Una compañía de Manta estuvo involucrada, entre 2020 y 2025, en dos ocasiones consecutivas, en el envío de 11 toneladas de cocaína a Europa. Dos bandas de narcotraficantes, una de ellas liderada por el serbio Jezdimir Srdan, utilizaron su planta de producción y sus camiones para transportar la droga en distintos años, según informes antidrogas. Ambos grupos fueron investigados en los casos Gibraltar y Finisterra. En esta última causa hay nueve acusados, con el serbio Srdan a la cabeza. Cinco están prófugos. Este sábado 22 de agosto estaba previsto el inicio de la audiencia para conocer la sentencia en su contra por delincuencia organizada.
Investigación Código Vidrio con el apoyo de Resilience Collaborative
Se adaptan constantemente. El uso de una empresa exportadora de atún en Manta revela los mecanismos de los capos de los Balcanes, para ajustar los engranajes del tráfico de cocaína, a gran escala, hacia Europa. El esquema tiene cuatro componentes claves. El empleo sistemático de las mismas compañías exportadoras; las modalidades cambiantes de contaminación; el cierre y apertura de firmas y, la participación de la misma red de colaboradores en los puertos.
Esta investigación descubrió este patrón, tras revisar durante casi un año los expedientes de los casos Finisterra y Gibraltar. Ambos tienen un mismo hilo conductor: una atunera que venía operando en Manta y fue utilizada por dos organizaciones criminales para el envío de 11 toneladas de cocaína hacia España, Bélgica y Países Bajos, en períodos distintos, entre 2020 y 2025.
En ese período, integrantes de las dos bandas ocultaron la cocaína tanto en la planta de esa exportadora de productos de mar, como en los contenedores que transportaban la carga hacia el puerto de Guayaquil, según informes policiales incluidos en los procesos. Según informes de los agentes antinarcóticos, un directivo de la atunera supuestamente colaboró para facilitar el embalaje y transporte de la droga en el caso por delincuencia organizada.
En septiembre de 2024 ocurrió un primer desenlace con el desmantelamiento del grupo liderado por el serbio Jezdimir Srdan y ocho personas más, incluidos otro serbio, un albanés, varios ecuatorianos y un colombiano. Varios están detenidos, acusados por lavado de activos. El juicio por delincuencia organizada para narcotráfico se desarrolla por cuerda separada y está por terminar.
Aunque las organizaciones que enviaron la droga en cargamentos de atún operaron en períodos distintos, por separado, tienen un punto convergente: fueron estructuradas y financiadas por clanes de los Balcanes, integrados por serbios, albaneses y de otras nacionalidades. Controlan toda la línea logística del narcotráfico, desde la producción, en Colombia, hasta la salida de terminales marítimas en Ecuador y la entrega de la cocaína refinada en puertos europeos y de otros continentes.
A partir de la pandemia del Covid-19, las transnacionales balcánicas, además de los carteles mexicanos, transformaron a Ecuador en un corredor estratégico, un santuario de negocios del crimen organizado, para sacar por sus puertos un 70% de las 3.000 toneladas de cocaína que produce Colombia, según informes de la ONU https://theconversation.com/colombia-is-producing-more-cocaine-than-ever-and-more-is-reaching-australian-shores-261745. Es decir que a este país ingresan 2.100 toneladas, valoradas en 4.200 millones de dólares.
Si bien los clanes balcánicos despegaron hace seis años en el contexto de la explosión global en la industria de la cocaína desde Europa, sus robustas estructuras echaron raíces en Ecuador una década antes. Un caso emblemático que mostró la dimensión de lo que estaba por venir ocurrió el 17 de junio de 2019 en Filadelfia, Estados Unidos. Ese día, el buque “MSC Gayane” hizo escala en ese puerto, tras zarpar de Freeport, Bahamas. Al atracar, las autoridades inspeccionaron la embarcación y, casi por accidente, descubrieron 16,5 toneladas de cocaína, la mayor incautación marítima en la historia de EE.UU. La tripulación era de nacionalidad montenegrina y estaba encabezada por Vladimir Penda, quien se declaró culpable de narcotráfico.
