- El crimen organizado descubrió la alquimia del oro para lavar sus activos en Ecuador. El mecanismo es la firma de contratos de operación y mandato, entre titulares mineros y actores privados. Así, los contratistas explotan y exportan oro y mineral, con licencias de comercialización, sin necesidad de tener concesiones mineras, en medio del descontrol del Estado, pese a que el catastro minero está cerrado desde 2018.
- La empresa Techgolden, que obtuvo 52 millones de dólares por exportaciones de oro y concentrado a EE.UU. y China en 16 meses, tiene dos contratos con una firma de presuntos narcotraficantes, que le vendía el mineral.
- El contrato fue inscrito por el registrador de la Agencia de Control Minero, Roberto Castro, quien pese a tener un sueldo de 1.700 dólares mensuales, en sus cuentas bancarias posee 38 mil dólares, que no reportó a la Contraloría en su declaración de bienes. Además en el sistema financiero tiene un endeudamiento histórico por 908 mil dólares, que ha cancelado oportunamente.
- El oro sucio de la minería ilegal también sale en avionetas desde poblados del sur del país.
Por Arturo Torres y María Belén Arroyo
Red Transfronteriza Código Vidrio-OjoPúblico
Los dueños de Goldenminerals -hoy presos por narcotráfico- descubrieron la fórmula perfecta para explotar y comercializar oro libremente, sin necesidad de tener una sola concesión de pequeña minería, sacando partido de la complicidad y descontrol estatal por años.
La puerta de entrada a esas actividades criminales fue la firma de dos contratos privados de operación y mandato con el titular de la concesión La Boya, Juan Pogo, un empresario minero que explota, compra y exporta barras de oro a Estados Unidos y mineral aurífero a China, según pudimos corroborar.
Este no es un caso aislado. Es un patrón. En Ecuador, las empresas, contratistas y subcontratistas que no tienen títulos ni áreas mineras pueden explotar y comercializar oro y mineral a través de esas modalidades contractuales. Incluso hay mineras que firman convenios de asociación y acuerdos verbales, aunque no están amparados por la ley. Este mecanismo se revela en toda su magnitud en esta investigación de nuestro equipo periodístico, que accedió a decenas de contratos, cientos de registros y reportes de las empresas mineras, informes de la Superintendencia de Compañías y expedientes judiciales. Además en entrevistas con cuatro funcionarios, incluida la ministra de Energía Inés Manzano, así como agentes antinarcóticos, oficiales de Inteligencia del Ejército y la Policía, expertos y técnicos de firmas mineras.
Con estos convenios (contemplados en la ley de Minería), que se consideran como arreglos entre actores privados, los contratistas han evadido “legalmente” la prohibición de acceder a zonas para hacer minería, después del cierre del catastro en 2018. En la práctica, bajo este esquema, el catastro nunca se cerró para estos actores, aliados con mineros ilegales y grupos delictivos.
Hasta abril pasado, los titulares de pequeña minería han inscrito 547 contratos de operación. Y 206 más están en trámite, según informes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los acuerdos fueron inscritos en las regionales de la Agencia, que previamente emitieron informes técnicos, legales, catastrales y económicos, avalados por los registradores mineros. Ellos son los que aprueban los acuerdos de forma discrecional; tampoco son auditados ni controlados por ninguna autoridad, por eso se los conoce en el mundo minero como los “dioses de la Arcom”.
Los registradores tienen su propia bitácora, manual, que no coincide con el Sistema informático de Gestión Minera (donde está incluida la plataforma del catastro), ya que ahí no constan los contratos de mandato ni asociación. Los registradores no comparten toda la información actualizada de todos los contratos, en tiempo real, según varias fuentes del sector y del gobierno consultadas. En el catastro, por ejemplo, solo están inscritos 250 contratos de operación, según un informe de la Subsecretaría de Pequeña Minería y de la Arcom.
Las autorizaciones en las regionales se concretan, en gran medida, a espaldas de las autoridades de la Arcom y Energía en Quito, dijo un técnico con diez años de experiencia en el control minero, que pidió el anonimato por seguridad. Tampoco hay datos oficiales sobre los acuerdos de mandato inscritos en las provincias, pero el funcionario estima que serían cientos.
