Tras sentenciar al narco serbio Jezdimir Srdan por lavado de activos, el juez anticorrupción Carlos Serrano quedó indefenso. Las siguientes semanas vivió un infierno, entre presiones de dos autoridades de la judicatura, amenazas y riesgos inminentes contra su vida ignorados por las autoridades. Antes de la resolución del proceso, el entonces director de la Judicatura, Henry Gaibor, no solo se habría reunido con Serrano, para presionarlo, sino con la jueza Gabriela Lara, que finalmente se pronunció por la inocencia del serbio. Al escalar el riesgo, Serrano redobló sus medidas personales de seguridad: salía de su departamento encapuchado, ocultando el rostro. A escondidas sin el usual acompañamiento de dos policías. Serrano dio hoy viernes 6 de febrero su testimonio dentro del juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ratificó que Godoy supo que el riesgo de su seguridad aumentó y sin embargo no activó ningún protocolo para protegerlo. Nota actualizada este 6 de febrero de 2026.
Por alianza Código Vidrio – Revista Vistazo
La pesadilla del juez anticorrupción Carlos Serrano empezó ese día, el 20 de noviembre de 2025. Junto con el juez Christian Fierro sentenció a diez años de prisión por lavado de dinero al serbio Jezdimir Srdan. La tercera jueza del tribunal, Gabriela Lara, estuvo en desacuerdo. Salvó su voto y creyó en la inocencia del extranjero, quien en 2014 ya fue sentenciado a 17 años de prisión por narcotráfico, pero no cumplió la sentencia. Fue liberado en 2018 al lograr una rebaja ilegal de su pena, presionando al juez de la causa, quien luego fue enjuiciado y destituido. El extranjero es requerido en extradición por Austria que lo acusa de asesinato. Según la Fiscalía ha enviado más de 9 toneladas de cocaína a Alemania, donde es considerado uno de los capos de más alto valor.
Hoy ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Serrano corroboró y detalló la forma en que perdió la seguridad por decisión de la Policía y con pleno conocimiento y aval del Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, que enfrenta un juicio político por su papel en este caso. Esto en medio de un sinnúmero de hechos que evidenciaban que el riesgo contra su vida había aumentado tras sentenciar a Srdan, según informes de Inteligencia de la propia Policía.
¿Quiénes dejaron desprotegido a Serrano?
Tras condenar al serbio, con el paso de los días, la situación de Serrano cobró otra dimensión, mucho más arriesgada. Una semana después, el 27 de noviembre recibió el Acta de Análisis de Riesgo Personal, firmada por la capitán Verónica Villalba, jefa de apoyo de la Unidad de Protección (UNPRO) de la Policía. En ese reporte la oficial le informó a Serrano que “No era procedente continuar otorgándole el servicio de seguridad personal”. Incluso, el informe que comunicaba la decisión de dejarlo sin protección fue avalado por el Comandante de la Policía, general Pablo Dávila, según consta en los partes policiales que revisó esta alianza.
“Sin embargo, como medida preventiva para garantizar su seguridad -destaca la capitán Villalba- la unidad de policía comunitaria más cercana a su domicilio le brindará el servicio de patrullaje preventivo en los exteriores de su residencia”.
La decisión dejó perplejo al juez. Según esa misma Acta, que es parte de un protocolo de protección para los jueces, su riesgo había aumentado del 36 al 38 por ciento.
En septiembre de 2024, Serrano tenía un perfil de riesgo medio de 36 puntos. Entonces la Unidad de Protección le notificó que por ese este resultado le asignaba dos servidores policiales para su cápsula de seguridad inmediata.
El análisis de riesgo tiene una vigencia de un año. En septiembre de 2025 Serrano realizó la petición para actualizarlo. La actualización se emitió un mes después, en noviembre.
¿Por qué aumentó el peligro? Para entonces el juez también había recibido dos intimidaciones, por lo cual la Fiscalía abrió investigaciones previas.
El seis de noviembre, hacia las 18:30, un mayor de la Policía neutralizó tres cargas explosivas con cilindros de gas licuado de petróleo GLP, colocados en un auto estacionado en la parte posterior del Complejo Judicial Norte, a pocos metros de la oficina donde trabajaba Serrano.
Seis días de zozobra
La disposición de retirarle su cápsula de seguridad se concretó el martes 2 de diciembre. Desde ese día, Serrano se quedó solo, abandonado a su suerte, con la amenaza del narco serbio a cuestas.
