{"id":6593,"date":"2022-08-29T01:02:28","date_gmt":"2022-08-29T06:02:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=6593"},"modified":"2022-10-23T21:56:57","modified_gmt":"2022-10-24T02:56:57","slug":"jueces-anticorrupcion-deben-blindarse-con-el-anonimato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/jueces-anticorrupcion-deben-blindarse-con-el-anonimato\/","title":{"rendered":"\u00bfJueces anticorrupci\u00f3n deben blindarse con el anonimato?"},"content":{"rendered":"

El concurso para escoger a los primeros 14 jueces anticorrupci\u00f3n del pa\u00eds entr\u00f3 en la recta final. Los pr\u00f3ximos d\u00edas 37 postulantes participar\u00e1n en el curso de formaci\u00f3n, que ser\u00e1 el \u00faltimo filtro del proceso de selecci\u00f3n que realiza el Consejo de la Judicatura. El asesinato de un juez en Lago Agrio, el jueves pasado, aviva el debate sobre el anonimato que deber\u00edan mantener los nuevos magistrados, cuando empiecen a juzgar los procesos, seg\u00fan analistas consultados.<\/em><\/strong><\/p>\n

Por Ana Mar\u00eda Carvajal<\/p>\n

El proceso de selecci\u00f3n de 14 jueces anticorrupci\u00f3n<\/strong> avanza, en medio de una escalada violenta de organizaciones criminales contra funcionarios judiciales, en el contexto de la penetraci\u00f3n acelerada del narcotr\u00e1fico en el pa\u00eds.<\/p>\n

El asesinato de Nelson Y\u00e1nez, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, el jueves pasado, cuando sal\u00eda de su domicilio, es un campanazo sobre los riesgos que corren los funcionarios que investigan casos sensibles, que involucran cabecillas y operadores importantes del crimen organizado.<\/p>\n

En vista de la peligrosidad de los casos que los jueces anticorrupci\u00f3n deber\u00e1n juzgar y el riesgo de ser corrompidos o amedrentados junto con sus familiares, juristas consultados por C\u00f3digo Vidrio<\/strong> estiman que deb\u00eda revisarse la posibilidad de mantener el anonimato de los nuevos funcionarios y aplicar el modelo de otros pa\u00edses de magistrados sin rostro.<\/p>\n

Para minimizar el riesgo, por lo pronto, el Consejo de la Judicatura<\/strong> (CJ) dise\u00f1ar\u00e1 un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios, adem\u00e1s del Instructuctivo de Seguridad Individual que ya se aplica para servidores judiciales, aprobado en abril pasado.<\/p>\n

Este a\u00f1o, 21 jueces, 15 del \u00e1rea penal, reciben seguridad individual en varias provincias, a cargo de la Polic\u00eda, con base en ese Instructivo. Los judiciales, la mayor\u00eda de Quito y Guayaquil, han recibido amenazas e intimidaciones de todo tipo. El 2019, la Polic\u00eda daba protecci\u00f3n a 12 jueces, seg\u00fan un informe del CJ.<\/p>\n

Los \u00faltimos ocho meses, hubo 10 amenazas de bomba en los complejos judiciales de ambas ciudades, lo cual ha implicado la suspensi\u00f3n por varias horas en los servicios.<\/p>\n

El crimen de Y\u00e1nez, quien fue declarado el juez de mejor desempe\u00f1o en la capital de Sucumb\u00edos el 2017, ocurri\u00f3 horas despu\u00e9s de la visita del ministro del Interior, Patricio Carrillo, a esta provincia, para articular planes para frenar la violencia y enfrentar a las bandas criminales.<\/p>\n

En lo que va de este a\u00f1o, dos fiscales tambi\u00e9n fueron asesinados. El 15 de agosto muri\u00f3 abaleado por sicarios el fiscal Federico Estrella en Babahoyo. En mayo tambi\u00e9n fue ejecutada la fiscal Luz Marina Delgado, junto a su asistente Jefferson Mendoza. En ambos casos se cree que fueron retaliaciones de implicados en alguno de los casos que investigaban.<\/p>\n

