La minería ilegal avanza incontenible, como un incendio en pajonal, en la frontera entre Ecuador y Perú. Detrás de esta actividad operan policías, redes familiares y empresas formales que, con el apoyo de mineros provenientes de Ecuador, han tejido una red intrincada dedicada a la explotación indiscriminada de oro. La Fiscalía peruana investiga a 22 personas por el presunto delito de minería ilegal en esta provincia, en la frontera de Cajamarca con Ecuador. Composición: OjoPúblico / Fiorella Gallardo.
Por Aaron Worz.
Con la colaboración de Arturo Torres (Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico-Ecuador) y Jorge Clavijo (Red Investigativa Regional de OjoPúblico en La Libertad)
Eduar Aderli Sánchez Chanta, de 28 años, muestra en sus redes sociales una vida de lujo: autos de alta gama, hoteles elegantes y botellas de ron costosas. Pero detrás de esas imágenes de éxito se oculta una historia que la justicia empieza a mirar con atención.
El 21 de setiembre, su pareja publicó en Facebook una fotografía tomada en la oficina de Sánchez: sobre el escritorio, dos girasoles yacían junto a cuatro billetes de cien dólares y granos de oro. Apenas cuatro días antes, el 17 de setiembre, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio encargó a la comisaría local de la policía –a través de un oficio al que accedió OjoPúblico– que investigara a él y a otras 21 personas por presunta minería ilegal.
Según fuentes policiales y locales consultadas por este medio, Sánchez Chanta forma parte de una familia que, desde la pandemia, ha acumulado una fortuna extrayendo oro de los ríos del distrito de Namballe, en la provincia de San Ignacio en el departamento fronterizo de Cajamarca.
En Namballe —distrito fronterizo con la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe— la minería ilegal ha crecido sin pausa en los últimos cinco años. Cada vez más pobladores se dedican a esta actividad: redes familiares, empresarios ecuatorianos, policías e incluso una empresa con sede en Trujillo.
Una familia con funciones repartidas
En sus redes sociales, Eduar –conocido en San Ignacio como “Flaco”– aparece sonriente junto a su torta de cumpleaños decorada con retroexcavadoras de mazapán, pero también figura en videos de enfrentamientos entre mineros informales. El 13 de noviembre de 2024, durante un operativo policial en el puerto La Balsa, el “Flaco” interrumpió a los agentes que intentaban mediar en un choque entre mineros. “¿Ustedes vienen a proteger? ¿Pero qué hacen allá?”, les increpó mientras señalaba hacia el lado ecuatoriano.
Su hermano mayor, Cristian Gianmarco, también ha ganado notoriedad. El 9 de setiembre celebró su cumpleaños 30 en Namballe con fuegos artificiales que proyectaban su nombre y una presentación ecuestre. Desde ese mes, la FEMA de San Ignacio lo investiga por presunta minería ilegal.
Cristian Gianmarco figura como titular de dos concesiones mineras en Namballe que abarcan más de 1.500 hectáreas y llegan hasta la frontera con Ecuador, a orillas del río Canchis. En agosto, OjoPúblico constató la presencia de excavadoras operando en el cauce.
La tercera figura de la red familiar es Francisco Romero Chanta, tío de ambos, también es investigado por presunta minería ilegal. Hasta el 7 de noviembre de 2023 figuraba como “minero en vías de formalización” en el registro integral de formalización minera (Reinfo), pero su registro fue suspendido.
El negocio del oro nunca había sido tan rentable: el 9 de octubre de 2025, su precio superó por primera vez los USD 4.000 por onza, el nivel más alto de su historia. Desde enero, el valor del metal ha subido más de 50%, según Refinitiv Eikon.
EL 9 DE OCTUBRE DE 2025, EL PRECIO DEL ORO SUPERÓ POR PRIMERA VEZ LOS 4.000 DÓLARES
POR ONZA, EL NIVEL MÁS ALTO DE SU HISTORIA
De acuerdo con Luis Fernández, director ejecutivo del Centro de Innovación Científica Amazónica de la Universidad de Wake Forest, cada alza del precio del oro desata una cadena de impactos en la Amazonía: expansión minera, deforestación, contaminación por mercurio y ríos saturados de desechos químicos. Todo esto fortalece redes criminales que prosperan entre la corrupción y la falta de control estatal, en Perú y Ecuador.
El asesor ecuatoriano
El ecuatoriano José Germán López Sivisaca (48), conocido como “Pepe Mina”, se ha convertido en una de las figuras clave en la expansión de la minería ilegal a ambos lados de la frontera.
Documentos policiales –a los que OjoPúblico tuvo acceso– lo señalan como presunto financista de operaciones en la zona de El Tambo (Amazonas), y su nombre ya había aparecido en 2019 en un informe sobre minería ilegal en la Cordillera del Cóndor, en Amazonas.
“Se presentó en San Ignacio como un político, convenciendo con argumentos y pasión a la población para involucrarse en la minería ilegal”, contó un residente.
Aunque no figura entre los 22 investigados por la FEMA, fuentes fiscales confirmaron que está investigado por presunta minería ilegal en San Ignacio desde 2023. También tiene un juicio de alimentos y un proceso de quiebra en Ecuador, aún en trámite.