Otro de los puntos ciegos son las licencias de comercialización, que permiten a sus titulares obtener oro de cualquier fuente, lícita o ilícita, para negociarlo dentro del país o exportarlo a través de empresas, muchas de ellas de papel, fantasmas. Ningún funcionario audita ni contrasta los informes de producción de los comercializadores ni sus actividades “in situ”. 370 personas naturales y jurídicas tienen licencias para negociar el mineral dentro y fuera del país. Hay 259 solicitudes de licencias en trámite en el Ministerio de Energía.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó en una entrevista con esta alianza que los contratos de operación y mandato, que debían ser una excepción, se volvieron la norma. “Tras cerrar el catastro, los concesionarios otorgaron cientos de contratos de operación, y como es un acuerdo entre actores privados ninguna autoridad pudo alertar ni frenar esas maniobras, aprovechando el descontrol estatal por años”, destacó Manzano.
Hay titulares mineros que tienen hasta 13 contratos de operación, de acuerdo a un reporte de la Subsecretaría de Pequeña Minería.
“El Estado otorgó las concesiones para que los titulares mineros inviertan y operen, no para que subarrienden y en la práctica parcelen las áreas asignadas”, observó Manzano. “Estamos cortando lo que no es legal, es una maraña que parece interminable; estamos cambiando normas, reglamentos y ejecutando acciones articuladas con entidades de control”, agregó.
La utilización discrecional de los contratos fue posible gracias a un instructivo de la ley de Minería vigente, aprobado en el segundo gobierno de Rafael Correa, que se está reformando.
También está en marcha una depuración del catastro, que este gobierno reabrirá este próximo 16 de junio. Para financiar las operaciones contra la minería ilegal y el control de daños ambientales, el Ejecutivo fijará una tasa de fiscalización minera, que deberán pagar los titulares de concesiones, con la cual se espera recaudar 229 millones de dólares.
Actualmente hay 2.040 concesiones de pequeña minería autorizadas para operar; 380 están en trámite.
Narcomineros hallan el atajo
Precisamente, uno de los casos que devela el esquema desenfrenado de contratación es el de la empresa Goldenminerals, creada en Machala, capital de la provincia de El Oro, en la frontera con Perú. En 2022, Geovanny Cruz, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín compraron esa compañía a Melida Viteri y Raúl Feicán.
En diciembre pasado, ellos fueron detenidos por traficar 8 toneladas de cocaína a España. Esa organización era encabezada por Carlos Zambrano, quien fungía como empresario en el sector inmobiliario y en la venta de insumos médicos. Según la investigación de la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía, desde 2002 tejió contactos con autoridades de entidades públicas en distintos gobiernos para facilitar sus actividades ilícitas. Para el envío de la droga, este grupo estaba aliado con la banda de Los Choneros.
Goldenminerals explotó miles de toneladas de mineral aurífero en 2023, pero ocultó deliberadamente a dónde exportó este producto ante las autoridades de la Arcom .
Esa firma no tiene área minera alguna a su nombre. Firmó un contrato de operación con la empresa Miderzul, que es la titular de la concesión La Boya, en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, según denunciamos en febrero pasado. https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/
Este equipo periodístico descubrió que, además del contrato de operación con Miderzul, la empresa Goldenminerals tiene otro acuerdo de mandato con la empresa exportadora Techgolden S.A. que evidencia una cadena, que empieza en la explotación de oro y en su exportación hacia diferentes países.
Castro, acaudalado registrador en el Olimpo de la Arcom
El contrato de mandato con la compañía Techgolden fue inscrito en la Dirección Distrital de Azuay de la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, (hoy Arcom), según registros a los que este equipo periodístico accedió. Ese convenio fue inscrito por el registrador Roberto Israel Castro, quien emplea un libro de papel como registro, con notas escritas a mano, para esos trámites, desde cuando llegó al cargo, en 2022. Solo él lo usa, nadie más tiene acceso. Lo que él registra parece estar inscrito en piedra.
