Los centros médicos privados han reducido drásticamente la atención a pacientes que les remiten clínicas públicas. Eso debido a que Salud y el IESS les deben USD 487,7 millones. El colapso en el sistema de derivaciones afecta directamente a miles de pacientes, que esperan de forma indefinida ser trasladados para ser intervenidos de dolencias que los públicos no pueden tratar. El Gobierno les debe a 41 clínicas y hospitales y a 41 centros especializados de diálisis. La deuda se ha incrementando desde el 2018, en medio de la inacción estatal.
Redacción Código Vidrio
Desabastecimiento de insumos y medicinas, falta de mantenimiento de equipos médicos, especialistas que no tienen en sus manos las herramientas necesarias para aplicar sus conocimientos con los pacientes, despidos constantes y pacientes que se enfrentan a largas esperas por citas médicas, diagnósticos, tratamientos y cirugías… Esos son parte de los graves problemas que desnudan el estado de shock en el que está el sistema de salud pública en Ecuador. Y no hay ninguna señal de que la situación mejorará.
La derivación entre centros hospitalarios públicos hacia establecimientos privados solía ser una salida, pero con el paso de los meses es más limitada. El Estado se ha convertido en un deudor poco confiable: debe a 41 clínicas y hospitales y a 41 centros especializados de diálisis USD 487, 7 millones, según Ana Delgado, directora de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ANCHPE). Este problema se agrava aceleradamente sin que exista una señal clara de solución, dice.
De esos valores, USD 180 millones le corresponde pagar al Ministerio de Salud Pública (MSP) y USD 307 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Del total de la deuda que el MSP tienen con los socios de la ACHPE, solo USD 53,6 millones corresponden a clínicas y hospitales. Los USD 126,4 restantes, que equivalen al 70%, son de los centros de diálisis. En el caso del IESS, los porcentajes de deuda son mayores para hospitales y clínicas, que para dializadoras, por casos de insuficiencia renal. El Seguro Social tiene pendiente un pago de USD 213,5 millones a centros privados por diferentes dolencias y USD 94 millones a los centros de terapia dialítica.
El monto que el Ministerio de Salud debe a estas casas de salud se arrastra aproximadamente desde el 2018. Entre ese año y 2020 la mayoría de pagos pendientes se deben a objeciones de auditoría, que no han sido levantadas o que -a pesar de haber sido realizadas- aún no han sido canceladas. Sobre esos montos se han acumulado nuevas deudas por servicios prestados en años posteriores.
Código Vidrio pidió hace dos semanas una respuesta oficial de las autoridades de Salud sobre el colapso de las derivaciones, tomando como referencia el caso de Cuenca, pero no ha obtenido ninguna respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Delgado hace hincapié en que este problema se agrava constantemente porque las clínicas y hospitales que forman parte de ANCHPE atienden ya muy pocos pacientes que están a cargo del MSP a causa de esa deuda está impaga y no hay señales claras de que se pagará pronto.
“El Ministerio de Salud tiene el problema de que no maneja sus propios recursos sino que están a cargo del Ministerio de Finanzas”, explica. Y mientras Finanzas no entregue los recursos, el MSP no puede pagar. Sin embargo, reconoce que Salud tiene una alta cantidad de documentación auditada, es decir, que está lista para el pago. De acuerdo con los datos con los que cuenta la Asociación, hasta agosto del año pasado, esa cartera de Estado tenía revisados documentos por deudas que sumaban 120 millones de dólares y considera que nueve meses después, la tarea debe estar más adelantada.
La representante del gremio aclara que los prestadores de servicios de salud públicos o privados están obligados por la ley y por la ética profesional a atender a todos los pacientes que requieren atención de emergencia, es decir, aquellos que tienen su vida en riesgo. Pero puntualiza que hay grandes hospitales privados de Quito, por ejemplo, que ya no tienen convenios ni con el IESS ni con el MSP. Así se evitan atender otro tipo de casos que les puedan traer problemas financieros posteriores, por el tiempo indefinido que se toma el sector público en pagar esas cuentas.
Esta crisis afecta directamente a miles de pacientes. Uno de ellos es Marco Cuenca, de 48 años, quien permaneció interno hasta el martes pasado en el Hospital de Especialidades Portoviejo, por una disección de su aorta toráxica, originado en un accidente de tránsito. Luego de esperar infructuosamente por 75 días una derivación a un centro privado, fue dado de alta y debió ser trasladado por sus familiares a su domicilio en Esmeraldas.
Mientras permaneció hospitalizado, la pareja y madre de Marco durmieron en las bancas de metal de las salas de espera del hospital porque no tenían recursos que les permitieran pagar un hotel o rentar otro espacio por un tiempo indefinido. Además, hacerlo significaría sacrificar el bienestar de su ser querido. Todos los días, Marco necesitaba dos ampollas de un anticoagulante que deben inyectarle cada mañana y cada noche, además de otros medicamentos. Dada la falta de insumos, cuenta Paola, ellas pagaban por lo menos USD 50 por la medicina que mantiene a su esposo estable. Con sus recursos prácticamente han impedido que entré en un estado crítico.
