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Sin una presencia estatal más permanente y positiva -multidimensional- en las zonas afectadas por la delincuencia (pobres y marginales en su mayoría) y una postura más firme contra la corrupción en los puertos, las prisiones y las instituciones estatales, Ecuador corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública. Esa es una de las principales conclusiones del último informe que acaba de difundir el think tank Crisis Group, titulado: ¿Un Paraíso Pérdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado.
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Aprovechando los activos comerciales del país, así como sus debilidades institucionales, los grupos narcotraficantes han arrastrado a Ecuador al corazón de la cadena global del suministro de narcóticos.
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El crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones del Estado ecuatoriano con el fin de obtener protección, impunidad y beneficios económicos. Los grupos criminales recurren a la extorsión y la intimidación para cooptar a funcionarios en todo el sector público, incluidos los sistemas judicial y penitenciario, los puertos, y las fuerzas de seguridad, así como muchos gobiernos locales.
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Las redes criminales manipulan los procesos judiciales a través de acuerdos ilegales. Varios fiscales y jueces han sido acusados de destruir evidencia o de organizar la liberación anticipada de delincuentes a cambio de dinero en efectivo y artículos de lujo.
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Ecuador corre el grave riesgo de que las organizaciones criminales que intenta derrotar extiendan su influencia aún más sobre todas las instituciones del Estado y en todos los rincones el país.
Redacción Código Vidrio
Ecuador sigue siendo un foco de atención mundial por sus índices crecientes de criminalidad, violencia y corrupción sistémica. Tras casi dos años de una autoproclamada guerra contra los grupos criminales, Ecuador todavía enfrenta una oleada histórica de violencia. Es más, según un amplio y detallado informe que difundió este miércoles 12 se noviembre el think tank Crisis Group, “las operaciones conjuntas entre los militares y la policía, el pilar de la campaña oficial de represión, no han tenido más que un éxito fugaz”. Eso, sobre todo, por la falta de acciones conjuntas, integrales, que sumen a otras instituciones en una estrategia con una perspectiva transversal, que incluya al sector judicial, la fiscalía, los gobiernos locales, la sociedad civil, así como un abordaje sostenido de asistencia social a los sectores más golpeados por la criminalidad.
Este informe acaba de salir a la luz, pocas horas después de que la organización Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado (GITOC por sus siglas en inglés) difundiera el Índice Global del Crimen Organizado, en el que Ecuador se ubica en el cuarto lugar de las naciones con mayor criminalidad del mundo, de un total de 193 países analizados. También se ubica como el segundo de Latinoamérica y el tercero de todo el continente.
La caída de la tasa de homicidios en 2024 desde los niveles récord que había alcanzado y una disminución de los motines y masacres en las cárceles parecían ser un buen augurio, pero el repentino aumento de los asesinatos hizo que la primera mitad de 2025 fuese el semestre más violento de la historia de Ecuador. Para fines de este 2025, sin embargo, la tasa será de 50 homicidios por 100 mil habitantes. Es más, este último fin de semana ocurrió una nueva masacre que cobró la vida de 32 presos asesinados en la cárcel de Machala, y decenas de heridos, pese al control militar y policial permanente.
ECUADOR OCUPA EL CUARTO PUESTO DE CRIMINALIDAD MUNDIAL EN EL ÍNDICE DE GITOC
En el reporte de Crisis Group se destaca que drogas, en particular la cocaína, continúan llegando en cantidades industriales desde los puertos ecuatorianos a los mercados de EE. UU. y Europa. Las comunidades pobres, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico, «languidecen bajo el yugo de una multitud de grupos hiperviolentos que luchan por el control territorial», alerta el reporte ¿Un Paraíso Pérdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado.
En este contexto, se acumulan las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, mientras el gobierno proclama su proximidad al presidente estadounidense Donald Trump y su fe en las fuerzas de seguridad, lideradas por los militares, que desempeñan un sinnúmero de actividades ajenas a sus funciones.
Sin una presencia estatal más permanente y positiva -multidimensional- en las zonas afectadas por la delincuencia y una postura más firme contra la corrupción en los puertos, las prisiones y las instituciones estatales, Ecuador corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública, alerta el informe.
