{"id":7376,"date":"2023-03-27T02:56:13","date_gmt":"2023-03-27T07:56:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=7376"},"modified":"2023-03-28T21:06:40","modified_gmt":"2023-03-29T02:06:40","slug":"los-peces-gordos-burlan-a-fiscales-y-policias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/los-peces-gordos-burlan-a-fiscales-y-policias\/","title":{"rendered":"Los peces gordos burlan a fiscales y polic\u00edas"},"content":{"rendered":"

La mayor\u00eda de sentencias por delincuencia organizada promedia los dos a\u00f1os y solo alcanza a los eslabones m\u00e1s d\u00e9biles de la cadena. Los miembros de bandas usan procesos abreviados o juicios r\u00e1pidos para reducir sus penas. Las econom\u00edas il\u00edcitas y sus cabecillas tampoco han sido desarmadas, siguen intactas, seg\u00fan un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.\u00a0<\/span>\u00a0<\/span>\u00a0<\/strong><\/p>\n

Redacci\u00f3n C\u00f3digo Vidrio<\/strong><\/p>\n

Las penas que se imponen por delincuencia organizada<\/strong> (DO) son bajas. La mayor\u00eda de estos procesos es sancionado con condenas que no superan los dos a\u00f1os de c\u00e1rcel, pese a que la ley establece penas que van desde los 5 a los 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 la norma no se acata? El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO)<\/strong> realiz\u00f3 un estudio sobre la delincuencia organizada en el pa\u00eds. Analiz\u00f3 las sentencias que se emitieron por este delito entre 2015 y 2020. La muestra para el an\u00e1lisis fue de 149 procesos por este tipo de delito.<\/p>\n

En el 56% de esos casos, los acusados fueron sentenciados a trav\u00e9s de un proceso abreviado o juicio r\u00e1pido. Optaron por un benefiicio normativo que se basa en admitir su culpa para obtener una reducci\u00f3n importante de la condena.<\/p>\n

Para el Observatorio estos hechos dan cuenta de que en el pa\u00eds existe una \u201cutilizaci\u00f3n excesiva del procedimiento abreviado, lo cual facilita un esquema de corrupci\u00f3n ante blancos estrat\u00e9gicos criminales que negocian para acceder a este tipo de proceso\u201d.<\/p>\n

Por ende, se requiere una actualizaci\u00f3n de la pol\u00edtica criminal, alertan expertos del Observatorio. Especialmente, se recomienda reformas de tipos penales para estas alternativas y evitar la impunidad.<\/p>\n

En el informe apenas un 11% de los casos es sancionado por la v\u00eda ordinaria. Su proceso se bas\u00f3 en una investigaci\u00f3n fiscal. M\u00e1s del 85% parti\u00f3 de un informe policial. Por esa l\u00ednea tampoco se sanciona a los sospechosos con penas altas. La mayor\u00eda recibe una sentencia de 5 a 6 a\u00f1os, que son las condenas m\u00ednimas.<\/p>\n

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Eso significa que en Ecuador cada vez es m\u00e1s dif\u00edcil tener una pena en contra de las personas que se unen para cometer delitos graves. Al final en buena parte de los casos solo se condena a un integrante de la organizaci\u00f3n, recalc\u00f3 Renato Rivera, uno de los responsables del informe del OECO.<\/p>\n

\u00a7 En la lista de il\u00edcitos enmarcados como delincuencia organizada est\u00e1n la extorsi\u00f3n, los secuestros, los sicariatos, los robos con armas de fuego, la estafa, la trata de personas, el tr\u00e1fico de inmigrantes, el peculado y el narcotr\u00e1fico.\u00a0\u00a7<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

El narcotr\u00e1fico es el delito de mayor incidencia. Seg\u00fan las estad\u00edsticas del Observatorio, el 64% de los casos por DO tiene relaci\u00f3n con tr\u00e1fico de drogas. Adem\u00e1s, la mayor\u00eda de sentencias fue para los colaboradores de las estructuras criminales, no para los cabecillas. Para estos \u00faltimos, el C\u00f3digo Penal establece sanciones que van entre los 7 y los 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel. Por eso Alicia Contero, otra de las encargadas de presentar el estudio, advirti\u00f3 que el fen\u00f3meno del narcotr\u00e1fico sigue fortaleci\u00e9ndose, dentro y fuera de las c\u00e1rceles.<\/p>\n