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El penalista Xavier Andrade, catedr\u00e1tico de la Universidad San Francisco de Quito, apunta que los nuevos magistrados anticorrupci\u00f3n precisamente juzgar\u00e1n a delincuentes muy peligrosos y estar\u00e1n amenazados permanentemente o podr\u00edan ser sobornados. \u201cSiempre estar\u00e1n al filo de saber que su decisi\u00f3n puede traer consecuencias m\u00e1s all\u00e1 de lo jur\u00eddico\u201d. Por eso, en pa\u00edses como Colombia y Per\u00fa, se dise\u00f1\u00f3 un modelo de jueces sin rostro, para protegerlos.<\/p>\n

Los juristas seleccionados tendr\u00e1n a su cargo 44 tipos penales, 37 relacionados con el crimen organizado y siete en el \u00e1mbito de la corrupci\u00f3n. Por ejemplo, peculado, cohecho, concusi\u00f3n, testaferrismo, tr\u00e1fico de influencias, enriquecimiento il\u00edcito, genocidio, etnocidio, esclavitud, desaparici\u00f3n forzada, tr\u00e1fico de \u00f3rganos y de personas, sicariato, producci\u00f3n y tr\u00e1fico de drogas y armas, miner\u00eda il\u00edcita, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros.<\/p>\n

El abogado penalista Hugo Esp\u00edn considera que lo que se busca con este proceso es tener jueces m\u00e1s independientes, porque se espera que no sean afectados ni susceptibles por la corrupci\u00f3n, que es un fen\u00f3meno persistente en el poder judicial.<\/p>\n

El problema es c\u00f3mo lograrlo. El modelo de jueces sin rostro aporta en que exista un grado confianza en los resultados, en el sistema y en los juzgadores, opina Esp\u00edn. Al exponerlos a la palestra p\u00fablica, se pone en riesgo a las personas y al funcionamiento eficaz del sistema. \u201cLos procesos pueden ser afectados por amenazas o compras de conciencia, si no se manejan adecuadamente, dadas las estructuras de lo que deben juzgar\u201d, destaca Esp\u00edn.<\/p>\n

En Ecuador esta tarea apenas empieza, pero ya se puede acceder f\u00e1cilmente a los nombres y datos de los aspirantes a jueces de 2 unidades judiciales, 6 tribunales penales y 6 cortes provinciales, que pasaron las primeras fases.<\/p>\n

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37 POSTULANTES IR\u00c1N AL CURSO DE CAPACITACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n

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Cinco postulantes obtuvieron 80 o m\u00e1s puntos tras recalificaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

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A Andrade le preocupa que si ocurren atentados o actos terroristas contra alg\u00fan juez, eso se convierta en una intimidaci\u00f3n directa a la justicia. \u201cSi esto pasa y no estamos preparados, la creaci\u00f3n de esta nueva estructura jur\u00eddica es in\u00fatil.(\u2026). El mensaje es claro, la delincuencia organizada hace cuadre de cuentas a su manera. M\u00e1s all\u00e1 de que hay informaci\u00f3n p\u00fablica de los aspirantes, hay que tomar en cuenta que la delincuencia ya da el mensaje de amedrentamiento a quienes se contrapongan a sus intereses\u201d.<\/p>\n

La Judicatura reconoce que los nuevos jueces pueden estar en riesgo. Santiago Pe\u00f1aherrera, director general del CJ y responsable de la selecci\u00f3n, explica que para dise\u00f1ar un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios contar\u00e1n con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarc\u00f3ticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos (INL).<\/p>\n

No obstante, estos temas, que se pueden considerar colaterales, son fundamentales cuando se crea un proceso de especializaci\u00f3n en justicia penal, alerta Andrade.<\/p>\n

La idea de las nuevas unidades judiciales naci\u00f3 en la Judicatura presidida por Gustavo Jalkh, en el gobierno de Rafael Correa. Se retom\u00f3 tras los atentados terroristas en la frontera norte el 2018. Y tuvo piso legal el 2020 cuando la Asamblea aprob\u00f3 la reformas al C\u00f3digo Org\u00e1nico de la Funci\u00f3n Judicial.<\/p>\n

Los jueces sin rostro en otros pa\u00edses<\/strong><\/h3>\n

Los jueces o tribunales sin rostro se han implementado en pa\u00edses como Italia, Colombia, Per\u00fa, Brasil y El Salvador. Se han aplicado en casos especiales, cuando los estados no pueden garantizar la seguridad de los magistrados a cargo de juzgar delitos relacionados con el crimen organizado. En Ecuador, hay voces que proponen que se dise\u00f1e un sistema especial para quienes deban condenar a responsables de determinados casos de narcotr\u00e1fico o terrorismo, por ejemplo.<\/p>\n

