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Para los cárteles que controlan el tráfico internacional de cocaína en el Pacífico, el otrora tranquilo océano que rodea las islas Galápagos se ha convertido en una parada vital, estratégica, para abastecerse de combustible, lo que les permite transportar toneladas de droga desde Ecuador continental a Centroamérica y, de ahí, a los consumidores en Occidente, reporta este domingo en un extenso reportaje el medio de Gran Bretaña Sunday Times. Ese viaje sería imposible sin el combustible que proporcionan los pescadores de las islas desde hace muchos años. Las islas no solo son un imán para el turismo mundial, ne medio de los esfuerzos de la Marina y la Policía para controlar una zona enorme, con el apoyo de guardacostas de Estados Unidos. La mayoría de los cargamentos con destino a Estados Unidos se reabastece en Galápagos antes de continuar hacia México o Panamá, surcando el agua a velocidades de hasta 112 km/h, o en embarcaciones semisumergibles que son casi imposibles de detectar con radar. Galápagos se utiliza básicamente como base de apoyo logístico para embarcaciones que transportan narcóticos hacia el norte. Literalmente, llegan como una gasolinera y llenan el tanque.

Por Louise Callagham

Cada mañana, alrededor de las 7:00 a. m., los pescadores zarpan de los puertos de las Islas Galápagos y navegan hacia el océano azul cristalino, entre leones marinos e iguanas que descansan sobre las rocas basálticas. Trabajan en un paraíso: un vasto parque nacional a 965 kilómetros de la costa sudamericana, donde tortugas gigantes pastan como vacas y pingüinos incuban sus huevos en coladas de lava petrificada.

Sin embargo, su cargamento cuenta una historia diferente. Además del hielo para sus capturas, algunos pescadores llevan cientos de galones de combustible, comprado a precios subsidiados, que transportan mar adentro en el Pacífico y entregan a narcotraficantes que les pagan miles de dólares en efectivo. Para los cárteles que controlan el tráfico internacional de cocaína, el otrora tranquilo océano que rodea las Galápagos se ha convertido en una parada vital para abastecerse de combustible, lo que les permite transportar toneladas de droga desde Ecuador continental a Centroamérica y, de ahí, a los consumidores en Occidente, publicó este domingo 14 de diciembre el medio de Gran Bretaña, Sunday Times, firmado por Louise Callagham, quien contó con el apoyo en la reportería adicional del periodista Arturo Torres y del reportero y documentalista mexicano Miguel Fernández. https://www.thetimes.com/travel/destinations/south-america-travel/ecuador/galapagos-islands-drugs-trafficking-qmqmxstw3

Los viajes que realizan los barcos pesqueros con grandes cantidades de cocaína -detaca el artículo-  serían imposibles sin el combustible que proporcionan los pescadores de Galápagos. Ni Ecuador ni sus aliados en la administración Trump, que ha lanzado una ola de ataques contra barcos que, según afirman, transportan drogas en el Caribe y el Pacífico, han logrado detenerlos. Albert de la Huerta, exagregado ecuatoriano del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró: “Galápagos se utiliza básicamente como base de apoyo logístico para embarcaciones que transportan narcóticos hacia el norte. Literalmente, llegan como una gasolinera y llenan el tanque”.

Las ganancias son enormes. En un solo viaje, un pescador puede ganar entre 25.000 y 90.000 dólares vendiendo combustible, en comparación con los pocos cientos de dólares de ganancia en una salida de pesca equivalente.

Las islas, con una población de tan solo 33.000 habitantes, dependen del turismo. En 2024, casi 280.000 turistas visitaron las islas y los esfuerzos de conservación recibieron millones de dólares de donantes internacionales. Sin embargo, los tentáculos de los cárteles han envuelto a autoridades corruptas que facilitan la venta de combustible a los narcos, según fuentes oficiales. En un puerto de las islas, una mañana temprano el mes pasado, Diego, un pescador, explicó al Sunday Times cómo funcionaba el negocio.

«Si eres pescador, un intermediario se acercará a ti y te ofrecerá dinero en efectivo. Si pagas 50 dólares por gasolina, por ejemplo, te ofrecerán 150 dólares, solo para que te adentres en el agua y se la entregues al siguiente eslabón de la cadena. El intermediario entonces envía coordenadas GPS que especifican dónde debe entregarse la carga». Los funcionarios corruptos de las islas, a quienes Diego acusó de estar a sueldo de los cárteles, se llevan una parte de la venta. «Esto es una mafia», dijo. «Todos están involucrados, de arriba abajo». El relato de Diego fue confirmado por fuentes de las autoridades nacionales y municipales ecuatorianas, la inteligencia naval, las fuerzas armadas y la guardia costera, quienes han advertido repetidamente sobre el creciente papel que desempeñan las Galápagos en el tráfico de narcóticos.

Hasta ahora, las islas han sido un lugar excepcionalmente estable en un momento en que Ecuador, una parada crucial para los narcotraficantes, está siendo desgarrado por la violencia. Hace cinco años, Ecuador era la nación más pacífica de Latinoamérica. Sin embargo, los cárteles mexicanos se dieron cuenta de que era más fácil enviar cocaína producida en Colombia y Perú a Ecuador para su exportación por mar que traerla por tierra a través de Centroamérica. Desde entonces, se ha convertido en la nación más violenta de la zona. Daniel Noboa, presidente de Ecuador y aliado clave de Estados Unidos, anunció que el país se encontraba en un estado de conflicto armado interno. La violencia y el narcotráfico han seguido creciendo.

El 70 % de las exportaciones mundiales de cocaína fluyen a través de Ecuador. Alrededor del 65 % de estas exportaciones se destinan a Europa. El resto se dirige a Estados Unidos.

La mayoría de los cargamentos con destino a Estados Unidos se reabastecen en las Islas Galápagos antes de continuar hacia México o Panamá, surcando el agua a velocidades de hasta 112 km/h, o en embarcaciones semisumergibles que son casi imposibles de detectar con radar.

En los últimos años, a medida que la producción mundial de cocaína ha aumentado (según la ONU, aumentó un 34 % entre 2022 y 2023), también lo ha hecho el uso de la ruta de Galápagos.

Las bandas de narcotraficantes también utilizan islas deshabitadas para almacenar drogas en su ruta hacia el norte. El mes pasado, la Armada ecuatoriana encontró más de 1.300 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilo, en un remoto sector de las Galápagos. En la isla Isabela hace dos semanas también fueron fue descubierta encaletada una tonelada de cocaína.

«Las Islas Galápagos son como un almacén», dijo una fuente que trabaja con una banda de narcotraficantes. «Han creado zonas de almacenamiento allí. Allí almacenan la droga y también reciben los cargamentos».

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Cuando el joven naturalista Charles Darwin desembarcó en las costas de las Galápagos a bordo del HMS Beagle en 1835, los picos de los pinzones y los caparazones de las tortugas gigantes le ayudaron a desarrollar su teoría de la evolución. Los esfuerzos para salvaguardar la biodiversidad de las islas han aumentado a lo largo de las décadas: en 1959, el 97% de las Galápagos fue declarado parque nacional y, en 1978, las islas se convirtieron en patrimonio mundial de la Unesco. Sin embargo, la legislación ambiental diseñada para proteger las Galápagos expuso a Diego y a sus colegas a las ofertas de los cárteles, según ha afirmado. Para preservar la vida marina, está prohibida casi toda pesca con cualquier otra cosa que no sea un anzuelo, y, según él, los pescadores no pueden ganar lo suficiente para sobrevivir.

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«[El gobierno] no te da la opción de trabajar», dijo. «Y todos tienen que mantener a su familia. Desafortunadamente, el contrabando de combustible es un trabajo fácil». Los pescadores reciben un subsidio al combustible, diseñado para mejorar sus medios de vida, pero este les ha permitido obtener enormes ganancias vendiendo su suministro a los traficantes. El gobierno afirmó que su consumo de combustible estaba estrictamente monitoreado y que sus embarcaciones estaban equipadas con GPS. Al menos una cuarta parte de los pescadores estaban involucrados en el tráfico de combustible para el narcotráfico, según dos funcionarios que pidieron no ser identificados. Una fuente de inteligencia naval estimó que la cifra era del 65%.

Los envíos de cocaína son transportados en pesqueros que son abastecidos por lanchas en
diferentes puntos de combustible desde Galápagos

“Hay pescadores que literalmente se dedican al contrabando de combustible para venderlo a economías ilícitas. Y viven de eso”, dijo Diego. “Ya no pescan. Y, lamentablemente, el Estado aún no se ha tomado este asunto en serio”.

Estados Unidos se lo está tomando muy en serio, alerta el reportaje del Sunday Times. En el Caribe y partes del Pacífico, la administración Trump ha estado bombardeando lanchas rápidas que supuestamente transportaban drogas. Sin embargo, los esfuerzos para cerrar las rutas de la droga desde Ecuador han fracasado. Un plan para abrir una base estadounidense en las Islas Galápagos y en Manta, en la costa de Ecuador, que según sus partidarios proporcionaría supervisión a la inteligencia estadounidense para combatir el narcotráfico, fue rechazado por los votantes ecuatorianos en un referéndum el mes pasado. En las Islas Galápagos, muchos se niegan a hablar sobre el papel de las bandas de narcotraficantes y los problemas sociales, incluida la corrupción generalizada, que han explotado. «La cuestión es que si los turistas supieran lo que está pasando, se irían a otro lugar», dijo un alto funcionario. “Así que los que mandan aquí ocultan la realidad de lo que está pasando.

Galápagos es la joya del turismo ecuatoriano. Si el mundo supiera lo que realmente está sucediendo, querría cambiarlo y mejorarlo. Pero los responsables aquí no lo saben. Porque todos están involucrados y no les conviene cambiar.

Reporte adicional de Arturo Torres y Miguel Fernández

Los Choneros, que son el grupo delictivo hegemónico en Manabí, están relacionados con la captura y el aleteo de tiburones y otras especies, actividades complementarias al tráfico de drogas y combustibles por el Océano Pacífico. Pero no es el único actor en ese mercado ilegal marítimo. Los Lobos empezaron a disputarles ese espacio, como revela el caso de Briones Chiquito. El papel de la flota china es un misterio, sobre todo por indicios de su posible involucramiento en narcotráfico. Está relacionado con la pesca indicriminada de especies de fauna marina, como revelaron investigadores a esta alianza transfronteriza. Fotocomposición de la portada con Canva IA. 

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres

En febrero de 2023, una nota periodística en la prensa mexicana daba cuenta de la captura de una embarcación a 195 millas náuticas del puerto marítimo Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Llevaba casi 315 kilos de cocaína, distribuidos en ladrillos cubiertos con cinta. Además, transportaba 1.650 litros de hidrocarburos en 33 pomas de plástico.

Dos pescadores ecuatorianos constaban entre los cinco detenidos. Su registro migratorio mostraba una conducta inusual. Ambos habían arribado por vía aérea desde México, Guatemala y El Salvador, en varias ocasiones desde 2016. Sin embargo, no hay registros de que salieran por avión desde suelo ecuatoriano. Al parecer, su desplazamiento seguía un patrón: salían desde las costas de la provincia de Manabí, con cargamentos ilegales que entregaban en altamar. Dejaban las embarcaciones abandonadas. Luego, volvían en vuelos comerciales a su país de origen.

La estructura narcodelictiva a la que pertenecían los detenidos en México tenía como cabeza a Leonardo Briones Chiquito, conocido como Iguana o Mexicano. Fue un capitán de barco pesquero, conocía los secretos del mar. Briones Chiquito tenía cercanía con el grupo criminal Los Lobos, que disputa a Los Choneros el control de las rutas marítimas en el Pacífico. Los Choneros han tenido predominio en esta actividad ilegal, particularmente desde las costas de Manabí. Los Lobos, una facción disidente, se extendió por todo el país y amplió su portafolio criminal a las extorsiones, la minería ilegal y los secuestros.

La Fiscalía ecuatoriana logró documentar cómo operaba la estructura criminal de Briones Chiquito, a partir de escuchas telefónicas, seguimientos y allanamientos que duraron más de un año. Este equipo periodístico accedió al proceso judicial, que muestra que la actividad narcodelictiva ahora incluye el tráfico de especies marinas.

La investigación fiscal detectó que en esta estructura de delincuencia organizada había personas específicamente dedicadas a reclutar navegantes para llevar los paquetes de droga en lanchas rápidas, desde puertos manabitas como el de Jaramijó. Cuando detectaban la proximidad de vigilantes, los tripulantes no dudaban en arrojar los bultos de droga al mar. A veces, instalaban dispositivos de geolocalización (GPS) con boyas satelitales para recuperarlos y evitar represalias, pues la pérdida de la mercadería se suele pagar con la vida.

Los miembros del grupo se enteraron de la detención de la nave en México, porque uno de los ecuatorianos detenidos alcanzó a llamar a su esposa. Luego de enterarse, organizaron una nueva incursión para rescatar los “caramelos”.

Droga al agua

Las comunicaciones entre los pescadores fueron interceptadas en el curso de la investigación fiscal. “Que le pongan una velita a la niña [la virgen] para seguir adelante. Que vieron drones en altamar y botaron los sacos de yute”, dice el extracto de una de las conversaciones. En otro diálogo, explican que en el barco llevan a “veedores colombianos” y que los motores son nuevos, lo que sugiere que pudieran alcanzar mayor velocidad. En otra conversación, preguntan quién atrapó “pescado”.

Briones Chiquito fue vinculado a la investigación dirigida por la Fiscalía ecuatoriana. No recibió la pena de cárcel, sino una medida que le obligaba a comparecer periódicamente ante representantes de la justicia. Cuando los uniformados allanaron sus propiedades, en el contexto de una nueva investigación fiscal, esta vez por lavado de activos, en casa de una de sus familiares encontraron un caimán de poco más de un metro de longitud.

A mediados de julio de 2025, Briones Chiquito fue acribillado por sicarios junto con su esposa mientras viajaba en un lujoso carro blindado, resguardado por exintegrantes del Ejército. En respuesta a esos crímenes, una ola de violencia se desató en Manabí. La noche del crimen hubo 18 asesinados en esa zona.

La investigación de Fiscalía ecuatoriana por el delito de lavado de activos siguió su curso y detectó que una empresa pesquera, dedicada a la exportación de mariscos, estaba relacionada con este grupo. La compañía habría lavado 17 millones de dólares, entre 2021 y 2024, según la teoría fiscal.

Coca y aletas

En agosto de 2018, la embarcación Tahoma del servicio de Guardacostas de los Estados Unidos interceptó una nave cargada con 16 bultos, que escondían 769 kilos de cocaína. Cinco tripulantes, dos mexicanos y tres ecuatorianos, fueron detenidos y llevados hasta Florida. Los seis teléfonos satelitales y dispositivos GPS encontrados abordo se convirtieron en la punta del ovillo.

