ENTREVISTA. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó que la suspensión la minería en Napo es un plan piloto que se replicaría en otras provincias críticas del país. Además reveló que hubo filtración de información días antes de las intervenciones en Portovelo, donde la semana pasada cerraron diez plantas de beneficio, aunque se había previsto suspender las operaciones en 24 de estas facilidades, que registran incumplimientos permanentes, en medio del descontrol sistemático de las autoridades durante años. No obstante, explicó que avanzaron con los cierres en Portovelo con base en estudios científicos que prueban la contaminación de los ríos Calera y Amarillo, con cobre, plomo, arsénico, cadmio y cianuro, arrojados por las plantas. Manzano ratificó que las 208 plantas que procesan minerales en el país empezaron a ser auditadas, para impedir que arrojen contaminantes a los ríos ni procesen oro de fuentes criminales. Los mineros ilegales y los grupos delictivos extendieron la explotación minera, de nueve a 12 áreas protegidas, en un año, incluido el parque Podocarpus, en Zamora Chinchipe, devastada por la explotación de oro en los ríos.
Por Arturo Torres
-La decisión que usted acaba de tomar de suspender todas las actividades de minería en Napo y de cerrar plantas de beneficio, donde se procesa el oro en Portovelo, no tiene precedentes. ¿Por qué fue tan radical?
Primero porque es un golpe directo a la minería ilegal. Recuerde que las plantas de beneficio están al final, o sea, al final del proceso de la explotación del mineral. Y segundo es un tema también de seguridad, porque el bloque de seguridad tiene la misión de tratar de que todo el Ecuador tenga esta estabilidad. Pero mientras tengamos todavía un flujo de dinero de minería ilegal hacia estas bandas delictivas o grupos delictivos de la minería ilícita, su trabajo -el de la fuerza pública-, es cuesta arriba.
-¿Entonces, eso también implica que se aplicarán controles severos a la extracción, compra de minerales y comercialización del material mineralizado en todas las plantas, antes de la salida de la comercialización y exportaciones de oro y otros minerales refinados. Ahí es donde se refina y lava todo el oro sucio que proviene de fuentes ilegales?
Ahí se lava la minería ilegal. Y el problema que han tenido es que sus propietarios, accionistas y personal no han sido controlados. Lo segundo, la comercialización del mercurio, que varias plantas emplean, en Ecuador está prohibida, no hay posibilidad de que nadie lo tenga. Pero los mineros ilegales lo emplean en grandes cantidades. Si descubro una planta con mercurio, sencillamente es ilegal y debe cerrarse.
-¿Y eso es una causal de sanción y de suspensión para cualquier planta que use mercurio y otros químicos y metales prohibidos, que causan daños en los ríos y el ambiente, enferman a los habitantes, a las especies?
Exacto. Por eso se cerraron diez plantas en Portovelo, por la gran contaminación que causan con el uso de químicos y metales prohibidos. Y lo otro que hicimos, porque todo esto fue planificado con tiempo, hemos estado mirando, digamos, todas las áreas concesionadas, porque aquí está interviniendo todo el Ministerio de Ambiente y Energía. Es la primera vez que los cinco sectores estratégicos están juntos lidiando con el tema para enfrentar la minería ilegal y sus consecuencias graves para el ambiente. Sacamos los muestreos de agua de los ríos. Eso se hizo desde hace dos semanas. Y todo eso luego fue decantado en un análisis de laboratorio. Pasaron diez días, más o menos, hasta que tuvimos la información confirmando la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango Tumbes.
-¿Qué pasa con los ríos Pindo y Puyango en esta región?
Ambos ríos también tienen grandes niveles de contaminación, que incluso traspasa los límites territoriales y llega hasta Perú.
-Otro caso dramático es el de los ríos de Zamora Chinchipe, donde hay una gran devastación, así como el daño a las poblaciones, también con secuelas en ambos lados de la frontera.
Así es, el daño y la contaminación también se extienden a grandes zonas de Zamora, donde las FF.AA. están haciendo operaciones constantes para destruir maquinaria y campamentos de mineros ilegales.
-¿La resolución que declara la suspensión en Napo y el cierre en las plantas en Portovelo se tenía lista hace varias semanas y se aplica la semana pasada, también en medio de cuestionamientos sobre la demora en la decisión?