Sin embargo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dificultar esa posibilidad en el pa\u00eds. Se trata del caso Wilson Garc\u00eda Asto y Urcesino Ram\u00edrez Rojas versus Per\u00fa, en el que se determin\u00f3 responsabilidad internacional del Estado peruano por haber condenado a ambos sin respetar el debido proceso. Adem\u00e1s de haber sido arrestados sin una orden judicial en 1996 y 1991, respectivamente, ambos fueron sentenciados por un juez sin rostro. La Corte se\u00f1al\u00f3 que toda persona que enfrente un juicio tiene derecho a saber qui\u00e9nes lo est\u00e1n juzgando.<\/p>\n

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425 postulantes rindieron pruebas en el concurso realizado en Quito.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

En pa\u00edses como M\u00e9xico, donde los asesinatos y atentados en contra de jueces, polic\u00edas y periodistas, son cada vez m\u00e1s comunes, en el 2016 se analiz\u00f3 la posibilidad de implementar tribunales sin rostro dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal en M\u00e9xico, creado ese a\u00f1o. Pero la idea a\u00fan no prospera.<\/p>\n

Este tipo de tribunales se formaron en Colombia y Per\u00fa en los a\u00f1os noventa. Se \u00a0inspiraron en el modelo italiano que en esa misma d\u00e9cada busc\u00f3 en el anonimato la forma de proteger al sistema judicial de la extorsi\u00f3n, los sobornos, los atentados y asesinatos a quienes estaban a cargo de impartir justicia.<\/p>\n

En Per\u00fa, los miembros de estos tribunales se cubr\u00edan el rostro con capuchas o atend\u00edan las audiencias detr\u00e1s de paneles oscuros cuando juzgaban casos de terrorismo. Con el tiempo y, debido a las cr\u00edticas por violaciones a los derechos humanos y por afectar los principios de transparencia, se erradic\u00f3 esa figura en ambos pa\u00edses.<\/p>\n

El 2019, R\u00edo de Janeiro se sum\u00f3 a los estados de Mato Grosso, Bah\u00eda, Par\u00e1, Roraima, Alagoas y Santa Catarina que ya ten\u00edan jueces sin rostro para enfrentar a la delincuencia organizada. Actualmente, los ojos sobre este tipo de pr\u00e1cticas judiciales apuntan a El Salvador, donde organizaciones de defensa de derechos humanos reclaman la inconstitucionalidad de una reforma legal propuesta por el presidente Nayib Bukele y aprobada por el Congreso para abrir el camino a los tribunales sin rostro para juzgar delitos cometidos por integrantes de las pandillas.<\/p>\n

37 postulantes van a un curso de formaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

Una vez que la semana anterior concluyeron las primeras pruebas de selecci\u00f3n, 37 de los 425 postulantes para jueces anticorrupci\u00f3n participar\u00e1n en el Curso de Formaci\u00f3n Inicial, que ser\u00e1 el \u00faltimo filtro del proceso de selecci\u00f3n. Estar\u00e1 a cargo de la Escuela de la Funci\u00f3n Judicial y durar\u00e1 52 d\u00edas. Al final solo 14 aspirantes ser\u00e1n los primeros magistrados especializados en este campo.<\/p>\n

Se trata del \u00faltimo paso antes de que se conformen las dos unidades judiciales, seis tribunales y seis cortes provinciales penales especializadas que se crear\u00e1n y que est\u00e1 previsto funcionen desde fines de octubre o inicios de noviembre pr\u00f3ximo.\u00a0Hasta el momento, las dependencias no han sido habilitadas ni existe un lugar definido para este fin.<\/p>\n

De los 32 concursantes que superaron los 80 puntos requeridos (al menos 50 puntos en la fase de m\u00e9ritos y pruebas te\u00f3ricas y otros 30 en las pr\u00e1cticas), 14 superaron ese puntaje apenas con d\u00e9cimas y solo cuatro obtuvieron m\u00e1s de 90. Cinco m\u00e1s entraron luego del proceso de recalificaciones, la semana pasada.<\/p>\n

Santiago Pe\u00f1aherrera dice que este proceso se realiza con un nuevo sistema para concursos. Este \u201ccumple con todas las recomendaciones\u201d que la Contralor\u00eda hizo al Sistema de Selecci\u00f3n de Personal de la Funci\u00f3n Judicial (Sisperfuj), que se usaba a\u00f1os atr\u00e1s y que fue cuestionado por problemas de transparencia en su funcionamiento.<\/p>\n