En una investigación del caso a petición del gobierno estadounidense, la consultora IBI Consultants descubrió que la coca se cargó en un buque frente a las costas de Ecuador, utilizando unas ocho lanchas rápidas que salieron desde el puerto de Manta. Los tripulantes de Montenegro tenían una vasta experiencia en el transporte de cocaína y aceptaron el encargo a cambio del pago de 50.000 dólares para cada uno. El buque, que navegó al Atlántico por el canal de Panamá, realizaba la travesía desde Filadelfia hasta el puerto de Rotterdam (Países Bajos), donde se tenía previsto descargar y vender cerca del 60 % del cargamento. En esta megaoperación se asociaron narcos de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Montenegro.
⇒Precisamente, el grupo liderado por el serbio Srdan en Ecuador estaba compuesto por integrantes de varias nacionalidades y había realizado grandes envíos de cocaína, que seguían un esquema muy similar al caso Gayane: los buques eran contaminados, no solo en los puertos, sino en alta mar, con lanchas rápidas, que salían desde las costas de Ecuador y Colombia. En el intercambio de mensajes de esa banda se detallan destinos distantes como Rusia, Asia y Australia. Tenían la intención de comprar un buque para exportar frutas desde Ecuador.
8.688 latas rellenas con 1,5 toneladas de coca
En el caso Finisterra por delincuencia organizada, cuyo proceso judicial fue revisado por este medio en la Fiscalía, la empresa exportadora fue investigada por el envío de 1,5 toneladas de cocaína ocultas en latas de atún, embaladas en su planta de producción, según los informes de la Policía, enviados a los fiscales que han dirigido la investigación: Galiano Balcázar y Janeth Cueva.
Este grupo empleaba la aplicación de mensajería SKYECC, pagada por suscripción. Por pedido de la Fiscalía, a través de una asistencia penal internacional, la Policía de Francia interceptó el flujo de comunicación de 70.000 usuarios y descifró un millón de mensajes de sus integrantes, desde 2020. Entre los textos, además de identificar a alias “Brate” (Srdan), se ubicó a “Odín” (Danny William Naula, ya detenido y procesado, quien era el brazo ejecutor y dinamizador económico del grupo), y a alias Negro, Flaco, Hermano, Colo y Tío.
El serbio llegó a Ecuador antes de 2013, como parte de la oleada de ciudadanos de países balcánicos, con los albaneses a la cabeza. Empezaron a arribar tras la vigencia de la Ciudadanía Universal, desde 2009. Esta garantía, que se ha ido restringiendo progresivamente, por quejas de la comunidad internacional, permite el ingreso de cualquier extranjero al Ecuador, sin la necesidad de una visa ni la obligación de entregar su pasado judicial.
En 2014, Srdan fue detenido y sentenciado a 17 años y 4 meses de prisión por narcotráfico. No obstante, fue liberado en 2019, gracias a fallos ilegales de jueces, que luego fueron enjuiciados y destituidos por corrupción. Entonces viajó con su pareja Alexandra Fernández a Serbia, donde permaneció cerca de un año. Cuando las aguas se calmaron volvió a Ecuador, con otra identidad. Armó estructuras para el envío de cocaína y un conglomerado empresarial, para lavar el dinero fruto del narcotráfico. Multiplicó sus operaciones delictivas aprovechando el encierro por la pandemia y la drástica reducción de controles de policías y militares, que estaban dedicados a enfrentar las secuelas letales del virus, cuyo epicentro fue Guayaquil.