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Miles de procesados, pocos sentenciados\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/h3>\n

C\u00f3digo Vidrio accedi\u00f3 a una base de datos de la Fiscal\u00eda. All\u00ed se indica que desde el 2014 (a\u00f1o que entr\u00f3 en vigencia el COIP) hasta octubre del 2022, han sido procesadas por tr\u00e1fico de drogas 59.720 personas.<\/p>\n

Pero las cifras de sentenciados no llegan ni al 50%. Las estad\u00edsticas muestran que 29.174 personas recibieron una condena. El resto est\u00e1 en otras etapas como investigaci\u00f3n previa, instrucci\u00f3n fiscal o en juicio.<\/p>\n

Seg\u00fan los reportes de Fiscal\u00eda, hay casos que llevan en los juzgados nueve a\u00f1os y no han podido ser despachados. Un ejemplo es lo que sucede con los procesos del 2014. Ese a\u00f1o se judicializaron a 657 personas, pero hasta finales del a\u00f1o pasado solo 396 fueron condenados. El resto est\u00e1 libre por la caducidad de la prisi\u00f3n preventiva, otros han sido sobrese\u00eddos o simplemente sus casos est\u00e1n represados.<\/p>\n

El a\u00f1o con m\u00e1s detenciones por tr\u00e1fico de drogas fue el 2021. Hubo 9.010 detenidos, pero apenas fueron sentenciados 3.244. Los procesos son lentos, los datos lo corroboran. Entre 2017 y 2019 el tiempo de resoluci\u00f3n de las causas era de 13 meses. En 2020, aument\u00f3 a 32 meses.<\/p>\n

El OECO se\u00f1ala que para conseguir penas por casos de narcotr\u00e1fico se debe esperar hasta 24 meses y por lavado 20 meses.<\/p>\n

Entre sus conclusiones, el informe indica que \u201cel aumento de causas, sumado a un incremento en la temporalidad de resoluci\u00f3n de casos, genera un efecto de impunidad ante el crimen organizado\u201d.<\/p>\n

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Las mafias con sus fortunas intactas \u00a0<\/strong><\/h3>\n

Otro factor que llama la atenci\u00f3n es es el alto nivel de impunidad econ\u00f3mica para los imputados. Del an\u00e1lisis, entre 2015 y 2020, en el 70% de las causas no se solicit\u00f3 medidas cautelares de bienes, retenci\u00f3n de cuentas bancarias u otros mecanismos para desmantelar las econom\u00edas criminales.<\/p>\n

Un claro ejemplo son los operativos que se realizan en haciendas o terrenos donde la Polic\u00eda encuentra droga. Los fiscales generalmente acusan a los detenidos, pero no toman acciones sobre los bienes que fueron utilizados para esconder los cargamentos. Incluso, en esos bienes se han encontrado pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves que llevan la droga a Centroam\u00e9rica o EE.UU.<\/p>\n

Uno de estos casos ocurri\u00f3 en febrero del 2020. La Polic\u00eda incaut\u00f3 696 kilos de coca\u00edna en una hacienda en el cant\u00f3n Pueblo Viejo, en Los R\u00edos. Los agentes confirmaron que en el predio hab\u00eda una pista ilegal. Tambi\u00e9n encontraron autos, dinero y armas.<\/p>\n

Pero en el juicio solo fueron incautados estos \u00faltimos elementos y la droga. La hacienda no fue retenida, ni expropiada.<\/p>\n

Polic\u00edas de Antinarc\u00f3ticos dicen que es dif\u00edcil que el Estado tome control de esos bienes porque en su mayor\u00eda son de personas que no est\u00e1n relacionadas con los detenidos. O en otros casos, como las pistas clandestinas, no se conoce a los due\u00f1os de los terrenos.<\/p>\n

Eso ocurri\u00f3 cuando la Polic\u00eda encontr\u00f3 tres toneladas de droga en una pista clandestina en agosto del 2020. El cargamento estaba en unos terrenos de Manantiales, en Manab\u00ed.<\/p>\n

La pista estaba en una zona selv\u00e1tica, cuyos propietarios se desconocen. Lo \u00fanico que pudieron hacer fue destruir parte del campo, inutilizarlo. Lo mismo hicieron con otra pista en Jama. All\u00ed tampoco se obtuvo la identidad del propietario, en junio del 2020.<\/p>\n

