{"id":7536,"date":"2023-06-21T11:31:17","date_gmt":"2023-06-21T16:31:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=7536"},"modified":"2023-06-21T16:00:03","modified_gmt":"2023-06-21T21:00:03","slug":"cuatro-proyectos-mineros-chinos-desatan-vendaval-de-conflictos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/cuatro-proyectos-mineros-chinos-desatan-vendaval-de-conflictos\/","title":{"rendered":"Cuatro proyectos mineros chinos desatan vendaval de conflictos"},"content":{"rendered":"

Las principales concesiones mineras entregadas a empresas chinas han desatado un vendaval de conflictos sociales y entuertos judiciales, la \u00faltima d\u00e9cada. En los proyectos San Carlos Panantza (Morona Santiago), Mirador (Zamora Chinchipe), Telimbela y Tornado (Bol\u00edvar), las denuncias de ONGs y comunidades locales giran en torno a violaciones al derecho a la consulta previa. En Mirador,\u00a0donde opera Ecuacorriente, los\u00a0moradores denunciaron que siguen los desalojos de los habitantes (foto).<\/strong><\/p>\n

Por Ana Mar\u00eda Carvajal<\/strong><\/p>\n

Los colectivos acusan a las corporaciones chinas de llevarse el oro, el molibdeno, la plata y el cobre, poco a poco, mientras que en la selva dejan el rastro indeleble de la deforestaci\u00f3n, la contaminaci\u00f3n de las fuentes h\u00eddricas y el despojo de territorios ancestrales de las comunidades.<\/p>\n

Ecuador firm\u00f3 acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT) que garantizan esos derechos, al igual que la Constituci\u00f3n. Seg\u00fan las normas, las comunidades deben ser consultadas sobre posibles explotaciones de recursos no renovables en sus territorios, pues podr\u00edan causar impactos tanto en su cultura como en el ambiente.<\/p>\n

Luego del paro nacional de junio de 2022, promovido por organizaciones sociales encabezadas por la Conaie, la Fenocin y la Feine, se instalaron mesas de di\u00e1logo con el Gobierno con la mediaci\u00f3n de la Iglesia Cat\u00f3lica. El tira y afloja por los alcances de la consulta previa era uno de los principales motivos de los conflictos. Tanto el Gobierno como los voceros del movimiento ind\u00edgena y campesino acordaron que deb\u00eda trabajarse en una ley que la normara.<\/p>\n

Mirador deja una estela de enfrentamientos <\/strong><\/p>\n

Uno de los proyectos que m\u00e1s enfrentamientos y reacciones ha causado los \u00faltmos \u00a0a\u00f1os es Mirador<\/strong>, que es explotado por la china ECSA, Ecuacorriente.<\/strong><\/p>\n

La concesi\u00f3n est\u00e1 ubicada en la comunidad de Tundayme<\/strong>. All\u00ed se estima que existen unos 860 millones de toneladas de cobre, que explota ECSA<\/strong>. Aunque el Estado ha asegurado que se ha cumplido con las normativas ambientales y la consulta previa y un juez, en 2019, neg\u00f3 una acci\u00f3n de protecci\u00f3n a la comunidad, los comuneros contin\u00faan en resistencia.<\/p>\n

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El proyecto Mirador es uno de los que m\u00e1s enfrentamientos y reacciones ha causado los \u00faltimos \u00a0a\u00f1os. Es explotado por la china ECSA, Ecuacorriente. La concesi\u00f3n est\u00e1 ubicada en la comunidad de Tundayme, en Zamora Chinchipe.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Una de las primeras denuncias contra la china ECSA<\/strong>, que a\u00fan no han sido esclarecidas, es el asesinato del l\u00edder comunitario Jos\u00e9 Tendetza, un shuar que combati\u00f3 a la miner\u00eda hasta que su cuerpo apareci\u00f3 en el r\u00edo Zamora, en diciembre de 2014. Muri\u00f3 d\u00edas antes del viaje a Lima que ten\u00eda previsto, para presentar su denuncia contra la minera en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza.<\/p>\n

