La mayoría de sentencias por delincuencia organizada promedia los dos años y solo alcanza a los eslabones más débiles de la cadena. Los miembros de bandas usan procesos abreviados o juicios rápidos para reducir sus penas. Las economías ilícitas y sus cabecillas tampoco han sido desarmadas, siguen intactas, según un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
Redacción Código Vidrio
Las penas que se imponen por delincuencia organizada (DO) son bajas. La mayoría de estos procesos es sancionado con condenas que no superan los dos años de cárcel, pese a que la ley establece penas que van desde los 5 a los 10 años de prisión.
¿Por qué la norma no se acata? El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) realizó un estudio sobre la delincuencia organizada en el país. Analizó las sentencias que se emitieron por este delito entre 2015 y 2020. La muestra para el análisis fue de 149 procesos por este tipo de delito.
En el 56% de esos casos, los acusados fueron sentenciados a través de un proceso abreviado o juicio rápido. Optaron por un benefiicio normativo que se basa en admitir su culpa para obtener una reducción importante de la condena.
Para el Observatorio estos hechos dan cuenta de que en el país existe una “utilización excesiva del procedimiento abreviado, lo cual facilita un esquema de corrupción ante blancos estratégicos criminales que negocian para acceder a este tipo de proceso”.
Por ende, se requiere una actualización de la política criminal, alertan expertos del Observatorio. Especialmente, se recomienda reformas de tipos penales para estas alternativas y evitar la impunidad.
En el informe apenas un 11% de los casos es sancionado por la vía ordinaria. Su proceso se basó en una investigación fiscal. Más del 85% partió de un informe policial. Por esa línea tampoco se sanciona a los sospechosos con penas altas. La mayoría recibe una sentencia de 5 a 6 años, que son las condenas mínimas.
Eso significa que en Ecuador cada vez es más difícil tener una pena en contra de las personas que se unen para cometer delitos graves. Al final en buena parte de los casos solo se condena a un integrante de la organización, recalcó Renato Rivera, uno de los responsables del informe del OECO.
§ En la lista de ilícitos enmarcados como delincuencia organizada están la extorsión, los secuestros, los sicariatos, los robos con armas de fuego, la estafa, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, el peculado y el narcotráfico. §
El narcotráfico es el delito de mayor incidencia. Según las estadísticas del Observatorio, el 64% de los casos por DO tiene relación con tráfico de drogas. Además, la mayoría de sentencias fue para los colaboradores de las estructuras criminales, no para los cabecillas. Para estos últimos, el Código Penal establece sanciones que van entre los 7 y los 10 años de cárcel. Por eso Alicia Contero, otra de las encargadas de presentar el estudio, advirtió que el fenómeno del narcotráfico sigue fortaleciéndose, dentro y fuera de las cárceles.
Miles de procesados, pocos sentenciados
Código Vidrio accedió a una base de datos de la Fiscalía. Allí se indica que desde el 2014 (año que entró en vigencia el COIP) hasta octubre del 2022, han sido procesadas por tráfico de drogas 59.720 personas.
Pero las cifras de sentenciados no llegan ni al 50%. Las estadísticas muestran que 29.174 personas recibieron una condena. El resto está en otras etapas como investigación previa, instrucción fiscal o en juicio.
Según los reportes de Fiscalía, hay casos que llevan en los juzgados nueve años y no han podido ser despachados. Un ejemplo es lo que sucede con los procesos del 2014. Ese año se judicializaron a 657 personas, pero hasta finales del año pasado solo 396 fueron condenados. El resto está libre por la caducidad de la prisión preventiva, otros han sido sobreseídos o simplemente sus casos están represados.
El año con más detenciones por tráfico de drogas fue el 2021. Hubo 9.010 detenidos, pero apenas fueron sentenciados 3.244. Los procesos son lentos, los datos lo corroboran. Entre 2017 y 2019 el tiempo de resolución de las causas era de 13 meses. En 2020, aumentó a 32 meses.
El OECO señala que para conseguir penas por casos de narcotráfico se debe esperar hasta 24 meses y por lavado 20 meses.
Entre sus conclusiones, el informe indica que “el aumento de causas, sumado a un incremento en la temporalidad de resolución de casos, genera un efecto de impunidad ante el crimen organizado”.
Las mafias con sus fortunas intactas
Otro factor que llama la atención es es el alto nivel de impunidad económica para los imputados. Del análisis, entre 2015 y 2020, en el 70% de las causas no se solicitó medidas cautelares de bienes, retención de cuentas bancarias u otros mecanismos para desmantelar las economías criminales.
