El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de DD.HH. presentó en Washington su informe final sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, de El Comercio. La investigación confirma que los cautivos no fueron ejecutados de forma premeditada por los disidentes de las FARC, lo cual deja sin piso la tesis de la fiscalía colombiana. Esto fue revelado por Código Vidrio, en abril-2019.
El ESE pide que se integre una comisión que investigue la realización de operaciones militares y policiales durante el secuestro, reveladas en el libro Rehenes. Determina que las medidas ejecutadas por el estado ecuatoriano en la crisis de seguridad en Esmeraldas fueron insuficientes para precautelar la seguridad de la población y de los periodistas. Hubo diez víctimas mortales.
Los atentados en Esmeraldas se debieron a los golpes de la fuerza pública a las estructuras de FOS. El procurador Íñigo Salvador dijo que el gobierno tomó decisiones adecuadas durante el plagio y brindó todo el apoyo para esclarecer lo ocurrido. La CIDH recomienda que se establezcan mecanismos para una reparación integral a los familiares.
Por Arturo Torres
Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, de diario El Comercio, no fueron ejecutados de manera premeditada por disidentes del Frente Oliver Sinisterra (FOS). Ese es uno de los principales hallazgos del informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El reporte, que se hizo público hoy, a las 12:00, en Washington, y coincide con las revelaciones denunciadas en el libro Rehenes y en este portal, recomienda a los gobiernos de Ecuador y Colombia integrar una comisión independiente que investigue si hubo operaciones policiales en el secuestro del equipo periodístico.
El monitoreo del ESE a la investigación del secuestro del equipo periodístico empezó en junio de 2018, con el consentimiento de los dos gobiernos, luego de que la CIDH dictara medidas cautelares para precautelar sus vidas, por pedido de los familiares, Fundamedios y la Fundación Para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP).
El 2 de abril de 2018 se hizo público el segundo video donde se ve a Javier, Paúl y Efraín, por última vez con vida. Javier, abatido, recalca que sus vidas dependían de la decisión del Presidente. Durante su cautiverio fueron trasladados por sus captores a varios poblados ecuatorianos y colombianos, como El Pan y Puerto Rico. Los captores estuvieron hostigados por operaciones, según testimonios.
Desde el secuestro, los parientes y compañeros de los tres denunciaron el ocultamiento de información del gobierno. El reporte de la CIDH coincide en que hasta el momento ni Ecuador ni Colombia han entregado toda la información considerada secreta para esclarecer lo ocurrido.
El régimen sostuvo que proporcionó todos los informes pertinentes para la investigación y que durante la crisis tomó las medidas necesarias para liberar a los secuestrados y precautelar sus vidas.
Entre las principales conclusiones del ESE se establece que la Dirección General de Inteligencia de la Policía (DGI) conoció el riesgo para la seguridad de la población, uniformados y periodistas y las amenazas del FOS, desde el 13 de enero del 2018, dos semanas antes de que ocurriera el atentado con un coche bomba en el cuartel policial de San Lorezo. Desde ese día, la DGI supo que Walter Arízaga, Guacho, pedía liberar a tres de sus hombres, detenidos por la Policía.
Sin embargo, la DGI, encabezada por el general Pablo Aguirre, no compartió esa información con el Mando Único designado por el gobierno para enfrentar la crisis. Por ese motivo, no se aplicó ningún protocolo para garantizar la seguridad de la población y prevenir delitos, tras el estado de excepción, decretado en esos días. No obstante, los jefes policiales indicaron que sí compartieron esa información con el Mando Unificado.
Las medidas del Estado ecuatoriano -agrega el informe- fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario, generado por la presencia de los grupos delincuenciales armados, así como por sus hechos delictivos y por los anuncios de atentados graves que hicieron a través de un canal de comunicación, que mantenían con el mayor de Policía Alejandro Zaldumbide.