Meses antes, denunci\u00f3 persecuci\u00f3n, por lo cual la empresa lo demand\u00f3. La Fiscal\u00eda identific\u00f3 a dos sospechosos de su asesinato, pero en 2016 fueron declarados inocentes y a\u00fan no se ha identificado a los culpables. Este crimen sigue impune.<\/p>\n

Los lugare\u00f1os tambi\u00e9n denunciaron que en 2016 grupos relacionados con la empresa china ingresaron a la fuerza a territorio shuar, con maquinaria que acab\u00f3 con sus cultivos, entre otros episodios violentos.<\/p>\n

Gran conflictividad en el Pangui y San Juan Bosco\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan un informe de la Subsecretar\u00eda de Territorio y Seguimiento Ambiental del Ministerio de Energ\u00eda y Minas, uno de los problemas que enfrenta Mirador<\/strong> es la gran conflictividad social en El Pangui. Por este motivo, el informe indica que se debe reubicar la relavera, que es un molino donde se procesa el material descartado de las opoeraciones mineras.<\/p>\n

La opci\u00f3n es hacerla en Santa Cruz, pero sus propietarios a\u00fan tienen sembr\u00edos de cacao y otros productos, lo cual complica los planes de la reubicaci\u00f3n. Otra opci\u00f3n es ampliar la relavera que opera en Tundayme, si los resultados de los estudios geot\u00e9cnicos son favorables.<\/p>\n

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Los proyectos que han generado m\u00e1s conflictos est\u00e1n en Zamora, en la cordillera del C\u00f3ndor, en plena frontera con Per\u00fa.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

En esa localidad, seg\u00fan el informe \u2018Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoam\u00e9rica\u2019, hubo una incursi\u00f3n a la fuerza, catalogada como ilegal, para hacer perforaciones, excavaciones y otras tareas que afectaron cerramientos, cercas y canales en los terrenos. En los a\u00f1os siguientes surgieron amedrentamientos, presuntas estafas, ofertas de trabajo, estudio y reubicaciones incumplidas, uso de testaferros que compraban los terrenos que luego transfer\u00edan a las empresas, entre otros. El caso m\u00e1s grave ocurri\u00f3 en San Marcos, una comunidad en la que, adem\u00e1s de viviendas, fueron destruidas su iglesia, la escuela y otros espacios comunitarios.<\/p>\n

Por este motivo -alta conflictividad- el Comando Conjunto de las FF.AA. se ha negado a aprobar la operaci\u00f3n de una fabrica de explosivos que desde el 2019 construy\u00f3 Ecuacorriente en este sector, pasando por alto prohibiciones legales y alertas de las autoridades de control.<\/p>\n

42 familias perdieron sus viviendas<\/strong><\/p>\n

El informe se\u00f1ala que a las 04:00 del 30 de septiembre, 13 familias fueron sorprendidas por un grupo de m\u00e1s de 100 uniformados, entre polic\u00edas y\u00a0 guardias, que les dieron cinco minutos para desalojar. Sacaron sus pertenencias y animales y derrumbaron sus viviendas con maquinaria pesada. Desde ah\u00ed hasta 2016, al menos 42 familias y unas 136 personas perdieron sus viviendas.<\/p>\n

La confrontaci\u00f3n tambi\u00e9n lleg\u00f3 a la concesi\u00f3n San Carlos Panantza<\/strong>, en donde la comunidad ha logrado una victoria judicial. En septiembre pasado, la Corte Constitucional declar\u00f3 que en ese proyecto, adjudicado a la empresa china ExplorCobres<\/strong>, se afect\u00f3 el derecho a la consulta previa. \u00a0Eso signific\u00f3 que se retire la licencia ambiental y se repare al pueblo Shuar que vive en el cant\u00f3n San Juan Bosco, de Morona Santiago.<\/p>\n

Los trabajos en esa zona est\u00e1n suspendidos desde que en 2016 hubo enfrentamientos entre comuneros Shuar, polic\u00edas y militares, seg\u00fan un reporte del Ministerio de Energ\u00eda. Un uniformado perdi\u00f3 la vida en ese conflicto. En 2020, mineros informales quemaron un campamento y este est\u00e1 en un proceso judicial que a\u00fan no se resuelve.<\/p>\n

