- Los gobiernos de Ecuador y Perú mantienen contactos de alto nivel con el régimen de El Salvador para fortalecer sus sistemas carcelarios y políticas de seguridad. Siguiendo el ejemplo del mandatario estadounidense Donald Trump, las administraciones de los dos países latinoamericanos buscan concretar acuerdos para enviar peligrosos delincuentes a El Salvador.
- Tras una visita que en abril pasado hicieron a ese país los ministros del Interior, Jhon Reinberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, funcionarios ecuatorianos informaron a diplomáticos estadounidenses que estaban considerando un posible acuerdo para enviar a «criminales de alto valor» a El Salvador, según un cable de la embajada estadounidense revisado por The Washington Post.
- La dificultad que tiene el gobierno ecuatoriano para controlar las prisiones salió a la luz el viernes pasado, cuando se confirmó la fuga de la Penitenciaría del Litoral de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, uno de los líderes del grupo criminal Las Águilas.
Redacción Código Vidrio
El polémico sistema penitenciario de El Salvador está teniendo eco como un modelo a seguir en Ecuador y Perú.
En su edición de este lunes 23 de junio el diario estadounidense The Washington Post reveló que los gobiernos de ambos países están evaluando el envío de peligrosos detenidos a las cárceles del país centroamericano, gobernado por Nayib Bukele https://www.washingtonpost.com/world/2025/06/21/bukele-salvador-prisons-peru-ecuador/.
Esa decisión está siendo considerada por los dos regímenes después de que la administración de Donald Trump deportó a cientos de migrantes a El Salvador, donde medios y organismos de derechos humanos han denunciado sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Según el reportaje del Post, firmado por Samantha Schmidt, Sarah Blaskey y Arturo Torres (director de Código Vidrio), semanas después de los primeros vuelos de deportación de la administración Trump, en marzo pasado, funcionarios ecuatorianos, encabezados por el ministro del Interior John Remberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, viajaron a El Salvador para reunirse con la administración del presidente Nayib Bukele y conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel del país, conocida como CECOT.
Días después de esa visita, que empezó el 29 de abril, funcionarios ecuatorianos informaron a diplomáticos estadounidenses que estaban considerando un posible acuerdo para enviar a «criminales de alto valor» a El Salvador, según un cable de la embajada estadounidense revisado por The Washington Post, para demostrar que «Ecuador se toma en serio el castigo de los criminales».
Funcionarios peruanos -agrega la nota del Post- afirman que ellos también están discutiendo la posibilidad de un acuerdo para enviar detenidos a cárceles salvadoreñas.
El ministro de Justicia, Juan Alcántara, declaró en una conferencia de prensa que se encontraba en conversaciones preliminares con funcionarios salvadoreños sobre el traslado de extranjeros encarcelados en Perú, vinculados a grupos criminales transnacionales para aliviar la sobrepoblación carcelaria.
Estas conversaciones evidenciarían el creciente papel de El Salvador como guardián de las prisiones en Latinoamérica, destaca el medio estadounidense.
El gobierno de Trump deportó a unos 260 migrantes, en su mayoría venezolanos, al CECOT, a unos 72 kilómetros al este de San Salvador, en un plan cuestionado que ha desatado un bloqueo en las cortes estadounidenses y amenaza con una crisis constitucional.
Para el Post, eso también muestra la influencia de Trump en una región donde algunos de sus líderes intentan abordar la creciente e imparable violencia criminal con medidas cada vez más autoritarias.
Según Felipe Rodríguez, abogado y académico, Estados Unidos «es visto como el ejemplo a seguir». «Si el Tío Sam, nuestro ejemplo de libertad y democracia, comienza a girar hacia el autoritarismo, eso también provocará que la región vire hacia el autoritarismo».
Si se concretan, las deportaciones generarían inquietudes sobre el debido proceso y la constitucionalidad en ambos países. A muchas de las más de 85.000 personas encarceladas en El Salvador, incluyendo venezolanos enviados allí por la administración Trump, se les ha negado el acceso a abogados o cualquier contacto con el mundo exterior, destaca el Post.
El Salvador y su sistema penitenciario operan bajo lo que se conoce legalmente como un “régimen de excepción”. En 2022, a petición de Bukele, la Asamblea salvadoreña autorizó una declaración de emergencia para combatir la violencia de las pandillas. Esta declaración suspendió los derechos básicos al debido proceso tanto para salvadoreños como para extranjeros acusados de estar afiliados a pandillas. Desde entonces, la policía y el ejército han detenido al menos a 85,000 personas sin órdenes de un juez, según informes del Legislativo.
El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con un 2 % de su población en prisión. La población carcelaria del país ha pasado de unas ya hacinadas 38,000 personas, al inicio de la administración de Bukele en 2019, a un estimado de 120,000 en la actualidad. La mayoría de las personas presas aún no han sido condenados por ningún delito, según denunció el medio de ese país, El Faro. Todavía no hay sentencias para las 85,000 personas detenidas sin órdenes judiciales.