Escasos bienes y cuentas se incautan<\/strong><\/h3>\n

Los casos evidencian que en general la Fiscal\u00eda no ha podido incautar los bienes o las cuentas bancarias de los procesados. Apenas en el 30% de los casos los fiscales pidieron a los jueces mecanismos para inmovilizar los dineros de los sospechosos y sus estructuras. Sin embargo, se comprob\u00f3 que, de ese menor porcentaje, solo en el 7% se evidenci\u00f3 un comiso real de los bienes.<\/p>\n

El resto eran medidas para hacerse con el control de los objetos o bienes que fueron incautados durante los operativos de detenci\u00f3n, en la flagrancia. Entre la lista de esos bienes est\u00e1n celulares, computadoras, cheques, dinero en efectivo, motos y veh\u00edculos. Es decir, art\u00edculos de menor cuant\u00eda. As\u00ed en Ecuador hay una impunidad econ\u00f3mica real del 93% en casos de delincuencia organizada.<\/p>\n

La corrupci\u00f3n de funcionarios judiciales empeora el panorama. Uno de los casos m\u00e1s claros y pol\u00e9micos fue la devoluci\u00f3n de una mansi\u00f3n a la familia de Leandro Norero, financista y coordinador del cartel mexicano Jalisco Nueva Generaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00c9l fue detenido en mayo del 2022. La Fiscal\u00eda incaut\u00f3 una casa ubicada en una urbanizaci\u00f3n del kil\u00f3metro 8,5 de la av. Samborond\u00f3n. Su valor ser\u00eda de USD 2,4 millones. Ah\u00ed se hallaron unos USD 6 millones en efectivo, lingotes de oro y otros art\u00edculos.<\/p>\n

Un mes despu\u00e9s, la casa que estar\u00eda a nombre de la esposa de Norero fue devuelta por orden del juez \u00c1ngel L. de la unidad judicial de la Concordia, en Guayas. Ahora, el magistrado es indagado por ese hecho.<\/p>\n

Clanes familiares y polic\u00edas traquetos <\/strong><\/h3>\n

La Fiscal\u00eda descubri\u00f3 que Norero cometi\u00f3 los delitos con cooperaci\u00f3n de miembros de su familia. Por eso, fueron procesados por lavado de activos dos de sus hermanos y su madre. El proceso a\u00fan est\u00e1 en tr\u00e1mite.<\/p>\n

Pero en Ecuador esta no ser\u00eda la \u00fanica familia que se organiza para delinquir. El informe del OECO se\u00f1ala que en al menos el 34% de casos se evidenci\u00f3 la participaci\u00f3n de familiares del c\u00edrculo cercano o ampliado, especialmente en las provincias costeras.<\/p>\n

Antinarc\u00f3ticos tambi\u00e9n lo confirma. En la mayor\u00eda de casos de ecuatorianos detenidos por el transporte de droga en alta mar hay familias enteras. \u201cSon familias que se dedican a la pesca, reclutadas por los narcos. Una vez que ingresa un miembro, le siguen los hermanos, cu\u00f1ados, sobrinos y esposos\u201d, indica un agente.<\/p>\n

En Carchi y El Oro, en cambio, las familias se unen para el contrabando.<\/p>\n

Otro dato alarmante es la participaci\u00f3n de polic\u00edas en bandas delictivas. En 1 de cada 10 casos analizados de DO en la muestra existe la colaboraci\u00f3n de un polic\u00eda en servicio activo. La mayor\u00eda de uniformados (85%) se relaciona con narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

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Provincias fronterizas con alta impunidad<\/strong><\/h3>\n

La mayor\u00eda de casos se concentra en Guayas y Pichincha, con el 70% de procesos.<\/p>\n

En el resto del pa\u00eds hay porcentajes inferiores al 8%. Extra\u00f1amente en esa lista aparecen Esmeraldas, Sucumb\u00edos y Los R\u00edos. Todas acumulan el 6% de las causas, a pesar de ser zonas fronterizas, con tasas representativas de homicidios por disputas de poder del narcotr\u00e1fico y otros delitos. La impunidad es elocuente y destapar\u00eda un problema de corrupci\u00f3n sist\u00e9mica en el sistema judicial.<\/p>\n

Tambi\u00e9n llama la atenci\u00f3n el alto \u00edndice de sobreseimientos de imputados en Manab\u00ed, Cotopaxi y Sucumb\u00edos, concluye el informe.<\/p>\n

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