El narco serbio Jezdimir Srdan decidió acogerse a un procedimiento de cooperación eficaz con la Fiscalía en el proceso por presunta delincuencia organizada. Así busca negociar una reducción de su pena que en su caso puede llegar a diez años de prisión. En este caso la fiscal Janneth Cueva pedirá que sean llevados a juicio nueve procesados en una audiencia prevista para abril.
Redacción Código Vidrio
El narcotraficante serbio Jezdimir Srdan entró en un callejón sin salida. Ante las pruebas abundantes de diferentes organismos policiales, dentro y fuera del país, en el juicio que enfrenta por delincuencia organizada, decidió acogerse a un procedimiento de cooperación eficaz con la Fiscalía. Así busca negociar una reducción de su pena que en su caso puede llegar a diez años de prisión.
Para acceder a este beneficio Srdan deberá aportar nuevos elementos y evidencias que le permitan a la Fiscalía identificar a más integrantes de esta red criminal, que operaba para un clan de la mafia serbia. Entre 2019 y 2021 este grupo envió desde Ecuador unas 10 toneladas de cocaína hacia países europeos.
En este caso, la fiscal Janneth Cueva presentó, el 26 de febrero pasado, un dictamen abstentivo para siete involucrados más. Emitió este pronunciamiento -según afirmó- por falta de evidencias que prueben la participación de los siete de forma permanente y reiterativa en las once materialidades (hechos delictivos), que la Policía Antidrogas de Ecuador descubrió para pedir el inicio de la indagación, el año pasado. Si bien los siete intervinieron en tareas logísticas y están pagando penas por narcotráfico, no tenían ninguna comunicación sistemática con los nueve integrantes de la organización que siguen procesados, recalcó la fiscal, cuyo dictamen fue examinado y pasó el control interno que determinó su legalidad y argumentación jurídica.
En entrevista con Código Vidrio, la fiscal Cueva, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNIDOT (10), dijo que durante su última versión en este caso, Srdan aceptó su responsabilidad y reconoció la veracidad de los miles de mensajes que mantuvo, a través de la plataforma SKY, para coordinar el envío de cocaína desde varios puertos de Guayaquil.
Esos chats fueron desencriptados por la Policía de Francia, luego de acceder a unos códigos que agentes de Ecuador les remitieron para descifrar las identidades de los miembros de la organización.
Esencialmente, el líder de ese clan serbio en Ecuador habría aceptado su participación y asumió su responsabilidad en los hechos, por lo cual le pidió a la fiscal acogerse a una cooperación eficaz, que le permita acceder a una reducción de su pena. Esta colaboración está facultada por el Código Integral Penal, vigente en la época cuando ocurrió el delito, entre 2019 y 2022, siempre y cuando aporte con pruebas sólidas para la investigación.
El serbio aún no ha formalizado el pedido de cooperación, porque no se ha comunicado con su abogado, que no ha podido ingresar al centro de rehabilitación donde está preso, indicó la fiscal Cueva.
Por ese motivo aún no puede iniciar el trámite para acogerse a una rebaja de penas, si llega a un acuerdo de cooperación voluntaria con la Fiscalía. Este procedimiento pasa por un control constitucional y aprobación del juez de la causa.
Si el juez acepta la cooperación el serbio recibiría un beneficio con la reducción de una tercera parte de su pena, que estaba vigente cuando cometió el delito. Para entonces la condena era de 7 a 10 años de privación de libertad para los líderes o cabecillas. No fue hasta las reformas de 2024 que estas penas se incrementaron drásticamente a rangos de 22 a 26 años.
Las investigaciones de la organización que lideraba el serbio desembocaron en tres procesos: narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada.
El caso más reciente, que alertó los alcances del serbio para presionar a las autoridades y lograr favores en la justicia salió a la luz en noviembre pasado, cuando Srdan fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos por un tribunal anticorrupción, del que era parte el juez Carlos Serrano. Él denunció que semanas antes fue presionado por el entonces director provincial del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor, para fallar a favor del serbio. Este episodio también provocó la destitución del presidente del organismo, Mario Godoy, y la renuncia de Serrano, que abandonó el país, por amenazas contra su vida.
La fiscal pedirá llamar a juicio a nueve implicados
Entre tanto, la fiscal Janeth Cueva, que asumió la dirección de la investigación en diciembre, había avanzado con la instrucción fiscal por delincuencia organizada vinculando a cuatro personas más. Y los días siguientes emitió un dictamen abstentivo a favor de siete implicados, todos del nivel logístico, con excepción del propietario de una empresa empacadora de atún para exportación. Los beneficiados de esa decisión, avalada por el juez Sebastián Cornejo, son Luis Elisaul L. P., Gabriel Francisco P. V., Ramón Alonso Z. R., Darwin Javier T. A., Miguel Fernando F. V., William Andrés T. L. y Miguel Ángel A. O.
Los agentes Antinarcóticos que participaron en la investigación no estuvieren de acuerdo con el dictamen abstentivo de Miguel A. No obstante, según la Fiscal en ningún chat, informe o versión, se identifica la participación de Miguel A. con su identidad; solo se interpreta que corresponde a un alias o sobrenombre, lo cual no es suficiente para atribuirle su participación en este delito. «Acusarlo sin suficientes elementos probatorios implicaría una vulneración de sus derechos», recalca Cueva.
La siguiente etapa en este caso es la audiencia preparatoria, en la cual la fiscal pedirá que sean llamados a juicio nueve acusados. Esa diligencia se realizará a fines de abril próximo.