Consultada por C\u00f3digo Vidrio,<\/strong> ExplorCobres respondi\u00f3, a trav\u00e9s de la C\u00e1mara de Miner\u00eda, que \u201clas comunidades Shuar est\u00e1n tranquilas, pero las organizaciones como la PSHA (Pueblo Shuar Arutam), la FISCH (Federaci\u00f3n Interprovincial de Centros Shuar), que son financiadas por ONGs extranjeras, se oponen a la miner\u00eda responsable. Sin embargo, no se manifiestan en contra de la miner\u00eda ilegal, no opinan ni comentan sobre la destrucci\u00f3n que causa ni los da\u00f1os al ambiente\u201d.<\/p>\n

Las comunidades que est\u00e1n en la zona de influencia de la provincia, agreg\u00f3, \u00a0tienen un alto porcentaje de poblaci\u00f3n en extrema pobreza. En general la empresa ha tenido \u201cproyectos agropecuarios, de becas,\u00a0salud,\u00a0y\u00a0otros\u201d.<\/p>\n

Pero Luis S\u00e1nchez, vicepresidente de la Comunidad Amaz\u00f3nica Cordillera del C\u00f3ndor Mirador (Cascomi), resalta que las organizaciones shuar se oponen porque son las due\u00f1as originarias de los territorios en los que no se ha hecho ninguna consulta: ni previa ni ambiental. Esta ha sido una vulneraci\u00f3n de derechos sistem\u00e1tica que se repite en otros proyectos como Mirador o Fruta del Norte, por ejemplo, advierte. \u201cEsto afecta a las comunidades y a la naturaleza, dejando da\u00f1os irreversibles. Sin naturaleza ni agua, nosotros no existimos como rurales, pero para las ciudades debe ser as\u00ed tambi\u00e9n\u201d.<\/p>\n

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En diciembre de 2015, 14 familias de Tundayme denunciaron desalojos forzados, debido al proyecto Mirador. <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

En r\u00edos como el Tundaymi, Wawaymi o Kimi ya se han reportado graves da\u00f1os. \u201cEst\u00e1n desviados y van quedando vac\u00edos\u201d, observa. Por ahora, una de las mayores preocupaciones es que se desborden las relaveras que est\u00e1n sobre la cordillera y que contienen metales pesados. Eso destruir\u00eda todo aguas abajo, en un territorio muy accidentado, agrega S\u00e1nchez.<\/p>\n

Pero el da\u00f1o no es solo material. La miner\u00eda en estos sectores ha causado divisi\u00f3n en las comunidades de influencia. Algunos ha optado por trabajar con las mineras mientras que otros se suman a la resistencia y varias ocasiones se han enfrentado. Decenas de familias han denunciado el despojo de su territorio.<\/p>\n

Otros, como S\u00e1nchez, han sido obligados a vender sus tierras. Los que se oponen a la minera china -como \u00e9l- afirman que tanto los caminos administrativos como judiciales son largos y engorrosos, por lo que est\u00e1n \u00a0decepcionados.<\/p>\n

Adem\u00e1s de los da\u00f1os ambientales, la muerte de animales de la zona y del desalojo del que han sido objetos, quienes a\u00fan se resisten denuncian adem\u00e1s que se est\u00e1n da\u00f1ando bienes arqueol\u00f3gicos. Lo que se recupera, dice S\u00e1nchez, no se sabe a d\u00f3nde va a parar y en qu\u00e9 estado. Peor a\u00fan el futuro que le espera a lo que a\u00fan no ha sido removido de la zona.<\/p>\n

