El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, está en el ojo de la tormenta por la atropellada adjudicación de pólizas a la aseguradora estatal Sucre, en perjuicio de dos empresas privadas. La Comisión de Fiscalización acaba e concluir que hubo irregularidades en ese proceso que favoreció ilegalmente a Seguros Sucre y perjudicó a Latina e Hispana.
Redacción Código Vidrio
La entrega de la póliza de cobertura de riesgos por 53,4 millones de dólares a Seguros Sucre se concretó en enero pasado. El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, anuló el proceso de adjudicación, que el 4 de diciembre del 2020 habían ganado las empresas privadas Hispana y Latina.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea acaba de expedir un informe sobre ese proceso. Determina “claras irregularidades” que evidenciarían que desde Petroecuador y otras instituciones públicas se benefició “ilegal y dolosamente” a Seguros Sucre.
El organismo envió a fines de marzo pasado su informe a la Fiscalía y otras entidades de control para que investiguen el posible cometimiento de delitos.
Uno de los hechos que más llama la antención de Fiscalización es el desacato del gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, a los fallos judiciales dictados en enero pasado, a favor de Hispana y Latina, que dejan sin efecto las resoluciones de anulación del contrato emitidas el 15 y 20 de enero.
“La empresa pública, con mala fe y negligencia, únicamente remitió un oficio conteniendo ejemplares de las dos resoluciones que no habían sido notificadas a Hispana de Seguros, pero no dio fe del cumplimiento de los procesos administrativos contenidos en tales resoluciones, ni dispuso mantener los seguros con las empresas que habían sido previamente adjudicadas”, indica el informe.
Por esta razón, el 22 de febrero pasado un juez negó, en una sentencia, la petición de revocatoria interpuesta por Petroecuador de la medida cautelar constitucional, a favor de Hispana y Latina, en el proceso 09284-2021-00118.
“Resulta claro para esta Comisión que existió la orden judicial de dejar sin efecto las resoluciones que quitaban el contrato a Hispana y Latina. No obstante, no se ha cumplido esa disposición. En esta misma Comisión, el Gerente de Petroecuador aseguró que la aseguradora de su representada es Sucre. Así, en su deber de demostrar cumplimiento de la orden judicial, ha mentido y engañado a la autoridad de justicia, así como también a esta comisión, por lo cual hace se presume la comisión de un delito”.
Los privilegios de Seguros Sucre
Desde el 2014, Seguros Sucre, compañía con capital público, obtuvo el contrato de Petroecuador por USD 53,4 millones y desde entonces sus autoridades le concedían ampliaciones, a dedo, sin un proceso contractual de por medio. Se hicieron 16 extensiones sucesivas del acuerdo para mantener las pólizas de seguro. En estos procedimientos no había concursos públicos abiertos.
En julio del 2020, Petroecuador abrió un concurso para escoger la mejor oferta entre varias empresas. El proceso, con dimes y diretes legales, se definió en diciembre del año pasado cuando la petrolera se declaró en emergencia y contrató a Hispana y Latina. Sucre quedó fuera.
No obstante, la contratación fue disuelta en menos de un mes. Fue dada de baja por Maldonado, quien acababa de asumir la gerencia de Petroecuador. Código Vidrio pidió inisitentemente una entrevista a Maldonado, pero no respondió a nuestros requerimientos.
Para Hispana hubo una violación a sus derechos e incumplimientos flagrantes de las cáusulas del contrato, por la supuesta interferencia de altos funcionarios del Gobierno, según explicó su abogado, Juan Carlos Arosemena.
Él cuestionó la arbitraria e ilegal decisión de Maldonado y la interferencia de la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, quien el 13 de enero pasado envió a Maldonado el oficio PR-SNJRD-2011-0030-OQ.
En ese escrito se cita una comunicación del Servicio de Contratación Pública (Sercop), que alertó del proceso de emergencia para contratar las pólizas, pues a su criterio inobservó la regulación “generando una afectación directa a los principios de legalidad, publicidad y transparencia establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Contratación Pública”.
En base a esa alerta, Pesántez le pidió a Maldonado un análisis pormenorizado para hacer los correctivos pertinentes.
