Ecuador navega en aguas turbulentas, entre autoritarismo, corrupción y narcopolítica

INFORME. La tenaza de la justicia penal y electoral se ajustó con fuerza para asfixiar a actores de la oposición. El  gobierno de Daniel Noboa busca consolidar un modelo autoritario, concentrador del poder y sin oposición política, según denuncias de organismos de DD.HH. y movimientos políticos. Los principales cambios ocurrieron a partir de noviembre de 2025, luego de que el gobierno sufriera una derrota en las urnas. Esto ocurre en medio de un contexto complejo, marcado por la expansión de la narcopolítica, la corrupción en gobiernos locales y el aumento de la violencia causada por el crimen organizado transnacional.

Redacción Código Vidrio con apoyo de Resilience Collaborative

El año 2025 tuvo dos momentos cruciales para el gobierno de Daniel Noboa, el empresario heredero de un imperio bananero que llegó a ser el presidente más joven del Ecuador. A mediados de abril fue reelecto para el período que se extiende hasta 2029. Pero siete meses después, a mediados de noviembre, enfrentó un revés: perdió en las cuatro preguntas de la consulta popular.

Era la segunda vez que consultaba al pueblo. En la primera, en abril de 2024, ganó en la mayor parte de preguntas, sobre todo en aquellas relacionadas con temas de seguridad. El resultado le permitió a su gobierno instaurar cambios constitucionales. Uno de ellos: viabilizar la extradición de ecuatorianos hacia países donde fueran requeridos por la justicia. Eso posibilitó que Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), líder del grupo narcocriminal ‘Los Choneros’, fuera extraditado hacia Estados Unidos, a mediados de 2025.

Durante la campaña hacia la consulta de 2025, con la popularidad a tope por la captura de ‘Fito’, Noboa identificó a su enemigo político, el correísmo arropado bajo el movimiento Revolución Ciudadana, como el cómplice del crimen organizado.

Días antes de ese sufragio, explicó que el objetivo era “Preguntarle al pueblo si desean cambiar una constitución correísta, garantista con los criminales. Todas las encuestas dicen que más de las dos terceras partes están a favor”.

Una de las preguntas tenía como finalidad convocar a una Asamblea Constituyente. El presidente Noboa intentaba repetir el guión que su predecesor en el mando y opositor político Rafael Correa había diseñado a inicios de 2007, cuando llegó al poder por primera vez. Esta hoja de ruta consistió en instalar una Asamblea de plenos poderes, lograr una amplia mayoría y redactar una Constitución a la medida de su proyecto político. Correa reeditó la experiencia que antes vivieron Venezuela y Bolivia, de la mano de intelectuales españoles con narrativas refundacionales. La estrategia le permitió gobernar, concentrar poder y perseguir opositores durante diez años, hasta 2017. El hiperpresidencialismo echó las raíces del autoritarismo.

Noboa no tuvo éxito. El 62 por ciento de votantes se opuso a la idea de convocar una Constituyente.

No a las bases militares extranjeras

Además, el pueblo rechazó la propuesta de reformar la Constitución vigente, para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El 61 por ciento de electores objetó esa posibilidad.

⇒Este equipo periodístico confirmó, con cinco fuentes independientes, cuál era el estado de las conversaciones previas con las autoridades civiles y militares de Estados Unidos. El plan apuntaba a construir tres bases militares de ese país en territorio ecuatoriano: dos en el continente, en las provincias costeras de Manabí y Santa Elena. Y una en el territorio insular, las islas Galápagos. El archipiélago es considerado un enclave estratégico para el tráfico de drogas y combustibles a través del Océano Pacífico.

Hasta 2009 funcionaba un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) en una base militar ecuatoriana en Manta, provincia de Manabí. El gobierno de Correa ordenó su salida, invocando un discurso de soberanía, con base en la nueva constitución.

Con los años se evidenció que la salida de esa instalación extranjera dejó un vacío en el control marítimo que habría favorecido al narcotráfico. Al votar en la consulta, los electores escogieron impedir el ingreso de bases militares de otros países.

La votación adversa de la consulta de 2025 supuso una piedra en el zapato de la relación bilateral con Estados Unidos, que se basa en los ejes de seguridad, defensa y comercio, principalmente.

