Este 26 de marzo de 2026 se cumplen ocho años del secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido en Mataje, Esmeraldas. Pese al tiempo transcurrido el caso sigue irresuelto, en la impunidad. Pero tiene importantes matices y diferencias en la forma en que las fiscalías de Ecuador y Colombia conducen la investigación. Mientras en Colombia la Fiscalía ha avanzado con la detención de cuatro involucrados por su participación presunta en el asesinato de los trabajadores del diario, en Ecuador el caso está congelado, sigue en indagación previa.
Por María Belén Arroyo y Arturo Torres
El 26 de marzo de 2018 tres miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio fueron secuestrados, cuando realizaban una cobertura sobre un inusitado estallido de violencia en el norte de Esmeraldas. Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra no volvieron con vida. Hoy precisamente se cumplen ocho años de ese episodio, que marcó un antes y un después en el periodismo ecuatoriano y destapó, por primera vez, la magnitud de la penetración acelerada del narcotráfico en Esmeraldas, así como la contaminación de agentes estatales, lo cual los siguientes años se extendió a otras provincias del país, en medio de la inoperancia de los gobiernos de turno para frenarlo.
Al cumplirse ocho años de ese trágico episodio, el secuestro y el asesinato siguen en la impunidad; el caso sigue irresuelto, aunque con importantes matices y diferencias en la forma en que las fiscalías de Colombia y Ecuador conducen la investigación. Mientras en Colombia la Fiscalía ha avanzado con la detención de cuatro involucrados por su participación presunta en el asesinato de los trabajadores del diario, en Ecuador el caso está congelado, sigue en indagación previa. No hay ningún avance significativo para esclarecer las causas y responsables del secuestro, ocurrido en el poblado fronterizo de Mataje, en Esmeraldas, según Ricardo Rivas, parte de los familiares de las víctimas. La Fiscalía tampoco ha investigado la probable responsabilidad de agentes y autoridades estatales, como recomendó un equipo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en vista de la serie de contradicciones que salieron a la luz sobre la fallida negociación para liberar a los comunicadores. Las causas posibles de la ejecución del equipo periodístico y los detalles del cautiverio, así como las actuaciones de varios funcionarios gubernamentales de diferentes organismos fueron detalladas en el libro Rehenes, ¿Por qué murieron los periodistas de El Comercio?, una investigación de María Belén Arroyo y Arturo Torres.
Aunque la Corte Constitucional dispuso la desclasificación de las actas que registran las decisiones que tomó el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), liderado por el entonces presidente Lenin Moreno, sobre la negociación, los documentos fueron entregados a los familiares mutilados, incompletos y con vacíos. Por ese motivo los parientes de Javier, Paúl y Efraín pidieron que la Corte haga un seguimiento al cumplimiento adecuado de la desclasificación y la entrega de todo el material sin posibles adulteraciones, que aún no ha sido respondido.
El riesgo para los periodistas aumentó
El riesgo para el ejercicio del periodismo aumentó en el país. Desde 2005 se contabilizan 14 periodistas asesinados; la mayoría en los dos últimos años.
El periodismo sufre el embate del crimen organizado en Ecuador. “Los periodistas están en medio de un fuego cruzado, en el que no se sabe de dónde vienen las balas”, afirmó a medios Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros sin Fronteras. Él visitó el país a mediados de marzo de este año. En su gira comprobó los riesgos que entraña el ejercicio del periodismo en Ecuador. Uno de ellos es que el periodismo es uno de los blancos del crimen organizado transnacional.
Reconoció en un diálogo con periodistas de medios nacionales que el punto de quiebre lo marcó el secuestro y crimen de los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. Desde Quito viajaron hacia Esmeraldas para cubrir los hechos de violencia desatados a inicios de 2018. No regresaron.
La violencia se multiplicó en el país por varios factores. “Fuimos ingenuos al no entender el problema en la dimensión en la que venía”, explica la catedrática Saudia Levoyer, quien es directora del doctorado de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar.
“El mundo de la criminalidad es altamente cambiante. Pensemos lo que ocurrió cuando en Colombia se firmó la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Gobierno, en 2016. Aparecieron las disidencias que siguieron operando en el tráfico de cocaína”.
Guacho era ecuatoriano
Una de esas disidencias es el Frente Oliver Sinisterra, liderado por un ecuatoriano, Walther Patricio Arizala, ‘Guacho’. Él había nacido en Esmeraldas. A los 15 años se enroló en las filas de las FARC. Luego, pasó a dirigir esa disidencia, dedicada al transporte de cocaína por la frontera entre Colombia y Ecuador. Y al envío de la droga por narcosumergibles desde las costas de Esmeraldas.
“Se dio la paz y el debate público cuestionaba qué iba a pasar con la gente que no se iba a desmovilizar. Pero hubo ciegos y sordos, cuando sabíamos que frente a la zona de Sucumbíos limitábamos con el frente 48, de las FARC, vinculado al narcotráfico”, advierte Levoyer. Frente a Esmeraldas hay extensas superficies de cultivo de hoja de coca y laboratorios para producir cocaína.
Por el lado colombiano se encuentra el distrito de Tumaco, en el departamento de Nariño.
Según la investigadora, como país “No logramos visibilizar la magnitud del problema hasta que se produjo la explosión del coche bomba en la estación de policía en San Lorenzo, a fines de enero de 2018. Ése es el hito que debió hacer al país reaccionar, por lo que ocurrió después, que incluye las muertes de periodistas que fueron a reportear en la zona”.
Cómo ocurrió el secuestro
El equipo de El Comercio pasó a las 09h03 del 26 de marzo de 2018 por el destacamento de la Marina. Tenía la autorización del comandante a cargo del mando unificado que era responsable del control de los dos cantones conflictivos de Esmeraldas: San Lorenzo y Eloy Alfaro.