Entre abril de 2020 y febrero de 2021, Srdan traficó 5 toneladas de cocaína hacia Bélgica y Holanda. En Ecuador fueron incautados 7 despachos de 3,4 toneladas. La más grande, de 1.523.200 gramos del estupefaciente, fue descubierta el 3 de octubre de 2020 por la Policía en un contenedor transportado en un camión Kenwort, por el conductor José A. Él salió con la carga desde la empresa atunera, ubicada en Manta. La droga estaba oculta en 8.688 latas de atún.
El conductor declaró que luego de abandonar la empresa fue interceptado por varias personas que lo obligaron a bajar del vehículo y lo retuvieron. “Regresaron después de 40 minutos con el carro y me dijeron ‘tú dale, colabora que no pasa nada’. Yo me subí al carro, seguí mi ruta hacia Guayaquil y luego de pasar Montecristi, un patrullero de la Policía me detuvo y encontró las latas con la droga”, declaró el chofer, que estuvo preso tres meses y fue liberado. “Yo salí al mes de ese trabajo, me di cuenta de lo que estaba pasando: el dueño de la empresa de transporte Transmot, Alfredo Abad, era de esas personas que le gustaba ensuciar a los conductores. Ocho meses después lo mataron con su esposa, por narcotráfico”.
Mensajes y fotos desencriptados
La versión del conductor contrasta con los mensajes que Srdan enviaba desde su celular a Naula, para coordinar la operación de embalaje de la cocaína en los enlatados, en la planta de la firma atunera. De eso quedó constancia en miles de mensajes que el narco serbio intercambió con Naula y otros miembros de la estructura.
El 6 de febrero de 2020, el serbio Uros Kolakovic, brazo derecho de Srdan, tuvo conversaciones desde su celular con Lucio Burbano, alias “Negro”, también vinculado al proceso. En varios mensajes -que este medio revisó- le envió imágenes del área de producción de la empresa.
Según el informe criminalístico de un agente del caso, esas fotografías les permitieron a los investigadores conocer el nivel en la cadena logística que tenía la red delictiva. En este caso, los cabecillas pudieron acceder, “a través de colaboradores directos de la empresa”, a las especificaciones técnicas y las características de sus productos de exportación: las latas de atún y su etiquetado. Además, la forma en que eran preparadas.
En otros chats, entre el 12 y 13 de febrero de ese 2020, el mismo Srdan envió imágenes del área de producción de la atunera, según concuerdan los análisis policiales. Cuatro días después, Kolakovic se comunicó con otro interlocutor, al pin 4DF575. Se trata del narco colombiano Dionisio de Jesús Vera Olmos, alias el “El Flaco”, que también se había asociado con la red de Srdan y tenía conexiones con el Cartel del Golfo. “Flaco, están haciendo un problema donde no lo hay, acá se está trabajando exclusivamente para ti y tu grupo, no hay más ofrecimientos ni coqueteos con nadie, ya los propios dueños te han dado la palabra y compromiso; a más de eso está el viejo de por medio y con él hay una relación de amistad de años con esta gente”.
A eso se suma una cadena de notas, enviadas entre febrero y marzo, por Kolakovic a otros miembros de la banda, adjuntando una serie de imágenes sobre el proceso de elaboración de cocaína compactada, con tamaños similares a los de una lata de atún. Esto -para los analistas de la UIACE- era un indicio más de que esta organización no solo contaba con la línea de logística para el envío, sino con la línea de producción.
Un grupo de mujeres en el empacado
Tras este período de pruebas y verificaciones, la primera semana de junio un grupo de mujeres llegó a la planta para empacar la droga en las latas, pegar las etiquetas y sellar los recipientes, con prensas mecánicas. Para esta logística Kolakovik pidió que le entregaran 70 mil dólares. “Ya llegó la primera tanda de las chicas”, escribió uno de los colaboradores a Kolakovik, el 9 de junio en un texto, al que adjuntó varias fotografías. Ahí aparece un pequeño grupo de mujeres trigueñas, de mediana edad. Una de ellas, en primer plano, lleva gorra y viste una camiseta blanca y un jean. En otras imágenes se observa decenas de paquetes de droga, envueltos con una cinta de embalaje rojiza. Y a fines de julio alias Príncipe, identificado por la Policía como líder de una red delictiva, asesinado en 2022, le envió a Kolakovic fotos del procesamiento de clorhidrato de cocaína en lo que los analistas presumen era un laboratorio.