Aprovechando los activos comerciales del país, así como sus debilidades institucionales, los grupos narcotraficantes han arrastrado a Ecuador al corazón de la cadena global del suministro de narcóticos. Este país había servido durante mucho tiempo como corredor de tránsito, gracias a su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores mundiales de coca, la materia prima para la producción de cocaína. Sin embargo, una serie de cambios en el narcotráfico latinoamericano, entre ellos la desarticulación de grandes carteles criminales, el aumento del tráfico en contenedores marítimos y las repercusiones del acuerdo de paz colombiano de 2016, favorecieron la transformación del país en una plataforma de exportación.
Ecuador ofreció al crimen organizado más que una simple alternativa a las rutas de tráfico tradicionales; en muchos sentidos, representó una mejor opción. La adopción del dólar como la moneda oficial, una decisión tomada en el año 2000 para detener el colapso financiero, facilitó el lavado de dinero ilícito; sus concurridos puertos marítimos, una extensa red de carreteras y débiles controles fronterizos facilitan el transporte de drogas. La corrupción en las instituciones estatales, agravada por los recortes presupuestarios de 2017 en las prisiones y fuerzas de seguridad, socavaron las fuerzas del orden. Por todas estas razones, los puertos del Pacífico ecuatoriano, especialmente los de Guayaquil, son ahora las puertas de salida más eficientes para cargamentos de cocaína desde la región hacia a Europa y EE. UU. Al mismo tiempo, las tasas de violencia criminal se dispararon.
⇒ La fragmentación en 2020 de la que había sido la organización ilegal dominante, Los Choneros, desencadenó una brutal guerra territorial, sobre todo con Los Lobos, un grupo que creció rápidamente. Las organizaciones mexicanas han alimentado las luchas internas en Ecuador, con el Cartel de Sinaloa respaldando a Los Choneros y el Cartel de Jalisco Nueva Generación a Los Lobos. Mientras tanto, docenas de bandas más pequeñas, muchas de ellas arraigadas en barrios pobres desprovistos de servicios básicos y oportunidades laborales, compiten por dominar los mercados locales del narcotráfico y las redes de extorsión, mientras intentan demostrar que son aliados dignos de organizaciones más grandes y ricas.
Las provincias situadas a lo largo de la costa del Pacífico siguen siendo el epicentro de la violencia en Ecuador. Ésta se ha manifestado de muchas formas: asesinatos de jueces, funcionarios penitenciarios y alcaldes, enfrentamientos entre grupos criminales, asesinatos de víctimas de extorsión y atentados con coches bomba. Para muchos, la vida cotidiana se ha vuelto insoportable, con comunidades divididas por fronteras invisibles que delimitan las zonas de operación de bandas rivales, obligando a las familias a abandonar sus hogares en busca de seguridad.Muchas mujeres jóvenes y niñas a menudo son atraídas o forzadas a delinquir, y pueden pagar con su vida por estas asociaciones.
Elegido por primera vez en noviembre de 2023 y reelegido en las elecciones de principios de 2025, el presidente Daniel Noboa ha adoptado una postura contundente frente a la ola de delincuencia. Tras declarar al país en estado de conflicto armado interno en enero de 2024, el gobierno de Noboa ha recurrido en gran medida a operaciones militares (incluido dándole a las fuerzas militares el control del sistema penitenciario), “estados de excepción” (en los que se suprimen temporalmente determinadas protecciones civiles) y una serie de reformas legales destinadas a aumentar las penas para los delincuentes y consolidar las responsabilidades de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. Una de sus iniciativas consiste en modificar la Constitución para permitir que Estados extranjeros establezcan bases militares en el país, unos dieciséis años después de que cerrara la última que había en Ecuador. La relación de Noboa con la administración Trump es cordial, y funcionarios estadounidenses se han comprometido a aumentar la cooperación con Quito en sus esfuerzos por frenar el flujo de drogas.
La firme postura de Noboa sin duda ha recibido apoyo público. Pero los resultados de su estrategia han sido irregulares y de poca duración. Las redadas militares y policiales proyectan el poder estatal, dispersan a los grupos criminales y los empujan a la clandestinidad. Pero la forma abrupta en la que se retiran las fuerzas de seguridad permite que las bandas se reagrupen. Peor aún, el arresto o asesinato de jefes criminales pueden provocar la fragmentación de los grupos o tentar a rivales expansionistas a actuar. La ola de masacres en las cárceles ecuatorianas que comenzó en 2021 disminuyó después de que los militares tomaran el poder de las prisiones, pero éstas siguen bajo el control de facto de las redes criminales y la violencia ha regresado.