El 15 de enero, Maldonado decidió terminar la emergencia y la contratación de la póliza de todo riesgo y responsabilidad civil, dejando sin efecto el contrato con las aseguradoras privadas.
Luego expidió una nueva extensión del contrato con la estatal Sucre, por 120 días, por de 8,7 millones de dólares.
Pesántez niega intervención ilegal
En entrevista con este portal, Pesántez confirmó que envió ese comunicado, luego de las alertas del Sercop. Sin embargo, negó que haya actuado ilegalmente en la contratación.
“Nosotros no intervenimos en la contratación porque somos un órgano asesor, no ejecutor”, destacó Pesántez. “Participamos cuando nos llega la información de las distintas carteras de Estado a la Presidencia, donde indican que existirían procedimientos que no están claros, que hay algún problema o necesitan ser revisados”.
Silvana Vallejo, titular del Sercop, explicó en la Comisión de Fiscalización que en la declaratoria de emergencia en Petroecuador detectaron anomalías. Por ejemplo, que la contratación de los seguros no fue de 60 días, como determina la Ley, sino de 720 días. Además, no se habría cumplido con los plazos establecidos para la publicación de documentos contractuales, como la certificación presupuestaria, estudios de mercado e informes de evaluación.
Vallejo envió comunicados a la Contraloría para que realice una auditoría emergente -que aún no concluye- y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
La asambleísta del Partido Social Cristiano, Mercedes Serrano, tiene dudas de la competencia de la Secretaria Jurídica para intervenir. Sobre todo, le llama la atención que su oficio haya sido usado por el gerente Maldonado como sustento para terminar con los actos administrativos de emergencia; en especial por otorgarle una nueva ampliación a Sucre, que le debe a Petroecuador 35 millones de dólares por el pago de un siniestro.
Pesántez insistió en que podía intervenir, al igual que en otros casos cuando han procesado denuncias que llegan a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. “En esos casos solicitamos información a los ministerios requeridos, cuando detectamos anomalías”.
CRONOLOGÍA
• 2 de diciembre de 2020. Petroecuador declaró en situación de emergencia, la integridad y seguridad de sus funcionarios, bienes y operadores y dispuso la contratación de pólizas de seguros.
• 4 de diciembre. Mediante resolución PGG No. 2020270, Petroecuador adjudicó el procedimiento de contratación por emergencia a favor de Hispana de Seguros S.A. y Latina Seguros.
• 13 de enero de 2021. La Secretaría Jurídica de la Presidencia, con oficio No. PR-SNJRD-2021-0030-OQ, solicitó a Petroecuador que se tomen los correctivos que el caso amerita, alegando supuestos incumplimientos a la normativa aplicable de la contratación.
• 15 de enero. El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maoldonado, anuló todo lo actuado.
• 20 de enero de 2021. Maldonado declaró la nulidad de la resolución del 4 de diciembre que adjudicó las pólizas a las empresas privadas por 53,4 y aprobó la contratación nuevamente con Seguros Sucre, de forma retroactiva.
Maldonado fue convocado a dar explicaciones en la Comisión de Fiscalización del Legislativo. Justificó la nulidad de la emergencia con base en pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría, que habrían encontrado “vacíos” en la contratación. Luego presentó una denuncia en la Fiscalía para que se indagara el cometimiento de una supuesta infracción penal en la adjudicación de las pólizas.
También reconoció la deuda que mantiene Seguros Sucre con Petroecuador, lo que violaría la Ley de Contratación Pública. Sin embargo, el asesor jurídico de la estatal, Jaime Alarcón, dijo que esa norma abarca a las empresas deudoras y morosas con el Estado y que Sucre no tenía esa condición, por lo cual estaba incluida en el catálogo del Servicio de Contratación de Obras Públicas.
Sucre es moroso de Petroecuador
En 2009, el entonces secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera (hoy sentenciado por el caso sobornos) fue el encargado de aplicar una orden de Rafael Correa: las instituciones del Ejecutivo solo podían contratar con Seguros Sucre o Rocafuerte. Así cerró las puertas a la libre competencia con empresas privadas, y por lo tanto a mejores opciones de seguros más eficientes y económicos.