Para apresurar el empaquetamiento de la droga luego llegó otro grupo de hombres, también ajenos a la empresa, que se encargaron de completar de forma artesanal el rellenado de las 8.688 latas con el alcaloide. Uno de los colaboradores que estaba vigilando esas actividades le envió a Kolakovic fotos de los individuos y de las prensas de sellado, y le escribió un texto. Le explicaba que luego de que las latas fueron selladas les rociaron un componente químico para inhibir el olor de la sustancia, para que no fuera detectada por lo canes en las inspecciones antinarcóticos, una vez que la carga llegara a uno de los puertos en Guayaquil. Por esos mismos días, alias “Cuencano”, identificado como Wellington Córdova, le informó al serbio sobre las coordinaciones que realizaba sobre las fechas de ingreso del camión con el contenedor “preñado” al puerto. “El transportista nuestro está cuadrando para que esos viajes, para donde necesitamos, los asignen a él”. Este mensaje, según los analistas del caso, implicaba la colaboración activa del conductor del contenedor José A.
El 3 y 4 de octubre Lucio Burbano, alias Negro, envió Kolakovic fotos de la captura del camión y la detención del chofer así como las noticias que se publicaron al día siguiente en varios medios.
⇒Durante la pandemia se establecieron severas restricciones a la circulación de vehículos. Para sortear esas limitaciones los integrantes de la banda, con Srdan y Kolakovic a la cabeza, obtuvieron 61 salvoconductos de la Subsecretaría de Gobierno. Y el ejecutivo de la empresa consiguió 17 permisos, en 2020, según informes del Ministerio de Telecomunicaciones.
Los agentes consiguen más evidencias
En el cuerpo Nro 39 del proceso se incluye la transcripción de un audio que uno de los integrantes le envió al narco Dionisio de Jesús Vera, alias “El Flaco”. “Flaco me dice M. que es el sobrino que ya te respondió y te dio toda la seguridad del caso y te lo digo yo, de nuevo hablé con Rodrigo y hablé con M. hace 20 minutos. Me dieron toda la seguridad de que no tienen ningún otro compromiso y que el compromiso adquirido contigo y con tu gente es para largo, a ellos no les interesa solamente trabajar una vez. Quieren trabajar de largo, ya todo está en tus manos y se lo dije también al viejo. Y te repito hay tres mil cajas hechas, solamente falta poner etiqueta, tu gente no ha contestado los correos, tu gente no ha mandado el diseño de la etiqueta de ellos, porque tiene que ir con la etiqueta de ellos…”. El audio fue grabado el 17 de febrero de 2020. Cinco años después, en febrero del 2025, “El Flaco” fue asesinado en Guayaquil. Su cuerpo fue encontrado desmembrado y abandonado dentro de tres costales en la vía Perimetral. Para entonces las unidades especiales de Ecuador y Europa ya habían entrado de lleno en la etapa final de seguimientos a la estructura de Srdan, que fue capturado en noviembre de 2024. Vera cobró notoriedad por ser parte del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es la organización armada ilegal más grande y poderosa de ese país. Cuenta con cerca de 10.000 integrantes y opera en unos 23 departamentos, controlando el narcotráfico transnacional, la minería ilegal y las extorsiones.
En el análisis de las conversaciones en la plataforma SKYECC, incluido en el proceso, los investigadores indicaron que el ejecutivo supuestamente sería identificado con los seudónimos: “Rafa, Ratón y Speedy”. Según se desprende de esos diálogos “El ciudadano participó en el hecho material en el cual se le atribuye el rol de colaborador”, indica el reporte enviado a la Fiscalía.