El jueves 20 de noviembre, cuando el serbio escuchó su condena de 10 años de cárcel por lavar 11 millones de dólares en Ecuador, como fruto del narcotráfico, montó en cólera. Frente a las cámaras que transmitían la audiencia telemática, en vivo, no pudo ocultar su rabia: puso su dedo índice en la garganta y luego lo deslizó horizontalmente sobre el cuello, simulando un corte letal.
Un agente de la Policía, que junto al resto de asistentes presenció la reacción del extranjero, tomó fotografías de sus gestos y elaboró un parte informativo que envió el día siguiente -el 21 de noviembre- a la Dirección General de Inteligencia de la Policía, alertando que la señal era inequívoca de una amenaza de muerte para los jueces, por lo cual su seguridad debía ser reforzada.
El parte fue elaborado por el policía Carlos Ponce, encargado de la seguridad de Serrano, a quien acompañaba como su sombra junto a otro agente, por más de un año.
Las amenazas fueron conocidas por las autoridades de la Judicatura y de la Policía. Incluso el ministro del Interior, John Reimberg, después de que la noticia se difundiera por todos los medios de comunicación, reaccionó. Al justificar la decisión dijo a la prensa que a Serrano le habían quitado sus custodios porque su riesgo había disminuido.
Al verse totalmente desprotegido, el 3 de diciembre Serrano envió un oficio urgente, de cuatro páginas, dirigido al entonces director administrativo provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, para que le asignaran nuevamente resguardo policial y se le permitiera despachar en teletrabajo. Ese documento incluye todas las pruebas de la escalada del peligro registradas por la Policía.
No obstante, Gaibor, no respondió la solicitud de Serrano, que envió copias del documento al resto de los vocales Mario Godoy, Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara.
Luego de agotar todas esas instancias y levantar alertas constantes, el 4 de diciembre Serrano presentó su renuncia. Su pedido no ha tenido respuesta hasta el primer lunes de enero. Las autoridades de la Judicatura no le aceptaron la dimisión argumentando que el 24 de diciembre el juez debía participar en la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, aunque el juez no tenía ningún conocimiento de ese proceso, en el que está implicado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Esa diligencia estaba fijada para el 21 de enero, pero el juez ponente del tribunal, Jorge Sánchez, sorpresivamente decidió adelantarla.
La decisión de la Judicatura significó la suspensión de las vacaciones que Serrano había solicitado previamente, para salir desde el 24 de diciembre y ponerse a buen recaudo.
El CJ también le negó la renuncia argumentando que las sentencias en las que hubiera participado Serrano quedarían sin validez, si él dejaba el cargo.Pero ese razonamiento al parecer no tiene piso legal. La Corte Nacional de Justicia, en la resolución 18-2017, sí contempla esa posibilidad. Estableció el camino a seguir cuando uno de los jueces de tribunal se ausente temporal o definitivamente, una vez emitida la sentencia oral, y antes de que el pronunciamiento se registre por escrito.
Fiscalía investiga reuniones con otros jueces
Pero Serrano, sin sospecharlo, había entrado en un campo minado, semanas antes de la amenaza, cuando el caso de lavado de activos del serbio llegó para su deliberación a su tribunal, luego de que el juez de primer nivel Vicente Hidalgo lo había llamado a juicio. El 13 de octubre había terminado la diligencia de revisión del proceso y los jueces empezaron la etapa de deliberación.
Serrano llegó al cargo en la unidad especial anticorrupción, que tiene 23 integrantes y fue creada en 2022, luego de un concurso escrutado por la Academia y la sociedad civil, organizado por la Judicatura. Fue el segundo mejor puntuado en la selección de ese cuerpo élite de juzgadores. A sus 35 años, Serrano proviene de una familia con larga tradición en el ejercicio del derecho en Cuenca; su abuelo y su padre fueron jueces durante muchos años. Ellos fueron su inspiración para escoger la función judicial como su derrotero. Tiene un PhD en la Universidad Carlos III de Madrid. Ejerce además la docencia.
A mediados de diciembre pasado se hizo público un audio que Serrano había grabado en una reunión que tuvo el 10 de noviembre pasado, en la oficina del director provincial administrativo del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor. El funcionario lo había convocado para conversar sobre sus preocupaciones en el caso del serbio, algo inusual para las tareas de Gaibor, quien estaba a cargo de resolver temas administrativos y no jurisdiccionales. En esa grabación Gaibor le pidió al juez que pusiera más atención a la defensa del narcotraficante, pero desde el inicio Serrano se negó a conversar sobre el juicio o la estructura criminal.