De acuerdo con un oficio de las rondas campesinas de Namballe, enviado en julio de 2023 al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a la entonces fiscalía ambiental de Chiclayo, “Pepe Mina” también habría trabajado junto a Pepe Jilmer Alberca Amari, otro de los 22 investigados por el presunto delito de minería ilegal.
Alberca Amari figura como gerente de la empresa Namballe Ecológica Mining S.A.C., constituida en 2022 y dada de baja de oficio ante la Sunat registrada el 29 de abril de 2024.
La empresa fue sancionada por ocupar sin autorización parte del cauce del río Chinchipe, en Namballe, con maquinaria pesada para realizar trabajos vinculados a la minería entre 2022 y 2023, según una resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a la que accedió OjoPúblico.
Durante una visita realizada el 26 de setiembre de 2023, la ANA constató la presencia de una retroexcavadora en el lecho del río y evidencias de intervenciones previas. La Autoridad Nacional del Agua calificó la falta como grave y le impuso una multa de S/10.246,50.
La minería ilegal en San Ignacio, Cajamarca, ha aumentado considerablemente tras la pandemia de Covid-19. En especial en los distritos de Namballe, San Ignacio y San José de Lourdes. Mineros ecuatorianos, según reportes de Inteligencia, son parte de estas actividades delictivas, mediante el contrabando de todo tipo de insumos, en especial de combustible.
Investigaciones contra policías
En la lista de los 22 investigados por la FEMA en San Ignacio por el presunto delito de minería ilegal figuran tres agentes de la policía: Limanor Herrera Maldonado, Yonatan Conde Adrianzén y Milton Aníbal Pereyra Díaz.
Una denuncia publicada en 2024 indica que el efectivo Pereyra Díaz fue investigado ese mismo año por un presunto delito contra la administración pública. La denuncia señala que habría realizado cobros irregulares a mineros informales en la provincia de San Ignacio.
Al igual que con la familia Sánchez Chanta, se manifiesta un vínculo familiar entre los presuntos mineros ilegales. En relación con el efectivo Conde Adrianzén, el nombre de su padre, Hipólito Conde Peña, aparece también en el oficio de la FEMA en San Ignacio.
En fotografías de fiestas compartidas por el investigado “Flaco” Sánchez Chanta, aparece otro efectivo de la Policía Nacional tomando cerveza y tragos: el comisario de Namballe, Braulio Marcial Cabrejos Julca, vestido de civil. Fuentes locales aseguran que ambos mantienen una relación de amistad.
Además, miembros de las rondas campesinas de San Ignacio informaron a este medio que Cabrejos Julca no asiste a las reuniones del Comité Distrital de Seguridad (Codisec), espacio en el que participan la policía, las rondas y la Municipalidad de San Ignacio.
Según fuentes fiscales, el comisario fue denunciado este año ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ignacio por concusión, pero el caso fue archivado.
OjoPúblico intentó comunicarse con Eduar Aderli Sánchez Chanta mediante mensajes y llamadas, pero no obtuvo respuesta.
Cristian Gianmarco Sánchez Chanta, Francisco Romero Chanta, Pepe Jilmer Alberca Amari, Hipólito Conde Peña, Yonatan Conde Adrianzén, Milton Aníbal Pereyra Díaz y Braulio Marcial Cabrejos Julca tampoco respondieron a mensajes enviados a través de sus redes sociales.
Una red de empresas
Según Marlon Cotrina Vílchez, ingeniero ambiental y coordinador de la pastoral ecológica del Vicariato de Jaén, en el norte de Cajamarca también operan empresas formales que gestionan permisos —entre ellos las concesiones mineras y la inscripción en el Reinfo—, lo que les permite mantener una apariencia de legalidad. Mientras a su alrededor, se teje una red de actores informales, señaló a este medio.
En las zonas donde operan no solo trabajan empleados con contrato formal, sino también pequeños mineros informales que extraen de los ríos mineral con contenido de oro. Ese material —obtenido de manera ilegal— “termina en manos de las mismas empresas para su procesamiento”, explicó Cotrina.
ALREDEDOR DE LAS EMPRESAS MINERAS EN EL NORTE DE CAJAMARCA SE HA TEJIDO UNA RED DE ACTORES INFORMALES, ASOCIADOS CON ECUATORIANOS POR AÑOS.
Esta misma dinámica, con ciertos matices, se replica en el lado ecuatoriano, donde operan redes co diferentes actores que se mueven cómodamente entre las economías ilegales y legales, que se funden y trabajan de la mano, añois.se retroalimentan y fortalecen, ante la ausencia de controles eficaces del estado, según un oficial de la Policía que dirige operativos contra la minería criminal.
El auge del precio del oro en el mercado internacional ha convertido al norte de Cajamarca, estrechamen te vinculado a provincias del sur de Ecuador, en un territorio fértil para la minería ilegal. Entre los principlae jugadores destacan familias locales que exhiben fortunas súbitas, empresarios ecuatorianos, que operan al margen de la ley, y empresas formales, cuyos gerentes figuran bajo investigación por presunta extracción irregular de oro..