El 29 de septiembre de 2020, 4 días antes de que el cargamento saliera con las latas de atún contaminadas, un miembro de la banda le envió un audio a Kolakovic. Esta es la transcripción “…Amigo ya está confirmado el booking ya lo tiene la secretaria de ratón el problema es que ratón hoy anda con gente del fideicomiso y todo el día (ha) andado fuera de oficina. Él no puede coger y pedir que pasen un booking a una persona diferente. Él tiene que llegar a la oficina, entiéndeme ya está confirmado, solamente hay que pasarlo. Me dijo que si alcanzaba a llegar a su oficina me lo pasaba enseguida y si no mañana a primera hora, sin falta, lo tenía pero que ya está confirmado el booking, ya está confirmado…”.
En tres audios más los miembros de la organización también mencionan a “Ratón”, coordinando diferentes trámites administrativos dentro y fuera de la empresa, para concretar el despacho de las latas contaminadas con droga.
Relevo de fiscales en la Unidot
Esa cadena de mensajes y audios descifrados, así como varios informes criminalísticos, fueron suficientes evidencias para que, en diciembre de 2025, la fiscal Janeth Cueva pidiera la vinculación del ejecutivo de la empresa, que fue detenido en Manta junto a seis implicados más.
La indagación del caso Finisterra fue impulsada inicialmente por el fiscal Galiano Balcázar. Hasta fines de noviembre del 2025 él era uno de los fiscales más experimentados de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).
Esta entidad se creó en 2018, en medio del avance hasta ese momento silencioso de estructuras delictivas internacionales en Ecuador. Fue un proyecto que se apuntaló con una selección rigurosa de fiscales y una capacitación sistemática en técnicas investigativas con el apoyo de varios países, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea.
Otro puntal de esa estrategia fue la creación de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito, que comenzó a operar en diciembre de 2022. Está compuesta por más de 20 magistrados especializados en juzgamiento de crímenes complejos y transnacionales de gran envergadura. Todos ingresaron a través de un concurso con apoyo financiero de agencias internacionales.
Entre los jueces seleccionados estuvo Carlos Serrano. El 20 de noviembre del 2025 él sentenció a Jezdimir Srdan a diez años de prisión por lavado de activos, con lo cual el riesgo contra su vida aumentó, según un reporte de la Policía. Sin embargo, los días siguientes el comandante de la Policía, general Pablo Dávila, ordenó que le retiraran la protección que le daban dos agentes, como parte del protocolo de protección para los jueces de esa unidad. Semanas antes, Serrano fue presionado por el entonces director del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor (hoy enjuiciado penalmente), para fallar a favor del serbio. A mediados de diciembre, al verse en total indefensión, Serrano abandonó el país y renunció al cargo, denunciando públicamente la zozobra que había vivido en esos días, en los que tuvo que movilizarse solo, cambiando de rutinas y horarios todos los días.
En octubre de ese año llegó al cargo de fiscal general encargado, Leonardo Alarcón. En una de sus primeras decisiones importantes, a nivel administrativo, cambió a la mayoría de los fiscales de la Unidot, incluido Wilson Toainga, que fue su antecesor y el mentalizador de la creación de esa unidad. Alarcón justificó su decisión argumentando que los relevos eran necesarios para oxigenar la institución y para que los fiscales más experimentados pudieran aportar con sus conocimientos en otras unidades del país. En ese contexto, la fiscal Cueva reemplazó a Balcázar.
El 26 de febrero pasado, Cueva emitió un dictamen abstentivo a favor de siete de los 16 procesados, incluido el ejecutivo de la atunera. Cuando pidió su vinculación expuso ante el juez 23 elementos de convicción en su contra, recabados por los analistas antidrogas de la Policía. Entrevistada por este medio, días después de emitir ese dictamen, la Fiscal enfatizó que revisó prolijamente el expediente y que no encontró evidencias sólidas que probaran la participación del directivo de la atunera y los seis implicados restantes, de forma reiterativa y permanente, en cada uno de los once hechos delictivos que dieron origen a este caso.
