Los problemas de las empresas chinas en sectores estratégicos en Ecuador van más allá de los señalamientos de corrupción, como el caso de la red de sobornos que operó en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, a cargo de Sinohydro. Las compañías e inversionistas de ese país asiático también son acusadas de provocar severos impactos ambientales, sociales y laborales en los proyectos estratégicos que desarrollan en el país y en la región. Una de las más cuestionadas en la minera Terraearth, que tiene concesiones en Napo, y ha causado severos daños en el ambiente (foto).
Alianza Código Vidrio – Vistazo
En el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas sobre la República Popular de China, en Ginebra en noviembre del 2023, la comunidad internacional presentó un informe contundente que da cuenta de los efectos nocivos de las actividades empresariales chinas en materia de Derechos Humanos.
Es un reporte del Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), que documenta graves impactos de las actividades extractivas chinas y su incumplimiento sistemático en materia de tratados y convenios de Derechos Humanos y ambientales.
Si bien las evidencias de las secuelas se enfocan en 28 proyectos en nueve países de América Latina, el mayor número de casos estudiados se concentra en Ecuador con ocho en total.
Los proyectos mineros observados son Mirador, Río Blanco, San Carlos-Panatza y El Napo. También figuran, en el campo energético, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair; la explotación de los bloques Ishpingo ITT y Tarapoa, así como una camaronera en la isla Puná, como focos de daños ambientales.
Todos estos proyectos tienen en común daños ocasionados en los ecosistemas frágiles donde se desarrollan, así como en las afectaciones a la vida cotidiana de las comunidades vecinas, a los derechos de pueblos indígenas y hasta a los derechos laborales de las personas que ellos emplean.
“En diversos proyectos mineros y de infraestructura las comunidades han denunciado procesos de acaparamiento, despojo de tierras y desalojos forzosos, como es el caso de (los proyectos) Mirador y San Carlos-Panantza en Ecuador (…)”, es uno de los impactos descritos en el capítulo del derecho a un nivel de vida adecuado, alimentación y vivienda de las comunidades de las zonas de influencia del mencionado informe.
En el documento se dedica una mención especial al proyecto minero El Napo, donde se conjugan la contaminación con mercurio a fuentes de agua con actividades relacionadas a la minería ilegal. De hecho, en el cuadro donde se detalla la problemática se titula “Minería ilegal de oro en Napo”.
Promesas que nunca se cumplen
El colectivo Napo Resiste es una de las organizaciones que aportaron con insumos para la elaboración del informe de la CICDHA. Su campo de estudio se centró en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, donde posee una concesión la empresa china Terraearth.
“Usan dragas y maquinarias para minar las riveras de los ríos de la zona, incluido el Napo. Todos los desechos mineros y el mercurio que usan en sus procesos contaminan los ríos. Prometen que van a hacer remediación ambiental, pero jamás llega”.
Esta explicación es de M. Muñoz (nombre protegido), del colectivo Napo Resiste, quien agrega que parte de la problemática es la aparente permisividad de la empresa china para que mineros ilegales puedan explotar las tierras que están dentro de su concesión.
Según las estimaciones de Napo Resiste, alrededor de unas 2.000 hectáreas en la zona son explotadas por mineros ilegales, que tienen vínculos con grupos irregulares que se dedican a actividades ilícitas, sin que haya un control efectivo de las autoridades del ramo sobre cómo se opera en la concesión a la empresa china.
Sin embargo, la empresa china ha negado que tenga alguna relación con actividades de minería ilegal o que no haya emprendido procesos de remediación ambiental para mitigar los impactos de la actividad minera. “Terraearth Resources S.A. está comprometida con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social”, indica la empresa en sus cuentas oficiales de redes sociales.
Enrique Medina, experto en mecanismos de acuerdos comunitarios en proyectos mineros, señala que la causa estructural de estos problemas es la baja calidad de estándares sociales, ambientales y laborales con los que desarrollan sus actividades las empresas chinas.
Por ello –agrega- la gran mayoría de estas empresas dedicadas a la explotación minera tienen problemas de reputación corporativa, por lo que es común que incluso las firmas proveedoras de servicios en este campo prefieran no trabajar con ellas, como una medida para precautelar su imagen.
Como resultado de esas deficiencias técnicas se generan conflictos sociales con las comunidades, que terminan incluso con la paralización de los proyectos. De hecho, de los cuatro casos de estudio en materia minera, solo uno está en operación en la actualidad.
Se trata del proyecto Mirador, ubicado en Zamora Chinchipe. No obstante, sobre él cae una tempestad de cuestionamientos. De hecho, el informe recoge que las tres compañías chinas a cargo de esta explotación de oro, plata y cobre, ha afectado a pueblos de la zona, entre otras razones, por el desplazamiento de comunidades de sus territorios, afectación severa al medio ambiente e incluso el pisoteo de derechos laborales. “Se presentan condiciones de trabajo precarias y bajos salarios”, añade el reporte del CICDHA.
Los cuestionamientos no son exclusivos para las empresas que realizan el trabajo operativo de los proyectos. Los bancos chinos que extienden las líneas de financiamiento para los proyectos en sectores estratégicos también están bajo el escrutinio de la plataforma de agrupaciones de la sociedad civil.
Marco Antonio Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable y secretario técnico de la CICDAH, explica que, al estar los proyectos chinos atados al financiamiento de ese país, los bancos de ese país son corresponsables de las afectaciones de las inversiones.
Exigen reparaciones a empresas chinas
Por esta razón, entre las 12 recomendaciones y conclusiones expuestas en la Oficina de la ONU en Ginebra está “exigir” a las instituciones financieras y a las empresas chinas relacionadas con los 28 proyectos reportados “medidas urgentes de reparación y remediación integral de los impactos negativos”. De igual modo, incluir cláusulas ambientales, sociales, de transparencia y anticorrupción en los contratos de préstamos y obras.
Con el objetivo de facilitar el diálogo, en la ONU se pidió que las embajadas y consulados chinos sean los canales formales de comunicación para abordar las problemáticas generadas por los proyectos. Al respecto, Gandarillas señala que no ha existido una respuesta concretadel gobierno chino. Código Vidrio solicitó por correo electrónico a la Embajada de China en Quito una entrevista para tratar los impactos negativos de estos proyectos. No hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.
EMPRESAS CHINAS SEÑALADAS EN ECUADOR