Así empezó una investigación transnacional, que duró tres años y permitió desenmascarar esta estructura narcodelictiva aliada con el cartel mexicano de Sinaloa. Desde las costas de Manabí, una flota de al menos diez embarcaciones llevaba combustible para abastecer a naves que esperaban en el océano Pacífico. Lanchas rápidas acarreaban sacos de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. En su ruta, pasaban por el sur de las islas Galápagos.

Los investigadores detectaron que ciertas embarcaciones dejaban la mercancía ilícita y luego atrapaban tiburones con un palangre, un método de pesca que consiste en un cordel largo y grueso, del cual penden, cada cierto tramo, ramales con anzuelos. En Ecuador, desde 2007, rige una norma que incentiva la pesca artesanal y permite que los tiburones capturados “accidentalmente” sean utilizados y comercializados.

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⇒ESTE PROYECTO TUVO EL APOYO DEL CENTRO PULITZER⇐ 

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Un oficial que investigó la estructura narcodelictiva confirmó a este equipo que la captura de tiburones era una actividad complementaria al tráfico de drogas y de combustible. Los tiburones son sacrificados por sus aletas. Estas piezas son transportadas a las islas Galápagos, donde se someten a un proceso de preservación y almacenamiento. Cargamentos de aletas luego son enviados a China, donde son apreciadas como un manjar gastronómico. Se les atribuyen supuestos poderes afrodisíacos.

La justicia ecuatoriana procesó al grupo de involucrados por el delito de tráfico de drogas, pero no por delitos relacionados con la captura ilegal de especies marinas. A pesar de las evidencias, exhibidas en el juicio, dos de los tres jueces que evaluaron en primera instancia lo ocurrido no declararon culpables a los involucrados.

Según el coronel Carlos Ortega, director de la Policía Antinarcóticos, entre 2024 y 2025 (acaba de ser nombrado director de la Escuela de Policía), se han capturado dos barcos pesqueros que navegaban en los alrededores de las islas Galápagos. En total, transportaban ilegalmente 27 toneladas de aletas de tiburón, cuyo destino era el mercado asiático. La más reciente captura ocurrió el 10 de agosto pasado cuando un Guardacostas de Estados Unidos detuvo un barco pesquero que transportaba 10 toneladas de aletas. Detuvieron a 18 personas: 13 eran de Manabí, dos de Esmeraldas y una de Quito. El otro caso ocurrió en abril de 2024. Hizo parte de una operación bautizada Fénix 113, en la que la Armada y Guardacostas de EE.UU. incautaron 16,6 toneladas de aletas.

En ambas ocasiones, según el coronel Ortega, los pescadores navegaban cerca de Galápagos en la ruta usada para el transporte de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Las autoridades estiman que, previamente, los pescadores también habrían utilizado las embarcaciones para llevar cocaína desde puertos ecuatorianos. Tras entregar la droga, los navegantes, que operan para grupos delictivos como Los Choneros, se dedican a la pesca de tiburones para luego venderles las aletas a intermediarios de la flota china que permanece pescando durante buena parte del año en aguas internacionales, frente a Galápagos.

Guido Núñez es un consultor en temas de seguridad y de crimen organizado. Perteneció a una unidad policial de élite, que empezó a detectar la presencia de embarcaciones con droga a fines de los años 90. Desde hace varios años sigue la pista de estructuras criminales y delitos ambientales. Núñez encontró una serie de vacíos en el esquema de control y verificación estatal. Los pescadores reciben combustible que hasta mediados de septiembre era subsidiado por el Estado. Pero no hay mecanismos para impedir que sirva para abastecer al narcotráfico. También halló que los tiburones que son atrapados en el palangre son faenados. Usualmente, se retiran sus aletas y, en ocasiones, los cuerpos llegan hasta los puertos de Manabí, desde donde se envían hacia Quito. Aquí, en los mercados de la ciudad andina se venden como carne de corvina.

Grupos criminales en altamar

Los Choneros son el grupo criminal que domina el Pacífico, según el general de la Policía en servicio pasivo Freddy Sarzosa. “Los pescadores se dedican a estas actividades por la inseguridad que se vive en el mar”, dice. “Les asaltan los piratas, les roban los motores fuera de borda, pero además hay factores críticos como la falta de alternativas laborales, la precariedad de empleo”.

En Manabí hay una tradición ancestral de pesca. Los pescadores son expertos en navegar sin instrumentos tecnológicos; usan solo señas climatológicas. Esa experticia es aprovechada por las organizaciones criminales, de acuerdo con Sarzosa.

Un viaje para llevar droga por mar puede representar un pago de entre 10 mil y 30 mil dólares para el pescador, cuando tiene éxito. Pero hay enormes riesgos. Generalmente la mitad del pago la reciben al concretar el negocio. Algunos son extorsionados al recibir ese dinero. Si llegan a “coronar” y cumplen “la vuelta”, cobran el resto.

Muchos, sin embargo, son interceptados por las autoridades marítimas. En esos casos, optan por arrojar los bultos al océano. Una vez capturados, son llevados a cárceles de Centroamérica, México o Estados Unidos. Según organizaciones de madres y esposas de pescadores detenidos en el exterior, hay cientos de pescadores detenidos en estos países, sin derecho a comunicación con las sedes diplomáticas.

Cuando la mercancía se pierde, la familia del pescador puede sufrir retaliaciones. “Es un problema complejo que ha ido empeorando. La familia queda en estado de vulnerabilidad. Debe impulsarse una política pública para enfrentar el problema”, dice Guido Núñez.

El rol de la flota china

Los barcos chinos que permanecen en tareas de pesca a gran escala en aguas internacionales, frente a Galápagos, sirven como puente para las actividades, de acuerdo con un agente de inteligencia, que pidió mantener su nombre bajo reserva. “Hemos tenido casos de transporte de cocaína en veleros y embarcaciones pesqueras que han zarpado desde Salinas y Manta, y han sido capturadas en Australia y Corea del Sur, por lo cual es bastante probable que también estén llegando a China”, dice.

No obstante, el investigador afirma que es difícil acceder a evidencias sólidas, ya que China no comparte información sobre incautaciones. “La explicación es sencilla”, explica. “Ese país no revela cifras porque afectaría su imagen de un sistema que funciona y no tiene los mismos problemas de los países occidentales, como narcotráfico y consumo de drogas”.

En el aleteo de tiburones, al parecer, el grupo dominante sigue siendo Los Choneros. “Hemos tenido evidencia de que muchos barcos que sirven como gasolineras flotantes para las lanchas go fast, también trafican especies”, dice el agente de inteligencia. A cambio de las especies, el combustible subsidiado y la droga, las naves regresan con armas. El armamento, de grueso calibre, suele ser en su mayoría de origen estadounidense y ha contribuido a aumentar la violencia en Ecuador, donde, en el último año, la criminalidad llegó a tal punto que cada hora, en promedio, una persona es asesinada con violencia.

La flota china también sería un medio para el transporte de cocaína hacia Asia

En el corazón del Parque Yasuní, en la Amazonía, este equipo perodístico constató que actores foráneos llegan desde Perú para llevarse especies de fauna amenazada. Desde 2023, 14 ejemplares de fauna silvestre fueron incautados por las autoridades de las garras de grupos criminales, que los utilizan como símbolo de estatus asociados a sus nombres: Los Lobos, Tiguerones, Lagartos. La debilidad institucional hace que sea relativamente fácil acceder a especies protegidas. Esta investigación es parte de la serie transnacional Autopistas de la depredación. 

 Por  María Belén Arroyo, Arturo Torres, Adrián Alvarez

Fue un Pikena, un chamán del pueblo indígena waorani. Se llamaba Kemperi Baihua y murió en marzo de 2023. En Bameno, su comunidad, dicen que vivió más de cien años y que poseía el espíritu del meñe, el jaguar. El felino le avisaba en sueños si al día siguiente los waorani podían recorrer la selva en busca de carne del monte, sin peligro de encontrarse con sus parientes lejanos, los pueblos en aislamiento voluntario. Kemperi, el último gran chamán jaguar, partió a las estrellas, relataban en su comunidad, al calor del fuego encendido con leña, mientras cocinaban algo de yuca y carne de animal recién cazado.

La nacionalidad waorani, en Ecuador, es el grupo indígena de más reciente contacto. A fines de la década del 50, un puñado de misioneros evangélicos estadounidenses llegó por aire a ese rincón amazónico para adoctrinar a los ‘patas coloradas’, como se los llamaba. Todos los ocupantes de la avioneta murieron atravesados por lanzas. Así terminó el aislamiento, aunque dos clanes emparentados escogieron evitar el contacto y se internaron en la selva.

La comunidad de Bameno está asentada en el corazón del Parque Nacional Yasuní, en las provincias de Orellana y Pastaza, en los cantones de Arajuno y Aguarico. El Parque Yasuní, un área protegida con una superficie similar a la mitad de El Salvador, permitió que especies de fauna y flora sobrevivieran a las glaciaciones durante miles de años. Por eso es uno de los lugares con mayor diversidad del planeta. Alberga 1.300 especies de árboles, 610 de aves, 268 de peces y 200 especies de mamíferos. Por la diversidad de plantas, es más diverso que Canadá y Estados Unidos juntos.

La Unesco lo clasificó en 1989 como Reserva de Biósfera. Según estudios científicos durante el período del Pleistoceno los cambios climáticos provocaron que las selvas sirvieran de refugio para especies de flora y fauna, mientras se formaban nuevas especies.

Estos espacios son conocidos como refugios del Pleistoceno. Este período empezó hace 120 mil años y terminó hace menos de 11 mil años.

Bameno enfrenta ahora nuevas amenazas. En especial, la intrusión de actores criminales, algunos desde Perú, que buscan madera y especies de fauna protegida. No se sabe quiénes son los cowori (extraños), pero sí que llegan armados. Ante el avance del crimen organizado, las comunidades indígenas waorani, de Bameno, y kichwa, de Kawsay Sacha, realizan permanentes monitoreos en los ríos Cononaco, Curaray y la Quebrada del Lobo, con el apoyo de organizaciones, entre ellas, la Fundación Alejandro Labaka y el Grupo Social FEPP.

Los hallazgos son alarmantes, según uno de los guardianes comunitarios. Evidencian la magnitud de la explotación: hay campamentos de cacería ilegal, tala de especies amenazadas e infraestructura ilegal: se abrieron caminos de hasta 12 metros de ancho, dice. Pero también hay indicios de una brutal caza furtiva. “Hemos encontrado animales decapitados, mutilados”, dijo a mediados de octubre de 2025, uno de los guías. Él recordaba que Kemperi advertía a su gente sobre los peligros de los cowori.

La carne del monte

El objetivo de estas incursiones es la extracción masiva de proteína silvestre —“carne de monte”— para su comercialización. Los extraños se llevan peces de laguna, peces de río, mamíferos y reptiles. Los guardianes cuentan que una vez que llenan sus barcazas con el botín, los intrusos retornan a Perú para ingresar el producto en el mercado negro, donde la carne y los animales vivos alcanzan altos precios.

Uno de los guardianes comunitarios explicó que el tráfico de fauna tiene al menos cuatro consecuencias graves para la comunidad waorani en Bameno. Para empezar, la extracción masiva de animales y peces pone en riesgo la base alimentaria del pueblo waorani, ya que esa carne es parte de su dieta ancestral y su principal fuente de proteína. Segundo, cuando gente del exterior ingresa en territorios, pone en riesgo la supervivencia de los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que no tienen inmunidad frente a enfermedades comunes, como la gripe. Tercero, se afecta el turismo cultural, ya que Bameno suele recibir visitantes extranjeros pero noticias como ésta alejan a los visitantes. Por último, el despojo de sus animales les hace sentir desprotegidos..

En la zona selvática cerca de Bameno, hay un destacamento militar en Cononaco y un puesto de control del Ministerio del Ambiente. Hasta 2020, este último estuvo abandonado. Fue invadido e incendiado parcialmente, lo que facilitó el tránsito ilegal. Si bien el puesto ha vuelto a funcionar, la escasez de combustible y las distancias geográficas limitan la capacidad de monitoreo, de acuerdo con el guía que fue entrevistado.

A pesar de las limitaciones, la colaboración entre comunidades y Estado da resultados. En julio de 2025, las comunidades waorani Bameno y kichwa de Kawsay Sacha denunciaron la presencia de una barcaza ilegal peruana en el río Cononaco. El Ejército y funcionarios del ministerio de Ambiente detuvieron la embarcación, que estaba cargada de carne de monte salada y seca, pieles de saínos y tortugas vivas, pero no se pudo establecer la especie.

Según otro guía comunitario, que pidió el anonimato, este patrón criminal desangra al Yasuní, una de las zonas amazónicas biodiversas del planeta. Muchos se preguntan para qué se llevan tantos animales. Algunos waorani claman al espíritu del jaguar; le piden que no les abandone en la selva.

En manos del crimen

Jaguares, tigrillos, caimanes, guacamayas: todos estos animales de la Amazonía enfrentan distintos niveles de amenaza por la crisis climática, la deforestación y la caza ilegal. Pero recientemente se enfrentan a otra amenaza común: son codiciados por los grupos de crimen organizado que operan en Ecuador.

Las especies exóticas son el nuevo botín de los grupos narcodelictivos. El fenómeno se intensificó en los últimos dos años en este país, donde cada hora una persona muere víctima de violencia.

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ESPECIES RESCATADAS POR LA POLICÍA A BANDAS DELICTIVAS

 

 

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Durante seis meses, un equipo de reporteros rastreó las conexiones entre organizaciones criminales y ejemplares de fauna silvestre convertidas en mascotas y símbolos de poder frente a grupos enemigos, o representaciones identitarias y rituales de los grupos violentos.

Por lo menos cuatro estructuras delictivas, Los Choneros, Tiguerones, Lobos y Lagartos, explotan especies de fauna amenazadas. Hasta 2020, los Choneros dominaban el mapa criminal. Ese año, Jorge Luis Zambrano, Rasquiña, su líder, fue acribillado. La disputa por la sucesión del liderazgo provocó la fragmentación de los grupos violentos en Ecuador. A inicios de 2024, el gobierno de Daniel Noboa identificó a 22.

Los Choneros llevan droga por el Pacífico. En su ruta delictiva atrapan tiburones y fomentan el comercio ilegal de aletas, que son muy apreciadas en mercados asiáticos, sobre todo en China, por sus supuestos poderes afrodisíacos. Los Lobos, un grupo que se fraccionó de Los Choneros, y que ahora está en pugna con ellos, han llegado hasta Perú y Chile. Su portafolio criminal incluye microtráfico, extorsiones y control de minería ilegal. Se les atribuye la autoría material del crimen del presidenciable Fernando Villavicencio, quien fue asesinado cuando salía de un mitín de campaña, en agosto de 2023, días antes de las elecciones. Los Lobos buscan extender su hegemonía hacia las rutas marítimas para el envío de drogas. En su disputa con Los Choneros, convirtieron a Manabí, una provincia en el oeste del país, en un territorio violento.