Las exportaciones de drogas desde los puertos del país pueden haberse desplazado a nuevos puntos de salida, pero no hay evidencia de que las incautaciones hayan reducido el volumen del tráfico. Ecuador ahora se enfrenta a los mismos dilemas que el auge del narcotráfico y las medidas, a menudo contraproducentes, para combatirlo han traído a otros países latinoamericanos durante la última mitad siglo. Ante el creciente control de las fuerzas de seguridad, los grupos criminales se adaptan, se desplazan a nuevos territorios, captan nuevos reclutas, tejen nuevas redes de corrupción y diversifican sus fuentes de ingresos.
⇒ Perseguir a los grupos criminales es, sin duda, esencial, pero una estrategia de seguridad viable y sostenible también debe abordar las causas del vertiginoso aumento de la violencia en Ecuador. Por un lado, solo se reducirá la oferta de reclutas para los grupos criminales y habrá menos víctimas de extorsión en comunidades de bajos recursos, en gran medida abandonadas por el Estado, si se fortalecen de las redes de protección social y la policía comunitaria, recomienda Crisis Group.
Ante todo, el gobierno debe desarrollar un conjunto coordinado de políticas destinadas a reducir la colusión entre los grupos ilegales y los funcionarios de puertos, prisiones y las instituciones estatales en general. Si bien es poco probable que la “guerra contra las drogas” se gane próximamente, Ecuador puede hacer mucho más para contener la ola de violencia que ha azotado partes del país. La fuerza militar envía un mensaje claro a los grupos ilegales, pero mientras el país siga siendo un imán para el crimen organizado, es muy posible que éste sea ignorado.
La corrupción atenaza a todo el Estado
El crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones del Estado ecuatoriano para obtener protección, impunidad y beneficios económicos. Los grupos criminales recurren a la extorsión y la intimidación para cooptar a funcionarios en todo el sector público, incluidos los sistemas judicial y penitenciario, los puertos, y las fuerzas de seguridad, así como muchos gobiernos locales.
Las redes criminales manipulan los procesos judiciales a través de acuerdos ilegales. Varios fiscales y jueces han sido acusados de destruir evidencia o de organizar la liberación anticipada de delincuentes a cambio de dinero en efectivo y artículos de lujo. Los sobornos varían desde tan solo $1000 dólares hasta más de $100 000 dólares, según el servicio prestado. Siete de los doce jueces de un tribunal de Guayas, incluida su expresidenta, fueron destituidos en 2024 debido a acusaciones de vínculos con el crimen organizado.
El sistema judicial sufre de una grave escasez de fondos y personal, lo que conlleva que los tribunales y los fiscales no estén preparados para hacer frente a los retos que plantea la delincuencia organizada. Está al borde del colapso, según varios judiciales y especialistas consultados por Código Vidrio. A menudo, los jueces y fiscales no cuentan con la protección adecuada; al menos quince han sido asesinados desde 2022. Un estudio gubernamental encontró que el país necesita por lo menos 600 fiscales más, ya que los que están en el cargo se ven abrumados por un volumen de trabajo inmanejable. La debilidad del poder judicial, a su vez, permite que el crimen organizado infiltre el sistema, lo que fomenta una alarmante impunidad. Se estima que el 90 por ciento de las investigaciones de delitos violentos (incluidos homicidios, extorsiones y secuestros extorsivos) nunca pasan de la fase preliminar, de la primera etapa procesal. Las víctimas se quejan de que el proceso burocrático es costoso y que los casos usualmente no prosperan. “Es muy fácil que no acepten la denuncia”, dijo un defensor de derechos humanos. “La vinculación entre instituciones de protección y el crimen es directa e inmediata”.