Los investigadores del ESE, encabezados por Luz Adriana Camargo, describen descoordinaciones, vacíos y errores recurrentes de procedimientos y protocolos de seguridad a diferente nivel. Empezando por el comité de crisis y el equipo negociador, y pasando por las operaciones de Policía, FF.AA. hasta las investigaciones poco técnicas de las fiscalías. Es una radiografía que muestra fallas estructurales y estrategias en materia de seguridad en los estamentos políticos y de seguridad, incluidos los sistemas de inteligencia. Por la crisis fallecieron diez personas en la frontera, incluidos 4 marinos, el soldado Wilson Ilaquiche, Katty Velasco y Óscar Villacís.
El equipo Javier Ortega no buscaba entrevistar a Guacho, que era la hipótesis central del fiscal Wilson Toainga y del Gobierno. El ESE constató que el equipo de El Comercio llegó a la zona el 26 de marzo de 2018 para una cobertura periodística; no ingresó por el río, ni por una trocha, ni lo hizo saltando los controles. Por el contrario, pidió autorización al jefe del Mando Único, John Merlo, y quedó registrado en el Destacamento de la Marina en Mataje, lo cual “descartaría una conducta temeraria”.
Una semana antes ocurrieron una serie de atentados y hechos violentos en el poblado Mataje, causados por integrantes del FOS, que le habían declarado la guerra al estado ecuatoriano. Esos ataques fueron conocidos y registrados por los miembros de la fuerza pública. Sin embargo, los militares no tomaron precauciones y dejaron ingresar civiles a la zona, evidenciando fallas graves de descoordinación con sus jefaturas.
Una vez ocurrido el secuestro, el gobierno perdió días valiosos para concretar la liberación. “Pasaron varios días en los que se realizaron gestiones dirigidas a que los canjeables aparentemente volvieran a manifestar su voluntad de aceptar su responsabilidad, diligencias cuya utilidad no aparece vinculada a alguna norma procedimental que imponga dicho acto de ratificacioìn, en momentos en que se considera debiìa obrarse con prontitud”. Quienes se encargaron de negociar la liberación, especialmente un oficial de la Unidad Antisecuestros de la Policía (Unase), no recibieron datos previos de la DGI, que ya sabía lo que exigía Guacho, dos meses antes.
No fueron ejecutados, murieron mientras estaban en movimiento
En otro de los capítulos, el ESE establece contradicciones en la investigación de la Fiscalía colombiana, sobre la forma en que murieron los cautivos. Eso concuerda con la investigación de este portal en la que se evidenció que el examen de las autopsias practicadas en Cali dejaba sin piso la tesis de los gobiernos de Ecuador y Colombia. Ambos estados han insistido en que los cautivos fueron asesinados por los disidentes, en abril del 2018, en la zona de Los Cocos, en Nariño, frontera con Ecuador.
En el documento de 103 páginas se explica que los investigadores del ESE entrevistaron a los patólogos, que realizaron las autopsias, así como a un experto en balística. Todos coincidieron en “no haber hallado evidencia de que las víctimas estuvieran sometidas o atadas en el momento de ser asesinadas”, como indicaron disidentes ante la Fiscalía. Tampoco establecieron patrones de una ejecución planificada.
Las lesiones en cabeza y cuerpo de los tres rehenes eran distintas en cada caso, más compatibles con objetivos a los que se les dispara en movimiento. Los disparos se realizaron a una distancia aproximada de 1,20 metros, por la espalda de las víctimas en su mayoría y con trayectorias de abajo a arriba.
Así, el reporte de la CIDH pone en entredicho la teoría del caso de la Fiscalía colombiana, que reconstruyó el supuesto asesinato de los trabajadores de El Comercio, basándose sólo en testimonios de disidentes, sin contrastarlos con las autopsias, ni con otras pruebas. También pone reparos a la reconstrucción fiscal del itinerario del plagio, pues las versiones de los disidentes no concuerdan con la temporalidad de los hechos.
Cuando murieron ninguna de las víctimas estaba sentada e inmóvil, como ha asumido la Fiscalía. Al recibir los impactos de bala, con armas cortas, con certeza estaban caminando o corriendo.
El análisis de las necropsias, según dos expertos forenses consultados por este portal, sugiere que las muertes pudieron ocurrir en medio de un enfrentamiento armado. Esto coincide con los testimonios recogidos en Rehenes de varios policías y altos oficiales, un informe de la Senain y un reporte del Ministerio de Defensa de Colombia. Todos concuerdan en que durante el rapto hubo sucesivas incursiones armadas en las zonas por donde transitaban, algunas desde el lado ecuatoriano. Eso, al parecer, desencadenó su muerte.
