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La decapitación criminal no es el fin del problema: conduce a la fragmentación de los grupos delictivos, según la evidencia empírica en varios países. Cuando un líder visible es capturado sin desmantelar las estructuras que lo sustentan, se desata una competencia darwiniana, solo el más fuerte sobrevive.
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La reciente detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela ilustra claramente esta paradoja. Lejos de señalar el colapso del crimen organizado venezolano, este suceso marca el fin de la protección centralizada de un modelo criminal y el probable inicio de una acelerada atomización criminal.
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Ocurre lo mismo en el caso de Ecuador, donde la militarización del conflicto contra los grupos delictivos es un fracaso: ha desatado más violencia y atomizado a más células criminales, que van expandiéndose aceleradamente a las zonas donde el Estado no está presente.
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El crimen organizado actual no es solo delincuencia. En muchas zonas, son estructuras que gobiernan, se comunican y se arraigan socialmente. Lo más preocupante es que, en muchos casos, lo hacen con la aceptación, si no el apoyo, de comunidades que el Estado abandonó hace décadas.
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El crimen organizado no depende únicamente de líderes visibles. Depende de estructuras, economías ilícitas y vacíos de gobernanza. Cortar la cabeza sin intervenir en el cuerpo solo acelera la mutación. Y en un contexto de fragmentación, los grupos que sobreviven emergen más violentos, más cohesionados y mejor adaptados a las nuevas condiciones.
Douglas Farah y Pablo Zeballos, de IBI Consultants, especial para Código Vidrio
Existe una narrativa dominante en América Latina que celebra la captura de líderes criminales como victorias definitivas. Es una narrativa heredada de la década de 1980, forjada durante la lucha contra los principales cárteles colombianos: innegablemente atractiva, políticamente útil y convincente para los relatos mediáticos y las series de televisión. Cada vez que cae un capo, un narcotraficante de alto perfil o un líder corrupto, se reactiva el mismo guión esperanzador, pero siempre ambicioso: el Estado recupera terreno, la justicia avanza, la delincuencia retrocede.
Sin embargo, la evidencia empírica cuenta una historia muy diferente. Lo que a menudo se presenta como el fin de un problema es, en realidad, el comienzo de una reconfiguración: más violenta, más fragmentada y, en muchos casos, más difícil de contener. Las consecuencias iniciales, como casi siempre ocurre, recaen con mayor fuerza en las comunidades más abandonadas y vulnerables; pero con el tiempo, este desorden criminal se expande, permea a la sociedad en su conjunto y termina configurando una democracia transaccional, sustentada por un Estado de derecho flexible y adaptable, capaz de coexistir con las lógicas del crimen organizado, en lugar de confrontarlas.
La reciente detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela ilustra claramente esta paradoja. Lejos de señalar el colapso del crimen organizado venezolano, este suceso marca el fin de la protección centralizada de un modelo criminal y el probable inicio de una acelerada atomización criminal. Esto aplica no solo a las estructuras criminales visibles, sino también al poderoso grupo criminal político-militar que, durante décadas, se consolidó dentro de la élite venezolana y posteriormente se envolvió en etiquetas funcionales y atractivas, como el llamado «Cártel de los Soles», que en realidad es un fenómeno mucho más complejo y tenue de lo que su nombre sugiere.
Cuando un Estado capturado por las mafias pierde a su garante máximo —o a la figura que se cree que desempeña ese papel—, las economías ilícitas no desaparecen, ni se disuelven las redes territoriales que las sustentan. Lo que ocurre es mucho más complejo y peligroso: los equilibrios informales se rompen, los liderazgos locales se liberan del control centralizado y surgen violentas disputas por territorio, rutas y la extracción de economías ilícitas. Estas disputas pueden desarrollarse con o sin un fundamento ideológico y la mayoría son, en el mejor de los casos, ideológicamente agnósticas. Ya lo hemos visto antes: en la fragmentación de las FARC, la desintegración del Cártel de Medellín tras la muerte de Pablo Escobar y en la caótica sucesión que siguió a la detención de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Esta historia demuestra que el proceso de fragmentación que probablemente ocurrirá en Venezuela no es único ni imprevisible. Es una dinámica recurrente en toda la región, observable donde convergen la fragilidad institucional, las economías ilícitas rentables y los territorios socialmente vulnerables. La decapitación de las estructuras criminales en el México post-Calderón, en la Colombia posterior a Pablo Escobar y en el Brasil tras las intervenciones policiales y militares en las favelas no condujo a un debilitamiento sostenido del crimen organizado. Por el contrario, la presión competitiva refinó el ecosistema, favoreciendo a los actores más violentos, organizados y adaptables. La lógica es brutal pero consistente.