EN 2025 NOBOA PERDIÓ LA CONSULTA POPULAR 

Noboa recibió los resultados de la jornada electoral en la provincia costera donde vive, Santa Elena, con un discurso que llamaba a la unidad. “Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”.

La fiscalía encontró el talón de Aquiles

Empezaba 2026 con un nuevo proceso electoral en el horizonte. Los comicios seccionales estaban a un año de distancia. El 10 de febrero de 2026, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido por un proceso judicial en su contra. El ‘caso Goleada’ investiga, según la Fiscalía, un entramado empresarial que habría adquirido diésel subsidiado por el Estado y lo habría negociado en el mercado internacional. Las ganancias, que serían ilícitas, habrían sido blanqueadas. El delito investigado es un presunto lavado de activos.

Álvarez, la cabeza de ese grupo empresarial, llegó a la Alcaldía del puerto principal en las elecciones seccionales de febrero de 2023 por la alianza entre Revolución Ciudadana y RETO.

El entonces alcalde ya había sido vinculado en otra causa judicial, ‘Triple A’, que investiga la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. Su vinculación fue requerida por Fiscalía en abril de 2025.

La detención de Álvarez se produjo “cuatro días antes de que el Consejo Nacional Electoral declarara el inicio del período electoral… al día siguiente un juez ordenó su prisión preventiva. Desde entonces dejó de ejercer el cargo y perdió toda posibilidad real de inscribir su candidatura para la reelección”, según el informe de una coalición de organizaciones, entre ellas el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

En febrero de 2027, según lo previsto, deberían realizarse elecciones seccionales, para escoger autoridades locales: 23 prefectos provinciales, 220 alcaldes, cientos de concejales y presidentes de juntas parroquiales. Además, por sufragio se escogen los siete miembros de un ente estatal que designa las autoridades de control. El organismo tiene un singular nombre, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS).

La normativa establece que el proceso electoral inicie formalmente un año antes. Sin embargo, algo inesperado ocurrió.

El 10 de febrero de 2026, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido por un supuesto lavado de activos. Fotocomposición CV

El correísmo fue suspendido antes de elecciones

El seis de marzo de 2026, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, aceptó la causa 029-2026-TCE. El efecto de la resolución consiste en la suspensión de Revolución Ciudadana (correísmo) como organización política, durante nueve meses.

Este pedido lo presentó el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, basado en la investigación previa reservada 17010182601-1576.

Los posibles delitos investigados por este expediente clasificado, llamado ‘Caja Chica’ se relacionan con una presunta trama irregular de financiamiento para la campaña electoral de Revolución Ciudadana (RC) en las elecciones de 2023.

Según la hipótesis fiscal, fondos procedentes de Venezuela llegaron para esos comicios. RC es la organización política del correísmo. Obtuvo, en 2025, 67 de las 151 curules de la Asamblea. Es la principal fuerza opositora al gobierno de Noboa.

Su legitimidad política ha recibido sacudones desde 2017. A partir de entonces, sus candidatos y cuadros políticos han corrido en comicios con otras organizaciones, en alianzas, pues vieron debilitada su identidad política.

“El artículo 374 del Código de la Democracia solo permite suspender a una organización como sanción después de un procedimiento de juzgamiento. Una suspensión provisional dictada en la primera providencia, sin contradicción, inapelable y fundada en una investigación reservada no existe en la ley”, advierte el exhorto de la coalición de organizaciones de derechos humanos.

La decisión comprometió “la legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho de asociación política”, establece el documento, con una conclusión demoledora: “El golpe más severo al pluralismo recayó sobre las organizaciones de oposición”.

El caso llegó a foros internacionales. Nicole Cueva, de INREDH, explicó que las entidades denunciantes son “organizaciones independientes de cualquier partido político. No defendemos candidaturas, sino el derecho de la ciudadanía a elegir en elecciones plurales y en condiciones de igualdad, reconocida como elemento esencial de la democracia”.

La alerta la emitió el 28 de octubre de 2026, durante la audiencia sobre la institucionalidad de la democracia en Ecuador, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este medio pidió un pronunciamiento del fiscal Leonardo Alarcón, sobre las denuncias en su contra de una supuesta persecución política, orquestada por el gobierno para debilitar a la oposición con mitras a las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre. Su equipo de comunicación respondió que el fiscal prefería no pronunciarse porque mantiene una apretada agenda de trabajo.