Yo tenía preparada la resolución desde hace, tal vez, varios meses. Pero estaba esperando contar con todas las pruebas científicas, los análisis técnicos, evidencias irrefutables sobre la contaminación de los ríos, para que los afectados no se nos vengan encima con las protestas de siempre. Lo de Portovelo es un golpe directo a las mafias de la minería ilegal, a los grupos criminales que trabajan con ellos y a los funcionarios que han sido sus cómplices.
-¿En el caso de El Oro, en las plantas de refinación de Portovelo empieza la contaminación?
Precisamente comienza la contaminación el momento en que los desechos tóxicos salen con el agua que se emplea en las plantas para procesar el mineral aurífero, ahí es cuando los metales y químicos empiezan a circular río abajo. Río arriba no existe esa contaminación.
–Pero el papel que muchas plantas de Portovelo cumplen para procesar oro de fuentes delictivas es apenas la punta del iceberg. Entiendo que las decenas de plantas de beneficio del país, incluidas las de Camilo Ponce Enríquez, también deben entrar en proceso de revisión, de una auditoría, que nunca antes ha existido, por cierto. Ya sea por corrupción de las autoridades o por las limitaciones de la Arcom, que fue mermada en sus facultades desde 2020, en medio del crecimiento de la criminalidad en esas zonas.
Sí, serán auditadas y controladas las 208 plantas de beneficio que existen en el país. Solo en Potovelo hay 80. Y eso hace que también las mismas plantas o refinierías donde se tritura, procesa, lava, filtra y funde el oro entiendan que no pueden arrojar el agua contaminada del proceso directamente a los ríos, lo cual está prohibido por la ley. Y que no pueden procesar minerales de fuentes ilícitas.
-¿Pero qué mecanismo empleaban para que esto no se visibilice, en las pocas inspecciones que han realizado las autoridades, especialmente después de la pandemia?
Ocultaban los desechos subfluviales, las descargas contaminadas de las aguas empleadas para lavar el mineral. En las plantas que hacen minería legal eso no ocurre. Hablo de las empresas que cumplen con sus obligaciones. Pero en otras han operado siempre al margen de la ley, sin licencias ambientales.
-¿El cierre de las plantas en Portovelo fue simultáneo?
La Arcom empezó a cerrar las plantas en base a revisión documental, de licencias, auditorías ambientales y otros requisitos que no cumplían y con lo que empezamos a determinar en el monitoreo ambiental de la contaminación de los ríos. Con todos esos soportes se cerraron diez plantas. También esperamos la acción del Viceministerio de Ambiente para que comience a hablar de los procesos administrativos. La contaminación ambiental, de acuerdo a la Constitución, no prescribe y es causal para cierre y suspensión de concesiones mineras. Este delito tiene la reversión de la carga de la prueba. O sea, ellos tienen que probar que no contaminaron.
-Pero cuando Ambiente o Energía han intervenido para sancionarlas, las empresas que contaminan han acudido a la ley e infinidad de recursos y garantías que los amparan para inmovilizar la acción del Estado. A jueces, funcionarios y autoridades seccionales, que compran y tienen en el bolsillo. Siempre vuelven a operar.
Hay un fundamento importante, se conoce como la responsabilidad objetiva que estamos aplicando para que no puedan ampararse en ese entramado y legal. Es decir, no importa si tú has presentado tu licencia ambiental en orden, si tienes todas tus auditorías en orden, si cuentas con los informes, los reportes anuales. Todo está muy bien en los papeles.
-¿Esa es la coartada perfecta que empresas vinculadas a actividades ilícitas de minería han tenido para seguir operando en la impunidad?
Sí, para ellos ha sido fácil obtener todos los documentos corrompiendo a los funcionarios en las zonales de Arcom y el viceministerio. Pero ahora ese ya no es un obstáculo, no es relevante porque la evidencia técnica de los monitoreos del daño y contaminación en los ríos es fulminante. Y con eso no tienen excusa alguna; por eso aplicamos la responsabilidad objetiva, basados en la Constitución y el Código Orgánico.
-¿Debe haber sido una decisión difícil porque hay muchos intereses en juego, sectores poderosos afectados, hay gremios mineros que ya están protestando en Portovelo, presionando para que se reviertan las suspensiones?
Así es, pero para mala suerte de los ilegales tienen una ministra que es ambientalista y abogada al mismo tiempo.
–Con esta figura legal de la responsabilidad objetiva se puede desbaratar este monstruo descomunal de cientos de leyes y reglamentos, de infinidad de recursos, creado muchos años atrás por clanes mafiosos, para facilitar la corrupción, inmovilizar al Estado. ¿Cree que se puede mantener, en medio de la oposición de tantos grupos?