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Los vocales del Consejo de la Judicatura impulsan el concurso, que tiene como veedores a miembros de una organizaci\u00f3n de artesanos.\u00a0<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

El nuevo mecanismo \u2013agrega Pe\u00f1aherrera- permite que cualquier instituci\u00f3n p\u00fablica o privada, observatorios, la academia y la Contralor\u00eda \u201cpuedan hacer una auditor\u00eda del sistema y verificar que preste todas las seguridades\u201d. Cada acci\u00f3n y cambio que cualquier persona que intervenga en el proceso realice, dejar\u00e1 su huella.<\/p>\n

Por ejemplo, las computadoras en las que los participantes rindieron sus pruebas no permit\u00edan conexi\u00f3n a Internet ni a dispositivos externos como memorias USB. Tampoco ten\u00edan informaci\u00f3n archivada y las preguntas se cargaron en presencia de un notario p\u00fablico y del coordinador de la Veedur\u00eda Ciudadana, Erick Mor\u00e1n Jacho.<\/p>\n

El cuestionario fue elaborado por 18 expertos en materia penal y ten\u00eda 1.200 \u00edtems, distribuidos entre los participantes por sorteo, 100 a cada uno. \u201cSi estamos en un concurso de corrupci\u00f3n y crimen organizado, obviamente tenemos que guardar todas las formas y dar paso a la transparencia ante todo\u201d, dijo Pe\u00f1aherrera.<\/p>\n

El proceso ha tenido, al menos, dos reajustes del cronograma (en la fase de m\u00e9ritos y en las subfases psicol\u00f3gica, te\u00f3rica y pr\u00e1ctica). El segundo signific\u00f3 una demora de cerca de un mes, debido a una amenaza de bomba, el 14 de junio pasado en el Complejo Judicial Norte, mientras el pa\u00eds enfrentaba un paro.<\/p>\n

Cuando se lanz\u00f3 el concurso, el pasado 29 de marzo, el presidente Guillermo Lasso exterioriz\u00f3 su respaldo. Ese d\u00eda, el Gobierno anunci\u00f3 que hab\u00eda entregado 1,6 millones de d\u00f3lares para implementarlo. Tambi\u00e9n existe un aporte de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares del gobierno de EE.UU., para la capacitaci\u00f3n del personal y equipamiento. Hasta el 31 de julio pasado, el CJ inform\u00f3 que del presupuesto de USD 308 mil d\u00f3lares, apenas hab\u00eda ejecutado un 6,75 %. Este rubro corresponde directamente a lo invertido en el concurso.<\/p>\n

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Santiago Pe\u00f1aherrera, director general del Consejo de la Judicatura, es el responsable del concurso.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Inmobiliar no responde\u00a0<\/strong><\/h3>\n

Est\u00e1 previsto que el concurso termine m\u00e1ximo el 19 de septiembre. Aunque es temprano para evaluar su funcionamiento inform\u00e1tico, s\u00ed hay dudas sobre c\u00f3mo trabajar\u00e1n estas nuevas estructuras judiciales. Est\u00e1 previsto que los nuevos jueces empiecen a laborar a m\u00e1s tardar en noviembre (tres meses despu\u00e9s del plan original), pero a\u00fan no cuentan con un espacio f\u00edsico definitivo.<\/p>\n

Pe\u00f1aherrera dice que la Judicatura ha hecho gestiones para conseguirlo. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, les ofreci\u00f3 dos terrenos en Pusuqu\u00ed o un espacio en la Unidad de Vigilancia Norte de la Polic\u00eda, en Quito. Este \u00faltimo es el que m\u00e1s le convendr\u00eda al proyecto pero se requiere una inversi\u00f3n de m\u00e1s de dos millones de d\u00f3lares y los trabajos tomar\u00edan al menos un a\u00f1o.\u00a0Esos fondos no est\u00e1n presupuestados.<\/p>\n

Las solicitudes a Inmobiliar tampoco han tenido respuesta. Hasta que la situaci\u00f3n se defina, los nuevos jueces trabajar\u00e1n provisionalmente en el Complejo Judicial Norte.<\/p>\n