Bajo condición de anonimato, agentes de inteligencia revelaron que ejemplares de lobos de páramo (Lycalopex culpaeus), una especie de zorro que habita las áreas altoandinas de Ecuador, son capturados por miembros de este grupo criminal para fines rituales. Según un oficial de la Policía, un ejemplar juvenil fue hallado durante una acción de control en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, un centro de reclusión dominado por esa organización.

 

Especies de Fauna Silvestre rescatas por la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía

 

Desde 2008, la constitución ecuatoriana reconoce derechos a la naturaleza. Esto implica que el texto constitucional, al menos en teoría, garantía la protección del ambiente. Luego, en 2022, la Corte Constitucional fue más allá. Ese año, una familia que había criado durante 18 años a un ejemplar de mono chorongo (Lagothrix lagothricha), a quien bautizaron Estrellita, interpusieron un recurso de habeas corpus, una medida legal que buscaba recuperarla aduciendo que la detención fue ilegal, luego de que la autoridad ambiental la incautara y reubicara en un zoológico, donde murió al poco tiempo. La familia solicitó recuperar la tenencia de la mona, sin saber que había muerto. El caso escaló hasta llegar a la Corte Constitucional, que determinó que los animales “no deben ser protegidos solo desde una perspectiva ecosistémica o con vistas a las necesidades de los seres humanos, sino principalmente desde una perspectiva centrada en su individualidad”. A pesar de la sentencia, desde 2022 las autoridades han incautado 19.947 animales. Entre estos hay 22 ocelotes (Leopardus pardalis), 51 tigrillos (Leopardus wiedii) y 241 caimanes (Caiman crocodilus, Melanosuchus niger y Crocodylus acutus).

De dónde vienen los ejemplares

Esta investigación identificó tres puntos de tráfico ilegal de especies nativas en la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de Orellana y Pastaza. Allí se venden vivos, muertos o en partes, especialmente, aquellos cuya carne es utilizada como alimento en las comunidades indígenas.

Las redes ilegales de venta de especies silvestres se cobijan en la legislación nacional que garantiza a los pueblos ancestrales el derecho a abastecerse de carne de la selva para su subsistencia, dado que esta es parte de su dieta tradicional. La llegada de actividades extractivas petroleras y mineras a la región amazónica

provocó la apertura de vías hacia zonas antes incomunicadas. Según una activista de Puyo, que pidió no ser citada, esto aumentó la presión de colonos, que buscan probar la cotizada “carne de monte” de especies como pecaríes, monos y tapires. La difusión de estos platos, a través de redes sociales, aumenta la demanda. Un solo plato puede costar diez veces más que una libra de carne de especies de fauna selvática. Esta ya no se destina únicamente para la dieta de los pueblos indígenas, ahora es demandada por mestizos.

El tráfico de especies se activa a través de plataformas y redes sociales, de acuerdo con el oficial a cargo de una de las tres unidades policiales que protegen la fauna silvestre. El uniformado, quien solicitó que no se publicara su nombre, dice estar frustrado. Solo hay dos fiscales especializados en delitos ambientales en todo el país, lo que dificulta iniciar procesos judiciales que terminen en sentencias.

Otro policía relativizó el problema y reconoció que el Estado no tiene capacidad para proteger a las especies de fauna amenazada. Por eso, dijo, los funcionarios se escudan en el argumento de que grupos criminales están detrás de ese negocio, y así justifican los escasos resultados.

 La fauna rescatada

Entre 2023 y mediados de 2025, 14 ejemplares de animales nativos y exóticos fueron incautados en operativos y allanamientos a las estructuras criminales, según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), en respuesta a un pedido de información de este proyecto. Varias de las especies decomisadas se encuentra en peligro de extinción y hacen parte de la Lista Roja de Especies nacionales e internacionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), según ese ministerio. Varios están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES.

Del total de ejemplares recuperado de las garras del crimen organizado, la mayor cantidad corresponde al allanamiento en la finca de propiedad de Wilder Sánchez, más conocido por su alias, el Gato Farfán, quien actualmente espera una sentencia por cargos de narcotráfico en las cortes de Estados Unidos.

Todo indica que el Gato Farfán intentaba reunir en una de sus propiedades un zoológico, al estilo de Pablo Escobar, el célebre narco colombiano que llegó a tener en su finca Nápoles, en el Magdalena Medio una colección de fauna, que incluía cuatro hipopótamos.

“El narco local quiere parecer un traficante internacional de reconocida trayectoria; quiere emular su demostración de poderío, con infinidad de propiedades, con recursos que aparentan ser ilimitados. Hay cierta afinidad por tener animales exóticos que representan a las organizaciones criminales”, dice el general en servicio pasivo Freddy Sarzosa, quien fue comandante general de la Policía y director de Investigaciones. De acuerdo con Sarzosa, cuando el gobierno ecuatoriano decretó el estado de guerra interna contra el crimen organizado e identificó las estructuras narcoterroristas como objetivo militar, se visibilizó la magnitud del problema. El general Sarzosa tiene más de 35 años de experiencia.

Los Tiguerones surgieron luego de 2020, en la provincia costera de Esmeraldas, limítrofe con Colombia. Miembros de esta facción tenían en su poder ejemplares de ocelote (Leopardus pardalis). Dos de ellos fueron rescatados en operaciones conjuntas con la fuerza pública, en febrero de 2024 y en junio de 2025. El ejemplar rescatado recientemente presentaba signos de desnutrición, pues sus captores le alimentaban con dieta inadecuada.

En junio de 2024, dos caimanes (Caiman crocodilus) fueron liberados cuando estaban en manos de integrantes de Los Lagartos. Hubo un caso adicional en 2024 que involucró a ejemplares de esta especie, pero las autoridades no lo tenían registrado.

 Tras la huella de los jaguares del Gato Farfán

En abril de 2024, miembros de la Policía allanaron una finca en la provincia costera de Manabí. “Esperábamos encontrar una vivienda suntuosa. Nos topamos con un pequeño zoológico, con jaguares y aves exóticas. Nunca habíamos visto algo similar. Tuvimos que llamar a la policía ambiental”, dijo un oficial que participó en el hallazgo del zoológico de Wilder Sánchez, el Gato Farfán. El uniformado habló con este equipo, bajo condición de anonimato, por seguridad.

 

Los ejemplares rescatados de las manos del crimen organizado están
en un sitio protegido. Están acostumbrados a su nuevo hábitat, tras un proceso de adaptación.

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al Gato Farfán por contribuir a las actividades ilícitas de carteles mexicanos en el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Fue detenido en Colombia, en febrero de 2023. En enero de 2024, fue deportado desde este país hacia Estados Unidos, donde se declaró culpable. Su juicio está programado para noviembre de este año.

Tres meses después de su detención en Colombia, las autoridades ecuatorianas allanaron varias de sus propiedades. En la incursión a la finca en San Vicente, en Manabí, los uniformados encontraron y rescataron diez animales de especies protegidas y amenazadas, según un reporte del Ministerio de Ambiente (MAATE). Siete de ellos son nativos de la región amazónica. Había cuatro guacamayos azul amarillo (Ava ararauna), dos jaguares (Panthera onca) y una lora verde (Amazona farinosa). Adicionalmente, los uniformados hallaron tres aves exóticas de origen asiático: dos faisanes dorados (Chrysolophus pictus), que son originarios de las montañas de China y son un símbolo de prosperidad, y un faisán plateado (Lophura Nychthemera), que también procede de China.

No se estableció cuál fue la ruta de ingreso de estas aves raras, pero un experto en lavado de activos conjeturó que quizás fueron compradas en el mercado negro como un mecanismo de blanqueo. No se pudo determinar la actual ubicación de las aves exóticas.

Según la versión oficial del MAATE, los animales rescatados de esa operación “fueron derivados a medios de conservación y manejo ex situ de vida silvestre”.

El nuevo hogar de los animales rescatados

Un periodista de este proyecto encontró a los jaguares y a varios de los ejemplares rescatados de las manos del crimen organizado, en un sitio protegido. Están acostumbrados a su nuevo hábitat, tras un proceso de adaptación, dijo una de las encargadas de su cuidado. El lugar, ubicado en una provincia del litoral, no puede ser revelado para no exponer la seguridad de los animales ni de sus custodios.

En ese refugio de vida silvestre, con distintos hábitats adecuados, encontró también a los caimanes y tigrillos rescatados por la autoridad ambiental.

Los bienes del Gato Farfán son parte de un proceso judicial por presunto lavado de activos. Los jaguares, que se encuentran en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), están clasificados como casi amenazados, en todo su rango, pero en Ecuador se encuentran en peligro de extinción, según Galo Zapata, director científico de Wildlife Conservation Society (WCS) en Ecuador.

En el pasado, estos felinos se encontraban en la región costera y amazónica. Pero la población disminuyó debido a la deforestación y la caza ilegal. Su dieta incluye más de cien tipos de especies y suelen vivir en zonas con acceso a saladeros, sitios con alta concentración de minerales.

Los jaguares y los cazadores que buscan la carne de monte compiten por las mismas presas en su territorio. “La capacidad de carga del bosque para proveer carne silvestre es de una persona por kilómetro cuadrado; de acuerdo con el último censo de población hay siete personas por kilómetro cuadrado en la Amazonía ecuatoriana”, explica Zapata.

Los jaguares se quedan sin alimentos, entre otras razones, porque la carne del monte abastece una demanda ilegal que sobrepasa el límite del consumo ancestral, garantizado exclusivamente para las poblaciones indígenas.

“Un jaguar para sobrevivir en el bosque necesita permanecer dos años con su mamá; si muere la madre y quedan solas las crías, la posibilidad de sobrevivencia en el bosque es nula”.

Cada ejemplar tiene una singularidad. Se trata de las huellas en su pelaje, que son únicas, explica Citlalli Morelos. Esta bióloga y experta en biodiversidad mexicana se afincó en la provincia de Esmeraldas, que limita con Colombia. Creó la reserva Tesoro Escondido, que protege más de dos mil hectáreas de bosque primario en las tierras bajas del Chocó.  Este es un punto caliente mundial para la biodiversidad. El área, en Esmeraldas, está amenazada por actividades como extracción de madera, monocultivos y concesiones mineras.

El proyecto buscaba proteger principalmente a una especie de mono (araña), pero las cámaras trampa detectaron las presencia de jaguares en la zona. Hoy, desarrollan programas para convivir con la fauna, en ese entorno natural.

“A través de programas educativos enseñamos a los niños a sentirse orgullosos de vivir cerca de jaguares, a apreciarlos y cuidarlos, en lugar de verlos como amenazas”, explica la bióloga. Los finqueros, que en su mayoría son colonos, también aprenden a proteger su ganado con campanas, que se usan con fines disuasivos.

El jaguar es un símbolo de fuerza en las culturas ancestrales ecuatorianas. Kemperi, el último gran chamán jaguar, soñaba que el espíritu sagrado protegería a los waorani y a la selva. Pero también advertía que venían nuevas amenazas.

 

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Este proyecto es auspiciado con apoyo del Centro Pulitzer 

La Policía se incautó este viernes 28 de noviembre de fusiles, granadas, cartuchos para lanzagranadas, entre otros pertrechos bélicos, que pertenecían a la banda de Los Lobos. Aunque hubo un solo detenido, llama la atención de la Policía la sofisticación de las armas de fabricación industrial y de uso militar de largo alcance, encontradas en este centro de acopio, en una casa en Ibarra. Estas evidencias descubiertas no son casuales: evidenciarían que Los Lobos son cada vez más una estructura militarizada, con niveles de disciplina jerarquizados. En este sentido son más parecidos a Los Zetas, derivados de grupos armados de élite de México. Algunos de su integrantes más diestros incluso han recibido entrenamiento de tiro y empleo de armas y explosivos en campamentos de Colombia, según fuentes de Inteligencia.

Redacción Código Vidrio

Un nuevo golpe al crimen organizado ocurrió en el sector de Caranqui. Esta vez, la Policía decomisó un valor equivalente a 582.110 dólares en sustancias ilícitas. Pero el Operativo Renacer no solo retiró del mercado toneladas de drogas del mercado sino que también sirvió para incautar un arsenal de armas en una casa, ubicada en este barrio de la capital de la provincia de Imbabura, que funcionaba como un punto de acopio.

 Aunque hubo un solo detenido, un ciudadano venezolano sin antecedentes penales, la afectación a este brazo armado de Los Lobos es importante, según el general Víctor Herrera, inspector General de la Policía. Sobre todo por la cantidad de armas retenidas: cinco fusiles, una mini uzi, una pistola 9 milímetros, dos revólveres, 2.412 municiones de distintos calibres, 10 granadas tipo piña, 37 cartuchos para lanza granadas, 140 fulminantes #8 y 100 metros de mecha de seguridad.

Lo más preocupante es que los fusiles que se pretendía usar eran de calibre 223 y 772, es decir, son armas largas, usados en conflictos armados. Además, las granadas son también de uso militar y los cartuchos de lanza granadas son de uso bélico y los explosivos de alto poder. Los 140 fulminantes y la mecha lenta, explica el general, suelen usarse para armar sistemas explosivos comunes.

Después del decomiso, la Policía se concentrará en hacer pericias para determinar en qué delitos habrían sido usadas estas armas, pues se pudo determinar en la investigación que en la casa donde se encontró esta bodega el arsenal también era alquilado.

Los explosivos llamaron especialmente la atención de la Policía. Además del alto poder de los de uso militar, están los elementos que se usan para armar otros explosivos. Herrera recuerda que en los últimos meses ha habido casos de coches bomba en Quito, Esmeraldas y Guayaquil. “Entonces no se descarta que esto haya sido utilizado o encaminado justamente para este tipo de atentados”.

Por otro lado, los delincuentes que antes usaban armas cortas o de fabricación artesanal hoy se están armando con fusiles de guerra, de largo alcance. Entre los objetos decomisados no solo había armas sino también chalecos de protección balística, una moto, una furgoneta que se habría usado para transportar la droga y prensas hidráulicas, que podrían haberse empleado para empacarla.

Herrera explica que la afectación de la Policía a Los Lobos en este caso es importante. Lo que sigue es efectuar la trazabilidad para determinar de dónde llegan y a dónde tenían destinado estas armas de última generación, de uso bélico y de fabricación internacional, pues no son fáciles de conseguir en el mercado.

Si bien el operativo Renacer golpeó a Los Lobos, no es la única banda a la que han restado poder a través de decomisos. Herrera también menciona un reciente decomiso de arsenal que ocurrió cerca de las islas Galápagos, en altamar, donde también se encontraron armas de largo alcance. Ocurrió hace un mes y el hallazgo se produjo luego de detectar movimientos sospechosos de dos embarcaciones. Se descubrieron ocho bultos en el mar que contenían fusiles, ametralladoras, combustible, municiones, etc. Hubo unos 50 detenidos.

Los Lobos han ganado terreno en varias provincias como Imbabura y El Oro, donde la minería ilegal no da tregua. Su crecimiento es tal que han ido desplazando a los disidentes de las FARC del Frente Oliver Sinisterra, que antes dominaban el sector de La Merced, en el cantón imbabureño de Urcuquí. Además tienen una fuerte presencia en Pichincha, Azuay Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Napo, por ejemplo.

