Cientos de trámites y permisos, incluidos certificados de exportación de minerales, están represados varias semanas y meses en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), según denunciaron representantes de empresas de pequeña minería al Ministerio de Energía y Ambiente, al Viceministerio de Minas e inclusive a la Presidencia de la República. (Fotoilustración referencial generada con IA de Canva)
Redacción Códóiógo Vidrio
Las últimas semanas la situación se agravó para los concesionarios mineros, especialmente porque la autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), a cargo de la revisión y aprobación de los certificados de exportación de minerales, la mayoría de oro, no ha respondido a sus solicitudes.
El responsable de aprobar los certificados es Manuel Vélez Bravo, director Técnico de Auditoría y Control Económico. En sus antecedentes Vélez tiene registrado un proceso que la Fiscalía abrió en su contra como sospechoso de narcotráfico en 2020, junto a ocho personas más en Guayaquil.
Este medio contactó a Vélez a su celular y a su correo electrónico institucional para pedirle un pronunciamiento sobre los retrasos, pero no respondió a nuestras solicitudes.
Fuentes de la Arcom indicaron que hasta la semana pasada estaban represados, sin respuesta, alrededor de 1.400 permisos de exportación de empresas de pequeña minería, lo cual afecta directamente a compañías que no han obtenido ninguna respuesta a sus solicitudes para tener un flujo de caja y poder pagar a sus empleados y cumplir con sus obligaciones tributarias con el Estado.
La inacción de los funcionarios de la Arcom se profundizó después del atentado con explosivos ocurrido hace más de dos meses, el 29 de junio, que causó severos daños al edificio donde venía operando la entidad, en el centro norte de Quito. Tras el ataque delictivo en el lugar se encontró un panfleto amenazante contra el entonces director de la Agencia, el colombiano, Francisco José Cruz Prada y varios funcionarios acusándolos de presuntos cobros de coimas y corrupción. Días después Cruz renunció al cargo y fue reemplazado por Juan Miguel Durán.
Desde entonces la mayoría de empleados de la Arcom no volvieron a acudir a esa dependencia y trabajan de manera virtual, lo cual ha generado más demoras en la atención y en todas las actividades de control, especialmente de minería ilegal en territorio, que esencialmente son ejecutadas p0r el Ejército, con el acompañamiento esporádico de autoridades de la Agencia. “Tienen muy poco personal, son muy difíciles las coordinaciones para cualquier operativo”, dijo un oficial que ha participado en las operaciones, en Zamora Chinchipe, Loja y Morona Santiago.
En las denuncias entregadas a entidades gubernamentales se indica que han agotado todos los mecanismos para tener una respuesta a los trámites para que aperueben sus certificados, que cumplen con todos los requisitos de ley, y han sido presentados oportunamente, con la documentación completa. La situación se ha complicado para varias mineras en vista de que los Documentos Aduaneros de Exportación (DAE) tienen fecha de vencimiento y ya han caducado en muchos casos pendientes, provocando un perjuicio económico significativo. Esto debido a los incumplimientos con los clientes en el extranjero que han hecho pagos por adelantado por los minerales comercializados. caducidad documental.
La Presidencia pide responder demandas de los concesionarios
Las quejas de los concesionarios han sido conocidas por la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia. El 4 de septiembre pasado, Leidi Méndez, directora subrogante de esa entidad envió un oficio (PR-DAC-2026-7286-O) dirigido al ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, y al director de la Arcom, Juan Durán. En el documento les comunica que el 2 de septiembre ese despacho recibió una comunicación dirigida al presidente Daniel Noboa, en la cual un concesionario solicita la revisión y emisión de certificados de exportación para que le permitan cintinuar con los procesos de exportación.
“En virtud de lo expuesto, adjunto la mencionada comunicación para análisis y atención dentro del ámbito de sus competencias en el marco de lo legal y factible; sírvase dar atención al requerimiento ciudadano, precautelando que reciba una respuesta célere, motivada y adecuada”, señala la Directora en su oficio. Hasta la publicación de este informe las autoridades de la ARCOM no habían tramitado los certificados.
Esta situación se agrava por cuanto ningún funcionario atiende los requerimientos de los concesionarios o de cualquier ciudadano en la sede de la ARCOM que está inoperativa por más de dos meses. Tampoco hay canales de comunicación efectivos para responder las solicitudes de los usuarios. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Ambiente y Energía y el Viceministerio de Minas, que tampoco responden a los concesionarios para agilitar sus trámites de exportación.
Pese a los anuncios reiterativos del gobierno de reestructuración y de reformas normativas en el sector minero, la crisis de la Arcom no encuentra una salida y se ha profundizado de manera acelerada, al igual que el rápido aumento minería ilegal, según coinciden fuentes militares y de empresas mineras. Mientras en 2020 Ecuador tenía 60 puntos de extracción
Ilegal, en varias provincias, actualmente hay 650 focos de explotación criminal. Esto ha desbordado la capacidad de intervención de los uniformados, según reconoció un alto oficial del Ejército, al destacar que no cuentan con el apoyo eficaz de otras instituciones para ubicar las redes logísticas y estructuras económicas que apuntalan las actividades delictivas, especialmente en zonas fronterizas en el norte y sur del país.
Desfile de viceministros y directores
Desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa, llegó al poder, la Arcom ha tenido cuatro directores, mientras que el Viceministerio de Minas, cabeza de este sector, ha sido dirigido por ocho autoridades. La alta rotación en estas entidades refleja un promedio de permanencia menor a ocho meses por funcionario, lo que ha generado críticas sobre la inestabilidad en la política del sector minero.
Pese a la intervención directa de las Fuerzas Armadas en operativos contra la minería ilegal, la Arcom no ha podido articular hasta el momento una estrategia sólida para frenar el avance de este fenómeno, que se ha agravado por la participación de bandas criminales en el territorio. Estos grupos están aliados con mafias de mineros y carteles del narcotráfico, que lavan sus ingresos con la explotación de oro, en buena parte de fuentes ilegales, a través de decenas de empresas fantasmas.
Todas estas actividades delictivas cuentan con la complicidad de operadores en la Agencia, y otras entidades estatales, incluido el poder judicial, la Fiscalía y la fuerza pública, según informes oficiales. El sistema de control minero está permeado por agentes criminales, indican fuentes de Inteligencia.
A esto se suma la sistemática práctica extorsiva de funcionarios de esa entidad y de otros funcionarios externos, con injerencia en el sector, para agilitar todo tipo de trámites, tanto en la sede como en las regionales, según coinciden oficiales de FF.AA., de la Policía, representantes de empresas, y expertos del sector. Muy pocos procesos judiciales se han iniciado en estos casos.
Ministerio entrega dos drones a Arcom
Dos drones híbridos, ocho estaciones totales y 173 computadoras fueron asignadas a la Agencia de Regulación y Control Minero para detectar focos de extracción ilícita de minerales. Su costo aproximado es de 888.000 dólares. los fondos son parte de un proyecto que el Ministerio de Ambiente y Energía ejecuta con un préstamo de $78,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. (BID). La entrega se realizó en Quito, el 7 de septiembre, y estuvo a cargo del Ministro de esa cartera, Juan Carlos Blum.
Los drones se emplearán para el levantamiento de fotogrametría, con el que la agencia podrá generar mapas, mediciones y modelos tridimensionales del terreno para delimitar posibles focos de minería ilegal.
El ministro Blum firmó el acta de entrega de los equipos. «La entrega de este equipamiento innovador fortalece la capacidad técnica e inspectora del Estado en zonas mineras de difícil acceso», afirmó, en el boletín difundido por ese Ministerio.