Los abundantes casos de corrupci\u00f3n como las compras con sobreprecio durante la etapa m\u00e1s cr\u00edtica de la pandemia por el covid-19 y los fallos pol\u00e9micos de jueces, as\u00ed como medidas de protecci\u00f3n emitidas de forma ilegal a favor de sentenciados por diferentes delitos, fueron determinantes para impulsar el proyecto.<\/p>\n

Esp\u00edn subraya que tener jueces especializados anticorrupci\u00f3n implica que se van a clasificar las materias de conocimiento en el \u00e1rea penal. Es decir que habr\u00e1 jueces especializados por tipo de delito: delincuencia organizada, asociaci\u00f3n il\u00edcita, peculado, lavado de activos, etc. \u201cPero nuestro sistema penal establece que los jueces deben estar especializados por materia y no por delito y los investigadores (fiscales), que son quienes llevan los casos a conocimiento del juez, son los que est\u00e1n especializados por delito\u201d. En materia penal, agrega, las garant\u00edas procesales y la regla son las mismas, sin diferenciar ente delitos.<\/p>\n

En Ecuador, existen 12 unidades especializadas de Fiscal\u00eda. Entre ellas se incluyen algunas relacionadas con los delitos que juzgar\u00e1n los nuevos magistrados especializados: la Fiscal\u00eda Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI), las unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupci\u00f3n, de Antilavado de Activos y de Investigaci\u00f3n de Personas Desaparecidas.<\/p>\n

El riesgo de vulnerar derechos<\/strong><\/h3>\n

Otro problema que detect\u00f3 Andrade es que en otros sistemas este tipo de jueces reciben cr\u00edticas desde el punto de vista doctrinario, porque al trabajar en tribunales de excepci\u00f3n, en el futuro podr\u00edan traerle al Ecuador consecuencias por vulnerar derechos constitucionales. Por eso cree que es importante la especializaci\u00f3n, lo cual no justifica que sean\u00a0 llamados anticorrupci\u00f3n. La Judicatura, en general, necesita m\u00e1s jueces, con mayor preparaci\u00f3n, sin necesidad de crear una nueva categor\u00eda.<\/p>\n

El 18 de enero del 2019 se present\u00f3 la Mesa de Lucha Contra la Corrupci\u00f3n Judicial, para investigar presuntas irregularidades cometidas en procesos, parte de un Sistema Integral de Lucha Contra la Corrupci\u00f3n, la Delincuencia Organizada y el Combate a la Impunidad. En esa \u00e9poca se hablaba de que las unidades especializadas tendr\u00edan jueces de primer nivel y de tribunales penales en Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, actualmente el plan es que todos los jueces trabajen casos a escala nacional, desde la capital. Ese es un punto de debate, pues Andrade y otros expertos se preguntan c\u00f3mo se manejar\u00e1n las diligencias. Esos son temas que deben resolverse y que muestran que el pa\u00eds no est\u00e1 preparado para dar este paso, puntualiza el jurista.<\/p>\n

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El proceso para designar a los nuevos jueces cuenta con el apoyo del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (PAcCTO). Es un programa de asistencia t\u00e9cnica de la Uni\u00f3n Europea con 18 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Andrade cree que este proceso es improvisado, pues no se debe pensar \u00fanicamente en la especializaci\u00f3n de cada juez. \u201c\u00bfVa a haber secretarios o asistentes judiciales, polic\u00edas especializados, operadores de justicia que hablen el mismo idioma o no? \u00bfQu\u00e9 pasa con eso? \u00bfSolo nombrar jueces y ya o les nombro y luego vamos corrigiendo en el camino? Por eso, mi opini\u00f3n ha sido que se nombren m\u00e1s jueces y nada m\u00e1s\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan la propuesta de la Mesa de Lucha Contra la Corrupci\u00f3n Judicial, las nuevas unidades judiciales deb\u00edan contar con peritos para temas de finanzas, contabilidad y tributos, adem\u00e1s de expertos en ubicar y recuperar dineros producto de actos de corrupci\u00f3n. Este \u00faltimo, precisamente, ha sido uno de los principales problemas en Ecuador.<\/p>\n

Ecuador pretende recobrar USD 104,1 millones por casos de corrupci\u00f3n como Sobornos y Odebrecht, adem\u00e1s de otros relacionados a entidades p\u00fablicas y estatales como el Ministerio del Deporte, Petroecuador e IESS, relacionados con el corre\u00edsmo, seg\u00fan una publicaci\u00f3n de Primicias. Hasta este a\u00f1o asta ese mes lo que el pa\u00eds hab\u00eda logrado recolectar no alcanzaba ni el 5 % del valor total.<\/p>\n