El sorpresivo adelanto de las elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el inicio oficial del proceso de elecciones, mediante resolución del 14 de febrero de 2026.

La fecha del sufragio quedaba fijada para el 17 de febrero de 2027. El calendario contemplaba un período de 30 días para campaña política: entre el 13 de enero y el 11 de febrero de 2027.

Sorpresivamente, otra resolución adelantó los comicios para el 29 de noviembre de 2026. El tiempo de campaña se redujo a 15 días, del 12 al 26 de noviembre de 2026.

El argumento del ente electoral para el cambio de fechas se sustenta en un informe técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, sobre posibles afectaciones asociadas al fenómeno del Niño.

El presidente Noboa justificó la decisión de adelantar las elecciones. Advirtió que él no pidió este cambio al ente electoral. Adujo que había el 70 por ciento de posibilidades de que en febrero se presentara “La mamá de todos los niños”.

Para la Revolución Ciudadana, la decisión tuvo dedicatoria. El nuevo calendario electoral le dejaba sin posibilidades reales de competir con listas propias, porque su registro electoral quedó suspendido hasta diciembre, esto es, después de la contienda electoral.

En la práctica, quedó inhabilitada para competir. Y sus candidatos, obligados a pactos y alianzas de última hora para lograr aparecer en la papeleta.

Por todo esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención al Estado ecuatoriano, en un pronunciamiento de agosto de 2026.

“La CIDH llama al Ejecutivo a asegurar que el proceso se desarrolle en condiciones de participación política plural e igualitaria, y que toda decisión con efectos sobre la contienda electoral se adopte con plenas garantías judiciales, motivación suficiente y acceso a un recurso efectivo”.

En su exhorto, la CIDH alertó que “el adelanto acortó los períodos previstos para las elecciones internas, la inscripción de candidaturas y la campaña electoral, lo que generó preocupación entre las organizaciones políticas respecto de su capacidad de competir en condiciones equitativas”.

Las siete demandas de inconstitucionalidad, presentadas entre el 30 de marzo y el 17 de julio, contra la resolución del CNE, fueron inadmitidas por la Corte Constitucional. El calendario revisado quedó en firme.

Este proyecto recabó datos sobre el número de candidaturas que las dos principales tiendas políticas lograron inscribir, luego del cambio de calendario. El total de postulaciones de la organización afín al gobierno es cuatro veces superior al total de candidaturas que registró el correísmo.

El movimiento político que gobierna (ADN) busca captar las autoridades locales en las elecciones adelantadas de este noviembre. En el camino dejó fuera de juego a varios de sus opositores.

Luisa González, presidenciable tras las rejas

El rostro con mayor visibilidad en RC después de Rafael Correa es Luisa González, quien ha sido presidenciable en dos ocasiones. En los balotajes de 2023 y 2025 obtuvo, respectivamente, el 48 y 44 por ciento de la votación presidencial. En ambos casos perdió frente a Noboa.

Enfrenta la investigación judicial por el caso ‘Caja Chica’. En agosto de 2026, intentó inscribirse como candidata para la Prefectura de Manabí, apoyada por el movimiento Pachakutik. Si bien el Código de la Democracia permite postular a personas no afiliadas, tres instancias electorales, la junta provincial, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, bloquearon su registro como candidata. Para ello invocaron una normativa interna del movimiento Pachakutik, según la cual debe militar al menos dos años en esa tienda antes de aspirar a una candidatura.

Las cosas solo empeorarían en los meses siguientes para González. En octubre de 2026 fue apresada, en el contexto de un proceso judicial (‘Laberinto’), que investiga el presunto financiamiento a su campaña política de 2023 por parte de empresas vinculadas con el ex alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. El origen de este dinero sería ilícito. Para la Fiscalía proviene de la comercialización ilegal de combustibles. Además, los aportes de campaña no fueron registrados, se habrían hecho al margen de la ley.

Su defensa, sin embargo, alega que ella no fue la responsable del manejo de recursos y fondos de campaña. Y advierte que el gobierno la convirtió en víctima de una persecución política.

Ella intentó obtener su libertad mediante recursos de Habeas Corpus. El jurista Baltazar Garzón presentó un alegato en su favor; fue en vano. Está detenida en un recinto policial en Riobamba, en el centro andino del país.