Actualmente Castro es investigado penalmente por la Fiscalía por el incumplimiento de una decisión de la Corte Superior de Azuay. Este delito es penado con tres años de prisión. En julio de 2022, ese tribunal le ordenó a Castro anular un contrato de asociación entre dos empresas, que había inscrito sin respaldos legales, perjudicando, supuestamente, al titular de una concesión en Camilo Ponce Enríquez, epicentro de la minería criminal en Ecuador. Aunque esa causa judicial está en trámite, el contrato no ha sido anulado por Castro, sigue vigente. Ese acuerdo ha permitido que la compañía Metalrock mantenga una acuerdo con Oromining, que realiza explotación de oro, en la concesión Papa Grande, cuyo titular legal es la compañía Quebrada Fría. Así, Metalrock y Oromining operan en esa zona sin tener ningún título minero otorgado por el Ministerio de Energía.
También enfrenta otra denuncia por incumplimiento de decisiones judiciales de una autoridad competente, que impulsa carlos Flores Cárdenas. En los archivos de la función judicial registra un juicio de alimentos planteado por su exesposa María Obando, por lo cual está obligado a pagar una pensión para su hija menor de edad de $490 mensuales, que no ha cancelado los tres últimos meses, por lo cual le adeuda $1.500.
Castro tiene 39 años y es abogado. En la Arcom, donde ingresó en 2020, ha ocupado los cargos de especialista de regulación legal, coordinador zonal y registrador minero, función por la cual gana un salario mensual de 1.676 dólares. No obstante, en sus cuentas sus ingresos y gastos no coincidirían con su remuneración. Según informes del sistema financiero revisados por este medio, Castro Aguirre tiene cuentas activas con cifras altas en bancos y tarjetas de crédito, por lo cual es considerado un cliente A1, con capacidad de pago sólida y confiable.
Su saldo vigente total de depósitos en efectivo en sus cuentas en dos bancos y una tarjeta de crédito, hasta el cierre de este reportaje, era de 38.389 dólares. Además tiene un crédito de $3.211 en una Cooperativa de Ahorro y no presenta ninguna morosidad en esta cuenta. El endeudamiento total histórico (en su mayoría ya cancelado) registrado en los movimientos financieros de Castro es de 908 mil dólares, indican los reportes del sistema financiero.
Sin embargo, Castro no incluyó esos depósitos, créditos y deudas en sus declaraciones de bienes en la Contraloría del Estado. Este medio revisó sus nueve reportes patrimoniales, entre 2020 y 2024. En este lapso, su patrimonio (suma de propiedades, dinero e inversiones) osciló entre 41 mil y 60 mil dólares. En su última declaración patrimonial, presentada en agosto de 2024, reportó que tenía deudas por $ 250, bienes muebles valorados en $ 50 mil e inmuebles por $35 mil.
Buscamos la versión de Castro a tres números celulares registrados y le enviamos un pedido de entrevista a su correo electrónico roberto_castro@arcom.gob.ec, pero hasta el cierre de esta investigación no respondió a nuestros pedidos.
Pedimos también un pronunciamiento sobre las distorsiones y supuestas anomalías patrimoniales de Castro a las autoridades de la Arcom, pero tampoco obtuvimos una respuesta. Buscamos conocer si en contra de Castro había alguna investigación interna y si otros registradores han sido fiscalizados, o han enfrentado alguna sanción o sumario administrativo.
El exviceministro de Minas, Diego Ocampo, quien estuvo en el cargo hasta agosto pasado, dijo que durante su gestión no conoció de ninguna acción interna en la Arcom en contra de los registradores, pese que sí recibió la denuncia presentada por el abogado de la minera Quebrada Fría, por la aplicación ilegal del contrato de asociación entre Metalrock y Oromining, para la explotación de oro en la concesión Papa Grande, amparado por la inscripción de Castro.
Ningún registrador ha sido investigado ni sancionado por falta de acciones internas de personal, tampoco han existido denuncias formales.
En vista de todas las anomalías y desfases que trascendieron esencialmente por las denuncias sobre las acciones discrecionales de los registradores, el 31 de mayo pasado entró en vigencia la reforma al Instructivo del Registro Minero de la Arcom. Esta normativa dispone que en adelante los registradores (hoy denominados funcionarios jurídicos) deberán inscribir todos los actos administrativos y judiciales (concesiones, licencias de comercialización, contratos, etc) en un libro virtual, que podrá ser revisado por diferentes autoridades en tiempo real. Con esta nueva reglamentación no solo el empleado judicial podrá inscribir los trámites sino dos funcionarios más en las direcciones distritales en provincias.
