El paro de octubre se organizó silenciosamente ocho meses

Desde hoy la Conaie retoma las acciones de rechazo contra el gobierno, frente a las últimas medidas por la pandemia del Covid-19. En octubre pasado, las protestas indígenas mantuvieron sitiado a Quito y al gobierno durante once días de zozobra: dejaron pérdidas por $ 821 millones. Esa paralización no fue espontánea. Fue el punto culminante de un camino trazado desde enero del 2019 por la dirigencia, que rompió el diálogo con el Gobierno, que incumplió algunos compromisos y acuerdos. El factor económico y la organización con las comunidades y autoridades seccionales fueron determinantes para movilizar decenas de miles de  indígenas y campesinos. Los recursos provinieron de diversas fuentes.

Redacción Código Vidrio

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) vuelve a invocar el fantasma de la protesta, en medio de la crisis santitaria y económica por el coronavirus.

Octubre de 2019 fue convulsionado. Siete meses más tarde, el presidente del movimiento, Jaime Vargas, anuncia que a partir de hoy retomarán acciones en sus comunidades, en contra de las medidas económicas impulsadas desde el oficialismo. El paquete, que es debatido por la Asamblea, fija aportes y tributos que le permitirían al régimen contar con recursos para paliar, en parte, la situación desatada por la pandemia.

Vargas, quien también demanda que el Gobierno suspenda el pago de la deuda externa, dijo que inicialmente harán cacerolazos y divulgarán mensajes en redes sociales contra el gobierno. A la medida anunciada por el Día del Trabajo se suman los sindicatos que aglutina el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que denuncia el despido de unos 25 000 trabajadores, en el contexto de la crisis.

En las jornadas de octubre, el movimiento indígena movilizó decenas de miles de campesinos y otros colectivos de distintos barrios en Quito: durante once días mantuvieron en jaque al régimen.

En la manifestación participaron grupos sindicales, estudiantes universitarios y transportistas. Además, militantes y dirigentes del correísmo y otros grupos violentos anarquistas, que causaron destrozos, daños y pérdidas económicas, cuantificados en 821 millones de dólares por el Banco Central y el Banco Mundial.

El paro se organizó ocho meses antes

En la movilización de octubre, el factor económico y la organización con las comunidades fueron determinantes. Con recursos y apoyos de dirigentes, colectivos, ciudadanos y fundaciones se movilizaron y subsistieron decenas de indígenas y campesinos de comunidades pobres de la Sierra en la capital.

Desde enero del 2019, los dirigentes Jaime Vargas y Leonidas Iza iniciaron coordinaciones en varias provincias para la movilización de octubre, por los incumplimientos de ofrecimientos con el Gobierno. Foto archivo CV.

El paro no fue espontáneo ni improvisado. Fue el punto culminante de un camino que se inició en enero del 2019, cuando el presidente de la Conaie y el dirigente del Movimiento Campesino Indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, dieron los primeros pasos para romper el diálogo con el Gobierno, que incumplió acuerdos y ofrecimientos.

Meses después, el 23 de agosto, se trazó la ruta final en la Asamblea de la Conaie, con la convocatoria a una movilización nacional para el 14 octubre. Entonces, se aceleraron las coordinaciones con dirigentes y autoridades seccionales, para contar con la logística y recursos para la movilización hacia Quito.

En entrevista con este portal, Vargas explicó -sin detallar cifras- que los recursos salieron de las propias comunidades y sus dirigentes, tanto para la movilización como para los alimentos. Iza, por su parte, recalcó el apoyo voluntario de cientos de ciudadanos y colectivos que colaboraron con alimentos y vituallas, en Quito.

Tras el anuncio de la eliminación del subsidio a los combustibles, la Policía reforzó los controles en las carreteras, para tratar de impedir la llegada de manifestantes. Foto archivo CV.