Un claro ejemplo son los operativos que se realizan en haciendas o terrenos donde la Policía encuentra droga. Los fiscales generalmente acusan a los detenidos, pero no toman acciones sobre los bienes que fueron utilizados para esconder los cargamentos. Incluso, en esos bienes se han encontrado pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves que llevan la droga a Centroamérica o EE.UU.
Uno de estos casos ocurrió en febrero del 2020. La Policía incautó 696 kilos de cocaína en una hacienda en el cantón Pueblo Viejo, en Los Ríos. Los agentes confirmaron que en el predio había una pista ilegal. También encontraron autos, dinero y armas.
Pero en el juicio solo fueron incautados estos últimos elementos y la droga. La hacienda no fue retenida, ni expropiada.
Policías de Antinarcóticos dicen que es difícil que el Estado tome control de esos bienes porque en su mayoría son de personas que no están relacionadas con los detenidos. O en otros casos, como las pistas clandestinas, no se conoce a los dueños de los terrenos.
Eso ocurrió cuando la Policía encontró tres toneladas de droga en una pista clandestina en agosto del 2020. El cargamento estaba en unos terrenos de Manantiales, en Manabí.
La pista estaba en una zona selvática, cuyos propietarios se desconocen. Lo único que pudieron hacer fue destruir parte del campo, inutilizarlo. Lo mismo hicieron con otra pista en Jama. Allí tampoco se obtuvo la identidad del propietario, en junio del 2020.
Escasos bienes y cuentas se incautan
Los casos evidencian que en general la Fiscalía no ha podido incautar los bienes o las cuentas bancarias de los procesados. Apenas en el 30% de los casos los fiscales pidieron a los jueces mecanismos para inmovilizar los dineros de los sospechosos y sus estructuras. Sin embargo, se comprobó que, de ese menor porcentaje, solo en el 7% se evidenció un comiso real de los bienes.
El resto eran medidas para hacerse con el control de los objetos o bienes que fueron incautados durante los operativos de detención, en la flagrancia. Entre la lista de esos bienes están celulares, computadoras, cheques, dinero en efectivo, motos y vehículos. Es decir, artículos de menor cuantía. Así en Ecuador hay una impunidad económica real del 93% en casos de delincuencia organizada.
La corrupción de funcionarios judiciales empeora el panorama. Uno de los casos más claros y polémicos fue la devolución de una mansión a la familia de Leandro Norero, financista y coordinador del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.
Él fue detenido en mayo del 2022. La Fiscalía incautó una casa ubicada en una urbanización del kilómetro 8,5 de la av. Samborondón. Su valor sería de USD 2,4 millones. Ahí se hallaron unos USD 6 millones en efectivo, lingotes de oro y otros artículos.
Un mes después, la casa que estaría a nombre de la esposa de Norero fue devuelta por orden del juez Ángel L. de la unidad judicial de la Concordia, en Guayas. Ahora, el magistrado es indagado por ese hecho.
Clanes familiares y policías traquetos
La Fiscalía descubrió que Norero cometió los delitos con cooperación de miembros de su familia. Por eso, fueron procesados por lavado de activos dos de sus hermanos y su madre. El proceso aún está en trámite.
Pero en Ecuador esta no sería la única familia que se organiza para delinquir. El informe del OECO señala que en al menos el 34% de casos se evidenció la participación de familiares del círculo cercano o ampliado, especialmente en las provincias costeras.
Antinarcóticos también lo confirma. En la mayoría de casos de ecuatorianos detenidos por el transporte de droga en alta mar hay familias enteras. “Son familias que se dedican a la pesca, reclutadas por los narcos. Una vez que ingresa un miembro, le siguen los hermanos, cuñados, sobrinos y esposos”, indica un agente.
En Carchi y El Oro, en cambio, las familias se unen para el contrabando.
Otro dato alarmante es la participación de policías en bandas delictivas. En 1 de cada 10 casos analizados de DO en la muestra existe la colaboración de un policía en servicio activo. La mayoría de uniformados (85%) se relaciona con narcotráfico.
Provincias fronterizas con alta impunidad
La mayoría de casos se concentra en Guayas y Pichincha, con el 70% de procesos.
En el resto del país hay porcentajes inferiores al 8%. Extrañamente en esa lista aparecen Esmeraldas, Sucumbíos y Los Ríos. Todas acumulan el 6% de las causas, a pesar de ser zonas fronterizas, con tasas representativas de homicidios por disputas de poder del narcotráfico y otros delitos. La impunidad es elocuente y destaparía un problema de corrupción sistémica en el sistema judicial.
También llama la atención el alto índice de sobreseimientos de imputados en Manabí, Cotopaxi y Sucumbíos, concluye el informe.
