Como Diógenes, el filósofo griego que con una lámpara encendida buscaba hombres honestos, el Consejo de la Judicatura intenta encontrar jueces anticorrupción, mediante un concurso que entra en su etapa final. 37 postulantes llegaron hasta esta fase.
Esta es su radiografía: Son 26 hombres y 11 mujeres. La edad promedio es 40 años. Del total, 22 postulantes nacieron entre 1981 y 1992, es decir, tienen entre 41 y 30 años de edad. En suma, el 59 por ciento puede ser considerado como representante de la generación millennial.
En cambio, 13 postulantes tienen entre 42 y 49 años de edad. Apenas dos superan la barrera de los 50. Uno tiene 51: Washington Astudillo. El mayor de los concursantes bordea los 58, es Jorge Sánchez Pico. ¿Qué parámetro debe imponerse en la selección: juventud o experiencia?
Solo dos de los concursantes tienen actividad relacionada con el sector privado, pues provienen del libre ejercicio.
Uno carece de experiencia laboral. Es Kevin Cabezas, uno de los dos postulantes nacidos en 1992. En su caso particular, no ha prestado servicios legales en entidad alguna.
La gran mayoría proviene del sector público. Destacan tres hojas de vida vinculadas con entidades del Estado. Una pertenece a un colaborador del área jurídica de la Prefectura de Guayas, Tony Blum. Otra corresponde a uno de los asistentes administrativos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Paspuel. La tercera se refiere a un funcionario del Municipio de Quito, en el área jurídica, que es el caso de José Cornejo.
16 postulantes tienen relación laboral actual con la Fiscalía. De ellos, 13 son agentes fiscales en funciones. Hay además un asistente, un secretario y un servidor de esa entidad.
A ellos se suman otros cuatro candidatos que en el pasado colaboraron en la Fiscalía. Entre ellos, el exfiscal general Paúl Pérez Reina aspira a una vacante como juez anticorrupción. Pérez Reina fue fiscal del Estado entre mayo y noviembre de 2018. Tres años después, en 2021, tuvo un paso fugaz por la Asamblea como asesor legislativo, cargo en el cual elaboró informes para la Comisión Especializada de Desarrollo Económico y de la Microempresa. Dos exagentes fiscales y un exsecretario de Fiscalía completan este grupo.
En total, 20 de los 37 tuvieron o tienen relación actual con la Fiscalía. Esto implica que el 54 por ciento de postulaciones tiene como fuente de origen a servidores de esa entidad.
Cinco jueces penales en funciones pretenden llegar hasta los juzgados anticorrupción. Además, dos exjueces penales están en el concurso.
Aparte se cuentan dos funcionarios del Consejo de la Judicatura y dos defensores públicos en ejercicio. Uno de los defensores, que trabaja en Pedernales, Manabí, es Renán Andrade. En publicaciones de redes sociales se lo menciona como potencial precandidato a la alcaldía de ese cantón. Es el único de los postulantes que refiere tener una enfermedad catastrófica (Linfoma de Hodgkin). También es uno de los seis que se autoidentifica como miembro de un grupo étnico. En su caso, Andrade se autodefine como “montubio”.
También se identifican como “montubios” los postulantes Christian Quito Carpio y Ángel Quito Santana. El primero nació en Guayaquil en 1988 e inició su carrera en el servicio público en 2014. Ese año fue analista jurídico en el Ministerio de Transporte. En 2016 ocupó el mismo cargo en el Servicio de Contratación de Obras. Desde 2019 es juez de garantías penales. Es el actual vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.
Ángel Quito nació en Sucre (San Isidro, Manabí) en 1986 y es asistente de Fiscalía desde 2013. Es de la minoría que declaró estar domiciliada en una zona rural.
Leonardo Vinicio Rosillo, nacido en Loja en 1973, también se autoidentificó como perteneciente al pueblo montubio. Su trayectoria en la función judicial empezó en 2004. En 2012 fue procesado por el presunto delito de acoso sexual. Él afirmó que se trataba de un montaje armado por personas interesadas en boicotear su reingreso al cargo de fiscal provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Fue absuelto de los cargos. El último cargo que reporta su hoja de vida es el de fiscal provincial, en 2013.
Dos mujeres se autodefinieron como afroecuatorianas. Gabriela Lara, nacida en Esmeraldas en 1985, fue asistente y secretaria de fiscales de 2012 a 2017. Entre 2017 y 2021 fue abogada de la compañía de transporte público Alonso de Illescas. A partir de 2021 se enfocó en el libre ejercicio.
Nadia Rodríguez, nacida en Esmeraldas en 1985, también se definió como afrodescendiente. En 2008 empezó su trayectoria como asistente de fiscales en la Fiscalía general. Desde 2015 se desempeña como agente fiscal.
De los 26 hombres participantes en el concurso, cinco han enfrentado demandas judiciales para el pago de pensiones alimenticias. Esto significa que el 19 por ciento de los aspirantes de sexo masculino tuvo incidentes ante la justicia para exigirles el pago de alimentos para sus hijos menores de edad.
¿Quiénes son?
Todos tienen relación laboral con la función judicial.
Christian Fierro, actual agente fiscal nacido en Quito en 1978, fue demandado en 2017 por su madre por “alimentos congruos”, que consiste en un estipendio mínimo para subsistencia. La obligación fue extinguida en forma libre y voluntaria a fines de 2018. También a inicios de 2017 la justicia aceptó parcialmente una demanda de pensiones alimenticias a favor de sus tres hijos, que según los documentos se encuentra al día.
Luis Ortega, nacido en Quito en 1983, empezó su carrera en Fiscalía en 2007. Desde febrero de 2022 es secretario de la fiscalía especializada en violencia de género. En agosto de 2021 se inició una demanda por alimentos a favor de su hija. El proceso se archivó luego del cumplimiento de las obligaciones.
Luis Villalta, nacido en Guayas en 1984, es secretario de Fiscalías desde 2008. A inicios de 2022 se inició una demanda de alimentos a favor de sus dos hijos. La autoridad judicial multicompetente de Cañar resolvió que el valor fuera descontado de su rol de pagos. Se encuentra al día, según los documentos.
Jairo García, nacido en Manabí en 1986, desde 2015 es ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura. En 2017 se inició la demanda de alimentos a favor de su hijo, los valores se debitan de su rol de pagos y está al día en las obligaciones.
Fausto Lana, quien nació en Quito en 1979, inició su carrera en 2008 como agente fiscal. Desde 2012 es juez de tribunal de garantías penales. Un acta de mediación fue firmada en agosto de 2021, para el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias.
Otro dato curioso que salta a la vista es que varios de los candidatos no reportan pagos de Imnpuesto a la Renta. Uno de los aspirantes tiene 1,5 puntos en su licencia: ha cometido 20 infracciones de tránsito. Pero no es el único. Hay diez más que tienen entre 10 y 18 infracciones y han sido multados por diferentes motivos: exceso de velocidad, pasarse semáforo en rojo, faltarle el respeto a la autoridad, conducir sin cinturón, entre otras infracciones.