En los días de la protesta circularon denuncias del supuesto financiamiento que los dirigentes de la Conaie habrían recibido de fundaciones del exterior. Vargas negó haberse beneficiado de esos recursos. Confirmó que la organización recibe donaciones de distintas organizaciones para proyectos sociales, pero negó que esos fondos se hubieran desviado para la paralización. Iza aseguró que verificaron quiénes eran los donantes.

Por diversas fuentes accedimos a información económica de la Conaie y sus financistas. Detectamos que con parte de sus recursos se cubrieron alimentos y se pagaron abogados para su defensa en juicios planteados por el gobierno. Personas sin ninguna relación directa con la Confeniae, filial amazónica de la Conaie, retiraron en plena efervescencia de la protesta, importantes sumas de su cuenta, incluido un militar en servicio activo. También hay depositantes inidentificados.


Desde Cotopaxi y otras provincias, centenares de indígenas llegaron en camionetas a Quito.


Las visitas y contactos, meses antes del paro

A lo largo del 2019, Iza y Vargas, junto a otros dirigentes, realizaron visitas a las comunidades de provincias de la serranía y el Oriente, concretaron alianzas y coordinaciones. Esbozaron una estrategia que debía seguirse en en los niveles logístico y financiero.

Solo un detalle aceleró esta planificación: la sorpresiva eliminación del subsidio y consecuente alza de los combustibles, decretada por el presidente Lenin Moreno, a finales de septiembre. Esa decisión, que se tomó sin ningún diálogo ni consenso previo, activó la protesta de los transportistas. Ésta se extinguió rápidamente, pero fue relevada por el movimiento indígena, que cobró una fuerza inusitada. Desbordó todos los escenarios y previsiones oficiales.

Las protestas subieron de tono desde el 8 de octubre. Se concentraron en los alrededores de la Casa de la Cultura, donde pernoctaban miles de campesinos. Fotos CV.

Conforme evolucionaba la protesta, se activaron grupos violentos que se mimetizaron entre los manifestantes y operaban de manera táctica, siguiendo una planificación para escalar la violencia y los enfrentamientos con policías y militares. Su objetivo político era tumbar al gobierno, según denunció el presidente Lenín Moreno y responsabilizó directamente al expresidente Rafael Correa y sus seguidores.

Informes de FF.AA. y Policía indican que algunos de esos grupos estaban integrados por pandilleros y delincuentes, contratados por políticos de la oposición más virulenta al gobierno. También por integrantes de movimientos extremistas de izquierda, con entrenamiento en operaciones de guerrilla urbana en Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y en otro segmento estaban algunos militantes y dirigentes correístas, que desde mediados del 2017 realizan supuestas acciones de desestabilización. Esta participación es investigada por la Fiscalía que lleva adelante una instrucción por el supuesto delito de rebelión en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Christian González y el ex asambleísta Virgilio Hernández. Ellos han negado las acusaciones, denunciando una persecución política.

En la protesta se activaron grupos violentos, que se mimetizaron entre los manifestantes y operaban de manera táctica, siguiendo una planificación para escalar la violencia y los enfrentamientos con policías y militares. Usaban proyectiles caseros. Fotos CV.

Un sargento retira fondos de la Confeniae

El sargento del Ejército Daniel X parece una puntada suelta en la bien hilvanada estrategia para financiar el paro de octubre del año pasado.

El 8 de octubre, en el clímax de la protesta, el sargento retiró 24.990 dólares de las cuentas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confenaie), en una agencia bancaria en Puyo.

El militar no tiene ninguna relación formal con esa organización. Su nexo viene por el lado de su esposa, quien trabaja como asistente en la Confenaie. Ella, su cónyuge y su hijo retiraron más de $ 43.000 de la cuentas del organismo. Las transacciones se realizaron entre el 9 de septiembre y el 30 de octubre del año pasado, según fuentes cercanas a la organización.

Daniel es sargento del Ejército. Ingresó a las FF.AA. en 1996. Un año después obtuvo el grado de soldado y ha mantenido una trayectoria sin contratiempos; su única amonestación fue por no llegar a tiempo a un servicio de guardia.