Sí. Y se rompe por decisión política de este gobierno, porque siempre se pudo haber hecho. Es solo una toma de decisión política impulsada por el presidente Daniel Noboa contra la minería ilegal basada también en los principios de precaución y de prevención que están en la Constitución, así como los derechos de la naturaleza, del agua. El agua, al final del día, es para el consumo humano, es para los animales, para las plantas, para el riego, para los temas eléctricos, obviamente hidrocarburos, etcétera, y para la biodiversidad. Entonces yo estoy cogiendo el agua como el hilo conductor del desafío para impulsar y fortalecer la minería legal, bajo estándares ambientales. Cuando yo asumí el cargo una de las cosas que hablábamos con el Presidente fue que el agua tiene que volverse el eje estratégico y transversal.
-¿Entonces el centro de gravedad criminal en estos casos han sido las plantas de beneficio?
En las plantas todo se basa en la presentación de documentos, que no se han verificado por las autoridades en el terreno. En el proceso que ejecutamos las semanas previas se había previsto cerrar 25 plantas de beneficio. Pero cuando fuimos a los sitios resulta que de las 25 solo pudimos suspender 10 porque las otras mágicamente habían obtenido en pocos días formalizaciones en su licencias, las auditorías habían tenido los papeles que no poseían.
-¿Les filtraron la información de lo que iban a ejecutar los cierres?
Claro, entonces tengo el enemigo en casa, que avisa y que cuando uno hace estas incursiones entonces obviamente la mitad te sale preparado, que está todo en orden y de las 25 solo suspendimos menos de la mitad. Eso me dio la total certeza, ya con los estudios de la contaminación, de que este no era un tema documental sino fáctico de corrupción.
-¿Sin embargo ustedes avanzaron con el cierre?
Así es. Por eso, ahora todos están alborotados porque es una decisión apoyada íntegramente por el Presidente. Es una decisión que tenemos meses conversando de cómo se haría, cuál es la mejor manera, cómo tenemos que reaccionar, dónde está la parte que hay que entrar e ir solucionando. Hay plantas de beneficio que yo tengo, un par de nombres, que lo están haciendo bien y que nosotros debemos proteger. Y lo otro en Ecuador acabamos de aprobar unos fondos para hacer los estudios de una planta de beneficio del Estado, de ENAMI.
-¿No está previsto construir una refinería del Estado?
Sí, tenemos unos fondos para el estudio de la refinería de oro del Estado. Queremos ser la refinería, el hub de oro de toda la zona andina donde hay oro y que podamos tener la trazabilidad adecuada para que la minería legal sirva para el desarrollo del país. Lo podemos hacer con estas dos medidas que hacemos al mismo tiempo: una es en el momento cuando termina la trazabilidad de las plantas de beneficio, que tienen una capacidad, entre la más pequeña de procesar de 30 toneladas, a la más grande, de 300 toneladas, por día, en pequeña minería. Queremos construir grandes refinerías para refinar miles de toneladas siguiendo todos los parámetros para no contaminar los ríos. Así incentivaremos a los empresarios legales, para que inviertan en el país. El oro ilegal no tendrá por donde salir porque automáticamente con los controles que estamos haciendo solo podrán sobrevivir las empresas que cumplan los planes de acción. El Estado lo que quiere es asegurarse es que por lo menos esas mil toneladas que podamos procesar vienen de minería legal y van directamente a una refinería de oro para poder ser exportadas.
-¿Es decir que con la trazabilidad ya se sabrá que esas plantas procesan oro de fuentes legales o ilegales?
Es la mejor forma de acabar con el lavado del oro sucio. También hay titulares que han denunciado actividades de ilegales en sus concesiones, pero controlar lo que se hace en todas las áreas es físicamente imposible, al menos hasta que tengamos la tecnología para hacerlo. Entonces el embudo para empezar a frenar estos delitos está en el verdadero control de las plantas, porque ahí convergen todos los materiales y de ahí ya salen para su comercialización.
-Ahí es donde ocurre el milagro, la alquimia que aprendieron las mafias mineras para convertir el oro sucio en plata, en miles de millones de dólares, con la complicidad de autoridades. Pero los últimos años también se está lavando en las exportaciones de concentrado de oro.
-En ese sector es donde también tenemos que apretar porque si la gente ve que ya no podrá con sus delitos por las medidas en las plantas encontrará una vía por las exportaciones de concentrado de oro.