Diversas investigaciones lideradas por la Fiscalía General, conocidas como Metástasis, Plaga y Purga, han expuesto el alcance del control del crimen organizado sobre las instituciones del Estado. Metástasis destapó cómo el narcotraficante Leandro Norero orquestó una red criminal que alcanzaba las más altas esferas del poder judicial, las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales. Como resultado, Norero pudo manipular procedimientos judiciales, garantizar la impunidad de los sospechosos y reunir información confidencial sobre operaciones policiales. La Fiscalía logró 32 condenas entre julio y noviembre de 2024, en las que se vieron implicados altos funcionarios, incluidos jueces, fiscales y policías. Entre ellos se encontraba Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, la institución encargada de nombrar y sancionar a jueces y funcionarios judiciales.
La corrupción también prospera a nivel local. En el cantón de Durán, redes criminales presuntamente han forjado alianzas con políticos y funcionarios municipales para obtener contratos públicos, regular el acceso a servicios esenciales, como el agua, y extorsionar a los residentes locales. Un exfuncionario local explicó: “[Los grupos] amenazan a los trabajadores de la alcaldía. Les piden el 50 por ciento de su sueldo, o los obligan a renunciar. Hay contratos [públicos] que tienen con los grupos. Es un tormento día y noche hasta que la persona renuncia o se va. No hay donde recurrir”. El acceso de los grupos criminales a las instituciones municipales les permite obtener información anticipada sobre operaciones policiales y controlar áreas estratégicas, como los corredores de transporte.
La corrupción también permea a las fuerzas de seguridad, indica el informe. Los agentes de policía reciben salarios muy bajos, lo que los hace especialmente vulnerables a los sobornos. La desconfianza pública hacia la policía es alta y los agentes son frecuentemente acusados de colaborar con el crimen organizado. Los mecanismos anticorrupción han resultado ineficaces para abordar las conductas indebidas y las investigaciones internas rara vez dan lugar a despidos. Expertos en seguridad local y residentes de Guayaquil dijeron a Crisis Group que sospechan que hay agentes de policía involucrados en las guerras territoriales entre grupos criminales, e incluso algunos llevan a cabo asesinatos bajo la apariencia de operaciones oficiales. Dado que el personal militar está asumiendo un papel más importante en la lucha contra el crimen organizado, existe un temor generalizado de que la corrupción también se esté extendiendo en las fuerzas armadas. “Las Fuerzas Armadas se ha vuelto más corruptas al estar expuesto al narcotráfico”, dijo un funcionario estadounidense a Crisis Group.
Las cárceles, centros de mando y homicidios
Las cárceles en Ecuador se han convertido en focos de delincuencia. El hacinamiento y la corrupción desenfrenada han permitido a los grupos criminales controlar el sistema penitenciario, lo que les da libertad para extorsionar a otros reclusos y coordinar operaciones en el exterior con total impunidad.
Los grupos criminales ejercen el control sobornando y amenazando a guardias y administradores. La corrupción permea la institución a cargo del sistema penitenciario, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores. “No la totalidad de servidores son corruptos”, dijo un guardia penitenciario a Crisis Group, aunque el personal a menudo llega a depender de los pagos ilícitos, en particular porque sus salarios son bajos y las prestaciones escasas, para ellos “esto se convierte en el sustento de su familia”. Quienes no cooperan pueden terminar pagando con la vida. Desde 2024, al menos 27 trabajadores penitenciarios, incluidos tres directores, han sido asesinados110. Un guardia describió ese trabajo como “un ejercicio suicida”, citando la falta de equipo de protección esencial, como chalecos antibalas.
El control criminal de las prisiones conduce a la extorsión no solo de los reclusos, sino también de sus familias. Un historial de mala conducta puede borrarse por $400 dólares, mientras que boleta de excarcelación puede obtenerse por entre $600 y $1000 dólares. Los reclusos son sistemáticamente coaccionados para unirse a grupos criminales; en el proceso, sus familias también suelen verse arrastradas a actividades ilícitas. “La persona entra a la cárcel por otro tema, y tiene que vincularse, están obligados a hacer cosas para el grupo, por ejemplo, que la familia les lleve drogas”, explicó un joven activista de Guayaquil. Como resultado, las cárceles se han convertido en centros de operación de actividades criminales, y las lucrativas redes de extorsión tras las rejas engrosan los ingresos de estos grupos.