Según un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Los Lobos y Los Choneros son los dos grupos de narcotráfico más grandes en Ecuador. Su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, incluyó a esta organización delictiva en la lista a partir de su Orden Ejecutiva 14059, por haber mantenida actividades que contribuyen significativamente al tráfico internacional de drogas y, en ese contexto, también señaló a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, como su líder, quien acaba de ser apresado en España.

Pablo Zeballos, investigador especialista en crimen organizado transnacional, dice que en el norte del Perú, hay indicios de vínculos entre Los Lobos y el Tren de Aragua, dos organizaciones emergentes que debieran estar en pugna pero en esta zona tienen acciones coordinadas.

Varios testimonios de personas cercanas a las bandas, recogidos en su libro Un Virus entre las Sombras, explican la relación entre ambas estructuras criminales. En zonas donde hay pugnas por el control territorial, como las áreas de explotación de minería ilegal, “hay posibles acuerdos para beneficio mutuo”.

Los Lobos, según el investigador, tienen en común con el Tren de Aragua su vocación trasnacional, su crecimiento exponencial y sus incursiones en actividades de minería ilegal. Además, ambas nacieron y se fortalecieron desde una prisión. Los Lobos desde la cárcel de El Turi, en Cuenca, y el Tren de Aragua, desde el presidio de Tocorón, en el estado de Aragua.

Estructura militarizada

Pese a las coincidencias e intereses económicos comunes, ambos grupos tienen una diferencia en la relación de sus miembros. Los Lobos, a diferencia del Tren de Aragua, son una estructura militarizada, con niveles de disciplina jerarquizados. En este sentido son más parecidos a Los Zetas, derivados de grupos armados de élite de México, dicen los oficiales ecuatorianos.

Zeballos señala que los miembros de estos grupos no le tienen miedo a la muerte y no temen ir a la cárcel, porque ésta se convirtió en su gran centro de operaciones. Esto explica su capacidad para reclutar a jóvenes, muchos de ellos menores de edad.

El especialista Pablo Zeballos resalta que es necesario prestar mayor atención a la organización de estas nuevas superestructuras criminales. “Posiblemente hay liderazgos ocultos en Los Lobos que tienen formación paramilitar”. “Esa mutación hacia una estructura de corte militar también se evidencia en su jerga: sus cabecillas piden que sus subordinados los llamen comandantes”, subraya el analista. Otra particularidad es su esquema de liderazgo, que varía de acuerdo a las corcunstancias, entre vertical y horizonal, cuando sus líderes tienen que replegarse, ante el acecho de las autoridades, o de sus rivales en la cancha criminal.

Algunos de su integrantes más diestros incluso han recibido entrenamiento de tiro y empleo de armas en campamentos de Colombia, según fuentes de Inteligencia.

La captura de Pipo

Pipo está detenido en España desde el 16 de noviembre pasado y Ecuador busca conseguir su repatriación para que se responsabilice por aproximadamente 400 delitos que se le imputan. Sin embargo, el país enfrenta problemas en el ámbito judicial pues uno de los procesos en contra del cabecilla de Los Lobos es uso de documento falso, debido a que en febrero de 2021 se presentó un acta de defunción que certificaba su falsa muerte por neumonía, a causa de covid-19. Fue así como logró evadir a la justicia y salir de la prisión. El caso por este documento forjado fue archivado porque el certificado original desapareció y no pudo realizarse la pericia grafológica ni documental. La Fiscalía determinó que este fue colgado en el sistema del Registro Civil, pero no hay rastro del papel con la firma que sería falsa. Mientras tanto, el abogado de Chavarría, Carlos Gallegos, cita el derecho a la seguridad jurídica para defender la supuesta legalidad del acta de defunción.

El 21 de noviembre pasado, el ejército capturó a otra figura de la estructura de Los Lobos. Se trata de Wilmer S. alias ‘Sabando’, quien se encontraba en el sector 20 de Febrero, en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. En su lugar de detención también se encontró 5 kilos de marihuana y 47 tubos de heroína. Y en Quito, a fines de octubre, la Policía detuvo al gordo Arturo, junto a 16 personas más, en lo que se conoció como Operación Libertad y que incluyó 29 allanamientos, algunos de ellos en Guayaquil. Uno de los casos por los que está señalado este individuo es el robo de alrededor de 300.000 dólares en joyas, de un local ubicado en un centro comercial en Quito. El hecho ocurrió hace un año.

Durante cerca de un año, periodistas de cinco medios en Colombia, Perú, Ecuador (Código Vidrio y Revista Vistazo), Bolivia y Brasil, investigaron el contrabando de animales en la región. Las pesquisas muestran que millones de loras, peces ornamentales, tortugas, felinos y otros seres vivos se comercializan y transportan ilegalmente a Asia, Estados Unidos y Europa. En Ecuador los grupos criminales también entraron al tráfico y mascotización de especies. En breve empezaremos a publicar una serie investigativa sobre estas dinámicas delictivas. (Foto Arturo Torres)

Por: María Belén Arroyo, Arturo Torres, Santiago Wills, Bianca Padró, Gianfranco Huamán, Roberto Navia, Joao Serrao, Wladimilia y Marcos Colón.

El tráfico de especies silvestres es una de las actividades criminales más opacas del planeta. Como advierte Naciones Unidas en su principal informe sobre el tema, no hay cifras exactas del tamaño real del mercado o la cantidad de animales silvestres extraídos de sus ecosistemas y vendidos al otro lado del mundo como mascotas, objetos de colección, alimentos esotéricos o ingredientes supuestamente medicinales. 

Hay, sin embargo, algunas estimaciones. De acuerdo con varios estudios, cada año, el tráfico de fauna silvestre mueve entre 7 mil y 23 mil millones de dólares. En su límite superior, esto quiere decir que es casi 1,75 veces el tamaño anual del mercado de cocaína en Europa. En su límite inferior —el mejor de los casos más allá de que no ocurriera—, es casi equivalente a dos veces el producto interno bruto de un país como Belice. 

Un análisis calculó que, entre 2015 y 2021, cerca de 13 millones de animales, aproximadamente 1,84 millones por año, alimentaron este comercio ilegal, el cuarto más grande del mundo, detrás de las drogas, el tráfico de personas y los productos falsificados, según el gobierno estadounidense. 

De acuerdo con organizaciones como TRAFFIC y Wildlife Conservation Society, una parte significativa de la fauna que compone el mercado ilegal se captura y saca de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo y el hogar de cerca del 10% de todas las especies de seres vivos del planeta. En parte debido a su geografía fragmentada, a la extensión del bioma y a la porosidad de las fronteras de los nueve países donde aún perduran sus bosques, no existen estudios ni estimaciones recientes que den cuenta del alcance real del tráfico de especies en la región. Esto ha impedido que la problemática reciba la atención que merece y que las autoridades le dediquen los recursos necesarios para combatirla. 

Ante esta situación, periodistas de CasaMacondo, en Colombia; Revista Vistazo y Código Vidrio, en Ecuador; OjoPúblico, en Perú; Revista Nómadas, en Bolivia; y Amazônia Latitude, en Brasil, dedicamos cerca de un año a intentar descifrar el comercio ilegal de animales en la Amazonía. Para ello, buscamos unificar y analizar los datos existentes sobre incautaciones de fauna en cada uno de los cinco países. 

No fue sencillo. En Colombia, por ejemplo, tuvimos que enviar 45 solicitudes de información a diferentes autoridades ambientales y demandar a una docena de ellas para que compartieran sus datos. En el caso del Ministerio de Ambiente, un juez amenazó con un incidente de desacato a una funcionaria para que la entidad entregara la información (e incluso después de la amenaza la pasó incompleta). En Ecuador, las autoridades no tenían los datos discriminados al nivel de especies, lo que nos impidió hacer un análisis detallado. Algo similar sucedió en Bolivia. 

A pesar de todo, los datos obtenidos y reunidos en el especial Autopistas de depredación muestran que el tráfico de especies en la Amazonía y el resto del mundo es mucho mayor de lo que insinúan los informes publicados por oenegés, otros periodistas y organismos multilaterales como Naciones Unidas. El análisis de la información consolidada —con sus fallas, omisiones y salvedades— halló que, entre 2010 y 2025, se incautaron o entregaron a las autoridades de Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú más de 46 millones de animales, en promedio casi 3 millones por año, más de una y media veces los registros con los que cuentan las Naciones Unidas para todo el mundo. (El número, de hecho, podría ser casi el doble, pues durante el estudio se descartaron cifras que parecían infladas o producto de un error).

Los datos incluyen la incautación de decenas de millones de peces ornamentales, la categoría de animales más traficada de la Amazonía, principalmente debido a los volúmenes de captura y facilidad de transporte, como cuenta la historia de Colombia; más de un 1.200.000 aves, incluidos canarios, diferentes especies de loras y guacamayas, como narra el reportaje de Brasil; decenas de miles de tortugas, como hallaron en Bolivia; y cientos de tiburones y mamíferos, como jaguares, ocelotes y lobos de páramo, que hoy sirven de mascotas, emblema y fuente de financiación de los grupos criminales en Ecuador. Los datos no incluyen los miles de animales que, por ejemplo, se «lavan» o «blanquean» a través de zoocriaderos o acuarios en países como Perú, el principal exportador de animales silvestres extraídos de su medio a nivel mundial. Tampoco toman en cuenta los cientos de miles de animales que las propias comunidades ribereñas de la Amazonía capturan y venden ilegalmente ante la falta de alternativas económicas viables.

El tráfico de fauna prolifera de la mano de otros crímenes. Organizaciones no gubernamentales como Earth League International y Traffic señalan que existe una interconexión con otros delitos —narcotráfico, contrabando, tráfico de armas o personas, minería ilegal, lavado de activos y tala ilegal—. Nuestra investigación encontró que, en varios casos, los grupos criminales venden fauna para financiar sus operaciones o lavar el dinero de otras actividades. En otros, los transportan en  las mismas rutas que usan para transportar drogas, armas u otros productos a Asia, Estados Unidos y Europa. 

La información obtenida por este grupo de periodistas señala la existencia de decenas de millones de historias y vidas truncadas de toda  clase de animales. Autopistas de depredación toca solo algunas, pero nuestra intención es compartir los datos con las autoridades, periodistas e investigadores que las deseen, para que así puedan revisarlos, corregirlos, en caso de que sea necesario, trabajar con ellos y —ojalá— profundizar en las historias de más especies e individuos. (Un archivo parcial puede encontrarse y descargarse aquí. Cualquier uso debe incluir el respectivo crédito al proyecto).

Este proyecto se realizó con el apoyo del Centro Pulitzer.

A FONDO⇒ La captura de Wilmer Chavarría, Pipo, en España, este fin de semana, no solo significa un golpe telúrico a Los Lobos y una posible nueva fragmentación en esa banda por ocupar su lugar sino una recomposición de las organizaciones delictivas, que empezó con la captura y extradición del líder de Los Choneros,  José Adolfo Macías, Fito, en junio pasado a Estados Unidos. Esto implica que las dos organizaciones hegemónicas en Ecuador están acéfalas, y la pugna por su control tendría secuelas graves, con una nueva ola de violencia. En este reportaje detallamos las causas principales que explican el despunte de Los Lobos, con Pipo como su principal artífice.   

Redacción Código Vidrio

Antes de la pandemia de 2020, Los Lobos eran un grupo de sicarios que prestaba sus servicios a otros grupos criminales dedicados al tráfico global de drogas, en especial a Los Choneros, para entonces liderados por Jorge Luis Zambrano, Rasquiña (asesinado en diciembre de ese 2020). Años antes las primeras células de Los Lobos también empezaron a incursionar, a manera de exploración, en la minería ilegal de oro en Buenos Aires, Imbabura, donde, junto a otros clanes delictivos y mineros ilegales del sur del país, empezaron a obtener importantes ganancias. Sobre todo experticia suficiente, que les permitió crecer y expandirse silenciosamente no solo a otras provincias con potencial minero sino a otros países como Perú y Chile. El principal cerebro de esta silenciosa y efectiva operación mafiosa fue Wilmer Chavarría, alias Pipo, que este fin de semana acaba de ser capturado en Málaga, España, en una operación conjunta, entre las policías de ese país y Ecuador.

La captura de Pipo es sin duda un golpe telúrico a Los Lobos, que estos últimos cinco años fueron ganando territorio, a sangre y fuego, en una confrontación abierta, descarnada, con Los Choneros. Históricamente ese ha sido el grupo delictivo más peligroso del país, que incluso puede ser considerado un cartel naciente pues controla todas las líneas para la producción, con sus propios laboratorios, redes de transporte, almacenamiento y envío de cocaína en lanchas y barcos que salen desde diferentes puertos de Guayas y Manabí hacia Centroamérica, Estados Unidos, y Europa. Además de un esquema complejo empresarial que pasa por negocios inmobiliarios, pesqueros y agrícolas, sobre todo en su mayor zona de influencia: Manabí.

Entonces uno de los objetivos de Pipo y sus lugartenientes en Ecuador fue destronar a Los Choneros. Un momento clave de inflexión fue la captura de Adolfo Macías, alias Fito, en junio pasado, quien luego fue extraditado a Estados Unidos. Los ataques encarnizados de los Lobos a ese grupo arreciaron buscando su mayor fragmentación y debilitamiento, algunos de sus integrantes incluso se integraron a Los Lobos, así como otros grupos delictivos que rompieron sus alianzas con Los Choneros. Las matanzas ocurridas desde entonces aumentaron en esas circunstancias. La captura de Fito y la ambición de Pipo fueron algunos desencadenantes evidenciados en crímenes múltiples en Manabí y Guayas.

En este contexto, la captura de Pipo tuvo un sonoro eco internacional. Ha merecido la felicitación de varios gobiernos aliados en la lucha contra las redes transnacionales, entre otros de Estados Unidos y Argentina. A Chavarría se le responsabiliza de cientos de asesinatos y operaciones delictivas de gran calado, muchos de los cuales ordenó desde la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi, donde estuvo recluido entre 2011 y 2019. El poder que fueron ganando bajo la batuta de Pipo se apuntaló en su sociedad con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación de México. Según apreciaciones de Inteligencia policial, este grupo tiene presencia en 18 de las 24 provincias de Ecuador y ha extendido su influencia hacia las zonas limítrofes con Colombia (Nariño y Putumayo) y Perú (Tumbes y Piura).
Con esos antecedentes, en junio de este año, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a Los Lobos como “la organización de narcotráfico más grande del Ecuador”. La otra banda reconocida como tal por el gobierno estadounidense son Los Choneros, respaldada por el Cártel de Sinaloa, también de México.

Para entonces, Pipo había dado un paso más allá. Visualizó a Los Lobos como un grupo y una franquicia empresarial del crimen transnacional, y empezó a ver hacia otros horizontes.

