ENTREVISTA. En medio de críticas por una supuesta cercanía a los intereses políticos del gobierno, el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, defiende la independencia de su gestión y de la institución que dirige. Niega cualquier cercanía o sumisión al régimen o a cualquier poder. Asegura que no tiene ninguna animadversión si sesgo contra militantes del correísmo, desde donde recibe duras críticas. En especial ha sido atacado por importantes figuras de ese movimiento, con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a la cabeza. Él fue detenido ayer martes dentro de una investigación por supuesta delincuencia organizada y espera una audiencia de formulación de cargos ante un juez anticorrupción, en Quito. Álvarez también fue llamado a juicio en el proceso Triple A, por tráfico de combustibles, que investigó el fiscal Alarcón, un año antes de ser designado fiscal subrogante. Otro caso que impulsa la Fiscalía involucra a la excandidata presidencial de la RC, Luisa González, Andrés Arauz, Rafael Correa, dos de sus exministros de Economía y el exasambleísta Santiago Díaz, quien está colaborando en la investigación de un presunto financiamiento ilegal a la campaña de ese movimiento en 2023, con fondos provenientes del gobierno entonces liderado por Nicolás Maduro. La cooperación de Días habría empezado a fines del año pasado, mientras también enfrentaba un juicio por supuesta violación a una niña de 12 años, por el cual esta preso.
–El alcalde Guayaquil, Aquiles Álvarez, acaba de ser detenido y traído a Quito para formularle cargos, acusado de un supuesto delito de delincuencia organizada por la Fiscalía, que ha pedido su prisión preventiva. Es el segundo caso que él enfrenta desde el año pasado cuando fue procesado en el juicio Triple A. Él y su defensa, así como los partidarios del correísmo del que es parte, alegan una persecución política sistemática como una retaliación porque mantienen una lucha frontal contra el gobierno, al que supuestamente no se investiga con la misma prolijidad en varios casos de corrupción. Hace pocas semanas se inició la indagación Caja Chica que involucra también a personajes influyentes del correísmo. ¿No se ha direccionado políticamente la investigación a integrantes de ese movimiento? ¿Cuán sólidos son los casos en contra de algunos de sus miembros?
El caso Triple A se inició por una denuncia de la ARCH, por un presunto delito de comercialización ilegal de combustibles y yo empecé la investigación, la etapa de instrucción fiscal y llegué a la etapa de la audiencia preparatoria de juicio. Y actualmente hay un pedido del fiscal que asumió esa investigación de que el tribunal anticorrupción fije fecha para pedir la prisión del alcalde Álvarez, por no usar el grillete electrónico, que había ordenado el juez de la causa. En la audiencia preparatoria de juicio, donde yo intervine, entre junio y julio del año pasado, cuando era fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, le expuse al juez todos los elementos de convicción que había recabado para que establezca si llama o no a juicio a los procesados. En vista de que las pruebas y el caso eran sólidos, el 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade llamó a juicio a 16 personas naturales y a seis empresas contra las que presenté un dictamen acusatorio. Es decir que existieron elementos claros suficientes para que el juez, que es garantista del debido proceso, decidiera llamar a juicio a estas personas. Destacó que en esta audiencia se analizó y descartó posibles vicios que pudieran afectar la validez del proceso. Es más, solo una defensa alegó una supuesta nulidad, eso quiere decir que los otros abogados estuvieron de acuerdo con el debido proceso y la objetividad en la investigación.
-¿Pero constantemente, durante los casi 15 meses que ha tomado este proceso, el alcalde Álvarez y su abogado Ramiro García han alegado que se trata de una persecución política, sin evidencias contundentes, orquestada por el gobierno?
La Fiscalía general no persigue personas, persigue delitos. Eso está demostrado plenamente en el caso Triple A. No existe ninguna persecución política, el expediente es completamente sólido, lo cual se evidencia en el avance del juicio.
-En noviembre pasado también se abrió una investigación y el 28 de enero último se allanaron los domicilios de varios dirigentes del correísmo, incluida la excandidata presidencial Luisa González, Andrés Arauz, y el asambleísta Patricio Chávez. Ellos son sospechosos de una supuesta delincuencia organizada, que indaga si la campaña del 2023 fue financiada con fondos entregados por el gobierno de Venezuela. Esas diligencias son parte del caso Caja Chica, en el que también está involucrado el exasambleísta separado de la RC, Santiago Díaz, quien estaría colaborando con información sobre este caso. Los indagados y otros líderes del movimiento de Rafael Correa denunciaron también persecución y negaron cualquier financiamiento. ¿La Fiscalía tiene pruebas, indicios sufícientes que justifiquen una intervención de esta magnitud?
Sin indicios sólidos no habríamos abierto esta indagación. En este caso recibimos una denuncia por medio del buzón de la Unidad de Transparencia, donde cualquier persona puede denunciar. Así, el siguiente paso fueron los allanamientos porque tenemos información, con datos específicos, relacionada con los indagados de una persona que está colaborando con la Fiscalía.
–Según se ha conocido los datos y detalles de las transferencias y viajes que se hicieron desde Venezuela y quienes fueron los responsables están siendo proporcionados por Díaz, que era uno de los que coordinaban esas operaciones por su cercanía con Correa. Él estaría colaborando con la Fiscalía para obtener una rebaja en su pena. Incluso cuando acudió recientemente a dar su versión declaró a los medios que trasladó dinero desde Venezuela por disposición del expresidenteCorrea. ¿Él es el colaborador que está aportando esas evidencias?