-¿Y cómo van a trabajar con las comunidades que hoy no tienen agua? Precisamente una de esas poblaciones que hemos visitado hace pocas semanas es Capirona, en Napo, que ya no puede usar el agua del río por los grandes niveles de contaminación. Reciben el líquido de un tanquero, una vez por semana. Sus habitantes padecen enfermedades cutáneas y otros males que no pueden atenderse porque no tienen centros médicos?
Vamos a visitar esas comunidades, para ver sus necesidades, y trabajar de forma coordinada para darles los servicios que necesitan. Porque tenemos justamente para desarrollar un proyecto que se llama Fogapri. Son 75 millones de la CAF para apoyo a los poblados rurales, para agua potable, para saneamiento y riego. Desde el Ministerio ayudaremos a esas comunidades con esa propuesta. Este año tenemos como 20 proyectos entre comunidades rurales que han podido presentar. Pero yo le puedo abrir un espacio también a Capirona.
-¿El impacto de la suspensión es en toda la provincia de Napo?
Sí. No es solo el río Napo sino todos sus afluentes. Realmente es una decisión fundamental, con la cual me siento feliz.
-¿Pero cómo enfrentarán a los que se oponen, incluidas algunas de las comunidades y campesinos que viven de la minería ilegal y legal?
Es una decisión dura, en la que necesitamos el acompañamiento de todas las comunidades. Que entiendan que lo hacemos por ellos. Que no estoy haciéndolo solo por el pajarito, por la fauna. Es por sus habitantes, por el agua en la que ya no hay vida. Por eso recalco que no hay otro eje más importante para mejorar la vida del Ecuador que no sea el agua, para darles un verdadero bienestar a los habitantes, para bajar la pobreza, que es la principal aspiración del Presidente. Por eso una de las tareas fundamentales que haremos es ir a Napo para buscar aliados entre los habitantes, que han resistido y se oponen a la minería ilegal.
-¿Cuáles son los siguientes pasos tras la suspensión?
Vamos a hacer varias cosas con diferentes entidades. La Arcom deben ir al territorio para aplicar y verificar el cierre de todas las operaciones de minería, que están suspendidas completamente. Simultáneamente la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA y el Viceministerio de Ambiente harán los análisis de los sedimentos y la calidad del agua del río y sus afluentes. Se aplicará también una protección hídrica, que toma alrededor de 90 días, pero le hemos dado 30 días. Así podremos verificar el uso del suelo con la participación de los gobiernos locales y nuevamente de las comunidades. Aspiramos a dotarles, por ejemplo, de plantas de agua potable, que deberán hacer un tratamiento extraordinario porque deben filtrar metales pesados, que yacen en los lechos del río.
-¿Y cómo se realizará el proceso de recuperación?
Tenemos un programa en el Viceministerio de Ambiente que se llama PRAS, de remediación ambiental y social que se orientará para remediar daños por minería ilegal. Y Arcom avanzará depurando controles in situ y documentales.
-¿Si los procesos de revisión oficial han permitido la ilegalidad, cómo se puede garantizar que eso no vuelva a ocurrir?
Pues sí, desde el estado lo ilegal se hizo legal porque tenemos unos procesos súper engorrosos heredados, porque no hemos podido ser ágiles y entender que el dinero, el presupuesto del Estado, tiene que estar en estas cosas.
-¿Pero el Gobierno impulsa varios proyectos mineros de gran escala, lo cual suena contradictorio con al defensa del agua?
Creemos que la minería es un puntal para el desarrollo del país. Yo sí estimo que se puede hacer una minería legal responsable; entonces tenemos que atacar a la minería ilegal, porque se nos están llevando los recursos, pero además al llevarse los recursos es como elefante en cristalería. Van arrasando con todo, dañando todo.
–En estos casos, ¿Va a pasar algo con la responsabilidad de los titulares mineros que no hicieron lo que tenían que hacer. Habrá una consecuencia legal. Porque, por ejemplo, hay dueños de concesiones que en lugar de explotar sus concesiones, las negocian, a través de la entrega de contratos de operación a mineros ilegales ilegales, incluso narcos. ¿Habrá alguna intervención?