Las cárceles fuera de control
Según el cable enviado por la embajada estadounidense en Quito a Washington, funcionarios ecuatorianos afirmaron que un acuerdo con El Salvador ayudaría a abordar la incapacidad de Ecuador para mantener encarcelados a criminales de alto valor. Uno de ellos, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, conocido como «Fito», se fugó de prisión a principios del año pasado por segunda vez. La embajada de Estados Unidos en Quito no se pronunció. Un funcionario de seguridad salvadoreño le confirmó al Post que los ministros de Defensa e Interior de Ecuador conversaron sobre esa posibilidad con el ministro de Seguridad de El Salvador. El funcionario habló bajo condición de anonimato.
El ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con The Post, negó que se estuviera negociando dicho acuerdo. Sin embargo, lo calificó de idea «fantástica» y afirmó que, en teoría, estaría interesado. «Si se presentara la oportunidad», declaró Reimberg, «la consideraríamos». La Constitución ecuatoriana impide al gobierno enviar ciudadanos a un país extranjero sin una solicitud de extradición, afirmó Rodríguez. Sin embargo, sería posible transferir extranjeros.
Reimberg afirmó que Ecuador está trabajando para crear cárceles de máxima seguridad para albergar a sus delincuentes más peligrosos, lo que evitaría la necesidad de enviarlos a otro lugar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó al Post que en las próximas semanas se abrirá una agregaduría policial en El Salvador, para «canalizar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países».
Una delegación de autoridades salvadoreñas está planeando una visita a Ecuador para trabajar en acuerdos de seguridad entre los dos países, dijo a The Post un funcionario de la policía ecuatoriana, quien agregó que el director del sistema penitenciario de Ecuador pronto visitará El Salvador. Ecuador ha convertido en un punto de tránsito clave para las cantidades récord de cocaína procedente de Sudamérica que inundan Europa. Las bandas ecuatorianas, en alianza con cárteles mexicanos y narcotraficantes albaneses, se han convertido en organizaciones criminales multimillonarias que han penetrado instituciones clave del gobierno ecuatoriano, incluido el sistema penitenciario, destaca el informe del Post.
El presidente Daniel Noboa, quien ganó la reelección este año ofreciendo frenar la creciente violencia desatada por los grupos criminales, ha emulado cada vez más el enfoque de mano dura de Bukele. Desde enero del año pasado, declaró un polémico conflicto armado interno y ha gobernado amparado en una serie de decretos de emergencia. No obstante, poderosas bandas aún controlan muchas de las cárceles del país, que siguen custodiadas por militares, mientras los índices delictivos aumentan.
La fuga cinematográfica de alias Fede
La dificultad que tiene el gobierno ecuatoriano para controlar las prisiones salió nuevamente a la luz este viernes 20 de junio, cuando se confirmó la fuga de la Penitenciaría del Litoral (principal centro carcelario del país), de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, uno de los líderes del grupo criminal Las Águilas. Fede evadió los controles vestido con uniforme militar, lo que ha encendido las alarmas sobre el descontrol del sistema penitenciario. Alias Fede fue detenido hace menos de cinco meses, el 31 de enero pasado, en Daule, provincia del Guayas. El Ministerio del Interior presentó su captura como un “logro clave” en la lucha contra el crimen organizado.
La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más conflictiva del país, con múltiples antecedentes de masacres, fugas y corrupción de funcionarios estatales.
El último sábado, 19 militares, dos funcionarios del Snai y un presos recibieron prisión preventiva por orden de un juez, una vez que Fiscalía anunció que se inició la investigación previa por el delito de evasión. Estas acciones sucedieron luego de que el presidente Daniel Noboa ordenara la detención de todos los involucrados. «La fuga de alias “Fede” no fue un descuido, fue complicidad. Por eso, he pedido que se aprehenda en flagrancia a todo el personal del CPL Guayas N.°1 que se sospecha estuvo involucrado, mientras Fiscalía determina responsabilidades. Esto no es solo una fuga. Es traición. Y la traición se reprime. “Fede” es objetivo militar y la nueva ley aplicará para él», escribió Noboa en su cuenta en X.
Tras la senda de Bukele
Coincidiendo por la línea de su par milenial Bukele, Noboa ha propuesto reformas penales que ampliarían drásticamente las facultades de las fuerzas de seguridad. El mes pasado, la Asamblea aprobó una controvertida ley de inteligencia que permite al gobierno espiar a cualquier ciudadano sin la autorización de un juez.
Los diputados también están debatiendo si los menores deberían enfrentar penas equivalentes a las de los adultos por delitos. Noboa, agrega el Post, ha luchado por recuperar el control de las prisiones y frenar la creciente tasa de homicidios, que ha alcanzado los 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.
Perú también ha enfrentado en los últimos años el aumento de la violencia de bandas y la extorsión. El Tribunal Constitucional de ese país prorrogó recientemente una resolución de 2020 que exige al gobierno reducir el hacinamiento carcelario por cinco años más. Alcántara, el ministro de justicia, afirmó que el traslado de presos a El Salvador podría ser una solución, según el reporte del Post.
El gobierno garantizaría que no violara la Constitución, afirmó. «Perú no puede desaprovechar ninguna oportunidad para contribuir a la reducción del hacinamiento carcelario», afirmó. Reconoció que las negociaciones han generado controversia, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. «La situación se está evaluando».