La situaci\u00f3n de la lucha contra la corrupci\u00f3n en el pa\u00eds es compleja, pues Ecuador cay\u00f3 al puesto 9 entre 15 pa\u00edses, seg\u00fan datos del \u00cdndice de Capacidad para Combatir la Corrupci\u00f3n, de la Americas Society\/Council of the Americas y Control Risks, publicado este a\u00f1o.<\/p>\n

Las unidades judiciales, con equipo provisional<\/strong><\/h3>\n

La conformaci\u00f3n de los equipos de trabajo para las nuevas unidades judiciales a\u00fan es lejana. La Judicatura convocar\u00e1 un concurso p\u00fablico para nombrar a los 40 funcionarios que se sumar\u00e1n al equipo de jueces anticorrupci\u00f3n y crimen organizado. Pero ese proceso a\u00fan no est\u00e1 en marcha, por lo que el personal de apoyo en la fase inicial ser\u00e1 temporal y el \u00e1rea de Talento Humano de la Judicatura se encargar\u00e1 de la selecci\u00f3n.<\/p>\n

Instaurar un nuevo modelo no es tan simple, porque se requiere, por ejemplo, de modificaciones en el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral de Procesos, para establecer esta especializaci\u00f3n no solamente por materia sino por delito y no est\u00e1 claro c\u00f3mo se va a manejar el tema, dice Esp\u00edn.\u00a0\u00a0 \u201cSe requieren reformas legales y una madurez del sistema judicial para que esto pueda funcionar, porque si no lo \u00fanico que tendremos es una unidad m\u00e1s con otro nombre como las que ya tenemos por montones en las unidades de Fiscal\u00eda y de la Polic\u00eda Judicial, pero en esencia seguiremos en el estado en el que est\u00e1 la situaci\u00f3n final de la seguridad en el pa\u00eds\u201d.<\/p>\n

El proceso para designar a estos nuevos jueces cuenta con el apoyo del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (PAcCTO). Se trata de\u00a0 es un programa de asistencia t\u00e9cnica de la Uni\u00f3n Europea con 18 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, incluido el Ecuador. El objetivo es intercambiar experiencias y buenas pr\u00e1cticas en temas sobre estado de derecho y seguridad ciudadana. En marzo del 2019 hubo una jornada para analizar experiencias internacionales y determinar el perfil de los nuevos jueces y c\u00f3mo deb\u00eda ser el proceso de selecci\u00f3n, a partir de ellas.<\/p>\n

Sin embargo, gran parte de lo analizado en esos encuentros y planes previos a\u00fan est\u00e1 solo en el papel, a pesar de que la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales est\u00e1 tan cerca. \u201cUno se queda pensando cuando ve estos concursos hasta d\u00f3nde pueden llegar las limitaciones de los filtros a los que las personas est\u00e1n siendo sometidas. Algunos de los participantes fueron ya fiscales o jueces, tuvieron visibilidad en el \u00e1mbito judicial y algunos de ellos fueron cuestionados sobre su desempe\u00f1o. Eso deja la duda de quienes realmente est\u00e1n interesados en ser jueces anticorrupci\u00f3n y quienes tienen intereses por ser parte de un equipo de estos, para controlar el poder judicial\u201d, dice Esp\u00edn.<\/p>\n

El camino es complejo tomando en cuenta que existen muchos vac\u00edos legales.<\/p>\n

\u00abEl COIP en palabras es bueno, indica Esp\u00edn, pero es un Frankenstein que cada vez que alguien se emociona, lo cambia y esto genera un problema en la pr\u00e1ctica judicial. El sistema legislativo es inmaduro y hay una falencia acad\u00e9mica en los procesos. La investigaci\u00f3n de la t\u00e9cnica jur\u00eddica es la gran deuda de la academia, para hacer aportes\u00bb.<\/p>\n

Un estudiante lidera la veedur\u00eda del concurso\u00a0\u00a0<\/strong><\/h2>\n

La Veedur\u00eda que se conform\u00f3 mediante resoluci\u00f3n del Consejo de Participaci\u00f3n Ciudadana y Control Social 0166, a fines de abril, solo ha emitido un informe general y har\u00e1 uno completo al finalizar el concurso, dijo a C\u00f3digo Vidrio su coordinador, Erick Mor\u00e1n Jacho.<\/p>\n