Sobre el ejecutivo de la empresa la Fiscal dijo que en ningún chat, informe o versión, se identifica su participación con su identidad, nombres y apellidos completos. “Solo se interpreta que corresponde a un alias o sobrenombre, lo cual no es suficiente para atribuirle su participación en este delito”, apuntó Cueva.
⇒El juicio por delincuencia organizada y narcotráfico en el caso Finisterra entró en su recta final. Para este sábado, 22 de agosto, estaba previsto el inicio de la audiencia de juzgamiento para dictar la sentencia en contra de los acusados Jezdimir Srdan, José Eduardo Acebo, Jilson Murillo la Rosay Carlos Zambrano Salazar. Los cinco procesados restantes no podrán ser condenados porque están prófugos. El fallo será dado a conocer por la jueza ponente del Tribunal Anticorrupción, Edith Arévalo. La pena máxima por este delito es diez años de prisión.
La misma empresa empleada por dos redes
Agentes antidrogas dijeron que no era la primera vez que la misma empresa era utilizada para el tráfico de cocaína. Entre 2023 y 2024, en contenedores de esa firma atunera otra organización criminal envió 9 toneladas de cocaína a España y Países Bajos. Esta vez utilizaron el mecanismo del “gancho ciego”. Bajo esta modalidad, los containers que transportaban los atunes enlatados fueron contaminados con bultos dentro y fuera de la planta de la empresa.
¿Qué papel jugó la atunera en el caso Gibraltar? El 10 de noviembre de 2023 el capitán de policía Franklin S. emitió un parte policial, dando a conocer la intención de la posible organización delictiva de realizar el envío de varios contenedores a España. Detalló el código de reserva SZLU 920 7120. En el teléfono del coronel (sp) Julio César Miño del Hierro se encontró un chat que decía: “La caja ‘preñada’ nuestra es la que termina en 7120, ésa hay que cuidar”. La reserva se realizó el 9 de noviembre.
Al siguiente día la empresa envió el contenedor con las siglas TCNU 3511 885, y al realizar el preembarque se encontraron 558 kilogramos de cocaína ingresados mediante el método “gancho ciego”.
Entonces la Fiscalía requirió información a la firma. En su respuesta, “dio a conocer no solo pormenores del primer envío del contenedor” que tenía asignado el código TCNU 3511 885, “sino además detalló datos del movimiento del la caja que tenía como destino España, que terminaba en los cuatro últimos dígitos 7120”.
Por intercambio de información con agencias policiales de ese país europeo, supieron que era una de las incautaciones más grandes realizadas en ese país. “La sustancia fue contaminada en el interior del producto”. En las cajas se encontraban siete toneladas de clohidrato de cocaína.
La incautación generó un problema dentro de la estructura, ya que Sapo o Rana reclamaba que fue engañado pues solo le habían pagado por el transporte de 800 kilos. Cuando supo que fueron 7 toneladas amenazó de muerte a dos de los integrantes del grupo delictivo.
El 3 de abril de 2024 fue incautado un contenedor con dos toneladas 770 kilos de cocaína “bajo la misma modalidad de la caja enviada con destino a España. Es decir en el interior del producto lícito que eran lomos precocidos de atún”. Esto fue detectado en Rotterdam.
La decisión de enviar el primer despacho de la droga, a través de esta empresa, se tomó el 31 de octubre de 2023, según las imágenes periciadas encontradas en el celular de Miño.
