¿Hasta dónde llega la independencia del Fiscal General? Una de las mayores debilidades es su subordinación económica al Gobierno, que le asigna el presupuesto para su funcionamiento. Otro aspecto que merma su independencia es el control disciplinario de los agentes fiscales, que está a cargo del Consejo de la Judicatura. Por eso, “la Fiscalía no es independiente ni autónoma”, según expertos consultados, que coinciden en que el Ejecutivo está moviendo sus alfiles para controlar la Judicatura, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Redacción Alianza Código Vidrio – Vistazo
No todo lo que brilla es oro. Pese a que el cargo del Fiscal General es considerado el de mayor peso en el poder judicial, la estructura legal y constitucional vigente es una camisa de fuerza que merma su independencia y autonomía y lo subordina al poder Ejecutivo, que tiene la última palabra en las asignaciones de su presupuesto.
La necesidad de fortalecer la independencia del Fiscal es oportuna, en vísperas de que empiece el proceso para escoger a quien dirigirá esa entidad los próximos seis años, y está previsto arrancar a fines de este año.
Desde 2008, tras la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Fiscalía volvió a ser parte de la Función Judicial, de acuerdo con el artículo 194. Aunque ahí se menciona que “funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera”, esa autonomía es solo declarativa.
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), considera que eso se queda solo en el papel. “La Fiscalía en este momento, lamentablemente, ni es independiente ni es autónoma. En el tema presupuestario, se convierte a la institución en un dependiente del Ejecutivo a tiempo completo”, apunta.
¿Por qué la Fiscalía debe mendigarle al Ejecutivo presupuesto cuando debería tener garantizado por ese principio de autonomía?, se pregunta Alarcón.
Por esa falta de autonomía económica actualmente Ecuador tiene 4,75 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras el estándar internacional recomienda que debería contar con, al menos, ocho por cada 100.000 habitantes. En total hay 887 fiscales operando.
Desde hace varios años, la Fiscalía enfrenta problemas de presupuesto que le impiden contratar nuevos funcionarios. Actualmente hay un déficit de 546 agentes, además de la necesidad de aumentar el personal administrativo y los puntos de atención, según datos oficiales.
En 2024 el presupuesto de la Fiscalía fue de $143 millones, menor al de años anteriores. Esto aumentó sustancialmente el represamiento de procesos judiciales, en el contexto de cada vez más detenciones por la oleada criminal que asola el país desde 2020. En la práctica, ése es un factor que favorece a la impunidad, perforando la lucha antidelictiva.
Sin control sobre sus subordinados
La falta de independencia de la entidad se refleja también en que su titular no tiene un real control sobre los funcionarios y fiscales de la integran, pues no tiene es facultad. Ésa es una responsabilidad del Consejo de la Judicatura.
Para la jurista Lorena Grillo, eso, más allá de un tema de jerarquías, es un error garrafal porque no permite que la institución tenga una línea clara de trabajo. Cada fiscal “hace lo que quiere”, pues disciplinariamente se debe a la Judicatura y, por otro lado, su designación no necesariamente depende de su conocimiento sino que está supeditada a los vaivenes políticos. “Para que para exista una Fiscalía totalmente funcional, -siempre y cuando se tenga un fiscal general confiable y en la línea de defensa del país, haciendo su trabajo como debe-, debería tener control sobre sus fiscales”.
Apéndice de los gobiernos de turno
La reforma de Montecristi también significó un giro en el mecanismo de designación del Fiscal General. Hasta 2008, el fiscal debía ser elegido por el Congreso entre los integrantes de una terna presentada por el Consejo de la Judicatura. La Constitución vigente delega esas funciones al CPCCS, que, bajo la fachada de un poder ciudadano, se volvió un apéndice del Ejecutivo, especialmente durante los gobiernos de Rafael Correa.
El Consejo de Participación debe organizar una comisión ciudadana de selección, el concurso público de oposición y méritos, la veeduría y permitir el derecho a la impugnación ciudadana. El concurso y las pruebas varían en cada ocasión y las dudas no faltan en cada convocatoria. Las cinco Funciones del Estado deben enviar su delegado, al igual que organizaciones sociales y ciudadanas. Una vez elegido quien obtenga el mayor puntaje, el CPCCS debe informar a la Asamblea Nacional para que lo posesione.
Cuando se creó, el gobierno de entonces publicitó la idea de que los ciudadanos serían gravitantes en la desiganción del fiscal y otras autoridades de control. Para la exfiscal Mariana Yépez, el CPCCS es una pseudo representación del poder ciudadano, porque en realidad tiene una participación de carácter político. Por ello cree que el Consejo debe desaparecer, una vez que se escoja al nuevo Fiscal.
“Los concursos ya están politizados”
El concurso para elegir al nuevo Fiscal General avanza con altibajos, en medio de dudas sobre su confiabilidad e independencia de injerencias políticas.
Fausto Murillo, abogado y expresidente del Consejo de la Judicatura, sostiene que los procesos de selección ya están viciados por la politización. “En el caso de los vocales para el nuevo periodo de 6 años en la Judicatura, han sido las fuentes políticas ( Asamblea y Ejecutivo) las que han demorado en el envío de las ternas, sin duda hubo cálculo electoral y político obviamente”.
Los mismo ocurre respecto al Fiscal, indica Murillo. “Es el CPCCS que al parecer respondiendo a una línea política viene dilatando el procedimiento de selección de la máxima autoridad de la FGE, no hay que olvidar que el período de la anterior autoridad concluyó en abril de este año y según lo han manifestado esta designación puede concretarse recién en febrero del 2026”.