En octubre de 2026 la excandidata presidencial, Luisa González, fue apresada, en el contexto de un proceso judicial (‘Laberinto’), que investiga el presunto financiamiento a su campaña política de 2023 por parte de empresas vinculadas con el ex alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Foto de archivo

Otros políticos opositores en la mira

Unidad Popular (UP) es una organización política que derivó de un partido formado en el retorno a la vida democrática, en 1979. El Movimiento Popular Democrático (MPD) se constituyó sobre las bases del magisterio y el sindicalismo.

“Conforme pierde apoyo popular el gobierno de Noboa se vuelve más autoritario”, afirma el director de UP, Geovanni Atarihuana.

El 26 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinaba en un informe que esta agrupación política había perdido decenas de miles de simpatizantes. A partir de este documento, el pleno del ente fue convocado para eliminar a esta fuerza política del registro electoral.

La decisión habría tenido origen en varios hechos, según la dirigencia del partido. UP se opuso a decisiones gubernamentales, hizo campaña abierta a favor del No en la consulta de noviembre de 2025 y fue una de las convocantes a la protesta ciudadana de septiembre de ese año. Las marchas fueron encapsuladas en la provincia de Imbabura, al norte de la sierra andina.

La tienda política, que se identifica con la izquierda, inició una ofensiva jurídica para demostrar que sí cumplía con el requisito de las firmas necesarias para constar en el registro.

Finalmente, luego de semanas de recursos judiciales y electorales, la jueza Ivonne Coloma dio la razón a esta agrupación y le devolvió la personería jurídica.

En medio del calendario adelantado para las seccionales, UP se alió con su enemigo del pasado, el correísmo, para avalar la candidatura del actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que postula para la reelección.

El 26 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que Unidad Popular había perdido decenas de miles de simpatizantes y buscaba eliminar a esta fuerza política del registro electoral. Pero una jueza cerró esa posibilidad, fallando a favor del movimiento político. Foto CV

Muñoz llegó a la Alcaldía en 2023 con el auspicio de la Revolución Ciudadana, a la que sirvió en el pasado como un tecnócrata. Si bien como alcalde de la capital mantuvo una prudente distancia del poder central, en noviembre de 2025 festejó el rechazo del pueblo quiteño a las preguntas del gobierno de Noboa, a través de mensajes en sus redes sociales. A fines de octubre de 2026 denunció que afrontó 687 acciones legales y administrativas; 13 denuncias en la Fiscalía, 514 exámenes y pedidos de información de la Contraloría. Según su denuncia, enfrenta el escenario de “judicialización de la política”. En ese contexto postula para la reelección.

Unidad Popular cobija la candidatura de Muñoz, que representa a una tienda política de línea contraria, por un bien superior, explica Atarihuana. “Buscamos defender la democracia frente a un modelo que se consolida como autoritario”.

Alcaldes bajo sospecha

Las tres principales ciudades ecuatorianas, Quito, Guayaquil y Cuenca, eligieron en las seccionales de 2023 alcaldes no afines a la línea política de Noboa.

Para dos de ellos, Aquiles Álvarez de Guayaquil, y Christian Zamora, de Cuenca, las posibilidades de presentarse como candidatos a la reelección quedaron truncas.

Christian Zamora perdió sus derechos políticos ya que una concejal lo acusó de violencia política de género. El juez electoral Joaquín Viteri, el mismo que dejó sin piso a RC, suspendió su participación política por seis meses. No pudo inscribir su candidatura. Él llegó al cargo con el auspicio de Izquierda Democrática en alianza con un movimiento local.

Entre 2025 y 2026, once alcaldes en funciones enfrentaron el inicio formal de procesos judiciales, sea por vía penal o electoral, por diversos delitos que van desde lavado de activos hasta enriquecimiento ilícito, pasando por infracciones electorales. La Fiscalía y el organismo electoral motivaron estas acciones. De ellos, diez buscaban la reelección o correr en las elecciones postulando para un cargo distinto del actual. En siete de los casos la aspiración quedó trunca. Cinco de ellos pertenecen a movimientos opositores al gobierno.

“Casi todas las decisiones fueron adoptadas por órganos con competencia formal para hacerlo”, detemina el informe de la plataforma de derechos humanos. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, ante una alegación plausible de persecución, debe examinarse la finalidad real de la medida, porque una potestad legal puede servir de ‘velo de legalidad’ para encubrir una represalia política”.