El surgimiento en El Turi

Los Lobos nacieron en Azuay, en 2019, bajo el liderazgo indicutible de Pipo o Tuerto (llamado así por la herida en el ojo que le causó uno de sus enemigos). Informes policiales señalan que Chavarría fortaleció los lazos e influencia de su banda cuando estuvo preso en la cárcel de Turi, en Cuenca.

Entonces, mantuvo un perfil bajo y actuó en las sombras, explica un agente policial que, como los otros oficiales encargados de investigar estas organizaciones criminales en Ecuador, solicita no revelar su identidad por medidas de seguridad.

Estuvo preso en 2010, pero antes del inicio de la pandemia recuperó su libertad. Luego, durante un tiempo, se radicó en Santo Domingo de los Tsáchilas, una provincia del centro de Ecuador que, por su estratégica ubicación, es el corazón de varias rutas del narcotráfico, pues une los andes con la costa.

El 23 de febrero de 2021, la familia de Chavarría registró su muerte por Covid-19 en Ecuador, pero informes reservados de la policía indican que el acta de defunción fue falsa, lo cual también fue corroborada en el caso Purga. Luego viajó a Colombia y Venezuela donde obtuvo otra identidad, la del venezolano Danilo Fernández, que afinó con una operación estética.

La sociedad fugaz con Norero

No era la primera vez que una persona investigada por organización criminal fingía su muerte. Precisamente, el financista de Los Lobos, condenado por lavado de activos, Leandro, el Patrón, Norero también simuló en 2021 su muerte para huir de la justicia peruana que lo buscaba por narcotráfico.

Durante la pandemia, luego de falsificar un certificado de defunción, Norero volvió a Ecuador. Durante aquellos años, con los recursos financieros de la venta de cargamentos de cocaína, Norero financió tres estructuras armadas ilegales en Ecuador, una de ellas fue Los Lobos. Norero, según la fuente policial, incluso ayudó a Pipo a simular su muerte y a salir de la cárcel.

Pero cuando Pipo empezó a ganar más poder vio a Norero como una amenaza para su liderazgo. Por eso, según fuentes de inteligencia e integrantes de bandas aliadas, el cabecilla de Los Lobos habría ordenado el asesinato de Norero, en la cárcel de Cotopaxi, en octubre del 2022.

La relación entre ambos cambió cuando Norero comenzó a tener contacto con la banda rival Los Choneros para tratar de ganar poder en la cárcel de Cotopaxi, controlada por Los Lobos. Por esta razón, en octubre de 2022, desde Europa, Chavarría habría ordenado el asesinato de Norero durante una masacre en la cárcel de Latacunga, donde también fueron acribillados otros 15 presos.

El brazo más violento

Los Lobos no son solo la organización criminal hegemónica en Ecuador, sino también una de las más violentas. Una de sus facciones, radicada al suroriente de Quito, fue la responsable del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023.

A cambio de ejecutar al político, el grupo criminal se iba apropiar del mercado local de microtráfico de drogas en gran parte de Quito. Eso se lee en el proceso judicialcontra cinco investigados por el asesinato del candidato presidencial. Todos los sicarios de Villavicencio fueron asesinados dentro de la cárcel, ocho semanas después del crimen.

Documentos de inteligencia confirman que por pedido de un político local la agrupación planificó inicialmente el asesinato del alcalde del cantón minero Ponce Enríquez, José Sánchez Reyes, quien empezó a ser incómodo cuando impulsó intervenciones de mayor impacto contra la minería ilegal con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía. En abril de 2024 fue acribillado a balazos.

Una veloz expansión: más allá de las fronteras

La estructura criminal de Los Lobos se especializó inicialmente en extorsiones y secuestros. Luego de las masacres carcelarias entre 2021 y 2022, que dejaron más de 400 internos muertos, el Gobierno separó a los líderes de los grupos criminales en distintas prisiones.

Esto ocasionó la dispersión de los miembros de Los Lobos hacia diferentes provincias del país. “La respuesta del gobierno coadyuvó la expansión de sus operaciones hacia Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Los Ríos, Napo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, El Oro, Azuay y Loja”, cita un informe policial al que accedimos para esta investigación.

Al norte de Ecuador, en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, sus miembros se especializaron en la extorsión a mineros ilegales, y desplazaron al Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, que operaba en la ciudad de la Merced de Buenos Aires (provincia de Imbabura).

Por el centro y sur del país, Los Lobos se extendieron en las provincias mineras de Azuay y en El Oro, que limita con Perú. Desde el 2022, en el cantón minero Camilo Ponce Enríquez se dedican también a las extorsiones.

Ponce Enríquez cobró gran relevancia en los últimos años porque se convirtió en una fuente permanente de millonarios ingresos para la minería ilegal, con participación de diversos grupos delictivos incluidos Los Lobos, que también delinquen más alá del territorio ecuatoriano.

Su avance hacia el lado peruano obedece, según los reportes policiales de Ecuador, a dos dinámicas: el tráfico de armas que ingresa desde el Perú y el control de la minería ilegal de oro para luego exportar el mineral desde Ecuador, por sus facilidades e inexistentes controles cruzados.

“La deficiencia en los controles fronterizos, pasos ilegales o irregulares en las fronteras de Ecuador ha permitido el paso de armas y municiones. La puerta principal del tráfico de armas es la frontera sur [de Ecuador], por uno de los 80 pasos irregulares detectados”, señala un informe de la Inteligencia.

Pero este avance territorial de Los Lobos no se realiza necesariamente de manera violenta. Pablo Zeballos, investigador y autor del libro Un virus entre las Sombras, la Expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, sostiene que “en el norte del Perú, hay indicios de vínculos entre Los Lobos y el Tren de Aragua, dos organizaciones emergentes que debieran estar en pugna pero en esta zona las vemos en acción coordinada”.

En su publicación recogió testimonios de diversos actores que explican la relación entre ambas estructuras criminales. En zonas donde hay pugnas por el control territorial, como las áreas de explotación de minería ilegal, “hay posibles acuerdos para beneficio mutuo”. Pero, advierte, las asociaciones entre organizaciones delictivas suelen ser temporales y frágiles.

Los Lobos, según el investigador, tienen en común con el Tren de Aragua su vocación trasnacional, su crecimiento exponencial y sus incursiones en actividades de minería ilegal. Además, ambas nacieron y se fortalecieron desde una prisión. Los Lobos desde la cárcel de El Turi, en Cuenca, y el Tren de Aragua, desde el presidio de Tocorón, en el estado de Aragua.Adicionalmente tienen sus propios códigos y una formación de tipo militar, más especializada.

Sus refugios en Europa

Desde el 2022, el lider de Los Lobos ha ordenado los asesinato de sus rivales para controlar las rutas del narcotráfico.

La investigadora Alexandra Mantilla, que ha analizado la personalidad de estos mandos criminales, explica que Wilmer Chavarría “muestra una personalidad marcada hacia la manipulación estratégica y la capacidad para la violencia extrema. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado ser metódico y calculador, con habilidad para formar acuerdos en el mundo del crimen organizado y la eliminación de sus rivales. En prisión utilizó su influencia para crear y fortalecer a Los Lobos”, sostuvo.

Sin embargo, Mantilla advierte que Chavarría no es el mayor de los problemas. “Este grupo no improvisa, tiene una estructura bien marcada y otros líderes, ocultos, pueden estar en cualquier calle, actuando en forma invisible”.

Estas características y capacidad para establecer alianzas es uno de los atributos de Los Lobos: su sigilosa expansión hacia Perú, Colombia y Chile.

Un alto oficial de Ecuador reveló que desde 2022 la institución policial solicitó a su par de Turquía, a través de Interpol, información sobre la posible presencia de Wilmer Chavarría en ese país.

En los últimos años, Turquía se ha convertido en el refugio de narcotraficantes que han huido de Ecuador. Dos operadores de la mafia albanesa, Dritan Rexhepi y Dritan Gjika, huyeron hacia ese destino.

El primero de ellos enviaba cargamentos de cocaína desde una cárcel ecuatoriana; y luego, convenció a un juez para que lo liberara usando una de sus ocho identidades. El 10 de noviembre de 2023 los agentes de la Europol lo detuvieron en Estambul.

De Dritan Gjika, hoy preso en Dubai, los reportes periodísticos desde Albania sugieren que su último destino también fue Turquía. Aún no ha sido detenido, pero las investigaciones de la justicia señalan que Gjika operaba desde Ecuador a través de una red de empresas de fachada y testaferros.

Las últimas pesquisas de la policía española que le seguía los pasos apuntaban a que Pipo llegó a España después del 2022, que convirtió en un centro clave de sus operaciones para coordinar el tráfico de cocaína desde Ecuador a puertos de varios países europeos. Aún está por verse hasta donde logró su cometido, porque hay varias investigaciones en marcha a través de la cooperación cada vez más estrecha de la policía ecuatoriana con Europol, que ha dado buenos resultados, pues otros cabecillas de bandas ecuatorianas ya han sido aprehendidos en ese país.

 Según lo previsto, a inicios de diciembre se deberían abrir las postulaciones para quienes deseen participar en el concurso para nuevo Fiscal General del Estado, un proceso que lleva más de un año de retraso. La fase previa avanza con la descalificación de cuatro aspirantes a la Comisión de Selección, que tenían vínculos políticos y otras sombras. Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) dice que esta vez nada detendrá el concurso, a menos que una posible Asamblea Constituyente decida darlo de baja.

Redacción Código Vidrio

Todo dependerá de los intereses y cálculos políticos. En reiteradas ocasiones el presidente Daniel Noboa ha dicho que el CPCCS no debería elegir a las autoridades de control, como Fiscal, Contralor, superintendentes, etc., y que esa competencia debería pasar a la Asamblea Nacional. Incluso ha pedido la eliminación de esta entidad conocida como el ‘Quinto Poder’ del Estado. Y eso podría hacerse realidad si este 16 de noviembre el Ecuador le dice Sí a una de las cuatro preguntas de la Consulta Popular para instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y, entre otras reformas, cambie la estructura del Estado.

Pero, en teoría, así se instalase una Constituyente, eso no debería afectar los procesos del CPCCS y en especial el concurso para Fiscal, que es como hablar de la joya de la corona. Se espera que haya un nuevo titular de la Fiscalía para mediados del próximo año.

Entonces, ¿cuál es el problema? El meollo está en que se repita la historia. Aunque Noboa ofrece que su eventual Constituyente no se declarará de plenos poderes, nadie tiene certezas de que eso se respete. Esa eventualidad le daría el poder para intervenir en los otros poderes del Estado.

Es un escenario que, incluso, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, tiene presente. En entrevista con este medio, Fantoni dijo que la institución tiene el compromiso y el mandato para seguir con el concurso, ya que no existe ninguna normativa para detenerlo. Pero señala que si “la posible Constituyente decide eso (detener el concurso), cosa que no puedo asegurar porque no soy adivino, eso será potestad de los constituyentes”.

Hay que tener en cuenta que, si gana el Sí, la instalación de la Constituyente demorará unos cuatro meses hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame nuevamente a un proceso electoral para elegir a los miembros que conformarán esa Asamblea. Durante ese tiempo al menos el concurso para Fiscal debería continuar.

Nadie tiene la bola de cristal. Los rumores en el CPCCS apuntan a que “una decisión política” podría dar de baja el concurso mucho antes, quizá la semana siguiente de la Consulta Popular. Y hay quienes creen que al gobierno no le interesa que avance esta designación. “Son rumores que nos dan mucha incertidumbre”, dice Hugo Arteaga, presidente de la Veeduría Ciudadana, que vigila el concurso para Fiscal. “El CPCCS no tiene claro cuál va a ser su futuro y nosotros como veeduría sentimos que no es justo que no se respete un proceso y después de tanto tiempo que empieza a caminar, ahora los políticos quieran terminarlo”.

“El problema es que ya lo hemos visto. En las constituyentes anteriores también dijeron que no se iban a declarar de plenos poderes y lo hicieron”, cuestiona Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), que también hace seguimiento del concurso. Añade que eso solo sumará más incertidumbre a la ya débil institucionalidad del país. Sobre todo a la justicia, puesto que una institución como la Fiscalía, con autoridades prorrogadas o subrogantes tiende a perder la legitimidad.

Lo más sano sería que el concurso termine, agrega, puesto que una posible Constituyente que termine en la aprobación de una nueva Constitución podría tardar más de un año, dejando a la Fiscalía por más tiempo sin una autoridad titular.

Aunque con injerencias políticas, el concurso avanza

El concurso está cerca de cerrar su primera etapa: la conformación de una Comisión de Selección que deberá estar integrada por representantes de las funciones del Estado y de la ciudadanía. Serán estas personas quienes lleven a cabo el concurso. Los aspirantes de la ciudadanía fueron más de 100 y quedaron 38 que entran a la recta final. La semana anterior fueron descalificados cuatro postulantes por haber sido candidatos o pertenecido a partidos políticos, y por tener causas en la Contraloría.

Aunque los requisitos para integrar esta Comisión estaban claros de que los participantes no deben tener filiaciones partidistas, no llama mucho la atención en este país que personas con intereses políticos quieran meterse por la ventana.

Los descalificados fueron:

José Daniel Montesdeoca Palacios: que fue asambleísta alterno de Karina Arteaga, del bloque de Alianza PAÍS en el periodo 2017-2021. En sus descargos para intentar seguir en el proceso dijo no estaba afiliado a ese movimiento político y por tanto eso no representa una afiliación partidista. Y añadió que nunca ocupó una dignidad de elección popular porque siempre fue alterno y nunca se principalizó.

Álex Leopoldo Bósquez Cáceres: Fue candidato a asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) en 2025. En su descargo dijo que nunca se afilió al partido ni fue afiliado a ningún movimiento, y que su único pecado fue haber aceptado la invitación del PSP para ser candidato. “Mi candidatura constituyó una postulación ciudadana de carácter temporal y simbólico, sin implicaciones de militancia y ejercicio del poder político”, intentó justificar Bósquez.

Édgar Joselito Argüello Cáceres: Fue candidato a asambleísta en 2021 por Unidad Popular y también en 2025 por el Partido Socialista Ecuatoriano. No presentó descargos y el CPCCS lo tomó como una aceptación tácita de la inhabilidad.

Héctor Bolívar Freire Villafuerte: No presentó en su carpeta el certificado de apoliticismo del CNE y registra una responsabilidad administrativa y civil culposa en Contraloría General del Estado. Tampoco presentó sus descargos.

Con estas cuatro descalificaciones quedan 38 postulantes que pasan a la etapa de méritos, en la que se asignarán puntajes de acuerdo a su hoja de vida, experiencia laboral, estudios, etc. Los 30 mejor puntuados irán a un sorteo de donde saldrán 10 finalistas: cinco principales que conformarán la Comisión de Selección y sus cinco suplentes. Se estima que esto demore hasta finales de noviembre y, en diciembre ya se pueda hacer la convocatoria para los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal.