Brazo derecho de Godoy
Gaibor fue nombrado director provincial del CJ en agosto de 2024 por el pleno presidido por Mario Godoy, quien asumió el puesto un mes antes. Cuando las presiones de Gaibor trascendieron, también se conoció que la esposa de Godoy, Dolores Vintimillla, fue abogada del serbio Jedzimir en la primera etapa del proceso de lavado de activos, antes de que le formularan cargos. Ella aceptó que hasta el 25 de noviembre fue notificada a su correo electrónico de los trámites del caso, por un error del sistema. Y aseguró que no ha mantenido contacto alguno con las personas dentro del proceso, incluyendo los abogados del serbio del estudio Chimbo Moreno. Entre sus clientes, la esposa de Godoy defendió a varios acusados de narcotráfico, incluido el capo Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que fue extraditado a Estados Unidos.
El primer viernes de enero, Godoy, su esposa Dolores Vintimilla y cuatro consejeros del Consejo de Participación fueron denunciados en la Fiscalía acusados de presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.
Gaibor también se habría reunido con la jueza Lara
Según fuentes de la Judicatura, Gaibor, quien fue destituido del cargo, contaba con toda la confianza de Godoy y actuaba con absoluta libertad, más allá de sus funciones administrativas.
Una de las reuniones la habría mantenido con la jueza Gabriela Lara y Serrano, del mismo tribunal junto con Serrano. Fiscalía investiga esos hechos. Pese a las abundantes evidencias presentadas por la Fiscalía, que contó con la colaboración de autoridades europeas para probar el lavado contra el serbio, Lara se pronunció a favor de su inocencia. No es la primera vez que sus actuaciones judiciales están en entredicho. Desde enero del año pasado, Lara enfrenta una investigación por supuesta delincuencia organizada y tráfico de influencias, al intentar supuestamente liberar a los hijos del cabecilla de los Comandos de la Frontera, Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, quien acaba de ser extraditado a Ecuador desde Emiratos Árabes, la semana anterior. Hoy lunes 5 de enero será vinculado por la Fiscalía en un proceso de presunto lavado de activos.
Por este caso, Lara fue suspendida, junto con sus colegas Jairo Mosquera y Christian Quito, durante tres meses, entre junio y septiembre pasado, cuando fue restituida al cargo, pese a que la investigación en su contra, en el denominado caso Pantalla, sigue.
La Fiscalía también indaga la posible participación de la coordinadora de la unidad de jueces anticorrupción, Sofía Carrillo. Ella habría sido la primera intermediaria de Gaibor para persuadir, sin éxito, al juez Serrano, desde el 6 de noviembre. Eso consta en audios que están bajo pericia fiscal.
Esta alianza periodística contactó la semana pasada a la jueza Lara a su número celular, para consultarle sobre la presunta reunión con Gaibor y conocer sus argumentos para exculpar al serbio, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Serrano abandonó el país el 15 de diciembre
Serrano rindió su versión vía telemática desde el exterior en 24 de diciembre. Henry Gaibor también fue convocado a declarar pero no acudió. Sí se presentó Felipe Rodríguez, abogado del juez Serrano, quien en diciembre pasado hizo público parte del caso en su columna de opinión en el medio Primicias.
Fuentes del entorno de Serrano relataron a esta alianza que durante dos semanas vivió un infierno, entre presiones, amenazas y riesgos inminentes contra su vida.
Tras sentenciar al serbio, su vida cotidiana se trastocó. Para ir a su oficina, en el complejo judicial norte de Quito, Serrano redobló sus medidas de seguridad: salía de su departamento encapuchado, ocultando el rostro. A escondidas, como si fuera un delincuente. Siempre tomaba Uber.
Nunca lo hacía a la misma hora, cambiaba constantemente de horarios, sin permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Iniciaba y terminaba sus jornadas laborales a diferentes horas. En los edificios o lugares a los que ingresaba, el juez cuencano buscaba las puertas de escape, en lugar de las entradas principales, que evitaba a toda costa. Era cuestión de vida o muerte.
Al verse acorralado sin salidas posibles ni apoyo institucional empezó a aplicar su propio protocolo de seguridad y decidió abandonar el país lo antes posible. Según pudimos corroborar entre sus allegados, viajó al exterior el 15 de diciembre y hoy se mantiene clandestino.
Sus familiares y amigos dicen que decidió dejar la función judicial, no regresar al Ecuador, al menos mientras algunos funcionarios de la Judicatura y el poder judicial actúen impunemente a favor del crimen organizado o del poder político.
El caso del juez Carlos Serrano no solo expone la vulnerabilidad de los jueces anticorrupción sino de todo el sistema judicial, permeado por operadores de mafias locales y transnacionales.