Un protocolo de 10 páginas que se aplica desde este fin de semana regula drásticamente los pronunciamientos, las visitas, las comunicaciones y los controles médicos de Julian Assange en la embajada en Londres. Este documento, extendido por la diplomacia ecuatoriana, rige desde el último sábado 13 de octubre, cuando le fue entregado al activista de WikiLeaks. Si él incumple esa normativa interna perderá el asilo y deberá, por lo tanto, abandonar la embajada y entregarse a las autoridades inglesas. Los abogados del australiano dicen que el protocolo viola sus derechos, vulnera acuerdos internacionales y agrava su condición de ‘encierro indefinido’.
Por: Arturo Torres R.
El gobierno ecuatoriano puso a Julian Assange entre la espada y la pared. Empezó a aplicar desde este sábado 13 de octubre un Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica al asilado australiano en la embajada de Ecuador en Londres.
El documento, de 10 páginas, al que tuvo acceso Código Vidrio, le prohíbe al líder de WikiLeaks realizar pronunciamientos políticos y ejecutar actividades que pudieran ser consideradas como de interferencia en los asuntos internos de otros Estados, “o que puedan causar perjuicio a las buenas relaciones de Ecuador con cualquier Estado (…)”.
Si Assange incumple esta disposición perderá automáticamente el asilo, lo que implica su entrega a las autoridades de Gran Bretaña, que mantienen una orden de prisión en su contra por haber evadido su arresto domiciliario en 2012.
El año pasado, Assange se pronunció a favor de la independencia de Cataluña y se reunió con líderes separatistas españoles. Antes, WikiLeaks jugó un rol determinante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Filtró miles de correos del Partido Demócrata y de la entonces candidata Hillary Clinton. Esto provocó malestar y generó quejas de los gobiernos de España, EE.UU. y Gran Bretaña.
En marzo, el Gobierno cortó la conexión de Internet de Assange y restringió sus visitas, limitándolas a su equipo de abogados. También terminó el contrato con la empresa española UC Global, encargada de su seguridad.
El protocolo que acaba de aprobar la diplomacia ecuatoriana, y le fue notificado al australiano el sábado, también restringe drásticamente el régimen las visitas que recibe. Para empezar, toda persona ajena a la Embajada o al gobierno ecuatoriano, sin excepción, que desee visitarlo, deberá solicitar previamente una autorización por escrito al embajador, con al menos tres días de anticipación. La única excepción es el caso de una asistencia médica.
La Embajada tiene la potestad de aprobar o negar cualquier ingreso, sin mediar ninguna explicación sobre los motivos. Assange solo podrá recibir tres visitantes a la vez.
Vea aquí el protocolo completo que se aplica en la Embajada para Julian Assange
El asilado tendrá acceso a Internet solo conectándose al Wifi de la Embajada. Utilizará su propio computador y celular, en ningún caso el Gobierno cubrirá estos costos. No podrá acceder a otros equipos de comunicación. Si Assange o alguno de sus visitantes instalan u operan equipos no autorizados por escrito, estos serán incautados.
Los abogados de Assange rechazaron la “unilateral decisión del gobierno de Lenin Moreno”, pues consideran que “viola los instrumentos internacionales que protegen al asilado”. Indicaron que el documento no fue consultado a Assange, quien tampoco tiene la posibilidad de negarse a su cumplimiento, pues esto implicaría su salida inmediata de la sede diplomática. «Se le está imponiendo un régimen carcelario». El protocolo, además, establece la obligación para el activista de someterse a chequeos médicos trimestrales, lo cual será cubierto con sus recursos.
La situación de Assange se agravó las últimas semanas, luego de que el diario británico The Guardian difundiera un supuesto plan para extraerlo de la embajada, orquestado por las autoridades rusas con el supuesto apoyo de funcionarios ecuatorianos. El plan debía ejecutarse la noche de Navidad, pero fue abortado por complicaciones de último momento.
La madrugada del 21 de diciembre Assange se reunió con el entonces jefe de Inteligencia de la Senain, Rommy Vallejo, para conversar sobre su seguridad. Días antes, el gobierno ecuatoriano le había otorgado la nacionalidad y lo nombró primer secretario de la embajada en Moscú, pero no obtuvo el beneplácito de los ingleses. La delegación diplomática ecuatoriana en Rusia desde 2015 está al mando del embajador Julio Prado Espinosa, primo de la ex canciller María Fernanda Espinosa.
La desclasificación de los documentos
Esta semana, la Asamblea debatirá la posibilidad de levantar la reserva de los documentos sobre el proceso de naturalización de Assange. La legisladora Paola Vintimilla, que impulsa la desclasificación, pidió esos informes a la anterior canciller Espinosa nueve meses atrás, sin obtener una respuesta.
El actual canciller José Valencia remitió a la asambleísta parte de esa información, que evidenciaría irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para la naturalización.
Este miércoles 17 de octubre llegará al Ecuador, Baltazar Garzón, uno de los abogados de Assange, quien junto con el jurista ecuatoriano Carlos Poveda presentará una acción de protección, que busca frenar el levantamiento de la reserva. Ellos estiman que la divulgación de los documentos atenta contra la seguridad del asilado.
La decisión del gobierno ocurre en medio de las negociaciones que venía manteniendo la defensa del australiano con diferentes autoridades de Reino Unido.
Esencialmente, negociaban su entrega a la policía de Gran Bretaña, con una sola condición: el compromiso de no ser extraditado hacia Estados Unidos, donde corre el riesgo de ser enjuiciado por atentar contra su seguridad nacional, según revelaron fuentes de WikiLeaks.
De concretarse ese acuerdo, el australiano dejaría la embajada en Londres, donde ha permanecido recluido desde 2012. Sus defensores están encabezados por Jennifer Robinson.