de tiempo, pues las pruebas en su contra aparecieron en la última etapa del juicio.
El primer desenlace del caso Gibraltar ocurrió en diciembre de 2025. Siete de los implicados fueron sentenciados. Dos de los principales responsables recibieron penas reducidas, bajo el argumento de que en la fase crucial de la investigación fiscal revelaron información trascendental para esclarecer el caso. Se trata de Carlos Zambrano, condenado a dos años y cuatro meses de prisión, “aplicando el principio de favorabilidad y el atenuante trascendental”, y de Julio César Miño del Hierro, que también recibió una pena de dos años y cuatro meses, por su cooperación con datos que abrieron otras líneas de investigación.
Bajo esas mismas consideraciones atenuantes, el resto de implicados: Laureano Alvear, Geovanny Cruz y Edwin Coque, fueron sentenciados a 20 meses de cárcel, mientras José Berzosa y Juan Pablo Calle recibieron las penas más altas, de cinco años, aunque su papel en la estructura criminal fue más bien secundario, como operadores. Pese a la magnitud de esta operación transnacional la Fiscalía no abrió una investigación de lavado de activos, con la base de un delito precedente de narcotráfico, para tratar de recuperar las ganancias que tuvo la red, destacaron los agentes antidrogas.
Zambrano, según informes del sistema financiero, registra 20 propiedades, adquiridas en Samborondón, Pedernales, Buena Fe y Quito. Entre 2020 y 2024 tuvo ingresos por $311.410. El coronel Miño ha seguido recibiendo su pensión de oficial retirado de la Policía. Entre 2020 y 2025 recibió pagos de la institución por $257.584. En sus cuentas tuvo ingresos por $408.122.
La radiografía de esta estructura y sus mecanismos de penetración revela la importancia que los últimos años han cobrado los intermediarios para los clanes de los Balcanes. Sobre todo, después de que se impusiera el requisto de un visado para los albaneses, y del fortalecimiento y coordinación de operaciones transnacionales entre la Policía de Ecuador, Europol y otras agencias internacion ales antidrogas.