Claro, y el inicio es la resolución que acabo de emitir la semana pasada. Todo está suspendido. Ya veremos un desfile de gente tratando de sacar el cuerpo, de deslinar su responsabilidad. Eso, por ejemplo, lo hicimos de manera frontal con la empresa china Terraearth, cuyas operaciones en 130 hectáreas están paradas completamente en Napo, desde el año pasado. Se suspendieron las actividades, ellos presentaron un plan, etcétera, pero es porque tienen unos cinco contratos de operación para seguir actuando en otras concesiones. Yo no quiero contratos de operación.
-¿El mayor problema se focaliza en las operaciones ilegales en la pequeña minería?
–Es la minería que ha acabado con los ríos, que está acabando en nuestras áreas protegidas. Porque, ojo, cuando yo entré en septiembre del 2024 había nueve áreas protegidas con minería ilegal. Hoy tengo doce áreas con minería ilegal.
-¿Eso ocurrió apenas en un año?
Es un avance rapidísimo. Eso pese a que hemos aumentado el control, en el 2025 hemos tenido operativos constantes, con el direccionamiento del Conim, que es el Consejo Minero.
-¿Cómo coordinan las operaciones?
Obviamente desde mi lado, que es el de ambiente y energía, de minería, nosotros tenemos la información, y también la tiene inteligencia militar. Activamos alertas desde varios frentes para que se planifiquen operaciones. Entonces las Fuerzas Armadas automáticamente hacen lo que debe hacer, que es ir, destruye las bocaminas, y obviamente nos va reportando.Por ejemplo, les dije, Muyuyacu en Camilo Ponce. Quiero que recuperen Muyuyacu de los ilegales. Muyuyacu es del estado. Es una concesión minera de oro, de Enami. Sacamos a los disque socios que habían ahí, que nunca nos pagaron un centavo. Un centavo a Enami los hemos sacado. También hemos intervenido con FF.AA. para sacar a los grupos criminales del proyecto Río Blanco en Azuay, donde han estado desde 2018 extrayendo oro, cuando se suspendieron las operaciones de la empresa Ecuagoldmining, con la que ahora tenemos un arbitraje por 480 millones.
–¿También han expedido regulaciones, han dado resultados?
Son varias normativas y reglamentos que hemos sacado desde ARCOM, por ejemplo con el tema de la maquinaria amarilla, de las excavadoras, hemos sacado el tema de cuando ellos reciben el material y decomisado y lo pasan al ENAMI. Los esfuerzos han sido titánicos porque dentro de mis instituciones yo estoy segura que sigo teniendo al enemigo dentro y vamos a seguir depurando. En breve ARCOM xeberá hacer algo extremo.
–Un tema medular ha sido la corrupción persistente dentro de todas las instituciones de control, como Arcom, que utilizan estos mecanismos legales que saben todo al revés y al derecho para beneficiar a los clanes mafiosos de la minería ilegal y perjudicar a las empresas legales, que son perjudicadas por la invasión de sus concesiones por mineros ilegales. ¿Hay un plan específico para enfrentar esto, porque se conoció la semana pasada que varios funcionarios fueron separados porque no pasaron pruebas de confianza como el polígrafo?
Las pruebas de confianza, con el empleo del polígrafo, comenzamos el año pasado en el viceministerio de Minas. Sacamos el 40% del personal. Fue un resultado drástico.
-¿Entonces salió el 40% del personal en el Viceministerio?
Sí. Ahora estamos también enfocados en la depuración de las direcciones zonales y en la Arcom donde también fueron separados jefes que no quería acatar nuestras disposiciones para controles específicos.
-¿Pero es una medida puntual o se mantendrá en el tiempo, ya que el riesgo de que un funcionario sea corrompido es permanente?
Por supuesto, será constante. No puede ser una sola vez. Se aplicará como mecanismo sistemático.
-¿Y qué pasa con los patrimonios de quiénes han sido separados, los han investigado. Hay funcionarios que tienen ingresos que no se justifican de acuerdo a sus sueldos, según hemos denunciado?
De eso se encarga el Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero (Conim).
-¿Pero en esa tarea qué papel está realizando la Contraloría, que hasta ahora no ha emitido ningún informe o pronunciamiento al respecto, que se conozca?
Contraloría no ha entrado. Me encantaría que entre en estas cosas tan álgidas y que comience a trabajar en esto, que es importante como su responsabilidad. Creo que lo importante es que Contraloría se alinee también para que entienda todo el proceso de la minería y la trazabilidad y ahí ellos intervengan en instituciones que no están haciendo bien dentro de este proceso.
¿Cómo lograron identificar al personal que podía estar contaminado o no estaba cumpliendo con su trabajo de forma premeditada?