Estas dos entidades fueron incautadas por el Estado luego del feriado bancario, en el 2000. La primera pertenecía al Grupo Laniado, que mantenía el Banco del Pacífico; mientras que la segunda era de los hermanos Isaías, ex dueños de Filanbanco.
El anterior régimen justificó esta medida como una estrategia para fortalecer a estas instituciones, que languidecían en el mercado de seguros. Según el ex Mandatario, contratar con Sucre y Rocafuerte era como “pasarse el dinero del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho”.
Esta decisión se consolidó en el 2014 con la decisión de fusionar a Sucre y Rocafuerte. De esta manera, Sucre se quedó con el monopolio de las instituciones gubernamentales. Se convirtió, de un momento a otro, en el asegurador más grande del país.
Tras llegar al poder, Lenin Moreno decidió, inicialmente, cambiar la política anterior y abrir al mercado de seguros del sector público a firmas privadas. Sin embargo, esa resolución escondía un artilugio. Según la disposición del ex secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, si el concurso se declaraba desierto y existía una oferta de una empresa con más de 50 por ciento con capital público, el contrato debía serle otorgado directamente.
Así, Sucre seguía siendo el beneficiado directo, pese a la deuda que mantenía con Petroecuador.
Cristian Carpio, gerente de la aseguradora estatal, aseguró que no está en firme la deuda. Recordó que la justicia declaró la nulidad del reclamo de la petrolera por 34 millones y este momento el proceso espera un nuevo peritaje.
La disputa se inició porque Sucre canceló directamente a afectados por los siniestros en Petroecuador. No obstante, la petrolera no reconoció esos pagos y demandó que se le entregara el dinero completo.
Según los cálculos de Carpio, la deuda llega a los 6 millones de dólares. No obstante, admitió que mantienen pasivos por 34 millones si la justicia no les da la razón. Según un fallo judicial, Sucre adeuda esa suma por una cobertura no brindada hace más de siete años.
Un acuerdo para una póliza retroactiva
La legisladora Serrano dice que en el nuevo acuerdo entre Petroecuador y Seguros Sucre hay una decisión que debe ser analizada a profundidad. La aseguradora aceptó cubrir un siniestro ocurrido el 8 de diciembre del año pasado, pero la extensión del contrato recién se firmó el 15 de enero.
Para ella, no hay sustento legal para cubrir este siniestro que dejó pérdidas por tres millones de dólares. Le resulta extraño, sobre todo, porque el Superintendente de Compañías, Jorge Lince, declaró que no era procedente, en un escrito del 5 de febrero pasado.
En su comparecencia ante Fiscalización, el gerente de Sucre, Cristian Carpio, dijo que la ley respalda ese acuerdo. Tomó como referencia el artículo 669 del Código de Comercio que, en resumen, sostiene que las características de una póliza pueden ser acordadas entre las partes.
Para la Comisión de Fiscalización, la figura de la “vigencia retroactiva” de un contrato, especialmente de seguros, se va en contra de la naturaleza del negocio jurídico. El perfeccionamiento del contrato ocurre al momento de verificar la voluntad de las partes, por lo cual es imposible verificar cuando esta no sucedió. “No podría decirse que existió la voluntad de las partes, Petroecuador y Seguros Sucre, de suscribir un contrato de seguros en el momento en el cual se pretende iniciar la retroactividad. Así, el negocio jurídico es inexistente”.
Este criterio fue avalado el 5 de febrero por el Superintendente de Compañías, Jorge Lince. Él indicó que las empresas de seguros no tiene potestad o facultas alguna para hacer constar en las pólizas de seguro como fecha de inicio de vigencia, una fecha anterior a la que en realidad de produjo el consentimiento de las partes, conforme a las disposiciones legales antes invocadas”.
El ministro de Energía, René Ortiz, dijo que las inquietudes alrededor de este caso quedarán absueltas luego de que la Contraloría emita su informe. Para él, Petroecuador actuó con transparencia, pues pidió una auditoria del organismo de control.
Por lo pronto, la Fiscalía analiza las denuncias de Petroecuador y de la Comisión de Fiscalización y deberá definir si cabe el inicio de un proceso penal.