Pogo, el alquimista de los acuerdos
El dueño de las empresas Miderzul y Techgolden es Juan Pogo Labanda, de 57 años. A través de Miderzul, Pogo realiza exportaciones de concentrado de oro (material mineralizado) a China, mientras que utiliza Techgolden para exportar lingotes de oro a Estados Unidos.
Entre 2023 y 2024, Miderzul exportó a China 827 toneladas de concentrado de oro, y recibió pagos por 2,5 millones de dólares, indican informes de la Arcom. Esos cargamentos se enviaron en grandes sacos de lona (“big bags”) por vía marítima.
Un reporte interno de la Arcom al que accedimos indica que hay empresas mineras con exportaciones inusuales (grandes cantidades sin un origen lícito) que son aprovechados por China y Corea del Norte, triangulando los envíos a través de Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
Pogo, un ingeniero comercial nacido en Piñas, en El Oro, además es propietario y administrador de otras seis empresas mineras: Prominecua, Expogold, Emmijard, Southmining, Minexchonta y Cerro de Oro la Peña, así como de Agrícola Pogo.
La empresa dorada de este grupo es Techgolden. Desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2024, esa comercializadora exportó a Miami, Estados Unidos, 736 kilos de oro, por 49,3 millones de dólares. Eso significa más del triple de sus exportaciones, en relación al año anterior, que fueron de 175 kilos, por 12,3 millones. En apenas un año esa firma se convirtió en una de las principales exportadoras de pequeña minería de Ecuador. En menos de dos años Pogo obtuvo ingresos por 52 millones de dólares, con Techgolden y Miderzul.
Esta alianza periodística accedió a certificados de exportación de Techgolden, que tendrían varias anomalías, según dos expertos mineros, con más de diez años de experiencia en el sector, un funcionario de la Arcom y un exfunciomario del Viceministerio de Minas, consultados, entre abril y mayo de este año.
Esos informes de Techgolden están en la mira de la Arcom, la entidad responsable de controlar las actividades extractivas y la minería ilegal. Funcionarios de esta agencia realizaron inspecciones en la concesión La Boya, para verificar si los niveles de producción declarados por Miderzul concuerdan con los reportes.
Fuentes de esa entidad informaron que, luego de la denuncia periodística publicada por esta alianza en febrero pasado, se abrió una investigación interna sobre el contrato de mandato que Techgolden mantuvo con Goldenminerals, así como del resto de acuerdos que tiene Pogo con empresas mineras para comercializar oro. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigan estos nexos y sus manejos financieros y han requerido información a la Arcom.
Techgolden también le dio servicios de exportación de oro a Goldenminerals, de acuerdo a los informes financieros de la empresa que revisamos en la Superintendencia de Compañías. Por esos trabajos, la exportadora reportó que Goldenminerals aún le debe más de 13 mil dólares, por servicios del 2023 y el 2024. Precisamente, a través del acuerdo de mandato, Goldenminerals le autorizó a Techgolden comercializar, vender y exportar el oro que extraía en la concesión La Boya.
Techgolden opera con una licencia de comercialización, entregada a Pogo en 2023. Ese permiso fue otorgado por la zonal de Azuay del Ministerio de Energía y Minas, entonces liderado por Xavier Vera, quien fue detenido en mayo de ese año por un supuesto delito de cohecho, por cobros por la entrega de cargos, que aún está bajo investigación judicial.
Precisamente, en sus certificados de exportación esa compañía indica que compró el oro a través de los convenios de operación y mandato, que tiene con empresas que trabajan en dos de sus concesiones, así como de varias compañías de distintas áreas en Camilo Ponce.
Esos reportes de producción, revisados por este equipo periodístico, tendrían discrepancias. Por ejemplo, en el certificado 107086 la compañía declaró la exportación de 41 kilos que vendió en $3 millones. Para obtener 23 kilos de oro de esa exportación la firma reportó que se procesaron 1.746 toneladas de tierra mineralizada, entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2024. No obstante, según los datos declarados a la Arcom para obtener esa cantidad de oro como mínimo se debieron procesar al menos 2.400 toneladas de material mineralizado, indicó una geóloga consultada, que revisó esos documentos y pidió no revelar su identidad.