Eso ocurrió cuando ya tuvimos señales de problemas con el abuso de los registradores mineros, que tenían excesivo poder para inscribir concesiones y contratos en las provincias, así decidimos normar claramente esas atribuciones que están centralizadas en la Arcom en Quito. Cambiamos el tema del registrador minero porque en Zamora Chinchipe había uno que decidía que él se iba a su casa con el libro de inscripción de concesiones y contratos escrito a mano, debajo del brazo. Nada podía hacerse en las provincias si él no estaba. Un día tuve que yo personalmente decirle que desgrafique el área y saque lo de Cumbaratza que estaba perjudicando al Estado, pero no lo hizo porque se sentía inmune, protegido por los jueces. Hoy está fuera. La regulación se hizo para que los registradores controlen todo. Tenían más poder que sus jefes, en las direcciones zonales.
Claro, por eso los conocían como los dioses de la Arcom.
Pero, al final, todas esas decisiones han ido surtiendo efecto. Son duras, pero firmes y digamos que llevan a un objetivo. Entonces, si vemos todo lo que se ha hecho en minería desde fines del 2024 hasta ahora, se ve claramente un objetivo de sinceramiento de esta actividad, que la minería ilegal pierda cada vez más espacio.
-Por otro lado, volviendo a las plantas también hay muchas de estas facilidades que procesan minerales de explotación delictiva en Camilo Ponce Enríquez, donde la minería ilegal afecta a empresas legales abriendo bocaminas en sus concesiones ¿Qué harán en estos casos?
Seguiremos los mismos procedimientos que en Portovelo, que es un plan piloto, al igual que Napo. Estamos midiendo las reacciones y acciones de quienes han sido afectados para saber lo que debemos ajustar en cada institución. Napo no debería de tener nada de minería aluvial, nada, porque es prohibido hacer minería al lado del río. Si todo sale bien en Napo debemos llevar la intervención a cierta zona de Zamora Chinchipe, hacia el sur, en la frontera con Perú.
¿Esa es una zona crítica?
Así es, hay que tener mucho cuidado, porque ahí todavía hay minería artesanal, con el antecedente de Nambija,, con miles de personas dedicadas a esas actividades.
También operan bandas delictivas de Ecuador y Perú, que están enfrentadas o pueden ser aliadas.
Sí, exacto. Entonces hay que atacar hacia abajo estas actividades, hacer que la gente reaccione y diga no puedo seguir haciendo eso no puedo seguir llevándome el dinero del estado sin pagar, sin que existan unas consecuencias. De hecho el proyecto de nueva ley de minería está tratando de que el minero artesanal pueda migrar a ser un pequeño minero, que tenga la aspiración de ser pequeño minero porque no puedo quedarme con el pequeño minero durante 15 años de su concesión. Esta a flor, porque el impacto de miles es desastroso. Necesitamos que tengan la gana de crecer que nosotros podemos ayudar con capacitación, con apoyo. Que aspiren a formalizarse para poder crecer y hay que obviamente ser cuidadosos con el tema ambienta.
¿Y cómo están enfrentando el problema de los recursos para financiar todas estas operaciones, cómo van a hacer para enfrentar todo esto. Habían anunciado que la tasa minera se emplearía para combatir la minería ilegal. Se está pagando la tasa minera, como esperaban?
Se ha pagado no lo que quisiéramos pero hay que tener presente que que los pequeños en minería pagan una vez al año y deben pagarlo ahora o sea debe cubrir lo del año pasado, lo debe cancelar en este en este mes que pasó. Luego las empresas de gran minería no han pagado. Han hecho algo que nos parecía correcto que han estado acumulando hectáreas y como la tasa de minera es por hectáreas y ellos no han hecho las inversiones, lo que hacen es dejarlas fuera de sus proyectos iniciales. Nos han pedido redefinir los acuerdos, reducir las hectáreas de sus concesiones que pasan al Estado, para poder operar en donde realmente tienen capacidad. Entonces ese es un sinceramiento positivo porque me da la oportunidad de que se regresen al Estado y que yo pueda o concesionarlas o reservarlas. Pero esto no ha sido el éxito que hayamos querido porque esperábamos 120 millones anuales pero todo lo que hemos hecho es para demostrarle justamente a la minería mediana, a la grande y a la pequeña que esto va en serio y que aunque no hayamos tenido el éxito esperado en la tasa de minería, nosotros seguimos adelante.