La Comisión se completará con otros cinco principales y cinco suplentes que ya fueron designados por las funciones del Estado de la siguiente manera:

Ejecutivo

María Belén Toca Mena y David Eduardo Flores Brandt

Legislativo

Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto y Daniel Caicedo de los Ríos

Judicial

Natalia de Jesús Guarnizo Condolo y Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés

Electoral

Maribel Rocío Baldeón Andrade y Tayron Michel Valarezo Eras

Transparencia y Control Social

Pamela Teresa Garay Mateo y Carlos Andrés Guerrero Arizaga

El puesto más codiciado

Las suspicacias no han faltado en esta etapa previa al concurso. Si bien, salieron a la luz los casos de quienes tienen pasado político y resultaron descalificados, desde la Veeduría Ciudadana, Hugo Arteaga, alerta que han realizado observaciones al expediente 118 de un participante para la conformación de la Comisión de Selección que tendría glosas en Contraloría, pero que al parecer ha pasado los filtros. También reclama que se les ha impedido vigilar ciertas decisiones.

Asimismo, se ha cuestionado la probidad de uno de los delegados del CNE, Tayron Michel Valarezo Eras, quien trabaja como fotógrafo en el despacho de la presidenta del organismo, Diana Atamaint. La consejera Elena Nájera cuestionó esta designación argumentando que dentro del CNE hay perfiles más apropiados para cumplir esa responsabilidad, pero que primó la gente de confianza de la presidenta.

“El problema es que siempre han sido procesos políticos y obviamente nominan a gente de confianza en lugar de personas con formación adecuada para esas funciones. Eso hace que aumenten las probabilidades de politización del concurso”, dice Mauricio Alarcón de FCD.

Otro de los cuestionamientos se dirigió a uno de los integrantes del equipo técnico del CPCSS que está revisando las postulaciones para la Comisión de Selección. Uno de los siete integrantes es Christian Troya, quien trabajó en el pasado con el ahora presidente de la Judicatura, Mario Godoy. También trabajó de cerca con Fausto Jarrín, el exabogado de Rafael Correa y Jorge Glas, y que ahora funge como asesor personal de Daniel Noboa.

A este respecto, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, dice que, si bien puede saltar alguna suspicacia, “esto no se puede manejar por percepciones si no con hechos, con las reglas de juego y con la normativa”. Aclara que los siete integrantes del equipo técnico son responsables y no ha habido quejas, que se ha transparentado cada decisión y hay una Veeduría.

Observación internacional

La Misión Internacional de Observación sobre la elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia en Ecuador emitió un informe en septiembre tras una visita al país. “La figura del o la Fiscal General tiene una relevancia estratégica para el Ecuador, especialmente frente a un escenario de creciente crimen organizado y desafíos de seguridad pública, incluyendo el combate a la corrupción”, dijo en su informe.

Por eso, recordó el lamentable retraso del concurso para Fiscal, que debió estar finalizado en abril de este año, cuando se terminaba el período de Diana Salazar. Con su salida en mayo de 2025, el fiscal subrogante Wilson Toainga asumió la titularidad. No obstante, en octubre Toainga pidió un pronunciamiento a la Procuraduría para saber quién se quedaría al mando de la institución en caso de su ausencia temporal o definitiva. La Procuraduría dijo que ese nombramiento le correspondía a la Judicatura y esta entidad nombró al fiscal Leonardo Alarcón, quien en las últimas semanas ya ha reemplazado temporalmente a Toainga.

La misión internacional hizo varias recomendaciones como ampliar la transparencia y mejorar los procesos de convocatoria para que hay perfiles más idóneos tanto de quienes van a la Comisión de Selección tanto para quienes quieran postular para Fiscal General. Además, cuestionó que el concurso pueda estar sujeto a intereses y tiempos políticos, ya que el CPCSS no hizo nada durante 2024 y luego de los resultados electorales de abril de 2025, recién encaminó el proceso. Previamente el CPCCS sufrió destituciones de algunos de sus vocales.

El informe también cuestionó que la exfiscal Diana Salazar fue nombrada como embajadora de Ecuador en Argentina, una vez que dejó el cargo, pero lo que más llamó la atención es que ese nombramiento empezó en enero de 2024, cuando el gobierno argentino otorgó el beneplácito y ella aún estaba en funciones. Ahora Salazar ha manifestado su intención de volver a Ecuador como candidata a asambleísta constituyente por el movimiento ADN, de Daniel Noboa.

• Sin una presencia estatal más permanente y positiva -multidimensional- en las zonas afectadas por la delincuencia (pobres y marginales en su mayoría) y una postura más firme contra la corrupción en los puertos, las prisiones y las instituciones estatales, Ecuador corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública. Esa es una de las principales conclusiones del último informe que acaba de difundir el think tank Crisis Group, titulado: ¿Un Paraíso Pérdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado.

• Aprovechando los activos comerciales del país, así como sus debilidades institucionales, los grupos narcotraficantes han arrastrado a Ecuador al corazón de la cadena global del suministro de narcóticos.

• El crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones del Estado ecuatoriano con el fin de obtener protección, impunidad y beneficios económicos. Los grupos criminales recurren a la extorsión y la intimidación para cooptar a funcionarios en todo el sector público, incluidos los sistemas judicial y penitenciario, los puertos, y las fuerzas de seguridad, así como muchos gobiernos locales. 

• Las redes criminales manipulan los procesos judiciales a través de acuerdos ilegales. Varios fiscales y jueces han sido acusados de destruir evidencia o de organizar la liberación anticipada de delincuentes a cambio de dinero en efectivo y artículos de lujo.

• Ecuador corre el grave riesgo de que las organizaciones criminales que intenta derrotar extiendan su influencia aún más sobre todas las instituciones del Estado y en todos los rincones el país.

Redacción Código Vidrio

Ecuador sigue siendo un foco de atención mundial por sus índices crecientes de criminalidad, violencia y corrupción sistémica. Tras casi dos años de una autoproclamada guerra contra los grupos criminales, Ecuador todavía enfrenta una oleada histórica de violencia. Es más, según un amplio y detallado informe que difundió este miércoles 12 se noviembre el think tank Crisis Group, “las operaciones conjuntas entre los militares y la policía, el pilar de la campaña oficial de represión, no han tenido más que un éxito fugaz”. Eso, sobre todo, por la falta de acciones conjuntas, integrales, que sumen a otras instituciones en una estrategia con una perspectiva transversal, que incluya al sector judicial, la fiscalía, los gobiernos locales, la sociedad civil, así como un abordaje sostenido de asistencia social a los sectores más golpeados por la criminalidad.

Este informe acaba de salir a la luz, pocas horas después de que la organización Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado (GITOC por sus siglas en inglés) difundiera el Índice Global del Crimen Organizado, en el que Ecuador se ubica en el cuarto lugar de las naciones con mayor criminalidad del mundo, de un total de 193 países analizados. También se ubica como el segundo de Latinoamérica y el tercero de todo el continente.

La caída de la tasa de homicidios en 2024 desde los niveles récord que había alcanzado y una disminución de los motines y masacres en las cárceles parecían ser un buen augurio, pero el repentino aumento de los asesinatos hizo que la primera mitad de 2025 fuese el semestre más violento de la historia de Ecuador. Para fines de este 2025, sin embargo, la tasa será de 50 homicidios por 100 mil habitantes. Es más, este último fin de semana ocurrió una nueva masacre que cobró la vida de 32 presos asesinados en la cárcel de Machala, y decenas de heridos, pese al control militar y policial permanente. 

ECUADOR OCUPA EL CUARTO PUESTO DE CRIMINALIDAD MUNDIAL EN EL ÍNDICE DE GITOC

 

 

En el reporte de Crisis Group se destaca que drogas, en particular la cocaína, continúan llegando en cantidades industriales desde los puertos ecuatorianos a los mercados de EE. UU. y Europa. Las comunidades pobres, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico, «languidecen bajo el yugo de una multitud de grupos hiperviolentos que luchan por el control territorial», alerta el reporte ¿Un Paraíso Pérdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado.

En este contexto, se acumulan las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, mientras el gobierno proclama su proximidad al presidente estadounidense Donald Trump y su fe en las fuerzas de seguridad, lideradas por los militares, que desempeñan un sinnúmero de actividades ajenas a sus funciones.

Sin una presencia estatal más permanente y positiva -multidimensional- en las zonas afectadas por la delincuencia y una postura más firme contra la corrupción en los puertos, las prisiones y las instituciones estatales, Ecuador corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública, alerta el informe.

Aprovechando los activos comerciales del país, así como sus debilidades institucionales, los grupos narcotraficantes han arrastrado a Ecuador al corazón de la cadena global del suministro de narcóticos. Este país había servido durante mucho tiempo como corredor de tránsito, gracias a su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores mundiales de coca, la materia prima para la producción de cocaína. Sin embargo, una serie de cambios en el narcotráfico latinoamericano, entre ellos la desarticulación de grandes carteles criminales, el aumento del tráfico en contenedores marítimos y las repercusiones del acuerdo de paz colombiano de 2016, favorecieron la transformación del país en una plataforma de exportación.

Ecuador ofreció al crimen organizado más que una simple alternativa a las rutas de tráfico tradicionales; en muchos sentidos, representó una mejor opción. La adopción del dólar como la moneda oficial, una decisión tomada en el año 2000 para detener el colapso financiero, facilitó el lavado de dinero ilícito; sus concurridos puertos marítimos, una extensa red de carreteras y débiles controles fronterizos facilitan el transporte de drogas. La corrupción en las instituciones estatales, agravada por los recortes presupuestarios de 2017 en las prisiones y fuerzas de seguridad, socavaron las fuerzas del orden. Por todas estas razones, los puertos del Pacífico ecuatoriano, especialmente los de Guayaquil, son ahora las puertas de salida más eficientes para cargamentos de cocaína desde la región hacia a Europa y EE. UU. Al mismo tiempo, las tasas de violencia criminal se dispararon.

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⇒ La fragmentación en 2020 de la que había sido la organización ilegal dominante, Los Choneros, desencadenó una brutal guerra territorial, sobre todo con Los Lobos, un grupo que creció rápidamente. Las organizaciones mexicanas han alimentado las luchas internas en Ecuador, con el Cartel de Sinaloa respaldando a Los Choneros y el Cartel de Jalisco Nueva Generación a Los Lobos. Mientras tanto, docenas de bandas más pequeñas, muchas de ellas arraigadas en barrios pobres desprovistos de servicios básicos y oportunidades laborales, compiten por dominar los mercados locales del narcotráfico y las redes de extorsión, mientras intentan demostrar que son aliados dignos de organizaciones más grandes y ricas.

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Las provincias situadas a lo largo de la costa del Pacífico siguen siendo el epicentro de la violencia en Ecuador. Ésta se ha manifestado de muchas formas: asesinatos de jueces, funcionarios penitenciarios y alcaldes, enfrentamientos entre grupos criminales, asesinatos de víctimas de extorsión y atentados con coches bomba. Para muchos, la vida cotidiana se ha vuelto insoportable, con comunidades divididas por fronteras invisibles que delimitan las zonas de operación de bandas rivales, obligando a las familias a abandonar sus hogares en busca de seguridad.Muchas mujeres jóvenes y niñas a menudo son atraídas o forzadas a delinquir, y pueden pagar con su vida por estas asociaciones.

Elegido por primera vez en noviembre de 2023 y reelegido en las elecciones de principios de 2025, el presidente Daniel Noboa ha adoptado una postura contundente frente a la ola de delincuencia. Tras declarar al país en estado de conflicto armado interno en enero de 2024, el gobierno de Noboa ha recurrido en gran medida a operaciones militares (incluido dándole a las fuerzas militares el control del sistema penitenciario), “estados de excepción” (en los que se suprimen temporalmente determinadas protecciones civiles) y una serie de reformas legales destinadas a aumentar las penas para los delincuentes y consolidar las responsabilidades de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. Una de sus iniciativas consiste en modificar la Constitución para permitir que Estados extranjeros establezcan bases militares en el país, unos dieciséis años después de que cerrara la última que había en Ecuador. La relación de Noboa con la administración Trump es cordial, y funcionarios estadounidenses se han comprometido a aumentar la cooperación con Quito en sus esfuerzos por frenar el flujo de drogas.

La firme postura de Noboa sin duda ha recibido apoyo público. Pero los resultados de su estrategia han sido irregulares y de poca duración. Las redadas militares y policiales proyectan el poder estatal, dispersan a los grupos criminales y los empujan a la clandestinidad. Pero la forma abrupta en la que se retiran las fuerzas de seguridad permite que las bandas se reagrupen. Peor aún, el arresto o asesinato de jefes criminales pueden provocar la fragmentación de los grupos o tentar a rivales expansionistas a actuar. La ola de masacres en las cárceles ecuatorianas que comenzó en 2021 disminuyó después de que los militares tomaran el poder de las prisiones, pero éstas siguen bajo el control de facto de las redes criminales y la violencia ha regresado.

Las exportaciones de drogas desde los puertos del país pueden haberse desplazado a nuevos puntos de salida, pero no hay evidencia de que las incautaciones hayan reducido el volumen del tráfico. Ecuador ahora se enfrenta a los mismos dilemas que el auge del narcotráfico y las medidas, a menudo contraproducentes, para combatirlo han traído a otros países latinoamericanos durante la última mitad siglo. Ante el creciente control de las fuerzas de seguridad, los grupos criminales se adaptan, se desplazan a nuevos territorios, captan nuevos reclutas, tejen nuevas redes de corrupción y diversifican sus fuentes de ingresos.

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⇒ Perseguir a los grupos criminales es, sin duda, esencial, pero una estrategia de seguridad viable y sostenible también debe abordar las causas del vertiginoso aumento de la violencia en Ecuador. Por un lado, solo se reducirá la oferta de reclutas para los grupos criminales y habrá menos víctimas de extorsión en comunidades de bajos recursos, en gran medida abandonadas por el Estado, si se fortalecen de las redes de protección social y la policía comunitaria, recomienda Crisis Group.

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Ante todo, el gobierno debe desarrollar un conjunto coordinado de políticas destinadas a reducir la colusión entre los grupos ilegales y los funcionarios de puertos, prisiones y las instituciones estatales en general. Si bien es poco probable que la “guerra contra las drogas” se gane próximamente, Ecuador puede hacer mucho más para contener la ola de violencia que ha azotado partes del país. La fuerza militar envía un mensaje claro a los grupos ilegales, pero mientras el país siga siendo un imán para el crimen organizado, es muy posible que éste sea ignorado.

La corrupción atenaza a todo el Estado

El crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones del Estado ecuatoriano para obtener protección, impunidad y beneficios económicos. Los grupos criminales recurren a la extorsión y la intimidación para cooptar a funcionarios en todo el sector público, incluidos los sistemas judicial y penitenciario, los puertos, y las fuerzas de seguridad, así como muchos gobiernos locales.