Para formar parte de la Red Complementaria de Salud (RCP), las casas de salud privadas deben acercarse a la Zona correspondiente, según la ciudad en donde funcionan y registrarse para obtener una calificación de prestador, pero son cada vez menos los establecimientos que lo hacen, debido a esta problemática económica. “El que no quiere hacerlo, no lo hace, porque no se puede obligar. Estamos en un país libre”.
Quienes antes eran parte de la RPC, explica Delgado, han decidido reducir la atención o dejar de firmar el convenio porque “nosotros no podemos seguir atendiendo de manera indefinida cuando no ingresa lo que salió. Esos es una ley básica del Ecuador, en el sentido de que aquí hay libertad de trabajo, ¿verdad?”.
La asociación ha expresado su preocupación por los pacientes porque en este punto, dice Delgado, no se conoce cuántas cirugías represadas hay o cuántas personas no tienen diagnóstico. Las clínicas y hospitales privados atendían a un grupo importante de pacientes cuando la red pública estaba en mejores condiciones y en momentos en que los hospitales del IESS y del MSP están en crisis, considera que lo lógico sería que los centros privados podrían suplir esa necesidad pero no hay forma si no reciben pagos a tiempo.
Según Delgado, desde el IESS, a pesar de que la deuda es mayor, ha habido mayor decisión de pagar y salvo algunas demoras en un par de meses, se han cumplido los pagos previstos en el último tiempo. En cuando al MSP, la situación es más compleja, porque después de mucha espera, no se ha hecho pagos en efectivo sino que hubo dos emisiones de bonos soberanos del Estado en abril y en mayo del 2025, con el poro del Ministerio de Finanzas, para aliviar la situación de algunas casas de salud, incluyendo centros de diálisis. Estaba planificado hacer una tercera emisión pero, finalmente no se hizo.
La deuda crece en las dializadoras
Aunque los centros privados evitan recibir pacientes de hospitales públicos para frenar el crecimiento de la deuda, las dializadoras, por ejemplo, no pueden frenar ese endeudamiento, porque, “en primer lugar, en diálisis no hay paciente privado. Hay una norma que obliga al Estado ecuatoriano a financiar las enfermedades catastróficas y la insuficiencia renal crónica es una de ellas”. Esto significa que el Estado tiene la responsabilidad de brindar terapia dialítica a los pacientes con insuficiencia renal crónica de por vida.
Así, las dializadoras no pueden suspender el procedimiento para los pacientes porque su salud puede complicarse y llegar incluso hasta la muerte. Delgado reconoce que las otras dos instituciones de seguridad social: el ISSPOL y el ISSFA, se manejan bastante bien y pagan regularmente por el servicio, en un máximo de tres meses.
Si un paciente se complica por no recibir esta o cualquier otro tipo de atención, esto implica un mayor costo para el Estado. En el caso de la diálisis, porque a partir de 10 días sin recibir el tratamiento, el paciente puede entrar en una situación de emergencia en el que su vida entra en peligro.
Las dializadoras, por ética y por obligación legal, siguen atendiendo a los pacientes pero por la falta de pago, según Delgado, “han ido tomando decisiones de forma progresiva: desde hace aproximadamente dos años, suspendieron el servicio de transporte que se daba para el paciente y su familiar, suspendieron la aceptación de pacientes nuevos y han empezado a devolver pacientes, especialmente al Ministerio de salud.
Las casas de salud privada deben facturar de acuerdo a lo que manda el tarifario del Sistema Nacional de Salud, que fue emitido en 2012 y que tuvo ajustes en 2014 “el tarifario no ha subido, mientras tanto, hemos tenido una inflación tanto general como desde del sector salud, pero sobre todo hemos tenido un alto incremento en dispositivos, insumos medicamentos”,
Ese tarifario implica que no cobran el mismo valor a un paciente privado que a uno del sector público. La representante de los hospitales señala que hay factores que hacen que los días de estada de un paciente en el sector privado sean menores que en el sector público porque en este último “hay problemas de corrupción, los días de estada pueden ser más largos”, lo que puede hacer más costosa la atención.
Finalmente, cree que si se entendiera que la red pública es insuficiente y se trabajase en conjunto, el panorama para los pacientes sería mucho mejor. Esto debido a que el sector público tiene el 32 % de los establecimientos de salud con internación, mientras que el sector privado tiene el 68% de los establecimientos con internación. “Entonces en este país, si se quiere cumplir con algo que los gobiernos anteriores se propusieron, que es el acceso universal, progresivo a la atención de salud, se sabría que no se podrá alcanzar gestión oportuna. La red pública y la red privada deben trabajar de manera conjunta.
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