⇔ Entre 2018 y 2023, Techgolden reportó ingresos de 75,9 millones a la Superintendencia de Compañías. Su último informe económico de 2024 reportó activos por 6,3 millones y 4,7 millones en deudas. Tuvo ingresos por 33,7 millones. Un aumento del 300% en relación al 2022, cuando recibió 7,3 millones. En pagos de salarios y beneficios a empleados, en 2024, desembolsó 113 mil dólares, unos 9 mil mensuales ⇔
En Techgolden Pogo es gerente, presidente y único accionista. En su última declaración de Impuesto a la Renta reportó utilidades por más de 9 millones de dólares. Esta alianza pidió una entrevista con el empresario a los números telefónicos y al correo electrónico de su compañía: techgolden@gmail.com, el 29 de enero y el 27 de mayo de este año.
En enero, José Bravo, uno de los representantes de esa empresa, respondió a una de nuestras solicitudes por correo. En una breve contestación, descartó cualquier relación con los accionistas de Goldenminerals. Dijo que en ningún momento Techgolden ha realizado exportaciones de oro de esa compañía. “La empresa, que legalmente está constituida desde el año 2009, se dedica a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación, y para llevar a cabo estas actividades se realiza una serie de procedimientos en los cuales incluye solicitar a la empresa que va a exportar toda la documentación que justifique la legalidad del material”, destacó, al indicar que estaba abierto a coordinar la entrevista, pero no volvió a responder las solicitudes posteriores de esta alianza.
No obstante, tanto Techgolden como Miderzul, empresas de Pogo, sí tuvieron negocios y acuerdos con Goldenminerals, que en sus reportes no justificó la legalidad del mineral que explotó. En septiembre de 2024, un contingente de militares y policías allanó las oficinas de Techgolden en Machala, donde hallaron armas y municiones.
Pese a todas las irregularidades, la Fiscalía todavía no ha abierto ninguna investigación por estos casos.
En la mira
Los datos que consignan los exportadores, entre titulares mineros y dueños de licencias de comercialización, no son verificados en general por los técnicos de la Arcom ni por el personal de las zonales del Ministerio de Energía, antes de aprobar los informes para los envíos. La capacidad de fiscalización y control de la Arcom fue mermada desde mayo de 2020, cuando el gobierno de Lenin Moreno la extinguió por falta de presupuesto, en el decreto 1036. Sus tareas fueron asumidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
En 2024, la administración de Daniel Noboa volvió a crear la Arcom, en medio de la explosión y avance vertiginoso de la minería ilegal, que en Ecuador tiene 380 focos críticos en varias provincias, 28 en áreas protegidas. Según estimaciones del Ministerio del Interior, ese año, más de USD1.300 millones en exportaciones de oro provinieron de esas operaciones criminales, que involucran grupos delictivos y holdings del crimen organizado transnacional, cuyas cabezas aún son invisibles para las autoridades.
En este ciclo pernicioso el Estado termina legalizando las operaciones criminales. Para explotar o comercializar el mineral directamente los contratistas privados registran los acuerdos en notarías de las provincias donde están las áreas. Ese es el primer paso de la formalización. Este círculo se cierra con quienes tienen las licencias para vender el oro en el mercado internacional. Así se concreta el lavado de activos del narcotráfico y otras actividades, lo cual queda evidenciado en esta investigación periodística por los nexos documentados entre Goldenminerals y las empresas Miderzul y Techgolden, así como en los informes de la Policía incluidos en el juicio por delincuencia organizada.
Para frenar estos y otros ilícitos, también se está reformando otro instructivo para limitar a los concesionarios mineros la emisión de contratos entre privados, pues luego de la entrega formal de una concesión la responsabilidad del manejo del área, ante el Gobierno, es exclusivamente del titular. No de los operadores.
Siguiendo esta línea, precisamente, el 19 de mayo pasado la ministra Manzano aprobó la reforma del instructivo para la entrega de licencias de comercialización a personas y empresas. Entre otras cosas, exige que los peticionarios tengan una experiencia mínima de 3 años en actividades de comercialización o en gestión de proyectos mineros, un patrimonio probado de 100 mil dólares, así como certificados tributarios que avalen su idoneidad en el sector.
