37 funcionarios, entre médicos y administrativos, eran parte de la red que robaba y clonaba documentos para vender carnets de discapacidad, desde 2014. Operaban en casas de salud de Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo y Quito. Los certificados costaban entre 2.500 y 3.300 dólares y se obtenían en un solo día. Las sospechas de corrupción se extienden al Conadis, que hasta el 2013 otorgaba ese documento. Precisamente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, fue denunciado por poseer el carnet, que certifica su supuesta discapacidad visual del 81% y obtuvo en 2009. Para obtenerlo adulteró un certificado médico.
Redacción Código Vidrio
Era como un servicio express. La obtención de un carnet de discapacidad fraudulento podía tomar un día, para quienes pudieran pagar por él entre 2.500 y 3.300 dólares. Por la vía normal este trámite tarda, con suerte, varias semanas. En otros casos hasta meses, según han denunciado familiares de personas con discapacidad.
Un equipo de diez especialistas audita en el Ministerio de Salud la entrega de estos documentos desde 2014 hasta 2020, tras las denuncias de su uso indiscriminado para acceder a una serie de beneficios y exoneraciones tributarias, que hoy se investigan en la Fiscalía.
Por lo pronto, la investigación en la cartera de Salud ya arroja los primeros resultados. Uno de los más relevantes es que han sido identificados 37 funcionarios públicos, entre médicos, asistentes de salud y secretarias en Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo y Quito. Ellos participaron directamente en el trámite, aprobación y venta de los carnets expedidos de forma fraudulenta.
Los funcionarios, al parecer, eran parte de una red que usaba el mismo patrón, según Rafael Tamayo, quien coordina la auditoría.
Para clonar los respaldos robaban sellos de los médicos de la red de salud y los certificados que expedían para carnets de otras personas con discapacidad.
Las primeras evidencias de la corrupción en la entrega de estos documentos aparecieron, tras la captura de Daniel Salcedo, implicado en negociados en contrataciones de los hospitales del IESS en Guayaquil. Luego de su detención se supo que tenía un carnet de discapacidad con el cual importó un vehículo Toyota Sequoia Platinum en 60.000 dólares, que en el país cuesta 100.000.
Entre quienes obtuvieron el documento para beneficiarse de exenciones sin tener una discapacidad o con rangos mucho menores de afectación hay funcionarios, alcaldes, jueces, asambleístas, futbolistas, abogados…
Fundaciones y clínicas emitieron certificados falsos
Dentro de este esquema también se identificó que varias fundaciones y clínicas privadas se prestaron para dar certificados fraudulentos, que eran adjuntados a los expedientes que servían de respaldo para solicitar el carnet, indicó Tamayo.
Las irregularidades se detectaron en todo el proceso de calificación, que empieza con un diagnóstico de la discapacidad, exámenes que la prueben y establezcan su grado de afectación, y la revisión de médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
Hasta la fecha se descubrieron irregularidades en la entrega de más de 8.000 carnets: 3.000 durante la pandemia, entre marzo y junio, y 5.000 desde 2014 al 2019.
En Guayaquil un solo calificador emitió 4.645 carnets, entre fraudulentos y legales. También se descubrió que entre 2013 y 2019 una epemidemóloga aprobó en dos centros médicos de esa ciudad la entrega de 1.985 carnets sin documentos de respaldo.
Las autorides de Salud han presentado unas 30 denuncias penales en la Fiscalía por adulteración de documentos públicos y delincuencia organizada. En una de las últimas demandas interpuestas los últimos días, a la que este portal tuvo acceso, se detalla que en las investigaciones se estableció que los expedientes de calificación y recalificación tenían información adulterada, con reportes técnicos fraguados, documentos incompletos, puntuación de trabajo social alterada en el sistema informático. En estos casos tampoco se encontraron las justificaciones técnicas para establecer el porcentaje y calificación de la discapacidad.
45%, 51% y 78%, los porcentajes más aplicados
Entre los respaldos hay hojas en blanco o documentos con tachones. En este esquema se expedían carnets con porcentajes recurrentes del 45%, 51% y 78% de supuesta discapacidad, explicó Tamayo. Buena parte se expidió en los hospitales Teodoro Carbo y Luis Vernanza y otros centros de salud de Guayaquil, así como en hospitales de la Policía.
