Escalan las alertas sobre politización del concurso del Fiscal General

Observadores nacionales e internacionales ponen la lupa sobre el concurso para escoger al nuevo fiscal que acaba de empezar, en medio de dudas sobre su desenlace. El manejo de los tiempos del Consejo de Participación Ciudadana coincide con las decisiones e intereses del Gobierno, lo cual enciende alertas sobre la politización del proceso.   

Redacción Código Vidrio

Hace cuatro meses, Ecuador debía posesionar a su nuevo fiscal general. No pasó. El inicio del concurso se pospuso lo suficiente para que quedara en el limbo. Sobre todo, después de que el presidente Daniel Noboa puso en marcha la consulta popular, prevista para diciembre, que cambiará las reglas de juego de esa designación, pues propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

En estas circunstancias en muy complicado saber cuándo se concretará la designación del Fiscal, pues si la pregunta sobre el Consejo es aprobada, la designación estaría a cargo de la Asamblea, bajo otras reglas, incluso sin un concurso.

Hasta el momento, el CPCCS ha avanzado muy poco en este proceso. Aún no logra integrar la Comisión Ciudadana que estará a cargo del concurso ni conformar la veeduría.

En el primer caso, el equipo técnico lleva varias jornadas revisando los expedientes de los 69 postulantes para integrar la Comisión. En el segundo, las inscripciones para la veeduría se cerraron el 15 de agosto y hasta el cierre de esta publicación no había novedades.

El último avance ocurrió el pasado 20 de agosto. El CPCCS anunció que el Ejecutivo envió un oficio con los nombres de sus delegados para el concurso: David Eduardo Flores Brandt y María Belén Toca Mena. Ellos serán parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Aun no se conocen los delegados del IESS, SRI, Contraloría General, CNE, TCE, Consejo de la Judicatura, Servicio de Contratación Pública y UAFE.

Pero una de las demoras que más llama la atención de veedores nacionales e internacionales es el retraso del inicio del concurso para designar al reemplazo de Diana Salazar, quien en abril de este año cumplió su periodo de seis años. Ya en funciones prorrogadas, Salazar renunció a su cargo un mes más tarde y, desde entonces, Wilson Toainga quedó al mando de la institución.

En septiembre de 2024, el CPCCS aprobó el reglamento para el concurso, pero nueve meses después, decidió reformarlo. Según el Consejo, esto era necesario porque el reglamento original no era preciso en los temas técnicos y para mejorarlo, se recogieron observaciones de los gremios profesionales y de los consejeros. El organismo asegura que no hubo cambios que vulneren el ordenamiento jurídico o los principios del concurso.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que mantiene un seguimiento activo de este concurso, indica que esta demora es una primera alerta, pues debía realizarse el año pasado, para cumplir con los plazos previstos por la ley.

Difícilmente el concurso se concretará antes de cumplirse un año de las funciones prorrogadas de Toainga. “Creemos que hubo un cálculo político al respecto: es decir que el Consejo decidió esperar los resultados de las elecciones de este año para recién en este momento empezar el proceso de reemplazo”.

El titular del Consejo, Andrés Fantoni, descartó cualquier cercanía con el Ejecutivo y defendió la independencia de sus decisiones de cualquier injerencia política.

Aunque aún no se ha abierto la convocatoria para los candidatos a fiscal, ya se barajan nombres de los posibles postulantes. Uno de los primeros, que encendió las elertas sobre una posible operación política ajustada a los intereses del Ejecutivo, es el de José de la Gasca, quien renunció inesperandamente al cargo de ministro de Gobierno el mes pasado. “Renuncio al cargo, pero no a la causa ni a la lucha”, destacó en su carta de dimisión de la Gasca, en un tono grandilocuente, exaltando los logros y aciertos del Gobierno. En 2018 de la Gasca ya quiso ser fiscal general. Fue uno de los 14 postulantes del  concurso que ganó Diana Salazar. Obtuvo 65 sobre 100 puntos y quedó en penúltimo lugar. En declaraciones a la prensa dijo que sí podría postularse para el cargo.

Fiscales, con la camiseta del Gobierno

Legalmente no existe ningún impedimento para que una autoridad del Gobierno en funciones pueda postularse para ese cargo, explica Espinel. Eso permitió, por ejemplo, que Galo Chiriboga, en su momento, pase de exministro de Trabajo del entonces presidente Rafael Correa a fiscal general del Estado.

En otros países sí existe una prohibición. Pero, más allá de la legalidad, ¿es ético? “Puede que no sea ético, porque legal lo es. (…) Ecuador, lamentablemente sí tiene precedentes de esta desconexión sobre los intereses del Ejecutivo y la labor de la Fiscalía”, dice Espinel.

La manipulación política de los concursos es persistente desde la creación del CPCCS, en 1998, según María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ)  “Pese a que son, entre comillas, de méritos y oposición y se hace toda esa parafernalia de la carpeta, del examen, del examen oral… Finalmente hay un interés político, cada vez más fuerte”, destaca.

Eso se entiende porque el Consejo se encarga de designar altas autoridades con capacidad de decidir sobre temas de interés público muy alta, como contralor, fiscal general, superintendentes, defensor público y del pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y vocales del Consejo de la Judicatura.