Los hechos coinciden con esa interpretación. Recién el 16 de julio pasado se abrió la convocatoria para que los ciudadanos se postularan, entre el 18 y el 31 de julio, para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará de este proceso.
Luego, el concurso, cuyo reglamento fue aprobado en septiembre de 2024 y reformado en junio pasado, tendrá cuadro fases: convocatoria y postulación, admisibilidad y reconsideración, escrutinio público e impugnación ciudadana, calificación de méritos y recalificación.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, ha ofrecido celeridad y transparencia en las designaciones; no obstante la veeduría ciudadana de este proceso ha mostrado reparos, tanto por la reforma al reglamento de un concurso en marcha como por la falta de información con respecto de los avances, el cronograma y el presupuesto.
La preocupación principal sobre el concurso apunta al núcleo del CPCCS, que jugará un rol medular en la conformación del Consejo de la Judicatura, mientras las sospechas sobre la politización cobran cuerpo y apuntan al Gobierno como un actor gravitante para inclinar la balanza a su favor.
Las sospechas de una nueva metida de mano en la justicia se profundizaron tras la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, el 24 de junio pasado. Esta norma trajo un elemento sorpresivo: la declaratoria de emergencia en la justicia. Mario Godoy, actual presidente del CJ, dijo que el mes entrante se declarará esa emergencia, luego de haber realizado varios informes. Esto le permitirá anticipar evaluaciones a jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, acceder a un mayor presupuesto y hacer contratos bajo esta figura.
Godoy es nuevamente candidato para volver al Consejo de la Judicatura, y un seguro aspirante a presidirlo. El 24 de julio pasado, la Corte Nacional de Justicia remitió al CPCCS su terna para la designación del nuevo presidente del organismo. La lista era la última que faltaba para que el Consejo de Participación diera paso al proceso de designación de los vocales. Él encabeza la terna de la Corte y es señalado como un alfil del Ejecutivo. Ese puesto es clave, pues la Judicatura también designará a los nuevos miembros de la Corte.
La impugnación ciudadana puede romper el nudo gordiano
Para Murillo, hay una línea transversal que particularmente en estos dos procesos de selección, debe ser aprovechada rigurosamente y que puede marcar la diferencia entre una selección objetiva y una discrecional o arbitraria, con claros intereses políticos.
“Esa línea es la impugnación ciudadana”, resalta.
En las impugnaciones se evidenciarán, por ejemplo, los conflictos de intereses entre los postulantes y el poder: político, económico, gremial, o de cualquier otra índole, incluido el que tienen las mafias y la delincuencia organizada. Mostrará, según el exvocal de la Judicatura, si los postulantes tienen probidad notoria y están formados para dirigir nada más ni nada menos que el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la FJ; y, el órgano titular de la acción penal pública, en el marco de la tolerancia cultural a la corrupción y a la ilegalidad que ha superado a la cultura de la legalidad y la justicia.
El Observatorio de Control Ciudadano ha pedido la revocatoria de Fantoni, pues las demoras y repentinos movimientos en los concursos despiertan sospechas sobre su afinidad con el Ejecutivo. Y éste no sería primer caso pues desde su creación, el CPCCS ya ha enfrentado críticas similares. Tras la selección del nuevo CJ vendrá la designación del apetecido cargo de Fiscal general y ese concurso apenas empieza.
El presidente del CPCCS señaló que este Consejo “tiene proyección” y que para que no haya demoras en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que debe tener 10 integrantes, ya envió Quipux para que las cinco funciones del Estado manden a sus delegados. Agregó que para que no haya demoras de su parte y que cumplan con su deber, “habría que cambiar el mandato constitucional”.
Fantoni mencionó que las nuevas dilaciones en el concurso para el titular de la Fiscalía General obedecen a la reforma que se hizo al reglamento, por solicitud de los nuevos miembros del Consejo. Hasta fines de octubre, dijo, estaría conformada la comisión de selección, y luego de seis meses se podría contar ya con la nueva autoridad. Según el comisionado, si bien se designará al sucesor de Salazar y Toainga, con un año de retraso, este Consejo ha trabajado para nombrar, de forma ordenada, a 13 autoridades que llevaban años en funciones prorrogadas, entre ellas el Contralor General y varios superintendentes.
Un proceso de selección que requiere cambios
Luego de dos mecanismos de designación de consejeros fallidos y de cuestionados concursos para elegir autoridades nacionales gravitantes como contralor, fiscal, miembros del Consejo de la Judicatura, superintendentes, entre otros, todo apunta a que es necesario tomar un rumbo distinto en esta tarea.
Durante su mandato, el expresidente Guillermo Lasso convocó a un referéndum con la idea de enmendar la Constitución para eliminar el CPCCS y hacer cambios para que la Fiscalía trabaje de forma independiente de la Judicatura, cuente con personal especializado y recupere la confianza de la gente. Sin embargo, la consulta no tuvo apoyo en las urnas.
Las reformas para la designación del fiscal y otras autoridades, segun varios analistas, requieren de cambios constitucionales. Para Mauricio Alarcón es necesario “meter mano de forma muy firme” en ese tema y también en el Código Orgánico de la Función Judicial para que la autonomía de la institución sea real y para que su titular pueda evaluar al resto de fiscales y así la carrera fiscal tome forma y arroje buenos resultados.
Hoy los concursos son manipulables y basta revisar la historia para darse cuenta de que el país tuvo mejores fiscales cuando intervenían el Ejecutivo y el Legislativo en la selección de las ternas, había más transaparenca, agrega Alarcón. “Si se quisiera incluso mejorar el sistema de pesos y contrapesos, se podría utilizar una designación no solo de Ejecutivo y Legislativo sino incluso, para determinadas autoridades, contar con la intervención del Poder Judicial”.