Petroecuador impulsa una demanda por supestos delitos, incluida la adulteración de documentos públicos, dentro del proceso de emergencia que adjudicó la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina. En enero, ese acuerdo fue anulado por el gerente Gonzalo Maldonado, quien extendió la contratación con Seguros Sucre por cuatro meses.
Redacción Código Vidrio
Una serie de irregularidades, incluidos supuestos delitos de adulteración documental, investiga la Fiscalía, sobre la base de una denuncia presentada por las autoridades de Petroecuador, por la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina.
La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, el 26 de enero pasado en la Fiscalía general, en calidad de procurador del gerente de la petrolera, Gonzalo Maldonado.
Los hechos investigados giran en torno a la adjudicación del contrato de una póliza de cobertura de riesgos, por 53,4 millones de dólares, a Hispana y Latina, en diciembre pasado, a través de un proceso de emergencia.
Tras un proceso que arrancó en julio del 2020, Petroecuador se declaró en emergencia y contrató a ambas firmas aseguradoras, dejando a un lado a la estatal Seguros Sucre, que desde el 2014 era la encargada de las coberturas.
Pero el 15 de enero, pocos días después de asumir el cargo, Maldonado decidió terminar la emergencia y la contratación de la póliza de todo riesgo y responsabilidad civil. Luego expidió una nueva extensión del contrato con la estatal Sucre, por 120 días, por de 8,7 millones de dólares.
La decisión del Gerente fue impugnada por abogados de las aseguradoras ante un juez que falló inicialmente a su favor, otorgándoles medidas cautelares que suspendieron la declaratoria de nulidad. El pronunciamiento fue apelado por Petroecuador, que logró que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas levantara la medida cautelar y extendiera el plazo de vigencia de la contratación de los seguros con Sucre, por 90 días, según fuentes de Petroecuador consultadas por este medio.
Maldonado extinguió el contrato con base en un informe jurídico, entregado el 15 de enero pasado por el procurador de la empresa, Jaime Alarcón, quien le recomendó que anulara la declaratoria de emergencia PGG 2020267. En las primeras semanas de ese mes, tanto la Contraloría como el Sercop y la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, enviaron sendos informes y alertas sobre las supuestas irregularidades e incumplimientos legales en la contratación.
El informe jurídico de Petroecuador fue contrastado con un reporte preliminar de la Contraloría. Estableció, entre otras cosas, inconsistencias, especialmente en los certificados de respaldo de reaseguros (otorgados por empresas internacionales). Algunos de ellos se refieren a un proceso de licitación distinto, no al de Emergencia. Además, esos documentos tienen fechas que no concuerdan con los que fueron incluidos en el proceso emergente.
Según el procurador de Petroecuador, tampoco se ha podido verificar en el contrato la existencia de la comunicación a la que se refiere el oficio No. SERCOP-DSP-2020-6544-OF, de 8 de diciembre de 2020, de la Directora de Supervisión de Procedimientos del Sercop. Este documento se refiere a la intermediaria de reaseguros Afl Insurane Broker, lo cual también fue alertado en la comunicación de hallazgos del examen preliminar de la Contraloría.

En el informe jurídico se alertó, además, que no se cumplió con las disposiciones para emitir el estado de Emergencia en la petrolera, que marcó el inicio del convenio con las aseguradoras privadas. Es decir que no se cumplían las condiciones para este tipo de contratación, y que no ameritaba una emergencia.
Los representantes de las aseguradoras privadas han insistido en que la adjudicación cumplió todos los parámetros legales exigidos por Petroecuador en la emergencia y que la nulidad fue completamente arbitraria, por lo cual la impugnaron en los tribunales.
Código Vidrio accedió al informe jurídico de la petrolera, casí como al de Contraloría. En este último reporte se especifica que Hispana debía entregar a Petroecuador las confirmaciones de reaseguro y notas de cobertura originales y apostillados que demuestren la colocación del cien por ciento (100%) del reaseguro. Pero eso no ocurrió. “Hasta la fecha de esta comunicación de resultados no se tiene evidencia de su cumplimiento”, indica el reporte preliminar.
La certeza documental de que se cuenta con el reaseguro -de una empresa internacional de reaseguros domiciliada, en este caso, en Inglaterra- es vital para cubirir el pago de siniestros. La empresa aseguradora local no está en la capacidad económica para hacerlo.
En la revisión de los documentos previos a la firma del contrato, los auditores establecieron que “únicamente se presentaron copias simples -no los originales como señala el contrato- suscritas por los reaseguradores, que en conjunto alcanzaron el 83,5% del riesgo cedido (500 millones de dólares por evento), incumpliendo lo establecido en las condiciones técnicas de la contratación”.
Posible falsificación en respaldos de reaseguros
Estos y otros elementos, según el análisis legal, no solo ameritaban declarar la nulidad, sino la investigación de de una supuesta falsificación y adulteración de documentos públicos.
El 26 de enero pasado, Maldonado pidió que se formalice una demanda penal en la Fiscalía que hoy está en trámite. La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, abogado de Petroecuador.
En esa denuncia se indica que en los archivos de Petroecuador no se encontró la documentación original y de soporte del acuerdo. Que los certificados del supuesto reaseguro, emitidos el 14 de diciembre del 2020, eran distintos a los originales presentados el 30 y 31 de diciembre del año pasado y solo estaban en español. Son distintos a los originales -en inglés- apostillados con fechas 30 y 31 de diciembre. Incluso tenían las firmas de otras personas. La rúbrica del certificado no corresponde al original de Mark Stuart Ritson: el documento está suscrito por Toby Esser.
14 certificados de resplados de los reaseguros de firmas internacionales se expidieron antes y después del 14 de diciembre, cuando se registraron los documentos apostillados oficialmente, destaca la denuncia.
Pese a las irregularidades, que evidenciarían incluso el cometimiento de posibles delitos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea investigó el caso, por pedido de la asambleísta saliente del PSC, Mercedes Serrano. Según la legisladora, el acuerdo firmado con Sucre habría atentado contra las normas de la contratación pública, en perjuicio de Hispana y Latina. Sucre ha sido un contratista privilegiado, en perjuicio de otras empresas privadas en Petroecuador, según Serrano.
Una de ellas es que supuestamente Sucre aceptó pagar la póliza de un siniestro, cuando su acuerdo no estaba ni siquiera firmado. Adicionalmente, que se extendió un nuevo contrato con la aseguradora a pesar que debe a Petroecuador 33 millones de dólares, lo cual impediría cualquier adjudicación a su favor. Esto, no obstante, es desmentido por las autoridades de la estatal, quienes aseguran que la deuda de Sucre aún debe ser definida por un peritaje y orden judicial. Es decir que legalmente la empresa no es deudora.
Mientras corre el plazo de 90 días que la Sala Civil de Guayas otorgó para extender la contratación con Sucre, Petroecuador deberá iniciar un nuevo proceso para adjudicar los seguros, lo cual recaerá en funcionarios del nuevo gobierno.
A pocas horas de finalizar su gestión, la Comisión de Fiscalización del Legislativo calificó este miércoles 12 de mayo la solicitud del juicio político en contra del ministro de Energía, René Ortiz, por las supuestas irregularidades en la contratación de seguros en Petroecuador. La decisión es inviable, pues los asambleístas terminan este jueves su labor, y el ministro Ortiz dejará el cargo hasta el 24 de mayo próximo.