Las redes criminales manipulan los procesos judiciales a través de acuerdos ilegales. Varios fiscales y jueces han sido acusados de destruir evidencia o de organizar la liberación anticipada de delincuentes a cambio de dinero en efectivo y artículos de lujo. Los sobornos varían desde tan solo $1000 dólares hasta más de $100 000 dólares, según el servicio prestado. Siete de los doce jueces de un tribunal de Guayas, incluida su expresidenta, fueron destituidos en 2024 debido a acusaciones de vínculos con el crimen organizado.

El sistema judicial sufre de una grave escasez de fondos y personal, lo que conlleva que los tribunales y los fiscales no estén preparados para hacer frente a los retos que plantea la delincuencia organizada. Está al borde del colapso, según varios judiciales y especialistas consultados por Código Vidrio.  A menudo, los jueces y fiscales no cuentan con la protección adecuada; al menos quince han sido asesinados desde 2022. Un estudio gubernamental encontró que el país necesita por lo menos 600 fiscales más, ya que los que están en el cargo se ven abrumados por un volumen de trabajo inmanejable. La debilidad del poder judicial, a su vez, permite que el crimen organizado infiltre el sistema, lo que fomenta una alarmante impunidad. Se estima que el 90 por ciento de las investigaciones de delitos violentos (incluidos homicidios, extorsiones y secuestros extorsivos) nunca pasan de la fase preliminar, de la primera etapa procesal. Las víctimas se quejan de que el proceso burocrático es costoso y que los casos usualmente no prosperan. “Es muy fácil que no acepten la denuncia”, dijo un defensor de derechos humanos. “La vinculación entre instituciones de protección y el crimen es directa e inmediata”.

Diversas investigaciones lideradas por la Fiscalía General, conocidas como Metástasis, Plaga y Purga, han expuesto el alcance del control del crimen organizado sobre las instituciones del Estado. Metástasis destapó cómo el narcotraficante Leandro Norero orquestó una red criminal que alcanzaba las más altas esferas del poder judicial, las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales. Como resultado, Norero pudo manipular procedimientos judiciales, garantizar la impunidad de los sospechosos y reunir información confidencial sobre operaciones policiales.  La Fiscalía logró 32 condenas entre julio y noviembre de 2024, en las que se vieron implicados altos funcionarios, incluidos jueces, fiscales y policías. Entre ellos se encontraba Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, la institución encargada de nombrar y sancionar a jueces y funcionarios judiciales.

La corrupción también prospera a nivel local. En el cantón de Durán, redes criminales presuntamente han forjado alianzas con políticos y funcionarios municipales para obtener contratos públicos, regular el acceso a servicios esenciales, como el agua, y extorsionar a los residentes locales. Un exfuncionario local explicó: “[Los grupos] amenazan a los trabajadores de la alcaldía. Les piden el 50 por ciento de su sueldo, o los obligan a renunciar. Hay contratos [públicos] que tienen con los grupos. Es un tormento día y noche hasta que la persona renuncia o se va. No hay donde recurrir”. El acceso de los grupos criminales a las instituciones municipales les permite obtener información anticipada sobre operaciones policiales y controlar áreas estratégicas, como los corredores de transporte.

La corrupción también permea a las fuerzas de seguridad, indica el informe. Los agentes de policía reciben salarios muy bajos, lo que los hace especialmente vulnerables a los sobornos. La desconfianza pública hacia la policía es alta y los agentes son frecuentemente acusados ​​de colaborar con el crimen organizado. Los mecanismos anticorrupción han resultado ineficaces para abordar las conductas indebidas y las investigaciones internas rara vez dan lugar a despidos. Expertos en seguridad local y residentes de Guayaquil dijeron a Crisis Group que sospechan que hay agentes de policía involucrados en las guerras territoriales entre grupos criminales, e incluso algunos llevan a cabo asesinatos bajo la apariencia de operaciones oficiales. Dado que el personal militar está asumiendo un papel más importante en la lucha contra el crimen organizado, existe un temor generalizado de que la corrupción también se esté extendiendo en las fuerzas armadas. “Las Fuerzas Armadas se ha vuelto más corruptas al estar expuesto al narcotráfico”, dijo un funcionario estadounidense a Crisis Group.

Las cárceles, centros de mando y homicidios

Las cárceles en Ecuador se han convertido en focos de delincuencia. El hacinamiento y la corrupción desenfrenada han permitido a los grupos criminales controlar el sistema penitenciario, lo que les da libertad para extorsionar a otros reclusos y coordinar operaciones en el exterior con total impunidad.

Los grupos criminales ejercen el control sobornando y amenazando a guardias y administradores. La corrupción permea la institución a cargo del sistema penitenciario, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores. “No la totalidad de servidores son corruptos”, dijo un guardia penitenciario a Crisis Group, aunque el personal a menudo llega a depender de los pagos ilícitos, en particular porque sus salarios son bajos y las prestaciones escasas, para ellos “esto se convierte en el sustento de su familia”. Quienes no cooperan pueden terminar pagando con la vida. Desde 2024, al menos 27 trabajadores penitenciarios, incluidos tres directores, han sido asesinados110. Un guardia describió ese trabajo como “un ejercicio suicida”, citando la falta de equipo de protección esencial, como chalecos antibalas.

El control criminal de las prisiones conduce a la extorsión no solo de los reclusos, sino también de sus familias. Un historial de mala conducta puede borrarse por $400 dólares, mientras que boleta de excarcelación puede obtenerse por entre $600 y $1000 dólares. Los reclusos son sistemáticamente coaccionados para unirse a grupos criminales; en el proceso, sus familias también suelen verse arrastradas a actividades ilícitas. “La persona entra a la cárcel por otro tema, y tiene que vincularse, están obligados a hacer cosas para el grupo, por ejemplo, que la familia les lleve drogas”, explicó un joven activista de Guayaquil. Como resultado, las cárceles se han convertido en centros de operación de actividades criminales, y las lucrativas redes de extorsión tras las rejas engrosan los ingresos de estos grupos.

 

En parte debido al papel que desempeñan en los negocios ilícitos, las cárceles se han convertido en escenario de brutales disputas territoriales. Tras el asesinato de alias Rasquiña en 2020, grupos fragmentados, como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, se embarcaron en una despiadada campaña por el control de los pabellones de la prisión que antes dirigía Los Choneros. A medida que estos grupos luchaban por eliminar a sus rivales, las decapitaciones y desmembramientos se volvieron algo habitual. “Las primeras masacres carcelarias significaron un debilitamiento de Los Choneros, por disputa de control de espacios carcelarios”, dijo un experto en seguridad. El último capítulo de esta estela interminable de barbarie carcelaria se vivió el último fin de semana en Machala.

La violencia en las cárceles ecuatorianas alcanzó nuevas dimensiones en 2021, exponiendo la incapacidad del Estado para controlar el sistema penitenciario. En febrero de ese año, ataques coordinados por parte de cuatro pandillas en tres cárceles de Guayaquil acabaron con la vida de 75 reclusos. En julio, enfrentamientos en las cárceles de Guayaquil y Cotopaxi cobraron otras 21 vidas. En septiembre, la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, ubicada en Guayaquil, fue escenario de la mayor masacre carcelaria en la historia de Ecuador, cuando enfrentamientos entre Los Choneros y Los Lobos resultaron en la muerte de 119 personas116. Un alto funcionario penitenciario explicó que durante estas oleadas de asesinatos “la policía no hacía nada, esperaban a que se mataran [entre ellos]”. La recompensa económica por establecer el dominio, añadió el funcionario, puede ser deslumbrante: “Agarrarse un pabellón significa entre $5000 y $8000 dólares” en ganancias ilícitas. Ecuador ha sido testigo de más de quince masacres carcelarias desde 2021, que han causado más de 500 muertos, todas en prisiones masculinas.

Conclusión

Ante el vertiginoso aumento de la violencia en los últimos cinco años, Ecuador es el país latinoamericano que más recientemente ha desplegado sus fuerzas armadas para combatir a la delincuencia relacionada con el narcotráfico. Comprensiblemente, las políticas de mano dura son populares en comunidades acorraladas por la delincuencia y el miedo, pero sus resultados distan mucho de ser exitosos, señala Crisis Group. Las demostraciones de fuerza militar, tanto en zonas afectadas por la violencia como en las prisiones, provocaron inicialmente una disminución de los homicidios. Pero con el tiempo, esa tendencia se estancó e incluso se revirtió. La arremetida no ha logrado debilitar al narcotráfico y parece haber fomentado una serie de abusos a los derechos humanos.

Como se ha visto en México y otros países, los grupos ilegales se adaptan rápidamente a las ofensivas de seguridad, desplazándose a nuevas localidades y adoptando métodos innovadores para proteger sus fuentes de ingresos. Una y otra vez, la dependencia en la fuerza militar y el poderío de las armas es socavada por los mismos problemas: poco compromiso por parte de las instituciones estatales para apoyar a las comunidades pobres y vulnerables; un sistema penitenciario que sigue alimentando la violencia y permite que los grupos criminales se consoliden; y una colusión estatal profundamente arraigada que permite que el crimen y la violencia persistan y, a menudo, empeoren.

Aunque su potente alianza con EE. UU. augura una renovada confianza en el uso de la fuerza militar para combatir la delincuencia, es probable que Ecuador solo pueda dejar atrás su condición de país más violento de Suramérica si recalibra su estrategia. Las soluciones duraderas requerirán la presencia permanente en las comunidades más inseguras de una gama más amplia de instituciones estatales, más allá de las fuerzas de seguridad, así como redes de protección social mucho más sólidas, especialmente para los jóvenes que corren el riesgo de verse arrastrados al crimen organizado y no encuentran alternativas viables para ganarse la vida. También es esencial frenar los motores que han impulsado el crecimiento del crimen organizado. Será imprescindible la implementación de políticas viables destinadas a reducir la explotación de los puertos marítimos comerciales por parte del narcotráfico, liberar las cárceles del control de los grupos criminales y fortalecer la capacidad del Estado para combatir la corrupción. Sin estos esfuerzos, Ecuador corre el grave riesgo de que las organizaciones criminales que intenta derrotar extiendan su influencia aún más sobre todas las instituciones del Estado y en todos los rincones el país.

La última década Ecuador se volvió un actor gravitante en el  panorama delictivo global, vinculado a una densa red de actividades ilícitas. Hoy se ubica entre las cuatro naciones con mayores niveles de criminalidad del mundo. El primero es Myanmar seguido por Colombia, México y Ecuador, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025.

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Ecuador ascendió cinco posiciones respecto a 2023 entre los países más afectados por dinámicas criminales. Para este año nuestro país se ubica entre las cuatro naciones con mayores niveles de criminalidad del mundo, según concluye el último Índice Global de Crimen Organizado 2025, que acaba de difundir este 10 de noviembre la organización  The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC). 

Este incremento refleja la diversificación de las economías ilícitas, con un mercado de cocaína más fragmentado, el crecimiento de la minería ilegal, el tráfico de armas, la expansión de la extorsión, así como una fragmentación de los grupos criminales, sin precedentes.

Una de las consecuencias de esa atomización es la disputa sangrienta dentro y fuera de las prisiones de los grupos delictivos. El último acontecimiento de este tipo ocurrió en la cárcel de Machala este domingo 9 de noviembre, que dejó un saldo trágico de, al menos, 32 presos asesinados y más de 40 heridos. La masacre habría sido desatada por una disputa territorial de las bandas Los Lobos y Los Sao Box, según el ministro del Interior, John Reimber. Sucesivamente el gobierno anunció que se estaba concretando el traslado de decenas de presos peligrosos a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena, donde los reos estarán sometidos a un régimen severo y restrictivo.

Desde que el gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto interno armado a 22 grupos criminales, en enero de 2024, los enfrentamientos con muertes en varias cárceles han continuado, evidenciando una debilidad oficial para controlar los presidios, donde hay una presencia permanente de militares y policías.

Precisamente por ese factor, en Ecuador la capacidad de respuesta del Estado (medido en este estudio global como RESILIENCIA) también retrocede cinco puestos en comparación con 2023 en el índice de GITOC.

¿A qué se debe este retroceso? Sobre todo a dos factores:

-Falta de liderazgo político y estrategia multidimensional.

-Escasa transparencia y limitada rendición de cuentas. 

Esto, según indicó Renato Rivera, uno de los expertos ecuatorianos que participó en el informe, obstaculiza una respuesta efectiva frente a la crisis de seguridad, que atenaza al país hace más de cinco años.

Este 2025 la tasa de homicidios en Ecuador llegará a un nivel histórico de muertes violentas: 50 por cada 100 mil habitantes.

La última década Ecuador se volvió un actor gravitante en el  panorama delictivo global, vinculado a una densa red de actividades ilícitas. Así el crimen reorganizado ha sido capaz de reaccionar eficazmente a las contramedidas y a las cambiantes condiciones socioeconómicas y políticas, que lo moldean continuamente en diversos países, según el reporte de GITOC.

La tercera edición del Índice incluye datos sobre criminalidad y resiliencia frente al crimen organizado para los 193 Estados miembros de la ONU. El informe demuestra cómo el crimen organizado y la resiliencia han evolucionado a lo largo de los últimos cuatro años desde la publicación del primer Índice.

 El crimen organizado es fluido: se adapta a los contextos cambiantes, capitaliza las vulnerabilidades emergentes y explota las intersecciones entre la gobernanza incoherente, las presiones económicas y el cambio tecnológico. Si bien ciertos mercados ilícitos, actores y patrones de respuesta muestran una notable persistencia a lo largo del tiempo, lo que realmente define la trayectoria del crimen organizado son los momentos de inflexión, de quiebre: los puntos en los que los patrones arraigados comienzan a cambiar y el ecosistema criminal se reorganiza, destaca el informe.

Históricamente, estos cambios se han desarrollado a menudo de forma gradual, manifestándose a lo largo de extensos periodos, que se remontan en el siglo pasado a la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, en los últimos años, estas dinámicas se han vuelto más abruptas y fluidas, desencadenadas por eventos como conflictos, avances tecnológicos, crisis económicas o cambios en las alianzas dentro de un orden multilateral en constante evolución. 

La pandemia de COVID-19 es un ejemplo contundente. En cuestión de meses, los grupos criminales se adaptaron a las restricciones globales y a las interrupciones en la cadena de suministro, recurriendo a nuevos mercados y métodos ilícitos. Estas coyunturas marcan puntos de inflexión, cuando se rediseñan las rutas del tráfico, los grupos criminales se consolidan o se fragmentan, los mercados ilícitos se diversifican en nuevos ámbitos y las medidas de resiliencia se adaptan o se quedan rezagadas. Estos momentos redefinen la escala, el alcance y el impacto del crimen organizado a nivel planetario. Precisamente después de la Pandemia, en Ecuador y toda la región los carteles del narcotráfico aceleraron la diversificación de su portafolio criminal, y entraron de lleno en la explotación y exportación de oro proveniente de fuentes ilegales, provocando daños severos en la Amazonia.