Tambi\u00e9n forman parte del organismo Hugo Bone Ortiz, Jorge Bonilla Macas, Clara Casquete Hurtado, \u00c1ngel Paredes Carrasco, Merli Llanos Campa\u00f1a y Tatiana Flores Abarca. Jacho, quien ha sido candidato a concejal de Quito por Pachakutik, dice que representan a distintas organizaciones y viven en Ambato, Esmeraldas, Cuenca y Quito. Hasta el momento han tenido cinco reuniones, una\u00a0\u00a0cada vez que finaliza una etapa del concurso y han acudido a llamados del CJ para presenciar las actividades o ruedas de prensa.<\/p>\n

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Erick Mor\u00e1n Jacho, de 23 a\u00f1os, es el coordinador de la veedur\u00eda ciudadana del concurso. Cursa el s\u00e9ptimo semestre de Derecho en la Universidad Cat\u00f3lica.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

\u201cHasta el momento todo se ha llevado a cabo con total transparencia y se ha difundido todo por la p\u00e1gina del CJ; cualquier persona puede hacer una impugnaci\u00f3n y nosotros podemos dar seguimiento\u201d, dijo. Seg\u00fan Mor\u00e1n, uno de los miembros de la Veedur\u00eda planeaba presentar impugnaciones contra siete aspirantes, por los cargos que tienen registrados. El plazo para presentar estos recursos venc\u00eda este viernes 26 de agosto y hasta el cierre de este reportaje, a\u00fan no se conoc\u00edan cu\u00e1ntos hab\u00edan ingresado al sistema del Consejo de la Judicatura.<\/p>\n

La \u00fanica observaci\u00f3n que hasta el momento hace Mor\u00e1n tiene que ver con un tema laboral. \u201cYo hubiera cambiado en el inicio que una persona que ya ocupaba un cargo actualmente postule por otro. Hay muchos que cumplen y no tienen cargo actualmente y tienen mejor experiencia, ellos podr\u00edan entrar\u201d, dice. Por lo dem\u00e1s, est\u00e1 de acuerdo en la forma en la que la Judicatura lleva adelante el concurso: \u201cHan tenido apertura, nos han dado una oficina en su edificio y cuando les pedimos informes los facilitan el mismo d\u00eda o al d\u00eda siguiente\u201d.<\/p>\n

Mor\u00e1n es guayaquile\u00f1o, tiene 23 a\u00f1os. Cursa el s\u00e9ptimo semestre de Derecho en la Universidad Cat\u00f3lica. \u201cFui apoyado por una asociaci\u00f3n, ya que queremos que esta unidad nueva se forme con transparencia\u201d, dijo.<\/p>\n

Se trata de la Asociaci\u00f3n de Producci\u00f3n Artesanal Interprofesional del Ecuador (Asoproartiecu). Su representante legal es Mor\u00e1n, desde hace dos a\u00f1os. Agrupa a artesanos de 14 provincias que se dedican a la ebanister\u00eda, bisuter\u00eda, cocina, reposter\u00eda, entre otras actividades. \u00c9l es fot\u00f3grafo en la rama artesanal. En su hoja de vida, detalla que tambi\u00e9n es instructor y capacitador.<\/p>\n

Si bien la asociaci\u00f3n a la que representa no tiene ninguna relaci\u00f3n con temas jur\u00eddicos, Mor\u00e1n decidi\u00f3 participar en este mecanismo de control social por su afinidad con el Derecho, porque algunos de sus familiares han sido abogados. \u201cComo tambi\u00e9n estoy involucrado en la rama del derecho, aparte de lo artesanal, un bufete de abogados nos invit\u00f3\u201d. Es Fundere (Fundaci\u00f3n del Derecho), Guayaquil,\u00a0\u00a0cuyo representante legal es Oswaldo D\u00e1vila Gabino, dice Mor\u00e1n.<\/p>\n

En la hoja de vida del coordinador de la Veedur\u00eda constan capacitaciones en distintas tem\u00e1ticas: riesgos laborales, salud ocupacional, formaci\u00f3n de mediadores, inteligencia de negocios, liderazgo, relaciones humanas, primeros auxilios, desarrollo de la personalidad, ensamblaje de muebles, prevenci\u00f3n de delitos sexuales, C\u00f3digo Org\u00e1nico Administrativo, mediaci\u00f3n, oratoria, entre otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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