Ha brindado sus servicios, principalmente en batallones de la Amazonía. Además, tiene estudios virtuales sobre derechos humanos, leyes y reglamentos militares.

¿Cuál fue el propósito de esos retiros? Ubicamos al militar, quien no quiso contestar las preguntas de este portal. Su única preocupación, ante nuestra consulta, fue cómo accedimos a la información.

Tampoco quiso pronunciarse el presidente de la Confenaie, Marlon Vargas, quien también retiró 24.950 dólares de la cuenta corporativa, el 10 de octubre. Vargas se limitó a decir que no conocía nada al respecto, y nos preguntó  si “éramos agentes del Estado”; luego guardó silencio, sin aclarar hacia dónde fueron los fondos retirados en esas fechas.

En las FF.AA., unos 15 militares, entre tropa y oficiales, son investigados por su supuesto apoyo a las manifestaciones: en unos casos habrían apoyado en labores logísticas y en otras, proporcionando información sensible sobre decisiones de seguridad. Además, por supuestamente instigar contra el gobierno en redes sociales.


Las protestas dejaron 8 muertos, reconocidos oficialmente, pero la Conaie y organismos de DD.HH. aseguran que hubo 11 víctimas. Se registraron centenares de heridos y apresados. Decenas de policías y militares también fueron heridos, otros retenidos y secuestrados en algunas comunidades. Periodistas fueron golpeados por manifestantes y policías. Fotos archivo CV.

Uno de los oficiales investigados, que pidió en anonimato, dijo que en FF.AA. se desató “una cacería de brujas, que presume la culpabilidad y no la inocencia de los sopechosos, que han sido críticos”.

Pedimos un pronunciamiento al Ministerio de Defensa sobre el caso del sargento y otros militares investigados, pero no respondieron si hay expedientes disciplinarios en su contra.

Durante los once días que duró la movilización de octubre, la Confeniae habría recibido más de $ 57 mil de depositantes aún no identificados y de organizaciones no gubernamentales extranjeras, vinculadas a la protección de la naturaleza, según fuentes del sistema financiero.


Decenas de militares fueron retenidos y maltratados en el sur de Quito


El apoyo económico de ONGs

La Confenaie es una de las tres grandes organizaciones que conforman la Conaie, junto con la Ecuarunari de la Sierra y  la Conaice de la Costa. Un denominador común entre todas es que su financiamiento, principalmente, viene desde organizaciones no gubernamentales del exterior.

Entre sus financistas están The Pachamama Alliance, de Amazon Watch y Rainforest Action Network y de las nacionales Fundación Pachamama y Terra Mater. La mayoría del dinero que recibe es para proyectos de defensa de su ecosistema, pero también para emprendimientos turísticos.

Amazon Watch y Rainforest Action Network también apoyan a la Confeniae. Durante la protesta, le transfirieron unos 49.000 dólares.

La Confenaie fue clave en el último levantamiento: sus representantes cerraron carreteras, participaron en la toma de pozos petroleros y gobernaciones en Sucumbíos y Orellana. Solo el cierre de los campos petroleros dejó pérdidas por $ 138 millones.

En Orellana y Sucumbíos se sumaron a la protesta los gremios de taxistas, transporte pesado, transporte público local, cantonal y provincial; las juntas parroquiales Dayuma, Inés Arango (Orellana), de Pacayacu y Sansahuari (Sucumbíos); las comunidades Kichwas, Waoranís, Shuaras, Cofanes, Secoyas y Achuar. Además, las fuerzas vivas y las comunidades de Nunkuy, Kunkuk y Juwa, Shuaras de Puerto Itaya y Yanamunca, de Shushufindi. Los dirigentes movilizaron más de 2.500 personas a la toma y bloqueo instalaciones petroleras, que viven cerca de esas facilidades.

Andrés Tapia, encargado de la comunicación de la Confenaie, aseguró que el dinero que llega desde cualquier ONG no puede ser usado en otro destino que no sean los proyectos sociales que financian esos fondos. Por eso, descartó que esos desembolsos sirvieran para apoyar el levantamiento.