Esta tercera edición del Índice demuestra que el mundo se encuentra en una coyuntura crítica, como nunca antes en su historia. Basándose en cinco años de datos recopilados, los resultados muestran que el crimen organizado ha llegado a un punto de inflexión. Si bien persisten tendencias arraigadas, como la expansión de mercados como el narcotráfico, la explotación humana y los delitos financieros, estas se están volviendo más complejas y se entrelazan con transformaciones macroeconómicas en geopolítica, tecnología, estrés ambiental y conflictos. Estas convergencias no solo refuerzan las dinámicas existentes, sino que también generan nuevas formas de delincuencia más adaptables, interconectadas y difíciles de combatir.

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Los resultados son contundentes. Por ejemplo, las puntuaciones de los delitos financieros y cibernéticos se han disparado desde la edición de 2023. Este aumento se debe a la transformación digital, en particular a la creciente adopción de la inteligencia artificial. Los actores extranjeros y del sector privado están adquiriendo mayor protagonismo, lo que refleja la creciente interconexión transfronteriza y entre las cadenas de suministro lícitas e ilícitas. Los mercados de drogas también están cambiando: las drogas sintéticas y la cocaína están en auge, mientras que el cannabis y la heroína están perdiendo terreno.

 

 

Estos acontecimientos no son aislados: son manifestaciones de cómo las grandes tendencias globales están transformando el panorama delictivo, ampliando su alcance y aumentando su complejidad. Y las respuestas tradicionales a la delincuencia organizada transnacional se están viendo cuestionadas.

El análisis de los resultados del Índice 2025 revela que no solo importan los niveles de criminalidad, sino también los cambios en sí mismos: cómo evolucionan los mercados, cómo se adaptan los actores y cómo cambian las medidas de resiliencia en respuesta. Es probable que estos puntos de inflexión tengan la mayor influencia en la manifestación del crimen organizado en los próximos años. Partiendo de los datos de ediciones anteriores, esta también busca demostrar cómo podrían desarrollarse las tendencias futuras en materia de criminalidad.

En consonancia con esto, el Índice 2025 adopta un enfoque diferente al de sus predecesores. Mientras que las ediciones anteriores ofrecían un análisis exhaustivo de los resultados globales y regionales, este informe se centra en captar los cambios en el panorama delictivo en un momento de inflexión mundial.

En lugar de presentar únicamente los niveles de criminalidad y resiliencia, se centra en las áreas temáticas donde el cambio ha sido más pronunciado, situándolas en el contexto geopolítico, tecnológico y financiero más amplio: la encrucijada en la que se encuentra el mundo actualmente.

Para ilustrar estas transformaciones, el informe destaca cinco áreas en particular:

1. El cambio de predominio en los mercados de drogas.
2. Un aumento de las formas no violentas de delincuencia organizada.
3. El creciente comercio de productos falsificados en un contexto de inestabilidad de la economía mundial lícita.
4. La creciente influencia de actores extranjeros y del sector privado.
5. La creciente presión sobre la cooperación internacional y los sistemas judiciales y penitenciarios.

 

⇒ En conjunto, estos temas demuestran cómo el crimen organizado no solo se está expandiendo, sino que se está reorganizando de forma fundamental. La evidencia apunta a cambios profundos en la dinámica del panorama delictivo. En este sentido, el Índice 2025 pretende no solo medir la criminalidad, sino también captar su evolución para revelar cómo el ecosistema delictivo se transforma, se adapta y se reconfigura en momentos de cambio global.

 

La edición de este año del índice introduce, por primera vez, un componente de pronóstico que proyecta la trayectoria de la criminalidad durante los próximos cuatro años. Para ello, se identificaron 21 países en función de su posición en la matriz de vulnerabilidad y la probabilidad de alcanzar, con el tiempo, el cuadrante de referencia de baja criminalidad y alta resiliencia. Posteriormente, aplicaron el modelo de predicción a estos países para pronosticar sus posibles trayectorias. Si bien los pronósticos suelen indicar un aumento de los niveles de criminalidad, también subrayan el papel de los Estados, destacando no solo los riesgos proyectados, sino también el potencial de reformas a nivel estatal que pueden modificar estas trayectorias.

Mientras tanto, un análisis complementario examina la relación entre la resiliencia y los actores estatales, el tipo de actor criminal más influyente en las tres ediciones del Índice. Los resultados demuestran que, incluso cuando el aumento de la delincuencia parece inevitable, los estados conservan una considerable capacidad para influir en los resultados y orientarlos hacia una mayor resiliencia y una menor delincuencia. Además, como demuestra el análisis posterior, esto podría lograrse mediante reformas específicas en lugar de reformas institucionales a gran escala.

Si bien el informe presenta un análisis del crimen organizado desde una perspectiva global, se complementará con una próxima serie de cinco informes que examinarán con mayor detalle la dinámica continental. Dado que la criminalidad y la resiliencia están condicionadas por factores regionales específicos, este análisis resulta fundamental. Por consiguiente, la serie complementaria está diseñada para captar las variaciones regionales y ofrecer una comprensión más profunda de cómo se manifiestan el crimen organizado y la resiliencia en distintas partes del mundo.

 

La minería ilegal avanza incontenible, como un incendio en pajonal, en la frontera entre Ecuador y Perú. Detrás de esta actividad operan policías, redes familiares y empresas formales que, con el apoyo de mineros provenientes de Ecuador, han tejido una red intrincada dedicada a la explotación indiscriminada de oro. La Fiscalía peruana investiga a 22 personas por el presunto delito de minería ilegal en esta provincia, en la frontera de Cajamarca con Ecuador. Composición: OjoPúblico / Fiorella Gallardo.

Por Aaron Worz.
Con la colaboración de Arturo Torres (Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico-Ecuador) y Jorge Clavijo (Red Investigativa Regional de OjoPúblico en La Libertad)

Eduar Aderli Sánchez Chanta, de 28 años, muestra en sus redes sociales una vida de lujo: autos de alta gama, hoteles elegantes y botellas de ron costosas. Pero detrás de esas imágenes de éxito se oculta una historia que la justicia empieza a mirar con atención.

El 21 de setiembre, su pareja publicó en Facebook una fotografía tomada en la oficina de Sánchez: sobre el escritorio, dos girasoles yacían junto a cuatro billetes de cien dólares y granos de oro. Apenas cuatro días antes, el 17 de setiembre, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio encargó a la comisaría local de la policía –a través de un oficio al que accedió OjoPúblico– que investigara a él y a otras 21 personas por presunta minería ilegal.
Según fuentes policiales y locales consultadas por este medio, Sánchez Chanta forma parte de una familia que, desde la pandemia, ha acumulado una fortuna extrayendo oro de los ríos del distrito de Namballe, en la provincia de San Ignacio en el departamento fronterizo de Cajamarca.

En Namballe —distrito fronterizo con la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe— la minería ilegal ha crecido sin pausa en los últimos cinco años. Cada vez más pobladores se dedican a esta actividad: redes familiares, empresarios ecuatorianos, policías e incluso una empresa con sede en Trujillo.

Una familia con funciones repartidas

En sus redes sociales, Eduar –conocido en San Ignacio como “Flaco”– aparece sonriente junto a su torta de cumpleaños decorada con retroexcavadoras de mazapán, pero también figura en videos de enfrentamientos entre mineros informales. El 13 de noviembre de 2024, durante un operativo policial en el puerto La Balsa, el “Flaco” interrumpió a los agentes que intentaban mediar en un choque entre mineros. “¿Ustedes vienen a proteger? ¿Pero qué hacen allá?”, les increpó mientras señalaba hacia el lado ecuatoriano.

Su hermano mayor, Cristian Gianmarco, también ha ganado notoriedad. El 9 de setiembre celebró su cumpleaños 30 en Namballe con fuegos artificiales que proyectaban su nombre y una presentación ecuestre. Desde ese mes, la FEMA de San Ignacio lo investiga por presunta minería ilegal.

Cristian Gianmarco figura como titular de dos concesiones mineras en Namballe que abarcan más de 1.500 hectáreas y llegan hasta la frontera con Ecuador, a orillas del río Canchis. En agosto, OjoPúblico constató la presencia de excavadoras operando en el cauce.

La tercera figura de la red familiar es Francisco Romero Chanta, tío de ambos, también es investigado por presunta minería ilegal. Hasta el 7 de noviembre de 2023 figuraba como “minero en vías de formalización” en el registro integral de formalización minera (Reinfo), pero su registro fue suspendido.

El negocio del oro nunca había sido tan rentable: el 9 de octubre de 2025, su precio superó por primera vez los USD 4.000 por onza, el nivel más alto de su historia. Desde enero, el valor del metal ha subido más de 50%, según Refinitiv Eikon.

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EL 9 DE OCTUBRE DE 2025, EL PRECIO DEL ORO SUPERÓ POR PRIMERA VEZ LOS 4.000 DÓLARES
POR ONZA, EL NIVEL MÁS ALTO DE SU HISTORIA

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De acuerdo con Luis Fernández, director ejecutivo del Centro de Innovación Científica Amazónica de la Universidad de Wake Forest, cada alza del precio del oro desata una cadena de impactos en la Amazonía: expansión minera, deforestación, contaminación por mercurio y ríos saturados de desechos químicos. Todo esto fortalece redes criminales que prosperan entre la corrupción y la falta de control estatal, en Perú y Ecuador.

 El asesor ecuatoriano

El ecuatoriano José Germán López Sivisaca (48), conocido como “Pepe Mina”, se ha convertido en una de las figuras clave en la expansión de la minería ilegal a ambos lados de la frontera.

Documentos policiales –a los que OjoPúblico tuvo acceso– lo señalan como presunto financista de operaciones en la zona de El Tambo (Amazonas), y su nombre ya había aparecido en 2019 en un informe sobre minería ilegal en la Cordillera del Cóndor, en Amazonas.

“Se presentó en San Ignacio como un político, convenciendo con argumentos y pasión a la población para involucrarse en la minería ilegal”, contó un residente.

Aunque no figura entre los 22 investigados por la FEMA, fuentes fiscales confirmaron que está investigado por presunta minería ilegal en San Ignacio desde 2023. También tiene un juicio de alimentos y un proceso de quiebra en Ecuador, aún en trámite.

 De acuerdo con un oficio de las rondas campesinas de Namballe, enviado en julio de 2023 al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a la entonces fiscalía ambiental de Chiclayo, “Pepe Mina” también habría trabajado junto a Pepe Jilmer Alberca Amari, otro de los 22 investigados por el presunto delito de minería ilegal.

Alberca Amari figura como gerente de la empresa Namballe Ecológica Mining S.A.C., constituida en 2022 y dada de baja de oficio ante la Sunat registrada el 29 de abril de 2024.

La empresa fue sancionada por ocupar sin autorización parte del cauce del río Chinchipe, en Namballe, con maquinaria pesada para realizar trabajos vinculados a la minería entre 2022 y 2023, según una resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a la que accedió OjoPúblico.

Durante una visita realizada el 26 de setiembre de 2023, la ANA constató la presencia de una retroexcavadora en el lecho del río y evidencias de intervenciones previas. La Autoridad Nacional del Agua calificó la falta como grave y le impuso una multa de S/10.246,50.

La minería ilegal en San Ignacio, Cajamarca, ha aumentado considerablemente tras la pandemia de Covid-19. En especial en los distritos de Namballe, San Ignacio y San José de Lourdes. Mineros ecuatorianos, según reportes de Inteligencia, son parte de estas actividades delictivas, mediante el contrabando de todo tipo de insumos, en especial de combustible.

Investigaciones contra policías

En la lista de los 22 investigados por la FEMA en San Ignacio por el presunto delito de minería ilegal figuran tres agentes de la policía: Limanor Herrera Maldonado, Yonatan Conde Adrianzén y Milton Aníbal Pereyra Díaz.

Una denuncia publicada en 2024 indica que el efectivo Pereyra Díaz fue investigado ese mismo año por un presunto delito contra la administración pública. La denuncia señala que habría realizado cobros irregulares a mineros informales en la provincia de San Ignacio.

Al igual que con la familia Sánchez Chanta, se manifiesta un vínculo familiar entre los presuntos mineros ilegales. En relación con el efectivo Conde Adrianzén, el nombre de su padre, Hipólito Conde Peña, aparece también en el oficio de la FEMA en San Ignacio.

En fotografías de fiestas compartidas por el investigado “Flaco” Sánchez Chanta, aparece otro efectivo de la Policía Nacional tomando cerveza y tragos: el comisario de Namballe, Braulio Marcial Cabrejos Julca, vestido de civil. Fuentes locales aseguran que ambos mantienen una relación de amistad.

Además, miembros de las rondas campesinas de San Ignacio informaron a este medio que Cabrejos Julca no asiste a las reuniones del Comité Distrital de Seguridad (Codisec), espacio en el que participan la policía, las rondas y la Municipalidad de San Ignacio.

Según fuentes fiscales, el comisario fue denunciado este año ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ignacio por concusión, pero el caso fue archivado.

OjoPúblico intentó comunicarse con Eduar Aderli Sánchez Chanta mediante mensajes y llamadas, pero no obtuvo respuesta.

Cristian Gianmarco Sánchez Chanta, Francisco Romero Chanta, Pepe Jilmer Alberca Amari, Hipólito Conde Peña, Yonatan Conde Adrianzén, Milton Aníbal Pereyra Díaz y Braulio Marcial Cabrejos Julca tampoco respondieron a mensajes enviados a través de sus redes sociales.
Una red de empresas

Según Marlon Cotrina Vílchez, ingeniero ambiental y coordinador de la pastoral ecológica del Vicariato de Jaén, en el norte de Cajamarca también operan empresas formales que gestionan permisos —entre ellos las concesiones mineras y la inscripción en el Reinfo—, lo que les permite mantener una apariencia de legalidad. Mientras a su alrededor, se teje una red de actores informales, señaló a este medio.

En las zonas donde operan no solo trabajan empleados con contrato formal, sino también pequeños mineros informales que extraen de los ríos mineral con contenido de oro. Ese material —obtenido de manera ilegal— “termina en manos de las mismas empresas para su procesamiento”, explicó Cotrina.

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ALREDEDOR DE LAS EMPRESAS MINERAS EN EL NORTE DE CAJAMARCA SE HA TEJIDO UNA RED DE ACTORES INFORMALES, ASOCIADOS CON ECUATORIANOS POR AÑOS.

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Esta misma dinámica, con ciertos matices, se replica en el lado ecuatoriano, donde operan redes co diferentes actores que se mueven cómodamente entre las economías ilegales y legales, que se funden y trabajan de la mano, añois.se retroalimentan y fortalecen, ante la ausencia de controles eficaces del estado, según un oficial de la Policía que dirige operativos contra la minería criminal.

El auge del precio del oro en el mercado internacional ha convertido al norte de Cajamarca, estrechamen te vinculado a provincias del sur de Ecuador, en un territorio fértil para la minería ilegal. Entre los principlae jugadores destacan  familias locales que exhiben fortunas súbitas, empresarios ecuatorianos, que operan al margen de la ley, y empresas formales, cuyos gerentes figuran bajo investigación por presunta extracción irregular de oro..