Cuando parecía que al fin el Consejo de Participación Ciudadana se disponía a desbloquear el concurso para elegir al reemplazo de Diana Salazar, el presidente Daniel Noboa acaba de dejar en el limbo la designación de un nuevo Fiscal General porque la consulta popular que hará en diciembre puede cambiar las reglas de juego. Ecuador es el único país donde esta elección está a cargo de un “poder ciudadano”, mientras en el resto de la región los fiscales surgen de acuerdos entre los poderes del Estado. ¿Qué método es mejor?
Redacción Código Vidrio
Llevó a los tribunales a Rafael Correa por el caso Sobornos, quien terminó con una sentencia de 8 años y proscrito políticamente. Inició la investigación contra Lenín Moreno por el caso Sinohydro, que aún está en proceso. También investigó a Guillermo Lasso por el caso Encuentro, aunque resultó sobreseído. Y procesó a docenas de ministros y líderes sociales e indígenas. Durante seis años, la ex Fiscal General Diana Salazar acaparó grandes titulares, recibiendo aplausos o reproches, de diferentes sectores, casi convertida en una especie rock star de la política.
Y no es la única, en los últimos años, los fiscales en la región han adquirido notoriedad por llevar a los presidentes y ministros ante los tribunales, con algunos casos relacionados al escándalo de Odebrecht y otros incluso con el narcotráfico. “La figura del Fiscal General se ha ido convirtiendo en un rock star de la política por el enorme poder que tiene ahora y eso ha hecho que se vayan separando del poder Ejecutivo, porque tiene que investigarlo”, explica Úrsula Indacochea, directora del Programa Independencia Judicial de la Fundación para el debido Proceso (DPFL), con sede en Washington, EE.UU.
Por eso, no es sorpresa que la elección o designación de fiscales sea tan problemática: por los intereses políticos en juego. “Los fiscales pueden intervenir en las elecciones, pueden procesar a alguien para que no pueda ser candidato, etc.”, dice Indacochea. Un Fiscal no solo define por a quién procesa o persigue judicialmente; sino también por lo que decide no investigar.
Pero, ¿cómo se eligen fiscales en otros países y por qué Ecuador cayó en este limbo institucional?
Entre acuerdos político y méritos
La figura de Fiscal General nació como un especie de ministerio para llevar a cabo la política de seguridad del presidente. Por eso, en algunos países como Brasil todavía se llama Ministerio Público. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente tiene la potestad de destituir al Fiscal. Cada país tiene una manera diferente de designación, pero lo común es que interactúen los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En Chile, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia preselecciona a cinco perfiles que luego envía al presidente para que elija a uno, y esa decisión debe ser ratificada por el Senado. Ecuador es el único país de la región donde un “poder ciudadano” escoge al Fiscal.
No hay fórmula mágica para garantizar la independencia de un Fiscal. Hasta 2008, en Ecuador la designación estaba en manos del Congreso. Ante las críticas de la politización del proceso, el correísmo impulsó en la Constitución de Montecristi la creación del Consejo de Participación Ciudadana para que, a través de concursos de méritos y oposición, se designe a las autoridades. Pero dicho Consejo terminó cooptado por las fuerzas políticas y eso ha hecho que retrasen o bloqueen los concursos.
“No es que lo que se hacía antes en el Congreso estaba bien, pero al menos los acuerdos políticos para elegir Fiscal u otras autoridades se hacía de frente. Eso obligaba a que los postulantes o los integrantes de las ternas tuvieran alguna credencial. Con el CPCCS, los intereses políticos quedaron ocultos por la supuesta meritocracia y los concursos”, lamenta el jurista y docente universitario Pablo Encalada.
Explica que lo importante es la interacción de los poderes del Estado y que la designación no solo quede en manos del Ejecutivo y Legislativo, sino que también intervenga el poder judicial. Una vez que Diana Salazar explotó todo el poder de la Fiscalía, ahora la institución es más apetecida por los políticos para blindarse judicialmente o perseguir a los enemigos, refiere Ecalada.
Borra y va denuevo
Justamente ante la inoperancia del Consejo de Participación para designar autoridades, durante los últimos años se ha discutido la posibilidad de regresar esa competencia a la Asamblea Nacional. Y a inicios de agosto, el presidente Daniel Noboa anunció las preguntas que desea plantear en una nueva consulta popular que se desarrollaría en diciembre. La pregunta 3 intenta eliminar el Consejo de Participación, lo que retornaría las atribuciones de designación de autoridades a la Asamblea.
Pero aquí viene el problema, ¿Qué pasará si el Consejo de Participación logra terminar el concurso para nuevo Fiscal en los próximos meses, como lo tiene previsto? Todo dependerá de los anexos planteados, es decir, de la “letra chiquita que vengan” acompañados en las preguntas de la consulta popular.
“El escenario más probable es que para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o quitarle la atribución de designación de autoridades, es que Noboa proponga en los anexos que todas las autoridades designadas por esta institución queden cesadas o que los concursos en marcha queden sin validez”, explica el constitucionalista André Benavides.
Por eso es que los anexos son tan importantes. Además, debe asegurarse que todo quede reglado: ¿Se hará por simple nominación de una terna enviada por el Presidente a la Asamblea para su aprobación o viceversa? ¿Intervendrá la Corte Nacional de Justicia? ¿Habrá alguna especie de concurso? De todo esto dependerá la menor o mayor interferencia del poder político y los acuerdos. “Lamentablemente no podemos descartar la politización, hemos tenido ya autoridades contaminadas y el hecho de que un exministro de Gobierno (José de la Gasca) tenga intenciones de participar en el concurso da cuenta de que hay intereses”, dice Benavides. Por eso dice que también hace falta una reforma que impida que ex ministros u otras autoridades puedan aspirar a la Fiscalía, o al menos haya un “periodo de enfriamiento”, antes de cruzar esa puerta giratoria.
Aunque el Consejo de Participación ha anunciado que continuará con el concurso para Fiscal, uno de los consejeros, Gonzálo Albán, está de acuerdo con que el organismo desaparezca, sin importar que pase con los concursos. De todos modos, dependerá de cómo se plantee la pregunta en la consulta popular y de lo que se resuelva en las urnas.
El remedio puede ser peor que la enfermedad
Debería la corte Nacional llevar adelante un concurso de méritos y sobre todo de idoneidad de los candidatos a fiscal general, y escoger a cinco precandidatos para que sea la asamblea quien escoja de los cinco nominados por la Corte
Otra fórmula sería que los candidatos sean escogidos de los 5 fiscales de carrera más antiguos de la misma fiscalía , a nivel nacional y se elija una terna escogida en base a méritos y probidad y de esos tres la asombra elija
Nunca debe el ejecutivo tomar parte en la elección y peor en la designación porque él también puede ser acusado por el nuevo fiscal