Minutos después, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio, llegaron a Mataje Nuevo, que estaba semidesierto. Mientras se dirigían a Mataje Viejo fueron interceptados por tres ecuatorianos que les apuntaron con armas de fuego y les obligaron a bajarse de la camioneta.
‘Guacho’ (Walther Arizala Vernaza) había ordenado matar a “cualquier equipo de periodistas, vendedores ambulantes o investigadores” que aparecieran por ese sector. Y había advertido a un mayor de la policía, con quien mantenía mensajes de chat, que asesinaría a civiles extraños si llegaran a esa zona de Esmeraldas.
El mayor de policía intercambiaba mensajes con colaboradores del frente Oliver Sinisterra (FOS) desde enero de 2018. Él estaba al tanto de la gravedad de las amenazas contra civiles y uniformados.
La explosión de un coche bomba frente al cuartel de policía de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, a fines de enero, había sido una advertencia.
Sin embargo, el mando único que estaba al frente de la seguridad en la zona aseguró que no conocía sobre los mensajes amenazantes. Por eso autorizó al equipo periodístico de Diario El Comercio a ingresar en la zona de Mataje, ese 26 de marzo de 2018. Días antes un artefacto explosivo había detonado frente a un grupo de infantes de Marina que recorrían la zona, dejando una docena de muertos y heridos.
Los medios nacionales buscaban documentar las razones de la violencia en esa provincia. Aún se desconocía que el 12 de enero de 2018, en Mataje, tres hombres fueron detenidos, con cargos de tenencia de armas y explosivos. Patrocinio Cortés (Cuco), Diego Tobón y James Cuajiboy eran hombres de confianza de ‘Guacho’. Él exigía su liberación. Por eso, el grupo armado detonó el coche bomba dos semanas después, frente al cuartel de la policía de San Lorenzo. Era una represalia.
Los chats entre un policía y Guacho
El oficial de la policía mantuvo varios contactos con el integrante del frente Oliver Sinisterra, desde ese mes de enero.
-“La guerra es al frente, es contra Colombia y pa’ qué se meten con nosotros ustedes… Infórmale eso a tu comandante, infórmale eso a tu presidente. Y no se metan con la gente de nosotros porque les va a llover bala y bomba”, según el registro de la llamada que recibió el uniformado, por parte de ‘Guacho’.
Él pedía tener una negociación directa con autoridades ecuatorianas.
-“Habla con tu comandante pa’ que mande un delegado, aquí lo atendemos. Somos una organización de carácter pacífico, pero ustedes nos están atacando a la gente nuestra, y la guerra no es con ustedes, es con Colombia, hombre”.
Cuando los periodistas de diario El Comercio pasaron por el control militarizado hacia Mataje, la mañana del 26 de marzo de 2018, desconocían que se convertirían en moneda de canje.
‘Guacho’ quería liberar a sus tres colaboradores detenidos en enero, y canjearlos por los tres miembros del equipo periodístico enviados desde Quito para la cobertura en Mataje, según se reveló en Rehenes. Eso no ocurrió. Ellos fueron conducidos a territorio colombiano, sometidos a cautiverio. Y finalmente asesinados. Sus cuerpos fueron hallados en fosas, en junio de 2018.
Desde entonces, la investigación judicial sobre el crimen no progresó. En un operativo armado ‘Guacho’ fue abatido en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, el Frente Oliver Sinisterra continúa activo, dedicado al tráfico de cocaína por la frontera entre ambos países.
Los chats del 26 de marzo de 2018
La tarde del lunes 26 de marzo de 2018, Guacho escribió al oficial:
“Hola hola… Tengo tres personas retenidas ecuatorianas, dos periodistas de Quito y el chofer. En sus manos está la vida de esas personas. Hola hola, qué más cuenta. En diez minutos téngame respuesta o desaparecerán esos señores”.
-“Saludos Guacho, buenas tardes. ¿Te puedo llamar?”, respondió el policía.
-“Usted sabe, no recibo llamadas”, dijo ‘Guacho’.
-“Me gustaría hablar contigo”, replicó el oficial.
.-“En esos minutos no tiene respuesta clara, día a día van a tener bajas, como militares y civiles, ustedes provocaron. Chaooo pues”.
Los crímenes de periodistas crecieron
Desde 2005, al menos 14 periodistas han muerto en el ejercicio de su profesión en el país, según reportes de Fundamedios.
La violencia aumentó exponencialmente desde 2021, con un denominador común: la impunidad en todos los casos.
En 2022 fueron asesinados 3 periodistas. Gerardo Delgado es uno de ellos. Tenía 39 años. Su pasión era reportar y transmitir en vivo para su propio medio digital, Ola Manta TV.
Era carismático; conectaba con la gente, con sus necesidades y sus problemas. Nació en Cojimíes, una parroquia rural del cantón de Pedernales, al norte de Manabí.
El 10 de agosto de 2022 recibió la alerta de un suicidio y acudió a reportar el hecho. Fue recibido a tiros. La investigación posterior detectó que el grupo criminal que estaba vinculado al narco lavador Leandro Norero lo mató por error.
El 20 de noviembre de 2025, el periodista Robinson del Pezo fue asesinado en su negocio de venta de carnes, cerca del mercado número 4 de La Libertad.
Un informe exhaustivo del caso fue elaborado por la organización de la sociedad civil Fundamedios. El crimen tiene relación con las denuncias que él realizaba desde su espacio La Voz del Pueblo. En este medio local exponía casos de corrupción. Fundamedios, en su informe, llegó a recopilar 80 posts de denuncias, desde 2023. El periodista denunció extorsiones y amenazas por parte de las autoridades a quienes había expuesto. Por tanto, el Estado debió brindarle protección.