Desde el martes 10 de abril, el presidente Moreno se reunió con directivos de algunos medios, empresarios, cuerpo diplomático, representantes de la Iglesia, para dialogar sobre la situación de los secuestrados. El viernes 13 de abril, confirmó la muerte de los tres rehenes. Las vigilias fuera del Palacio continuaron. Fotos: Presidencia.
El ESE recomienda que ambos estados designen una comisión especial autónoma e imparcial, que acceda a información que aún es reservada y no ha sido desclasificada por los gobiernos. Así se garantizaría a los familiares el acceso a datos en poder de las diferentes agencias policiales y militares, para establecer, entre otros aspectos:
- Si se autorizó a las fuerzas armadas de Colombia efectuar operativos de buìsqueda desde territorio ecuatoriano para ubicar a alias Guacho durante el plagio.
- Si hubo o no operativos de fuerzas armadas colombianas para ubicar a Guacho durante el secuestro en ese país. El documento final de la CIDH cita un informe del Ministerio de Defensa de Colombia (también incluido en Rehenes), que ratificó que durante el plagio hubo dos incursiones militares en las zonas donde transitaban los cautivos. “El ESE considera que hay suficientes motivos para investigar estas operaciones”.
En abril del año pasado, luego de que se confirmó que los tres estaban secuestrados, el presidente Lenin Moreno decidió negociar su liberación con Guacho, líder del FOS. Y accedió a un intercambio con tres de sus hombres, detenidos en enero del 2018. Para concretar el canje aseguró que se suspenderían todas las operaciones militares y policiales que podrían arriesgar sus vidas, en Ecuador y Colombia. Esta decisión se tomó sin seguir ningún procedimiento o parámetro, en base a análisis de riesgos y seguridad en este tipo de casos.
Reparación integral para los familiares
El ESE recomienda que Ecuador y Colombia establezcan mecanismos para evaluar y determinar una reparación integral a los familiares de Paul, Javier y Efraín, “pues han sido víctimas de afectaciones a sus vidas por un conflicto protagonizado por grupos armados terroristas”, sin la prevención adecuada de ambos Estados.
También incorporó las observaciones a los proyectos de informe de los gobiernos de Colombia y Ecuador. Ecuador expresó su “desacuerdo con el contenido del proyecto”. Solicitó al ESE limitarse al cumplimiento de sus objetivos y abstenerse “de adelantar criterios sesgados y sin sustento, que busquen direccionar las investigaciones en curso y a establecer la presunta responsabilidad internacional del Estado por los hechos sucedidos”.
El Presidente no levantó la reserva de toda la información
La información oficial proporcionada a la CIDH por ambos estados se contrastó con la suministrada por reporteros e investigaciones abiertas al público. Se incluyeron datos del libro Rehenes, ¿por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?. Eso fue objetado por Ecuador, pues «el ESE debió ceñirse a la información oficial a la que se tuvo acceso, siendo la que, a su juicio, posee las características de relevancia, objetividad, exhaustividad y fiabilidad».
“En ese sentido, el ESE considera que la investigación realizada por los periodistas Arturo Torres y María Belén Arroyo, así como el resto de las publicaciones mencionadas en este informe, aparecen suficientemente documentadas y contienen información que debiera ser tomada en cuenta por quienes dirigen la averiguación penal, a fin de guiar las actividades investigativas necesarias para clarificar la razón de las inconsistencias advertidas”.
El tema también fue investigado por un colectivo de 20 periodistas de Ecuador y Colombia, del grupo Frontera Cautiva, publicado en octubre de 2018.
La CIDH entiende que el objetivo final de las investigaciones en curso “es reconstruir la verdad de lo sucedido -ya sea confirmando o descartando las versiones oficiales o las periodísticas”.
No obstante, para la CIDH aún resta por esclarecerse varios temas centrales. Entre otros: Cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro; qué papel cumplió el comité de crisis; quién tomaba las decisiones de los que debía hacerse y cuándo se tomó la decisión de la ruta a seguir.