Lo único que le puedo informar es que estamos accediendo a información relevante que no puedo revelar porque es una indagación previa. Sobre eso no me puedo pronunciar.
-¿En su actuación como fiscal general usted ha preferido mantener un perfil bajo, parecido al del exfiscal Wilson Toainga, pero muy distinto al de Diana Salazar que tenía una política de comunicación potente y de gran exposición mediática?
Prefiero ser más cauteloso y reservado, no me interesa figurar, soy un funcionario de carrera, que ingresé en 2007.
-Pero ahora es fiscal general subrogante, es un cargo de mucho poder e influencia. Y entiendo que usted también estaría interesado en participar en el concurso para el cargo de Fiscal general, cuyo concurso está en marcha. Si es así, ¿Por qué participaría, cuáles serían sus razones?
En este momento estoy enfocado en mis funciones, en calidad de Fiscal General del Estado, al 100%. Debo atender los casos en tribunales de justicia, en Corte Nacional de Justicia y la situación administrativa. Si participaría o no lo estableceré en su momento adecuado. Pero si decidiera participar no será por un capricho, ni por querer sobresalir por vanidad; sería porque, como ya lo dije en algún momento, me siento preparado para tener la calidad de Fiscal General del Estado titular. Es más, considero que hay muchas personas que también están preparadas y que deberían concursar, porque esto es un apoyo al país, no a la persona, no a mi.
-Hay un tema que es recurrente y sale a la luz en estos procesos, que genera preocupaciones y críticas porque ya hemos tenido fiscales que han sido muy cercanos al poder político. ¿Cómo puede usted garantizar que mantendrá una autonomía e independencia en la Fiscalía, en medio de las presiones naturales que llegan de todos los sectores, no solo del poder político, sino de otros sectores?
Yo no me siento sesgado ni subyugado por ninguna persona. La Fiscalía General es autónoma y en este caso yo la represento, no soy cercano a ninguna persona, a ningún grupo o partido, ni al poder político de turno en el Ejecutivo. Yo me debo a la ciudadanía. Y tal vez la pregunta que me hace es por cuánto yo he llevado algunos casos que precisamente se quiere hacer creer a la ciudadanía erróneamente que soy un fiscal cercano al poder y eso es completamente falso. Lo descarto tajantemente.
-¿Cuáles son sus credenciales para probar esa indepedencia?
Lo he demostrado a lo largo de mi carrera y he estado aquí estudiando los expedientes, investigando, no son solo palabras. Lo he demostrado en los juzgados, en los tribunales. En los expedientes fiscales, en las etapas procesales que hemos pasado para obtener las diferentes sentencias. Yo mantengo mi independencia, soy el Fiscal General encargado en este momento, y actúo como tal, de manera objetiva. No permito que nadie me presione y me diga lo que tengo que hacer.
-¿Qué encontró al asumir el cargo en circunstancias complejas que vive el país por la criminalidad, por el narcotráfico y otros delitos transnacionales, en medio de un ambiente político siempre caldeado?
Al llegar a la institución, he pasado algunas audiencias, así como también he podido observar que al interior estaba un poco desprotegida en el campo de las funciones que realizamos los agentes fiscales y su personal. Por lo tanto, también llegué a conocer casos que ya fueron tratados por las anteriores autoridades, como los doctores Salazar y Toainga. Estos casos siguen todavía en diferentes etapas, algunos aún deben resolverse en última instancia. No obstante, ya en calidad de Fiscal encargado, he formulado cargos hacia una persona por un presunto delito de abuso sexual, que goza de fuero de Corte Nacional.
-Al asumir el cargo, usted también ha realizado cambios importantes de personal, de fiscales de unidades especiales, con gran experiencia, como la Unidot, Fedotti y Anti Lavado de Activos. ¿Por qué cambió a esos fiscales, incluido al doctor Toainga qué tenían tanto conocimiento de investigaciones complejas de crimen transnacional?
Lo que buscamos es un oxigenamiento de la institución. En este contexto, a los compañeros fiscales que estaban ya más de cinco años en las mismas unidades era importante desde mi perspectiva que tegan la oportunidad de estar en otras unidades, donde pueden aportar con todo su conocimiento. Y estas fiscalías especializadas son a nivel nacional. Llevan casos de alto impacto. En este contexto existen también otros compañeros que tienen mucha experiencia y probidad para trabajar en estas unidades. Incluso hemos fortalecido y creado otra unidad especializada más.
-Un problema estructural, sistémico, que afecta a todo el estado es la corrupción. ¿Cómo están enfrentando casos de fiscales y funcionarios que cometen delitos?
Así es. Han existido ilícitos de agentes fiscales y efectivamente se ha actuado, se han abierto diferentes instrucciones fiscales y audiencias de juicio en contra de ellos porque han caminado fuera de la norma. Han sido cooptados por otros intereses que no son los de la justicia, que es el bien común para la sociedad.
-¿Pero existen resultados, hay sentencias?
Sí, se ha llevado procesos en contra de fiscales, ya existen sentencias en contra de algunos por delincuencia organizada, por concusión, por cohecho, por enriquecimiento ilícito. Esto se ha trabajado al interior de la institución. Algunos casos se han llevado en la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en donde yo fui coordinador durante seis años. Duele decir esto porque hemos procesado a quienes fueron nuestros compañeros, pero es nuestro trabajo, es nuestra obligación hacerlo. Así investigamos delitos que generan mucha conmoción social y más allá de aquello luchamos contra un gran poder económico y político es decir los llamados delitos de cuello blanco.