ANÁLISIS PROSPECTIVO. El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte representa un pulso político y legal que podría erosionar la independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos. Las experiencias sobre casos similares en América Latina muestran que estos ataques sistemáticos a las cortes constitucionales suelen abrir las puertas al autoritarismo.
Redacción Código Vidrio
Los ataques persistentes del gobierno de Daniel Noboa a la Corte Constitucional erosionan la ya endeble independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos.
¿En ese choque cuáles serían las consecuencias para Noboa y para el país? Sobre todo, en medio de una creciente e incontenible avalancha de inseguridad, que según el Observatorio del Crimen Organizado se refleja en un aumento del 46% de los homicidios en el primer semestre del año, en relación al mismo período del 2024.
Otro factor que complejiza el panorama es la severa crisis que enfrenta el sistema de salud pública, atrapado por redes de corrupción, falta de recursos y medicinas, deterioro de atenciones, inestabilidad de cargos directivos, improvisación… Es sintomático, en este contexto, el caso de la reciente muerte de 12 infantes en el Hospital Universitario de Guayaquil, que ha despertado duras críticas en redes sociales contra el Régimen.
El presidente Noboa está mermando su capital político, a solo tres meses de la elección que le permitió mantenerse en el poder, para un nuevo período presidencial. Los despidos de miles de funcionarios públicos así como casos sonados de corrupción como la compra de generadores a Progen, son minas que el gobierno va sembrando en el camino.
En este contexto, los ataques al tribunal constitucional podrían significar la pérdida del volátil apoyo de sectores y élites políticas, preocupadas por su talante autoritario. Como ya ocurrió tras el incidente diplomático con México (la incursión en la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glas), Noboa podría perder el apoyo de partidos de oposición que hasta ahora han respaldado su agenda de seguridad. Esto dificultaría la implementación de sus políticas, ya que necesitaría construir una nueva coalición en la Asamblea.
El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte representa un pulso político y legal que erosionaría la independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos. Los estudios sobre casos similares en América Latina muestran que estos ataques sistemáticos a las cortes constitucionales suelen abrir las puertas al autoritarismo.
¿Un tiro al pie?
Paradójicamente, Noboa depende de la misma Corte Constitucional que está atacando para aprobar las preguntas de su consulta popular programada para diciembre de 2025. Esta contradicción podría complicar la realización de la consulta, especialmente la pregunta que busca que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a juicio político.
La convocatoria a una marcha nacional contra la Corte para este martes 12 de agosto y la retórica que califica a este organismo como «enemigo del pueblo» intensifican la polarización política, lo que podría dificultar la gobernabilidad, en el mediano plazo.
Los ataques a la Corte Constitucional, sumados al incidente con la embajada mexicana, ya generan preocupación entre los socios internacionales de Ecuador sobre un posible retroceso democrático, lo que podría afectar la cooperación en materia de seguridad y la inversión extranjera. Varios diplomáticos de países amigos consultados por este medio están preocupados por las virulentas arremetidas del Ejecutivo y sus lugartenientes a la Corte, sobre todo por las presiones, al margen de canales legales y constitucionales, al convocar a militantes del partido de gobierno para torpedear y presionar a los jueces. Representaciones internacionales les han hecho conocer a autoridades del régimen su malestar por sus arremetidas.
Si bien Noboa ha mantenido niveles importantes de aprobación por su enfoque en la seguridad, el conflicto con la Corte Constitucional podría afectar su imagen como líder democrático, especialmente si la ciudadanía percibe estos ataques como una distracción de los problemas de seguridad, cuyos indicadores se deterioran aceleradamente.
Preocupación internacional
Por lo inusual de este tipo de reacciones, la Relatora Especial de las Naciones Unidas fue una de las primeras funcionarias en reaccionar, rechazado las amenazas del gobierno ecuatoriano contra la Corte, por la suspensión temporal de artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad Nacional.
Human Rights Watch también ha expresado su rechazo a las amenazas del gobierno ecuatoriano contra la Corte, manifestando preocupación por la independencia judicial.
El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional en Ecuador se suma a otros casos similares en la región donde se han producido tensiones entre diferentes poderes del Estado, como en Colombia con el gobierno de Petro y la Corte Constitucional sobre el decreto de conmoción interior, o en México con la reforma judicial y la Suprema Corte.
Las reacciones en Ecuador
El 7 de agosto de 2025, aproximadamente 1.500 personas se movilizaron en Quito desde el Fondo de Seguros del IESS hasta la Corte Constitucional en apoyo a la decisión de este organismo de suspender 17 artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Participaron representantes de La Cumbre Agraria, Organizaciones de mujeres, el movimiento estudiantil.
La movilización fue una respuesta directa a la convocatoria del presidente Noboa a una marcha contra la Corte Constitucional programada para el 12 de agosto de 2025.