Para los entes de DD.HH. la concurrencia de acciones penales, legales y de fiscalización, “con selectividad, cercanía al calendario electoral, ausencia de garantías y trato desigual frente a situaciones comparables exige un análisis profundo”.

La narcopolítica y la corrupción enquistados

De unas 250 autoridades seccionales que llegaron al poder provincial o municipal en 2023, al menos el diez por ciento está bajo la mira de la justicia, según confirmó este medio a partir de cuatro fuentes independientes.

Posibles delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de activos y hasta narcotráfico se encuentran entre los expedientes en curso; la mayor parte de ellos avanza bajo cláusulas de reserva.

Desde 2022 Código Vidrio alertó que las reglas de juego laxas abrían la posibilidad de participar en la lid electoral a personas con pasado judicial https://www.codigovidrio.com/code/candidatos-vemos-historial-delictivo-no-sabemos/.ç

El Código de la Democracia permite terciar a quienes tuvieran un expediente judicial en curso, salvo que tuvieran una sentencia en firme. Además, cuando una candidatura queda inscrita el postulante queda blindado judicialmente y no puede ser ni detenido ni investigado hasta que se proclamen los resultados electorales.

Los empresarios pesqueros y políticos Jaime Estrada Bonilla y su hijo, Jaime Estrada Medranda, fueron detenidos en Panamá por pedido de la justicia estadounidense. Están acusados del envío de toneladas de cocaína a EE.UU., con la complicidad de Jacobo Bucaram, también detenido. Estrada Bonilla l está inscrito como candidato para la Alcaldía de Manta. Su hijo fue asambleísta hasta agosto pasado, cuando renunció para postularse como candidato para prefecto de la provincia, aspiración que no se concretó. Foto de archivo

Eso no es todo. Las organizaciones políticas (partidos y movimientos) se crearon en un entorno de informalidad, como simples vehículos electorales, en vísperas de comicios o sufragios, según advierte un estudio de la entidad de la sociedad civil Participación Ciudadana.

La mezcla de estos factores hizo que la corrupción y el crimen intentaran infiltrar las autoridades locales.

El fenómeno no salpica exclusivamente a quienes llegaron al poder con la bandera de Revolución Ciudadana. El hecho de que esta organización política orbita en la arena pública desde 2007, bajo distintos nombres pero con el liderazgo de Rafael Correa, hace que muchas de las autoridades electas en 2023 llegaran con ese auspicio.

El grupo que apoya al actual gobierno, en contraste, llegó al espacio público luego de las elecciones seccionales de febrero de 2023. Daniel Noboa se candidatizó como presidenciable a partir de mayo de ese año, tras la renuncia de Guillermo Lasso de la Presidencia y la disolución del Legislativo.

Para los comicios de este noviembre, el alcalde del cantón de Naranjal (en Guayas) fue inscrito para la reelección, con el auspicio del movimiento político que respalda al gobierno. A fines de octubre se difundió un audio que lo vincula con la actividad narcodelictiva de ‘Los Lobos’. La organización política gobiernista ADN le retiró el respaldo a su candidatura. A renglón seguido fue detenido con fines investigativos.

Pero días antes, una operación internacional permitió la captura en Ecuador de Jacobo Bucaram, el hijo mayor de un ex presidente, Abdalá Bucaram, junto con dos personas. Casi al mismo tiempo, dos empresarios del sector marítimo exportador, Jaime Estrada Bonilla y su hijo Jaime Estrada Medranda fueron detenidos en Panamá por pedido de la justicia estadounidense.

El expediente los acusa de cargos de conspiración para el envío de drogas a través de exportaciones de mariscos, en apariencia legales.

Nunca antes el hijo de un ex mandatario fue vinculado en una causa de narcotráfico por la justicia de ese país.

Eso no es todo. Los dos empresarios manabitas tenían una activa vida política local. El padre está inscrito como candidato para la Alcaldía de Manta y por tanto consta en la papeleta para las elecciones de noviembre. El hijo fue asambleísta hasta agosto pasado, cuando renunció para postularse como candidato para prefecto de la provincia, aspiración que no se concretó. Su participación política tenía el respaldo del correísmo.

A menos de un mes para los comicios, el país navega por aguas turbulentas, entre corrupción, narcopolítica y afanes autoritarios desde el poder político.

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