En parte debido al papel que desempeñan en los negocios ilícitos, las cárceles se han convertido en escenario de brutales disputas territoriales. Tras el asesinato de alias Rasquiña en 2020, grupos fragmentados, como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, se embarcaron en una despiadada campaña por el control de los pabellones de la prisión que antes dirigía Los Choneros. A medida que estos grupos luchaban por eliminar a sus rivales, las decapitaciones y desmembramientos se volvieron algo habitual. “Las primeras masacres carcelarias significaron un debilitamiento de Los Choneros, por disputa de control de espacios carcelarios”, dijo un experto en seguridad. El último capítulo de esta estela interminable de barbarie carcelaria se vivió el último fin de semana en Machala.
La violencia en las cárceles ecuatorianas alcanzó nuevas dimensiones en 2021, exponiendo la incapacidad del Estado para controlar el sistema penitenciario. En febrero de ese año, ataques coordinados por parte de cuatro pandillas en tres cárceles de Guayaquil acabaron con la vida de 75 reclusos. En julio, enfrentamientos en las cárceles de Guayaquil y Cotopaxi cobraron otras 21 vidas. En septiembre, la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, ubicada en Guayaquil, fue escenario de la mayor masacre carcelaria en la historia de Ecuador, cuando enfrentamientos entre Los Choneros y Los Lobos resultaron en la muerte de 119 personas116. Un alto funcionario penitenciario explicó que durante estas oleadas de asesinatos “la policía no hacía nada, esperaban a que se mataran [entre ellos]”. La recompensa económica por establecer el dominio, añadió el funcionario, puede ser deslumbrante: “Agarrarse un pabellón significa entre $5000 y $8000 dólares” en ganancias ilícitas. Ecuador ha sido testigo de más de quince masacres carcelarias desde 2021, que han causado más de 500 muertos, todas en prisiones masculinas.
Conclusión
Ante el vertiginoso aumento de la violencia en los últimos cinco años, Ecuador es el país latinoamericano que más recientemente ha desplegado sus fuerzas armadas para combatir a la delincuencia relacionada con el narcotráfico. Comprensiblemente, las políticas de mano dura son populares en comunidades acorraladas por la delincuencia y el miedo, pero sus resultados distan mucho de ser exitosos, señala Crisis Group. Las demostraciones de fuerza militar, tanto en zonas afectadas por la violencia como en las prisiones, provocaron inicialmente una disminución de los homicidios. Pero con el tiempo, esa tendencia se estancó e incluso se revirtió. La arremetida no ha logrado debilitar al narcotráfico y parece haber fomentado una serie de abusos a los derechos humanos.
Como se ha visto en México y otros países, los grupos ilegales se adaptan rápidamente a las ofensivas de seguridad, desplazándose a nuevas localidades y adoptando métodos innovadores para proteger sus fuentes de ingresos. Una y otra vez, la dependencia en la fuerza militar y el poderío de las armas es socavada por los mismos problemas: poco compromiso por parte de las instituciones estatales para apoyar a las comunidades pobres y vulnerables; un sistema penitenciario que sigue alimentando la violencia y permite que los grupos criminales se consoliden; y una colusión estatal profundamente arraigada que permite que el crimen y la violencia persistan y, a menudo, empeoren.
Aunque su potente alianza con EE. UU. augura una renovada confianza en el uso de la fuerza militar para combatir la delincuencia, es probable que Ecuador solo pueda dejar atrás su condición de país más violento de Suramérica si recalibra su estrategia. Las soluciones duraderas requerirán la presencia permanente en las comunidades más inseguras de una gama más amplia de instituciones estatales, más allá de las fuerzas de seguridad, así como redes de protección social mucho más sólidas, especialmente para los jóvenes que corren el riesgo de verse arrastrados al crimen organizado y no encuentran alternativas viables para ganarse la vida. También es esencial frenar los motores que han impulsado el crecimiento del crimen organizado. Será imprescindible la implementación de políticas viables destinadas a reducir la explotación de los puertos marítimos comerciales por parte del narcotráfico, liberar las cárceles del control de los grupos criminales y fortalecer la capacidad del Estado para combatir la corrupción. Sin estos esfuerzos, Ecuador corre el grave riesgo de que las organizaciones criminales que intenta derrotar extiendan su influencia aún más sobre todas las instituciones del Estado y en todos los rincones el país.