Para Miño, en este concurso “hay cierto jugueteo” con los tiempos. Eso también pasa con el proceso en marcha del Consejo de la Judicatura, que tiene como consecuencia la no selección de la Corte Nacional de Justicia. “¿Por qué hay esa demora? -y esta es mi impresión-, se eligen tiempos jurídicos como oportunos. Se debía designar en abril pero no se hizo, para coincidir con la elección presidencial. El concurso de fiscal no se escapa de estas jugarretas tradicionales, para que los tiempos se ajusten quizás a posibles negociaciones políticas”, apunta. “Finalmente, estos cargos son un botín político: se ajustan para premiar a ciertas personas para poner a gente funcional. Se usa como una suerte de ficha de cambio”.

Con las reglas vigentes, el concurso no está diseñado para elegir al mejor postulante sino a cualquier persona, pues tiene características muy generales como ser abogado con 10 años de ejercicio. “Deberíamos estar buscando una persona excepcional, no hay filtros que estén direccionando hacia lo extraordinario. No hay salvaguardas para ir cirniendo a la población y eso tiene como resultado, un poco de cara a la manipulación, que cualquier persona pueda ir allá”, agregó Miño.

Ni el Gobierno ni el CPCCS responden

El concurso también es vigilado desde el exterior. A mediados de agosto estuvieron de visita en Quito los integrantes de la Misión Internacional de Observación sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia del Ecuador (MIO). Jaime Arellano, su secretario ejecutivo, dijo que el objetivo de la visita era mirar cómo se desarrolla el proceso, compararlo con la reglamentación interna ecuatoriana y con los estándares internacionales para seleccionar altas autoridades de justicia.

La Misión mantuvo reuniones  con colegios de Abogados, actores de la sociedad civil, de la academia, periodistas, del sistema de justicia, etc. en sus tres días en el país. No obstante, ni el Ejecutivo ni el CPCCS atendieron sus pedidos de una cita para tener conversaciones sobre el concurso de fiscal general. Aunque lo ideal habría sido un encuentro presencial, sus integrantes dijeron que insistirían para mantener un diálogo virtual hasta que pueda concretarse una reunión en su próxima visita.

En su primer manifiesto público, la MIO emitió algunas sugerencias. Una de las principales es que el concurso debe estar libre de injerencias políticas, económicas y fácticas y mostró también su preocupación por la demora en la ejecución del concurso. Arellano señala que ese ya es “un primer ripio en el concurso”. Sobre todo porque la fiscal Diana Salazar fue designada embajadora en Argentina por Daniel Noboa, cuando aún estaba en funciones.

Los observadores consideran primordial que el proceso sea transparente y público, incluso en el momento de rendir las pruebas, para que la gente pueda verificar dentro y fuera del país  que lo que se refleje en los resultados realmente ocurrió. Eso, si bien no es una garantía absoluta, puede permitir que se detecten eventuales conflictos de intereses que estén ocultos y que se noten en las calificaciones.

Eso ya ocurrió en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. “Uno de los motivos por los que también se anula el proceso es que se descubre que personas que ya habían pasado los primeros filtros, y supuestamente estaban habilitadas, tenían conflictos. No se supo porque el Consejo de la Judicatura no fue capaz de detectarlos”.

“Si esa información hubiese estado disponible para para la prensa y para las organizaciones de la sociedad civil, como ha ocurrido en otros países, se podría haber investigado”, resalta Arellano.

El concurso -dice- debe basarse en criterios técnicos, objetivos y de méritos, para garantizar la independencia que debe tener quien dirija la Fiscalía.

Además, la carpeta de los candidatos debe ser abierta para que las veedurías y grupos de observadores puedan verificar que no tengan conflictos con la justicia, no formen parte de partidos políticos ni tengan vínculos con el poder político, el Gobierno de turno o la Asamblea. “El punto clave es confirmar que lo que dicen los candidatos es verdad”, subraya Arellano.

Otro de los observadores que visitó el país es José Antonio Guevara.  Él estima que lo más importante es que el nuevo fiscal general sea intachable e incorruptible para poder acusar a las personas independientemente de su nivel económico, político o social. Debe tener independencia para investigar a cualquier individuo, de los sectores privado y público.

Guevara coincide en que no existe aún una respuesta clara de los actores clave en el proceso sobre el motivo del retraso del concurso. Esa es una preocupación latente en la Misión, aunque celebra que finalmente esté en marcha el concurso.

Guevara explica que ellos harán un seguimiento en línea y varias visitas al país, pero su trabajo no incluirá solo un informe final, como estilan la mayoría de veedurías internacionales. En este caso, emitirán informes preliminares y alertas urgentes, de ser necesarias, para que se pueda enderezar sobre la marcha.

A la Misión le preocupa el contexto en el que se desarrolla el concurso. Su visita ocurrió en una semana convulsa: el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha en contra de la Corte Constitucional. Han ocurrido eventos que evidencian la interferencia en el sistema judicial. En Ecuador y en cualquier otro país de la región, “la pelea por los actores políticos, por designar a la persona que va a encabezar las fiscalías generales es uno de los desafíos más grandes que se enfrenta porque todos los actores políticos quieren poner a la persona que les va de alguna manera a favorecer”.