Amazon Watch y Rainforest Action Network tienen una larga presencia en la región amazónica, respaldando proyectos, principalmente para la defensa de la selva, contra la explotación y destrucción de sus recursos.

Amazon Watch estuvo muy activa durante el paro. En su página web y redes sociales publicó, detalladamente, la evolución del paro indígena y su desenlace, el 14 de octubre, luego del acuerdo con el Gobierno.

Carlos Mazabanda, representante de esta ONG, puntualizó que la relación con las organizaciones amazónicas tiene más de 20 años, “apoyando a las comunidades en su lucha contra los abusos de las empresas petroleras y mineras”.


Miles de indígenas y habitantes atacaron las instalaciones petroleras en Sucumbíos y Orellana. 


Mazabanda explicó que el dinero que entregan a la Confenaie debe ser justificado con un informe que respalde que se usaron para los fines previstos en el acuerdo.

Amazon Watch colabora, por ejemplo, para la organización de asambleas, foros y encuentros de las comunidades. Mazabanda recalcó que durante el paro no depositaron dinero de estos proyectos; los depósitos -sostuvo- fueron hechos meses antes.

Para él, la información sobre supuestos desvíos de fondos para el paro, es parte de una campaña de desprestigio. “Las cuentas de la Confenaie seguramente fueron hackeadas para hacer parecer que el dinero llegó durante el paro”.

Por su parte, Tapia recalcó que esos fondos no financiaron la movilización en la Amazonía. “Esos montos no pueden cubrir los gastos de las protestas en todas las provincias, solo en el Puyo hubo más de 30.000 personas”.

Puntualizó que el paro se fondeó inicialmente de la minga, que aglutinó el respaldo de las comunidades y de las personas en las ciudades. “En Puyo (capital de Pastaza), la gente ayudó con víveres y otros insumos a los manifestantes”.

Andrés Tapia (camiseta negra, derecha) es el responsable de comunicación de la Confeniae. Aseguró que ninguna donación se desvío para gastos del paro. Foto archivo CV.

Jaime Vargas concuerda.  Según sus cálculos, varias decenas de miles personas se movilizaron. En este contexto, admitió que solo recibió dinero de la ONG Land is Life, para la defensa de las personas detenidas en la manifestación. El resto salió de fondos de sus comunidades y del apoyo ciudadano, recalcó sin detallar cifras.

Land is Life, Amazon Watch y Rainforest Action hicieron una colecta fuera del país para financiar la compra de alimentos y también la contratación de abogados. Mazabanda, de Amazon Watch, reconoció que entregaron 10.000 dólares para esas causas; pero desconoce el monto final que reunió la campaña.

Land is Life es otra ONG con larga presencia en el país. Actualmente, Marlon Santi,  el ex presidente de la Conaie y actual cabeza de Pachakutik, es su asesor global para asuntos indígenas. Esta organización está presidida por Brian Keane, quien es relator del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Indígenas y antes fue asesor de USAID, también para temas sobre los pueblos indígenas.

Representante de la UE llama a Vargas

La movilización de los indígenas no solo generó preocupación casa adentro. En los días más vertiginosos del paro, a inicios de octubre, Vargas recibió la llamada de una representante de la Unión Europea (UE), que le exigía no emplear los recursos que les donaron para financiar la manifestación.

Eran $ 216.000 que fueron depositados en agosto (dos meses antes de la protesta), destinados a un proyecto de gobernanza para la inclusión de nuevos colectivos en los pueblos indígenas.

La insinuación de la funcionaria europea molestó a Vargas, quien replicó “Si quieres este momento te me llevas esa pendejada”. Eso lo reconoció en entrevista con este medio.

Una representante de la UE confirmó a Código Vidrio que en octubre llamaron a Vargas para alertarle sobre el buen uso de los recursos. El mes siguiente una misión de  auditoría de la UE revisó los balances sobre esos recursos, “pero no encontraron evidencias de un uso inadecuado de la Confederación”.

