Esta alianza periodística reconstruyó, con base en fuentes oficiales, tanto en España como en Ecuador, la ruta del trámite fallido. Errores de proceso en Ecuador, que tuvo dos momentos claves, condujeron a la liberación del temido líder de Los Tiguerones, William Joffre Alcívar Bautista, comandante Willy. El presidente Daniel Noboa se enteró del fiasco, en medio de sus vacaciones. El Gobierno, aunque no lo ha reconocido, investiga quién o quiénes fueron los responsables en tres entidades responsables del manejo de esta caso: Corte Nacional de Justicia, Ministerio del Interior y la Cancillería. La liberación desnuda las fallas de coordinación entre instituciones y la ausencia de una autoridad encargada directamente del seguimiento y la cooperación interinstitucional con España y otros países europeos en casos de gran importancia.
Alianza Código Vidrio – Vistazo
Extraditar a un requerido por la justicia no es tan simple, es un proceso complejo y sensible. Cuando Ecuador pidió a España la extradición del líder de Los Tiguerones, quien fue detenido la tercera semana de octubre de 2024 en ese país, arrancó un trámite que debía cumplir varios requisitos, que siguen estándares del derecho internacional y concretamente de la Unión Europea. El 29 de diciembre de 2025, la justicia española dictaminó que la parte requiriente ecuatoriana no cumplió todos los pasos, como se había solicitado. El resultado, que cayó como una bomba para el régimen, fue la liberación del William Joffre Alcívar Bautista, comandante Willy. Su captura había sido difundida un año antes por el gobierno como un logro sin precedentes, producto de la coordinación entre las policías de ambos países.
Esta alianza reconstruyó la ruta de este trámite fallido. Para esto, se basó en fuentes oficiales, tanto en España como en Ecuador.
Estos son los hallazgos más significativos que aclaran cómo se desarrollaron los acontecimientos.
La Audiencia Nacional (poder judicial español) hizo dos solicitudes concretas al gobierno ecuatoriano en junio y septiembre de 2025. En junio, el juez español que tramitaba el proceso de extradición pidió que Ecuador enviara las garantías de que, una vez en Ecuador, Alcívar estaría seguro, sin que su vida corriera ningún peligro, en concordancia con la legislación española, que sigue estándares europeos.
La tercera semana de septiembre de 2025, la justicia española reiteró al Estado ecuatoriano el pedido de garantizar la vida e integridad de Alcívar Bautista, ante la crisis penitenciaria e institucional, que estaba fuera de control por las constantes matanzas en varios presidios.
Al formalizar esta petición estableció un plazo fatal. Tres meses a partir de esa solicitud, ante la falta de respuestas, el detenido quedaría en libertad.
Eso fue lo que efectivamente sucedió, coincidieron fuentes en ambos países, entrevistados por esta alianza. La versión oficial de Cancillería y del Ministerio del Interior ecuatorianos sobre el alegado incumplimiento de la entrega de los informes fue solicitada para elaborar este informe. Al cierre de esta entrega, ninguna de las dos instituciones respondió.
En un comunicado oficial, la Cancillería había indicado que sí cumplió el envío de garantías solicitadas, en junio, y la ampliación requerida en agosto y notificada en septiembre. Este medio pidió precisamente que esa entidad confirmé la fecha del segundo remitido y el detalle de la contestación, sin tener aún una respuesta.
Cuando se conoció la decisión de que la justicia de España había resuelto liberar a Alcívar, el primero en reaccionar de manera furibunda fue el ministro del Interior, John Reimberg. Dijo que Ecuador sí presentó el 12 de junio del 2025 las garantías por parte de Ecuador a España, al igual que la Corte Nacional de Ecuador. Agregó que que el abogado de Alcívar, un chileno nacionalizado español, “estaba dando largas para que se entreguen garantías a este delincuente”. Además expresó que la autoridad judicial de España ha decidido dejar libre a un terrorista. “Eso debería elevar la preocupación entre los ciudadanos que viven en España”, subrayó, al tiempo de anunciar que enviaría una nota de queja a las autoridades españolas.