Aunque los concesionarios mineros tienen varias obligaciones legales y contractuales, como el pago de regalías ( 3% de la producción) sobre las ventas de minerales, la exploración en el área por hasta cuatro años, la presentación de informes de actividades e inversiones. No obstante, nada de esto se cumple porque la Arcom no cuenta con técnicos suficientes para hacer auditorías y verificaciones en las zonas donde están las concesiones. Tampoco para revisar los reportes, de acuerdo a los documentos oficiales revisados para está investigación periodística, entre 2023 y 2024.
El principal problema, que ha derivado en prácticas anómalas y delictivas los últimos años, no radica en la posibilidad de que los concesionarios mineros puedan firmar contratos, dice una ejecutiva de una empresa de pequeña minería, quien pidió no revelar su identidad. “El mayor daño es causado por la corrupción generalizada en las regionales de la Arcom, de la mayoría de registradores, que exigen coimas a los titulares mineros para aprobar los contratos; el que no paga entra en el congelador, debe esperar meses, hasta años para tener la autorización”, destaca. “Las empresas que cumplen la ley verifican la idoneidad de los contratistas, su capacidad técnica probada con actividades lícitas. Estas actividades generan empleo, empujan las economías locales, dejan regalías para el Estado.”
El oro también sale en avionetas
La modalidad de contrataciones privadas para explotar y comercializar oro ilegalmente no solo se focaliza en concesiones de Ponce Enríquez. La provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú, es una de las más afectadas por estas actividades devastadoras, a lo largo del río Zamora.
El oro que obtienen los contratistas sale por tierra y por aire, en avionetas fletadas por mineros y actores mafiosos, según fuentes de Inteligencia.
Uno de los puntos neurálgicos es la población de Cumbaratza, donde un operativo militar y policial develó los alcances de esta modalidad, el 3 de mayo pasado.
Ese día, una aeronave Cessna, modelo 414A, aterrizó cerca de las 14:00 en la pista de ese pequeño poblado amazónico de 4.000 habitantes, y permaneció más de tres horas en tierra, según testimonios de moradores del sector.
No era la primera vez que la avioneta aterrizó en ese campo. La nave, piloteada por el capitán Jorge Luis Weisson y el copiloto Darwin Ochoa, debía recoger a los pasajeros Estalin Julián Jiménez, de 23 años, y Rayner Alvario de Loor, de 30 años, y trasladarlos hasta Guayaquil, según la bitácora de vuelo. Los dos son oriundos de Babahoyo, capital de la provincia costanera de Los Ríos.
Treinta minutos después, cuando Alvario y Jiménez llegaron a las maltrechas instalaciones de la sala de embarque de la terminal de Cumbaratza, fueron sorprendidos por militares del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y agentes de la Fiscalía y la Policía. Los esperaban para revisar su equipaje junto con funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los agentes habían recibido la alerta del arribo de la nave desde el Batallón militar, a unos 10 kilómetros de distancia del aeródromo.
La vigilancia de vuelos inusuales se activó desde el 23 de abril anterior cuando un pequeño avión Hawker Beechcraft HC-CUM aterrizó en esa misma plataforma, para transportar a Santa Rosa, en El Oro, a seis pasajeros. Uno de ellos era Baldor Bermeo, exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, quien llevaba muestras de arena mineralizada para hacerla analizar en un laboratorio. Bermeo, quien llegó a la alcaldía como militante del movimiento Alianza País (correísmo) tiene concesiones mineras en Camilo Ponce, una de las zonas que han sido el foco de disputas de bandas criminales por el control de la extracción de oro.
La pista de Cumbaratza no es usada para vuelos comerciales desde hace cinco años. Tampoco es controlada por la Dirección de Aviación Civil (DAC) ni por ninguna autoridad local, aunque su administración fue concesionada a las autoridades parroquiales de este pequeño poblado amazónico, que no le dan seguridad ni mantenimiento. En los alrededores de la pista incluso hay varios focos de explotación ilegal de oro.
Según informes de Inteligencia, este campo de aterrizaje es ideal para actividades clandestinas ilícitas, en una zona neurálgica de minería ilegal, que conecta rápidamente con la provincia costanera de El Oro y con localidades de Perú, donde también hay pistas clandestinas.