En la entrevista con este portal, el presidente de la Conaie también reconoció que cada año reciben un respaldo de la Fundación Pachamama, por $ 35.000. Los fondos son para pagar gastos de la dirigencia (chofer, alimentación, traslados…) y para la organización de encuentros comunitarios.

La fundación es la contraparte local de The Pachamama Alliance, su principal representante es María Belén Páez. Ella confirmó que anualmente donan a la Conaie $ 3.500, para los gastos en movilización, pago de trabajadores, entre otros. El buen uso de esos recursos -recalcó Páez- se refleja en los informes que presenta la dirigencia indígena.

Según Vargas, la donación de Pachamama no es suficiente para los gastos que representa tener un equipo de apoyo en la Presidencia de Conaie; por eso en muchas ocasiones debió “poner de sus ingresos  para cubrir esos rubros”. Dijo que no recibe salario por ser presidente de la Conaie y que su manutención depende de sus negocios privados.

“Los libros contables de la Conaie están abiertos a cualquier indagación”, aseguró, pero no pudimos revisarlos. “Se debe entender que el dinero para la Conaie de organizaciones no gubernamentales no puede ser usado por otros fines, sino para los previstos en los acuerdos”, recalcó.

Una parte de los recursos de la Conaie proviene de los cabildeos y concursos que Vargas ha realizado con distintas fundaciones internacionales en varios países, por años.

Desde el 2013, cuando dirigía la Confederación Amazónica, ha viajado en 14 ocasiones al exterior, según registros de Migración. Los últimos años se ha trasladado, entre otros países, a Estados Unidos, Catar, Arabia Saudita, Suiza, Francia, España, México y Perú.


Movimientos migratorios de Jaime Vargas, los últimos seis años

Vargas dijo que es relativamente fácil concursar por recursos en el exterior, con la plataforma y justificación de la defensa de la naturaleza, y el no extractivismo, cuyos proyectos tienen gran acogida en el contexto del cambio climático.

Víveres durante el paro

La representante de Pachamama reconoció que apoyaron al movimiento indígena con la entrega de víveres para los campesinos que se movilizaron a Quito. Además fueron un canal de mediación para que las Naciones Unidas pudieran contactarse sin contratiempos con la dirigencia indígena.


Mientras en la Amazonía, el bloqueo impidió la circulación de trabajadores a las estaciones petroleras, en Quito los indígenas recibieron apoyo logístico con alimentos y bebidas de algunas entidades, como el Municipio y la Prefectura de Pichincha, según denuncias del Gobierno. Fotos CV.

Pachamama fue una de las ONG que sufrió el vendaval del correísmo. En 2013 el gobierno de Correa la clausuró por su injerencia en políticas públicas, y atentar contra la seguridad interna del Estado. En total fueron clausuradas 26 ONG, acusadas de incumplir sus estatutos y boicotear al gobierno. Pachamama volvió a operar en el actual régimen y mientras tanto fue reemplazada por Terra Mater, que siguió ayudando a la Conaie.

Leonidas Iza, dirigente de Cotopaxi, estima que sumaron 50.000 protestantes en la capital. 30.000 salieron de las comunas y el resto trabajaba o estudia en Quito. Ellos solo estuvieron preparados con “tres días de cucayo”, recordó, pero se encontraron un respaldo que nunca imaginaron.

Sin entrar en detalles, aseguró que se cuidaron minuciosamente del apoyo que recibieron. Por ejemplo, desde las autoridades locales, que son parte del movimiento indígena, como el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán. “No queríamos que nos pasara lo mismo que sucedió con Paola Pabón”, la prefecta de Pichincha que actualmente afronta un proceso penal por supuesta rebelión contra el régimen de Moreno.

Guamán jugó un rol clave para la logística desde esta provincia. No pudimos corroborar, sin embargo, si empleó recursos públicos de la Prefectura en esa tarea.