Divisi\u00f3n entre comunidades y violencia intrafamiliar<\/strong><\/p>\n

Las secuelas sociales en las comunidades de influencia de esta industria son complejas. En eso coinciden S\u00e1nchez y Sof\u00eda Jarr\u00edn, asesora de incidencia internacional en Amazon Watch. Con la divisi\u00f3n en las comunidades surgieron problemas de violencia de g\u00e9nero, intrafamiliar, construcci\u00f3n de casas de tolerancia para el trabajo sexual, separaci\u00f3n de las familias, migraci\u00f3n o condiciones de trabajo sin garant\u00edas. \u201cHa habido gente que se ha ido a otros pa\u00edses luego de trabajar con la minera porque no result\u00f3 c\u00f3mo les dec\u00edan. No pudieron hacer dinerito ni guardar de alguna forma. Les entregan cositas, contentando a la gente para enga\u00f1arle y as\u00ed no se paren o no denuncien a la empresa. Hacen que la gente viva de un salario, se vuelva dependiente y luego les tienen con amenazas\u201d, dice S\u00e1nchez.<\/p>\n

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En diciembre de 2016, decenas de militares ingresaron a la parroquia Panantza y detuvieron a varios habitantes, que se opon\u00edan a la actividad minera. Foto cortes\u00eda Inredh\u00a0<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Jarr\u00edn agrega que con la miner\u00eda se afect\u00f3 a un tejido social comunitario que se basaba en otro tipo de principios. Las empresas llegaron a territorios ind\u00edgenas y rompieron la conexi\u00f3n de la gente con su tierra, que ha sido ocupada sin su consentimiento. Aunque ella acepta que la consulta previa es una obligaci\u00f3n estatal, agrega que \u201clas empresas son responsables porque no est\u00e1n exigiendo que exista un proceso que adem\u00e1s es su obligaci\u00f3n el cumplir\u201d.<\/p>\n

Para Mar\u00eda Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la C\u00e1mara de Miner\u00eda, hacer la consulta previa no es el principal problema sino la falta de una ley que habilite su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

Si bien consta en el Convenio 169, que Ecuador suscribi\u00f3 hace unos 25 a\u00f1os, tambi\u00e9n se menciona en la Ley de Miner\u00eda de 2009 . Todos establecen que la consulta debe hacerla el Estado, seg\u00fan Silva.<\/p>\n

Las empresas incluyen en sus planes actividades con la comunidad, \u201cpero este mecanismo no reemplaza a lo previsto en la ley, el Convenio y la Constituci\u00f3n y no hay normativa que implemente la consulta previa\u201d. \u201cLa C\u00e1mara de Miner\u00eda no solo ha pedido expedici\u00f3n de la normativa, hemos tenido reuniones con autoridades para explicar c\u00f3mo se hace en otros pa\u00edses\u201d, dice Silva.<\/p>\n

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Representantes de la empresa china Expocobres, a cargo\u00a0del proyecto Carlos Panantza, tambi\u00e9n realizan trabajos de apoyo y acercamiento a la comunidad, entregando v\u00edveres y vituallas. Foto cortes\u00eda C\u00e1mara de Miner\u00eda.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Yankuang est\u00e1 en pausa <\/strong><\/p>\n

En la sierra tambi\u00e9n existen conflictos por la misma causa: concesiones mineras que dividen a la poblaci\u00f3n y acusaciones de que no se ha realizado la consulta previa. En Bol\u00edvar hay dos ejemplos: Telimbela y Tornado, a cargo de la empresa china Yankuang.<\/p>\n

Al igual que San Carlos Panantza, el proyecto Telimbela est\u00e1 paralizado y la empresa dijo a C\u00f3digo Vidrio<\/strong>, a trav\u00e9s de la C\u00e1mara, que no se reactivar\u00e1 hasta contar con garant\u00edas para poder trabajar con seguridad. El Ministerio de Energ\u00eda y Minas tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que fue el titular quien pidi\u00f3 suspender la vigencia del plazo de Telimbela y Tornado, \u201cpero ha manifestado su inter\u00e9s de levantar esa suspensi\u00f3n en este a\u00f1o\u201d.<\/p>\n

En esta zona han ocurrido choques con los moradores. En 2019, un grupo de personas destruy\u00f3 equipos y maquinaria, cerr\u00f3 v\u00edas, quem\u00f3 un veh\u00edculo policial y un contenedor de la empresa. luego persigui\u00f3 a los trabajadores y atac\u00f3 a los pobladores que prestaron terrenos para instalar plataformas de exploraci\u00f3n, seg\u00fan un informe del Ministerio. Adem\u00e1s, un polic\u00eda fue herido.<\/p>\n