Cuando el fiscal le preguntó a ese exoficial -sentenciado el año pasado por narcotráfico y delincuencia organizada- qué rol jugaba la empresa atunera dijo: “Entiendo que el rol de esta empresa es la que conseguía los cupos en el puerto y enviaba el manejo de cargas. Normalmente las empresas facilitan los números o las reservas que ellos hacen para que quienes van a enviar contenedores tengan los cupos y la ecompañía coordina esos permisos. Cuando a mí me llegaba la información que decía que la empresa va a ser la que envía, mandaban a que se verifique si esa firma tenía algún problema legal, el historial, en su trayectoria, si no ha tenido problemas de droga o de caer contenedores. Sobre alias La Rana, decía que la empresa estaba limpia”.
Carlos Zambrano, líder de la banda que envió la droga a España, sentenciado en el caso Gibraltar, también ratificó que la contaminación se hacía dentro de la empresa. Aclaró que no conocía detalles, pero que de eso estaba al tanto el sargento Edwin Coque, quien escuchó que “el jefe de planta y otros colaboradores sabían sobre esas operaciones”.
En el segundo envío “me doy cuenta de que la contaminación es en la misma empresa y me dicen: ‘no hay problema porque lo hacen ahí dentro”, relató Zambrano en su versión.
Autoridades policiales presentaron una queja en contra de la Fiscal en la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura porque no estaban de acuerdo con los argumentos del dictamen abstentivo, especialmente por los elementos que pesaban en contra del ejecutivo de la empresa. En el ámbito disciplinario, la investigación se abrió formalmente en la Judicatura el 12 de marzo de 2026. Sin embargo, no prosperó porque las siguientes semanas se emitió un informe disponiendo el archivo de la denuncia, con lo cual no se dio paso a un sumario disciplinario en contra de la funcionaria.
El directivo de la atunera es oriundo de Manta, Manabí, una de las provincias más peligrosas del país, donde nació la banda de Los Choneros, socios históricos del cartel de Sinaloa. Es considerado un punto estratégico de la salida de lanchas y barcos pesqueros con cocaína hacia Centroamérica y EE.UU., por más de dos décadas.
Según análisis de Inteligencia financiera antidrogas, esta provincia, particularmente Manta y Portoviejo, se consolida como uno de los principales focos del lavado de activos en Ecuador, impulsado principalmente por el narcotráfico a gran escala. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) identifica a esta como una zona de máxima amenaza de contaminación financiera.
En su versión en el caso Finisterra, el ejecutivo negó cualquier participación o conocimiento sobre los presuntos delitos por los cuales inicialmente fue detenido. Recordó que en 2019 un contenedor de la planta de la atunera ya fue contaminado con cocaína. El camión con la carga -según su versión- fue desviado de un convoy, del que también eran parte otros dos vehículos, que llevaban atún enlatado hacia el puerto. Eran custodiados por dos automóviles encargados de la seguridad. Después de varias horas el camión reapareció, pero había sido contaminado con cajas de atún con droga, que no fueron empacadas en la empresa. No tenían la misma etiqueta.
“En ninguna parte del expediente existe una participación mía en estas operaciones. Existen fotos internas de la compañía, también se habla de una aplicación que en mi vida la he escuchado o he visto”, enfatizó. “En mi puesto no tengo nada que ver con la comercialización o exportación. Mi trabajo es netamente producción y calidad, supervisión de los trabajadores y limpieza. En el expediente hay conversaciones sobre las cuales no tengo idea a lo que se refieren. También hay una captura de pantalla donde están las iniciales de las cuales no conozco”.
Luego de liquidar esa empresa atunera en 2023, el directivo constituyó otra compañía. Esa firma opera en las mismas instalaciones a las afueras de Manta, según pudo constatar un equipo de esta alianza en una visita a mediados de junio pasado.
Desde 2023, él está casado con una manabita que es accionista y administradora en siete empresas de productos del mar, alimentos y repuestos. La familia de ella tiene una gran influencia por muchos años en el sector empresarial, especialmente pesquero. Incluso ha concretado alianzas de entidades gremiales, donde ocupan cargos directivos, con una entidad gubernamental. Y han apoyado eventos benéficos de la Gobernación de Manabí.