Luego de interrogar a los dos pasajeros sobre los motivos del viaje, los agentes revisaron sus equipajes. Al abrir la maleta deportiva negra de lona que llevaba Rayner, ocultos entre sus objetos personales, un policía encontró dos kilos y 538 gramos de oro en polvo, cuidadosamente envueltos en un fino papel de seda blanco, sellados en fundas plásticas.
¿De dónde provino el material precioso? Los detenidos dijeron haber obtenido el oro en la concesión minera Cury FJGEX. Esa área está ubicada a unos 20 kilómetros de distancia de la pista, en una zona semi selvática del cantón Zamora.
Al requerirle que Jiménez presentara los documentos de respaldo por la compra del mineral, no los tenía. Solo llevaba un certificado emitido por Gabriel Chiriboga, registrador de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en Zamora.
En ese documento el Registrador certificó que el 9 de diciembre de 2024 fue inscrito, con escritura pública, un contrato de operación a favor de Jackson Zambrano, para que pueda realizar tareas de exploración y explotación de oro en la concesión minera Cury FJGEX, otorgada por el Estado a José Ocaña Mayorga. Ese oficio está fechado el 8 de enero de 2025.
El operativo concluyó al anochecer con la detención de Jiménez y Alvario, quienes no pudieron justificar la legalidad del oro, valorado en 233 mil dólares. Aunque se formalizó su enjuiciamiento penal, horas más tarde ambos fueron liberados.
Concesión socavada por ilícitos
Cuatro días después, funcionarios de la Arcom y el Servicio de Rentas Internas con miembros del Ejército realizaron una inspección en los predios de la concesión Cury FJGEX. Al ingresar al área confirmaron que unos 20 trabajadores que realizaban operaciones mineras a cielo abierto, con excavadoras y volquetas, no eran parte de la nómina de la empresa y tampoco estaban afiliados al Seguro Social, según el parte del operativo de control.
El administrador de la concesión no tenía reportes de producción ni información contable, sobre costos de operación y del personal. En medio de forcejeos y enfrentamientos con otros obreros, los militares detuvieron a un trabajador, que intentaba impedir las inspecciones. Al verse sitiados por decenas de mineros los militares lanzaron gas y dispararon, hiriendo a uno de ellos, que fue trasladado a un centro médico, con pronóstico reservado. En las requisas en el campamento los uniformados encontraron un fusil Bushmaster, calibre 5,56 mm, de fabricación estadounidense.
Luego, ese siete de mayo, los funcionarios de la Arcom cerraron la concesión, porque ha operado al margen de la ley.
En Zamora Chinchipe, el Ejército ocupa la mayoría de sus capacidades y recursos humanos enfrentando al crimen organizado y sus tentáculos en la minería ilegal.
“Las bandas dan protección a los mineros ilegales, que a su vez trabajan para muchas empresas de pequeña minería, que operan en las concesiones a través de contratos”, alertó un agente de Inteligencia, que sigue la pista de estas organizaciones.
“En general, nadie los controla en el terreno”, alerta un oficial de la Policía, que pidió no revelar su nombre por seguridad, al igual que otros agentes. “Esos contratistas son los que explotan y sacan más provecho de las concesiones, que son solo una fachada para las acciones del crimen organizado, conectadas con lavado de dinero del narcotráfico”.
El motor de la economía en esta provincia es la explotación indiscriminada de recursos mineros, que reemplazó hace mucho tiempo a la producción agrícola y otras actividades. “Diariamente las redes delictivas sacan cientos de kilos de oro de Zamora. Estamos desbordados, es una pelea desigual, de David contra Goliat”, sentenció un oficial.
Desde inicios de este año, en varias zonas de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y la frontera con Perú, los militares han descubierto campamentos de grupos delictivos ecuatorianos, especialmente Los Lobos y Los Choneros, así como de los Comandos de la Frontera y armados mexicanos, dedicados a la minería ilegal.
Los tres primeros grupos criminales se replegaron hacia esta provincia fronteriza desde Camilo Ponce Enríquez, que los tres últimos años fue el centro de la minería ilegal en Ecuador. Esto ha desatado una mayor conflictividad a lo largo del cordón fronterizo.