Los conflictos continuaron en los a\u00f1os siguientes. Seg\u00fan un informe oficial, estos se debi\u00f3 a que no ha habido difusi\u00f3n suficiente sobre el proyecto con la gente que vive en su zona de influencia y a que no hay operadores para fortalecer el tejido social. Por eso, la poblaci\u00f3n desconf\u00eda. La empresa intenta resolverlo desde octubre pasado. Uno de los detonantes es por la Federaci\u00f3n de Organizaciones Campesinas de Bol\u00edvar, de la que son parte agricultores y bananeros, que se oponen a estos proyectos.<\/p>\n

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El 13 de junio pasado, Jaime Palomino, presidente del pueblo Shuar Arutam, particip\u00f3 en Quito en la entrega del Mandato por la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza. Es una iniciativa contra la miner\u00eda. <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Seg\u00fan Silva, Telimbela operaba siguiendo la norma ambiental y en una etapa inicial de bajo impacto, pero responsabiliza de los conflictos a las agendas pol\u00edticas. Habr\u00eda un dirigente comunitario \u201cque vendi\u00f3 el miedo a su comunidad y les dijo que \u00edbamos a da\u00f1ar el agua\u201d. Les habr\u00eda ofrecido protecci\u00f3n, a cambio de una cuota con la que cuidar\u00eda y monitorear\u00eda el agua.<\/p>\n

La miner\u00eda industrial tiene la obligaci\u00f3n de devolver el agua al ecosistema en iguales condiciones que la extrajo. \u00a0Eso se puede garantizar con un monitoreo que establezca las condiciones fisicoqu\u00edmicas en las que empezaron a usarla, para luego de terminado su uso, pueda volver con niveles similares.<\/p>\n

En una mina se usa el agua para consumo humano o para tareas de miner\u00eda y luego pasa por laboratorios internos y externos y donde solo si los niveles est\u00e1n iguales que al inicio, se la devuelve. \u201cLa licencia ambiental es el ox\u00edgeno para nosotros, la cuidamos porque es vital\u201d, agrega. Por eso, niega que las empresas incumplan con normativas.<\/p>\n

Yankuang se\u00f1al\u00f3 que han buscado acercarse a la comunidad de varias formas. Por ejemplo, en la pandemia se extendi\u00f3 el comodato de una ambulancia para trasladar a los enfermos desde Bol\u00edvar hacia Guayas y Chimborazo, y se adquirieron insumos m\u00e9dicos.<\/p>\n

Ahora est\u00e1 en marcha el proyecto Mejorando juntos el ganado, \u201cque tiene el fin de desparasitaci\u00f3n, nutrici\u00f3n y cambio de pastos para ganaderos de la zona, ya que la mayor\u00eda de la gente del \u00e1rea est\u00e1 dedicada a la ganader\u00eda. Este proyecto se lo llev\u00f3 a cabo en conjunto con la Universidad Estatal de Bol\u00edvar\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s, explica que se ha buscado contratar personal de la zona para trabajar con ellos, por ejemplo, en el catering o en la seguridad. \u201cDe los trabajadores que est\u00e1n en territorio, el 80 % son de la zona de Telimbela, Caluma y otras localidades de Bol\u00edvar\u201d.<\/p>\n

Ahora est\u00e1n dialogando con los gobiernos locales para buscar la oportunidad de trabajar proyectos conjuntos, como mantenimiento vial. Resta esperar si esos intentos permiten un acercamiento con la comunidad que logr\u00f3 frenar los trabajos cuando apenas terminaba la exploraci\u00f3n inicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las principales concesiones mineras entregadas a empresas chinas han desatado un vendaval de conflictos sociales y entuertos judiciales, la \u00faltima d\u00e9cada. En los proyectos San Carlos Panantza (Morona Santiago), Mirador (Zamora Chinchipe), Telimbela y Tornado (Bol\u00edvar), las denuncias de ONGs y comunidades locales giran en torno a violaciones al derecho a la consulta previa. 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