El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) suprimió este lunes 7 de septiembre la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, que venía operando desde el 2023. La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, aseguró que la decisión no debilita la lucha contra el crimen organizado sino que la fortalece, pues amplía la competencia para que otros jueces penales -no exclusivamente los juzgadores especializados- puedan conocer ese tipo de casos.
Redacción Código Vidrio
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, convocó este lunes a una sesión extraordinaria presencial a los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara para emitir una resolución con la cual se suprimieron las dependencias Judiciales Especializadas para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado y se modificaron las competencias en razón de la materia y del territorio de las dependencias judiciales penales, con sede en las parroquias Iñaquito y la Mariscal y la Corte Provincial de Pichincha».
«Esta decisión no debilita la lucha contra el crimen organizado, duplicamos el número de jueces que tratarán procesos anticorrupción y de crimen organizado, buscamos elevar la tasa resolutiva, y que en las audiencias en este tipo de delitos se resuelva de manera más ágil», destacó Caicedo al final de la sesión en la cual los cinco vocales votaron a favor de la medida.
La Unidad de Jueces Anticorrupción estaba compuesta por 19 juzgadores. Inicialmente 14 llegaron a esos cargos luego de un concurso de oposición y méritos y de un curso de formación, que se realizó en 2022 por decisión de la Judicatura con el apoyo de agencias internacionales. los cinco restantes se incorporaron luego, escogidos de un banco de elegibles seleccionados en el mismo proceso.
La decisión de extinguir la Unidad se empezó a discutir semanas atrás, desde cuando se solicitaron informes de gestión a diferentes direcciones que fueron expuestos en la reunión de este lunes y justificaron la medida. Todos los reportes coincidieron en que era factible la supresión de las dependencias anticorrupción, para que sean fortalecidas por jueces penales de otras unidades judiciales de Pichincha y así acelerar el despacho de las causas. Así, los casos de corrupción y crimen organizado serán conocidas por 50 juzgadores, incluidos los 19 jueces especializados. El vocal Fabara llamó a este mecanismo una fusión de competencias.
Sin embargo, el informe que fundamenta la extinción indica que las actuales unidades de lucha contra la corrupción y crimen organizado poseen una carga procesal baja.
“Resulta jurídicamente viable la supresión y modificación de competencias de la unidad judicial de garantías penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado; el tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y la sala especializada penal para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción…”, dice el informe.
Según la resolución, se ampliará la unidad de garantías penales con sede en Iñaquito; al tribunal de garantías penales y a la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la corte provincial de Pichincha. “Estas últimas judicaturas cuentan con la infraestructura organizativa necesaria para asimilar eficientemente este volumen de causas procesales, de acuerdo a la figura de modificación”.
La unidad judicial con competencia en delitos flagrantes de la parroquia La Mariscal de Quito, según la resolución, tiene capacidad operativa e infraestructura 24/7 “necesaria para absorber la atención inicial, calificación de flagrancia y formulación de cargos de los delitos de corrupción y crimen organizado a nivel nacional, además de los actos urgentes”.
Tres jueces anticorrupción fueron suspendidos
Desde el año pasado la Unidad ha estado en medio de incidentes que afectaron el desempeño de sus juzgadores. El último ocurrió en julio pasado cuando la Judicatura suspendió por tres meses sin suedo a los jueces anticorrupción Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, por haber revocado la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos en el caso Goleada.
Según la Judicatura, los magistrados se extralimitaron en sus funciones al analizar el fondo de la causa en lugar de limitarse a resolver la apelación presentada por los procesados. Esto configuraría un error inexcusable que actualmente es tramitado por ese ente disciplinario y administrativo y podría desembocar en su destitución. Luego de conocer la sanción, el juez Uzcategui defendió su decisión y subrayó que no puede haber error inexcusable cuando incluso el ministro de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, avaló el fallo del tribunal, con un voto salvado, dentro del pronunciamiento de una sala de la Corte Nacional que indicó que los jueces sí habían incurrido en error inexcusable. La decisión de la Judicatura fue criticada por juristas y gremios que apoyaron la decisión de los jueces anticorrupción, y denunciaron que hubo una clara in herencia política del Ejecutivo.
Serrano desnuda presiones desde la Judicatura
Otro hecho que evidenció la situación que ha venido atravesando la Unidad se conoció a fines cdel año pasado. El 20 de noviembre del 2025 él sentenció al serbio Jezdimir Srdan a diez años de prisión por lavado de activos, con lo cual el riesgo contra su vida aumentó, según un reporte de la Policía. Sin embargo, los días siguientes el comandante de la Policía, general Pablo Dávila, ordenó que le retiraran la protección que le daban dos agentes, como parte del protocolo de protección para los jueces de esa unidad. Semanas antes, Serrano fue presionado por el entonces director del CJ, Henry Gaibor (hoy enjuiciado penalmente), para fallar a favor del serbio. A mediados de diciembre, al verse en total indefensión, Serrano abandonó el país y renunció al cargo, denunciando públicamente la zozobra que había vivido en esos días, en los que tuvo que movilizarse solo, cambiando de rutinas y horarios todos los días.
En febrero pasado el Pleno de la Judicatura destituyó a los jueces anticorrupción Christian Quito y Gabriela Lara, señalados por presunta delincuencia organizada y tráfico de influencias, en el denominado Caso Fachada, en el que también está procesado el alcalde Álvarez. Dentro de este proceso, el 16 de enero de 2025, la Fiscalía ejecutó allanamientos en contra de los juzgadores, «luego de determinar que existían indicios suficientes que sugerían un posible plan premeditado para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas vinculadas al mencionado grupo delincuencial».
La creación de la Unidad de jueces Anticorrupción, que estaba a cargo del juzgamiento de 44 tipos penales relacionados con delitos de corrupción y delincuencia organizada transnacional, se volvió un imperativo para la administración de justicia, después de la pandemia en vista de que las judicaturas penales en las distintas capitales de provincia y cantones del país fueron virtualmente cooptadas por las organizaciones criminales. Mientras buena parte de los los jueces y sus familiares, especialmente en provincias de la costa, han sido amenazados otros han sido corrompidos para ponerse del lado de la delincuencia y la corrupción, dijo una fuente de la Judicatura que fue parte del proceso de selección de juzgadores anticorrupción. Este fue el motivo por el cual la unidad se centralizó en Quito, para precautelar la seguridad de los juzgadores.
El sustento legal recogido en los informes de las áreas técnicas del Consejo de la Judicatura, previo a adoptar la Resolución número 190-2021, que dio paso a la creación de la Unidad son:
-La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional suscrita por el Estado Ecuatoriano el 12 de Diciembre del año 2000.
-El artículo 226 del Código Orgánico de la Función Judicial.
-Los artículos 230.1 , 230.2 y 230.3 del Código Orgánico de la Función judicial, que determinan la existencia y necesidad imperiosa de jueces especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado; la existencia de tribunales especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado y la existencia de Salas Especializadas en la Corte Provincial de Justicia para el conocimiento y resolución de los recursos verticales derivados de autos y sentencias relacionadas con delitos establecidos en el numeral 1 del artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.