⇒En Ecuador, la declaración del conflicto armado contra 22 grupos narcoterroristas, en enero de 2024, tuvo un éxito fugaz, duró menos de seis meses. La tasa de homicidios se redujo ligeramente en un 17% pero luego volvió a crecer. Y este 2025 terminó como el más violento de la historia, con más de 53 crímenes por cada 100 mil habitantes. Este es el país más violento de la región.
Cuando un líder visible es destituido o capturado sin desmantelar las estructuras que lo sustentan, se desata una competencia darwiniana -solo el más fuerte sobrevive- entre los grupos supervivientes. Quienes prevalecen no son necesariamente los más ideológicos ni los más leales a un proyecto político; son los más eficaces en el uso de la violencia, los mejor conectados a las redes transnacionales y los más capaces de gobernar la criminalidad donde el Estado está ausente. En el caso venezolano, el riesgo se ve amplificado por tres factores estructurales. Primero, la existencia de colectivos armados o turbas civiles que durante años funcionaron como brazos operativos del régimen, pero que hoy podrían redefinir sus lealtades y priorizar la supervivencia territorial. Segundo, un sistema penitenciario que desde 2004 ha funcionado bajo la lógica del autogobierno, convirtiendo las cárceles en centros de comando criminales capaces de proyectar la violencia hacia el exterior. Tercero, la circulación descontrolada de armas, exacerbada por el colapso militar y las políticas de rearme civil sin rendición de cuentas.
El contagio regional
Estos tres elementos no permanecerán confinados dentro de las fronteras venezolanas. Se propagan, se intercambian y se integran en los mercados ilegales regionales. Organizaciones como Tren de Aragua no esperaron el colapso de Maduro para expandirse: ya operan como franquicias criminales transnacionales, con presencia documentada en al menos diez países. La crisis actual no las debilita; las libera de cualquier arbitraje residual que pudiera haber limitado su autonomía operativa. Para los países de la región, este escenario plantea un desafío que va mucho más allá de la política migratoria o la seguridad fronteriza. No se trata solo de controlar el flujo de personas, sino de anticipar la importación de conflictos no resueltos, portadores de códigos de violencia y modelos de control territorial que ya han demostrado su eficacia en otros contextos.
⇒El crimen organizado actual no es solo delincuencia. En muchas zonas, son estructuras que gobiernan, se comunican y se arraigan socialmente. Lo más preocupante es que, en muchos casos, lo hacen con la aceptación, si no el apoyo, de comunidades que el Estado abandonó hace décadas. Una vez que se traspasa ese umbral de legitimidad comunitaria, la policía tradicional resulta inadecuada; las respuestas militares a menudo terminan sirviendo a los fines de las estructuras criminales; y las respuestas estatales con demasiada frecuencia degeneran en pactos de corrupción o pactos informales que consolidan el problema en lugar de resolverlo.
La principal lección estratégica es incómoda pero necesaria: el crimen organizado no depende únicamente de líderes visibles. Depende de estructuras, economías ilícitas y vacíos de gobernanza. Cortar la cabeza sin intervenir en el cuerpo solo acelera la mutación. Y en un contexto de fragmentación, los grupos que sobreviven emergen más violentos, más cohesionados y mejor adaptados a las nuevas condiciones.
¿Nos enfrentamos a una oportunidad o a un riesgo mayor? Ambos. Es una oportunidad para anticipar, fortalecer la inteligencia criminal y construir una cooperación regional efectiva. Pero si la respuesta llega tarde o se limita exclusivamente al uso de la fuerza, el riesgo es que el crimen organizado aprenda más rápido que el Estado.
Y cuando eso suceda, la fragmentación de hoy se convertirá en la consolidación criminal del mañana. Es, muy probablemente, el comienzo de una más compleja, en la que su eliminación será el punto culminante. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino si estaremos preparados para gestionarlas antes de que sea demasiado tarde.