ANÁLISIS. En estos días, importantes activistas políticos – influencers – han iniciado una agresiva campaña en contra de la Corte Constitucional, llegando al extremo de proponer una reforma para desaparecerla y, que el control constitucional, sea ejercido por una sala de la Corte Nacional de Justicia. Una de las razones para pedir este despropósito es que los jueces de esta Corte no responden a nadie. Lo sorprendente es que estos activistas, otrora severos críticos de la corte cervecera del correísmo, ahora claman por una Corte Constitucional sumisa que no ejerza el control constitucional, que no conozca las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre de 2025. En medio de esa ofensiva contra la Corte, este martes 5 de agosto el presidente Daniel Noboa difundió las siete preguntas que incluirá en la consulta popular, prevista para diciembre próximo. En una de ellas propone precisamente que los jueces del tribunal constitucional puedan ser enjuiciados políticamente.
Por Mario A. Prado M., doctor en Jurisprudencia.
El entonces Tribunal Constitucional, luego de aprobada la Constitución de Montecristi, por sí y ante sí se convirtió en “Corte Constitucional de Transición”, luego conocida como la corte cervecera, que, durante su larga vida, no sólo fue obsecuente a todas las directrices e imposiciones del correato, sino que, además, convirtió a la justicia constitucional en una mercadería.
La corte cervecera fue una dependencia más de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, por lo tanto, renunció a ejercer el control constitucional, lo que se tradujo en que nunca, jamás, se atrevió a declarar la inconstitucionalidad de leyes y actos normativos expedidos en oposición de principios y normas constitucionales. En este contexto, para el gobierno de Correa, esa Corte, obviamente, era la mejor y más calificada Corte Constitucional pues le aseguraba el ejercicio abusivo del poder, sin ningún límite. Inobjetablemente, esta Corte respondía al gobierno de Correa.
En estos días, importantes activistas políticos – influencers – han iniciado una agresiva campaña en contra de la Corte Constitucional, llegando al extremo de proponer una reforma para desaparecerla y, que el control constitucional, sea ejercido por una sala de la Corte Nacional de Justicia. Una de las razones para pedir este despropósito es que los jueces de esta Corte no responden a nadie. Lo sorprendente es que estos activistas, otrora severos críticos de la corte cervecera, ahora claman por una Corte Constitucional sumisa que no ejerza el control constitucional, que no conozca las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre de 2025. Dicho pronto y rápido, para estos influencers lo que antes estaba mal, ahora está bien.
La pregunta es ¿debe o no existir control constitucional? La respuesta desde la ciudadanía debe ser clara y unívoca: si, porque es la única forma como se puede preservar el Estado de Derecho; sin el control constitucional dejan de regir los límites que la norma suprema impone a quienes ejercen el poder, es decir, se da paso al imperio de la ley de la selva (o la ley del más vivo) y los derechos fundamentales se convierten en una ficción.
La Corte Constitucional no debe arredrarse frente a la campaña que han iniciado los infuencers y debe conocer todas y cada una de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de las nuevas leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre; lo deseable, lo necesario es que las resoluciones que adopte la Corte Constitucional estén alejadas del activismo judicial; Manuel Atienza, uno de los grandes exponentes de la argumentación jurídica al comentar la sentencia del matrimonio igualitario recomendó a los jueces que deben respetar el límite autoritativo de derecho y abandonar la peregrina idea de que la constitución significa lo que el juez o el magistrado constitucional decide que signifique, porque esta actitud implica acabar con todos los valores del constitucionalismo.
El país espera que resuelvan todos los casos con la Constitución en la mano y no como activistas judiciales, o como influencers que, cual seres superiores e iluminados, deciden desde la arrogancia lo que es y lo que no es constitucional.