Así se desarrollaron los hechos más relevantes en el tiempo
Octubre 23, 2024: William Alcívar fue detenido en Tarragona, Cataluña, durante un operativo que fue el resultado de labores de inteligencia españolas. Las autoridades ecuatorianas reivindicaron la acción como conjunta.
Ese mismo día, la entonces ministra del Interior, Mónica Palencia, se salvó de ser censurada y destituida por el correísmo en el Legislativo. Se requerían 92 votos y se consiguieron 77. Fuentes consultadas por esta alianza coinciden en que la noticia de la captura de los hermanos Alcívar fue el golpe mediático que contribuyó para salvar a Palencia de la censura legislativa durante esa jornada.
Las autoridades ecuatorianas iniciaron el pedido para una extradición activa. En ese trámite, Ecuador cumple con lo previsto en la Ley de Extradición, vigente desde el año 2000.
El artículo 30 de la ley contempla que en procesos con orden vigente de prisión preventiva o sentencia en contra de un prófugo, el juez competente debe solicitar la notificación roja a INTERPOL Cuando la persona ha sido ya ubicada en el extranjero, se eleva la petición ante la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, CNJ.
Con esos documentos judiciales, la solicitud formal de extradición se presenta ante las autoridades del Estado requerido, solicitando la entrega del ciudadano, con todos los documentos de respaldo.
Tras su detención, Alcívar Bautista requirió los servicios legales de uno de los abogados más prestigiosos en España, quien participó activamente siguiendo el debido proceso.
Se trata de Gonzalo Boye Tuset, jurista de alto perfil mediático. Nació en Chile en 1965 pero se radicó en España a partir de 1987. Fue simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fuentes en ese país dan cuenta que fue detenido en 1992. La Audiencia Nacional lo condenó a 14 años, por un secuestro atribuido a ETA. En prisión estudió Derecho y para 2002 salió en libertad. Concedió una entrevista a la universidad que lo tituló como abogado. En ella, afirma que nunca ha negado lo ocurrido; estudió derecho mientras estaba preso. Su trayectoria como jurista ha generado revuelo por los casos que patrocinó.
Se vinculó al equipo de defensores de Carles Puigdemont, acusado de sedición en un intento por lograr la independencia de Cataluña.
Fue abogado en la causas particular de una mujer chilena que perdió a su marido en la explosión ocurrida el 11 de marzo de 2004, en la estación de tren de Atocha, Madrid. En el atentado murieron cerca de 200 personas y otras 1.900 resultaron heridas.
Mayo 2025: La justicia española advirtió que accedería al pedido de extradición, pero establecía que el Estado ecuatoriano debía garantizar que la vida y la integridad del ciudadano requerido no correrían peligro si se concretaba el traslado. Este argumento de indefensión elaborado por el potente equipo de defensores contratado por el comandante Willy.
Junio 2, 2025: William Alcívar compareció ante la Audiencia Nacional. Para entonces, su defensa liderada por Boye Tuset había insistido en el argumento de que su vida corría peligro, considerando que en Ecuador la crisis carcelaria no está superada.
Junio 12, 2025: Según el ministro del Interior, John Reimberg, en esta fecha la Corte Nacional de Justicia cumplió con el envío de las garantías requeridas que luego debían remitirse a través de la Cancillería.
Junio 23, 2025: Un juez de la Audiencia Nacional de España informó que se concedía la extradición, siempre y cuando el Estado ecuatoriano pudiera garantizar condiciones mínimas de seguridad para el detenido. Condicionó la entrega a que Ecuador cumpliera todas esas exigencias, en sintonía con recomendaciones de la Comisión Interamericana de DD.H.H. con la cual España tiene un acuerdo.
Agosto de 2025. La justicia española pidió que Ecuador enviara más garantías para proteger la integridad del líder de Los Tiguerones. Esto en vista de que los hechos violentos en las prisiones habían aumentado. Ese precisamente fue el argumento del abogado del comandante Willy, quien presentó una nueva solicitud ante el juez de la Audiencia Nacional que tramitaba el pedido de extradición. En ese documento detallaba que el riesgo para su cliente había aumentando por los homicidios ocurridos en varias cárceles, adjuntando noticias y fotografías de esos hechos. Ante este nuevo requerimiento, el juez elevó la petición a un tribunal de la sección penal de la Audiencia, para que delibere. La nueva solicitud partió de este tribunal y por tanto de un estamento jerárquico superior en la Audiencia.