Para las personas con discapacidad o uno de sus familiares, cabeza de hogar, el carnet les permite el acceso a un bono, la exoneración en el pago de impuestos para importar vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, devolución de valores pagados por el IVA, disminución en el pasaje de boletos aéreos, para buses urbanos e interprovinciales y prebendas laborales. El 2019, el Gobierno destinó para estos beneficios 63,3 millones de dólares.
Por eso se volvió un documento muy apetecido para las redes de adulteración, con la participación de funcionarios públicos y operadores privados, que, en algunos casos, enganchaban a los interesados en redes sociales. En Quito, según hemos corroborado, hubo un grupo familiar que se dedicó a ofertar carnets de discapacidad, para la importación de vehículos.
Ante las anomalías detectadas, se decidió la anulación de 2.454 carnets fraudulentos otorgados en la emergencia. Hay 22 profesionales que enfrentan expedientes administrativos por sus actuación supuestamente dolosa durante la pandemia. 29.708 carnets emitidos sospechosos están en revisión, dijo la directora de Discapacidades del Ministerio de Salud Lissete Tapia, en un informe a la Asamblea.
La Asamblea mermó la facultad de control de Salud
Para establecer el perjuicio y las responsabilidades, al Contraloría lleva adelante 59 auditorías. El contralor Pablo Celi informó que a partir de 2018 se reformó el artículo 10 de la Ley de Discapacidades, que impide al Ministerio de Salud extinguir el carnet, si se establece dolo o error en su expedición. La norma también prohíbe exigir la recalificación de una discapacidad, con lo cual se blindaron los documentos entregados de manera fraudulenta y se limitó drásticamente la facultad de control.
Adicionalmente -agregó Celi- desde 2019 el Conadis extendió la vigencia de carnets de discapacidad hasta el 2023.
Pese a que la normativa establece que cada equipo de evaluación de discapacidad debe estar integrado por tres profesionales, en la red de Salud a cargo de estos trámites solo trabajan 631 funcionarios en 397 unidades. Menos de dos profesionales por departamento.
Durante la pandemia los auditores confirmaron que se entregaron 2.283 carnets de discapacidad y 78 personas tramitaron importaciones de vehículos con exoneración de impuestos. Mientras en 2018 con esos documentos se ingresaron 1.479 autos, en el 2019 se importaron 4.022 carros, es decir que hubo un incremento del 162%.
La corrupción se extiende al Conadis
Aunque el Ministerio de Salud expide el documento desde 2013, también se han denunciado irregularidades y posible corrupción antes de esa fecha, cuando el Consejo de Discapacidades, CONADIS, tenía esa competencia.
Hay varios casos en investigación. Destaca el de del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz Larrea.
La consejera María Fernanda Rivadeneira denunció a Cruz por haber obtenido un carnet del Conadis en un solo día presentando un certificado médico adulterado de la Fundación Vista para Todos, con el cual se habría beneficiado de varias exenciones, desde 2009.
El carnet de Cruz le atribuye una discapacidad visual de 81%. Edwin Flores, médico oftalmólogo de esa Fundación, confirmó que ningún certificado ha sido expedido a favor de Cruz, lo cual fue corroborado por Diego Nieto, director de la entidad. “El certificado que presentó Christian Cruz Larrea al Conadis se encuentra adulterado”.
Ayer 22 de julio el pleno del Consejo resolvió pedir la renuncia de Cruz, con los votos de cinco consejeros, por las presuntas inconsistencias en la obtención del certificado. Sin embargo, Cruz dijo que no dejará el cargo, hasta que le «demuestren» con documentos que cometió un acto irregular.
En una encendida reunión, los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, votaron a favor de la moción de María Fernanda Rivadeneira, en la que se pide a Cruz que renuncie a la consejería. El consejero Francisco Bravo se abstuvo y lo defendió.
El pleno también pidió que se remita el expediente a la Fiscalía, la Asamblea y al Presidente de la República, para que se inicien las investigaciones correspondientes.
Delincuencia organizada para robar al Estado, perjudicando a las personas con verdadera discapacidad que no pudieron obtener el carnet.
Irresponsables corruptos no hay otro calificativo si vergüenzas abusadores