La otra cara de la moneda, luego de la protesta

Para el Gobierno, el final del paro fue agridulce. Si bien sorteó el riesgo de la desestabilización y sofocó las intentonas de golpe, al derogar el decreto de los subsidios evidenció que cometió graves fallas, tanto antes de las protestas como en la decisión final.  Los aparatos de Inteligencia mostraron sus graves debilidades, pues no pudieron magnificar oportunamente los escenarios de la paralización y sus secuelas.

Las semanas siguientes, tanto la CIDH como la Defensoría del Pueblo publicaron informes sobre las consecuencias en el campo de los derechos humanos, que fueron criticados por el Gobierno.

Según el reporte de CIDH, en el paro hubo una reacción violenta y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares. https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp.

La misión del organismo, que estuvo en el país tres días, también estableció que grupos de manifestantes provocaron graves desmanes en algunas manifestaciones, atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, arrojándoles piedras y objetos contundentes, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones.

El uso excesivo de la fuerza también fue denunciado en un reporte por el defensor del Pueblo, Freddy Carrión https://www.dpe.gob.ec/el-defensor-del-pueblo-entrega-informe-tecnico-sobre-el-paro-nacional-al-cuerpo-diplomatico-acreditado-en-el-pais/.

“Las violaciones a los derechos humanos de las víctimas del conflicto interno que vivió el Ecuador deben ser investigadas para establecer responsabilidades y la correspondiente reparación integral, porque no hay justicia sin reparación”, afirmó Carrión.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que los reportes eran sesgados y no han tenido una mirada honesta y neutral, pues no profundizaron en las agresiones a miembros de la fuerza pública y todos los actos vandálicos y delictivos en el paro.

8 comentarios en “El paro de octubre se organizó silenciosamente ocho meses”

  1. NO ES 8 MESES. ES AGENDA DEL BASTIÓN IZQUIERDA FORO DE SAO PAULO GRUPO DE PUEBLA. MIEMBRO PACHAKUTEK. EN LA WEB OFICIAL DE ESOS GRUPOS ESTA TODA LA AGENDA PARA HISPANOAMÉRICA. XQ OCTUBRE? REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE

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  2. Esperamos que sea procesado como bien se lo merece pues es hecho de usar sombrero de plumas y calzón corto no lo exhime de ser juzgado como cualquier otro ciudadano.

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  3. Excelente investigación Arturo, lástima que el gobierno de Moreno no dimensiones el peligro que Corre Ecuador, detener la corrupción, transparentar los contratos del Estado, activar el Cosepe, debería ser prioridad, pero no. La prioridad para estos desubicados son las elecciones del 2021.

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  4. El análisis expuesto aquí, mereció más objetividad y criterios de verdad desde los «Otros». Octubre fue una rebelión social, producto de la crisis del Estado-Nación que sólo garantiza el bienestar de un minusculo grupo empresarial y oligarquias nacionales, en detrimento de la mayoría de desposeídos del país, que están sumidos en la miseria, pobreza y marginalidad.
    El pensamiento neocolonial y pequeño burgues no reconoce ni puede ver otras lógicas de acción social y poder popular de los de ABAJO. Eso es lo que ocurrió en Octubre. Se activó la solidridad popular, la participación activa de todos los sectores sociales (urbanos y rurales), cuyas dimensiones «amenazaron al poder estatutido».
    Fue evidente también que los grupos desestabilizadores del alicaído correismo intentaron desvirtur la protesta social con acciones violentas, daño a la infraestructura estatal (sobre todo a la CGE), para destruir evidencias que le incriminaban en sus delitos a la adminsitración pública.
    Por lo demás, fueron los jóvenes universitarios, los habitantes de las comunidades indígenas y los habitantes en las ciudades que en forma solidaria ayudaron con la logística para este gran momento de INSURRECCION POPULAR.

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    • Las versiones y posiciones de los «otros» están bastante desplegadas en la nota. En este caso entiendo que se refiere a los dirigentes de la Conaie y otras organizaciones que los respaldaron en el paro. Entrevistamos a la mayoría de actores, y recogimos al final las denuncias de la CIDH y del Defensor del Pueblo.

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