Septiembre 22, 2025: El Ministerio de Exteriores de España (el equivalente a la Cancillería) notificó a la embajada de Ecuador en Madrid que fijaba un plazo de tres meses, para que la contraparte presentara más garantías sobre las condiciones carcelarias. Ese mismo día, 14 presos murieron y al menos 13 se fugaron de la cárcel de Machala, luego de una jornada que empezó con explosiones y disparos. Entre los muertos había un guardia penitenciario. Esta información debía ser recabada y proporcionada oportunamente por la Corte Nacional y el Ministerio del Interior ala Cancillería. Precisamente en estas tres entidades está el foco que investigan autoridades de inteligencia para establecer los niveles de responsabilidad y el cumplimiento de lo solicitado.
Diciembre 22, 2025: Venció el plazo de tres meses. Según la parte oficial española, no se recibió respuesta de sus homólogos ecuatorianos, a esta segunda petición originada en el tribunal. Las fuentes coinciden en que el sistema español es garantista de derechos. En este contexto, cumple con acuerdos de la Unión Europea y de la CIDH. Estos protocolos obligan a garantizar la protección de la integridad del extraditado, antes de concretarla.
Diciembre 29, 2025: La autoridad española emitió un auto notificando y motivando la decisión de liberar a Alcívar. Entre los argumentos se menciona que la detención provisional empezó en octubre de 2024.
Enero 04, 2026: El presidente Daniel Noboa se enteró de la liberación en medio de sus vacaciones y pidió que se esclarezca si hubo un error y quién o quienes lo cometieron. Las siguientes horas y días las autoridades ecuatorianas se comunicaron con sus contrapartes españolas para averiguar lo ocurrido en detalle y buscar que se retome la recaptura de Willy, aunque la decisión, según recalcaron autoridades españolas no dependía del gobierno sino del poder judicial.
Enero 08, 2026: Se hizo pública la noticia de la liberación. En Ecuador las instituciones empezaron a lanzarase la pelota, respecto a las responsabilidades y omisiones. Y el dedo acusador se dirigió a España.
¿Quién es el comandante Willy?
Era guía penitenciario. En 2019, cuando prestaba sus servicios en la Penitenciaría de Guayaquil, William Joffre Alcívar Bautista ayudó a la fuga de su hermano, Luis Ernesto, sentenciado por asesinato, y de otros presos.
Con sus hermanos creó la estructura delictiva que se constituyó en el grupo Los Tiguerones, cuyo bastión es la provincia de Esmeraldas.
Fue procesado por asesinato, pero mediante estratagemas jurídicas obtuvo su libertad en 2018. A España habría viajado poco después de la pandemia, con documentos falsos que acreditaban su identidad como ciudadano colombiano.
Con él vivía su hermano Álex Iván, conocido como Ronco, el segundo al mando en esa organización. Desde el exterior Willy habría sido el cerebro detrás de la toma violenta del canal TC Televisión en enero de 2024. Para expertos, éste habría sido un hecho violento para posicionar su marca violenta en el mundo delictivo.
En agosto de 2024 su padre fue sentenciado a cinco años por delincuencia organizada. A partir de entonces se intensificó la búsqueda de los hermanos Alcívar Bautista.
En Cataluña él y su hermano mantenían negocios de limpieza, encomiendas y transporte, pero se trasladaban en autos de alta gama. Esto intrigó a las autoridades españolas.
En un chalet de Segur de Calafell, municipio de la provincia de Tarragona, vivían con otras seis personas, incluyendo una mujer y una niña. Éste es un lugar reconocido por sus playas y recomendado para el turismo familiar. Esta urbanización privada, constituida hace 70 años, fue concebida como un refugio de casas bajas junto al mediterráneo. En esta zona, el alquiler de una vivienda tiene un valor mensual superior a 1.900 euros.
“Vivía como príncipe”, según la Policía. La última semana de octubre de 2024 ambos fueron detenidos en un operativo conjunto de las policías de los dos países. Autos de lujo se encontraban entre sus pertenencias.