{"id":6039,"date":"2021-12-18T22:57:17","date_gmt":"2021-12-19T03:57:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=6039"},"modified":"2021-12-19T13:55:20","modified_gmt":"2021-12-19T18:55:20","slug":"las-causas-de-la-tormenta-policial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/las-causas-de-la-tormenta-policial\/","title":{"rendered":"Las causas de la tormenta policial"},"content":{"rendered":"

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Abogado penalista. Especialista en temas de seguridad<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

<\/a>En Ecuador, desde su retorno a la democracia en 1979, los modelos de seguridad se han aplicado por la Polic\u00eda en funci\u00f3n de la tendencia ideol\u00f3gica de los gobiernos de turno.<\/p>\n

Por ello, tomando en cuenta que el eje de control siempre ha sido el poder pol\u00edtico, con el Ejecutivo a la cabeza, es necesario iniciar este largo viaje partiendo del modelo heredado desde que 27 de febrero de 1975, cuando el general\u00a0Guillermo Rodr\u00edguez Lara, como Jefe Supremo,\u00a0expidi\u00f3 la Ley Org\u00e1nica de la Polic\u00eda Nacional, cambiando el nombre a Polic\u00eda Nacional. Tambi\u00e9n cre\u00f3 el Ministerio de Gobierno (antes Ministerio del Interior), y la Subsecretar\u00eda de Polic\u00eda, encargada de la coordinaci\u00f3n entre la instituci\u00f3n y el gobierno. Estas entidades tuvieron un papel preponderante en los a\u00f1os venideros, pues precisamente desde las oficinas ministeriales se toman decisiones que \u00a0afectan el control de la seguridad del Estado, que posteriormente se considerar\u00eda como \u00abSeguridad Ciudadana\u00bb.<\/p>\n

En sus or\u00edgenes la Polic\u00eda, como herencia de su creaci\u00f3n institucional, manten\u00eda la estructura y organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica militar. Eso, en un pa\u00eds de matices como el Ecuador, no trajo sino una confrontaci\u00f3n interinstitucional entre FFAA y Polic\u00eda, que desencaden\u00f3 una profunda rivalidad, motivada en competencias y capacidades.<\/p>\n

De hecho, eso se evidenci\u00f3 en la creaci\u00f3n de la Ley de Fabricaci\u00f3n, Importaci\u00f3n, Exportaci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, que delimit\u00f3 la capacidad operativa policial en cuanto a armamento y munici\u00f3n para uso institucional, subordinando la autorizaci\u00f3n para compra de estos insumos a la decisi\u00f3n del Comando Conjunto de las FFAA. Entonces no se pens\u00f3 en su misi\u00f3n espec\u00edfica, sino en una posible confrontaci\u00f3n entre ambas instituciones.<\/p>\n

En enero de 1981, en la presidencia de\u00a0Jaime Rold\u00f3s, se inici\u00f3 una\u00a0huelga\u00a0en la instituci\u00f3n policial. El motivo fue que luego de a\u00f1o nuevo a\u00fan no se hab\u00eda pagado a los polic\u00edas sus sueldos y bonificaciones a las que ten\u00edan derecho. La protesta termin\u00f3 luego de un proceso de negociaci\u00f3n liderada por el Ministro de Gobierno sin que ello haya destado una confrontaci\u00f3n.<\/p>\n

Este evento gener\u00f3 tambi\u00e9n una respuesta en la legislaci\u00f3n positiva, pues se delimit\u00f3 el accionar policial y se foment\u00f3 la proliferaci\u00f3n de reclamos atribuibles a la violaci\u00f3n de derechos humanos, considerando que los principales titulares de estos derechos son precisamente las personas en conflicto con la Ley.<\/p>\n

Desde fines de los a\u00f1os 80, la Polic\u00eda se vio envuelta en una serie de cuestionamientos, especialmente en temas vinculados a violaci\u00f3n de derechos humanos, actos de corrupci\u00f3n y niveles de inseguridad crecientes, con un manejo poco t\u00e9cnico de la problem\u00e1tica que se desbordaba en varias provincias, principalmente de la costa. Las acciones de gobierno, por su parte, se limitaban a buscar alternativas para combatir estos flagelos, pero en medio de una marcada inestabilidad pol\u00edtica y econ\u00f3mica que generaba constantes enfrenamientos entre la Polic\u00eda y sectores sociales. En muchos casos, los polic\u00edas terminaban siendo procesados por cumplir con su deber de ejecutar acciones decididas por el Ejecutivo, a trav\u00e9s del mando, para el mantenimiento del orden.<\/p>\n

\u2026\u2026….<\/strong><\/p>\n

Con la reforma a la Constituci\u00f3n de 2008 y la llegada del modelo de la denominada \u00abrevoluci\u00f3n ciudadana\u00bb una vez m\u00e1s se cuestiona la estructura policial en su conjunto. Se habla de la necesidad de cambiar el modelo de polic\u00eda con ra\u00edces militares y convertirla en una polic\u00eda m\u00e1s \u00abciudadana\u00bb. Entonces se crea la Comisi\u00f3n de la Verdad, cuya \u00fanica finalidad fue perseguir presuntos delitos cometidos por oficiales retirados con el objetivo de posicionar en el imaginario de la poblaci\u00f3n que se estaba depurando a la Polic\u00eda desde sus or\u00edgenes.<\/p>\n

Esta misma doctrina dispuso la liberaci\u00f3n de cientos de reos que no ten\u00edan sentencia como producto de un abultado y hasta hoy d\u00eda excesivamente burocr\u00e1tico sistema judicial. A la receta del \u00ab\u00e9xito\u00bb en la seguridad ciudadana se sum\u00f3 la incorporaci\u00f3n de tablas de consumo o tablas de porte no penalizado de sustancias sujetas a control en todos sus niveles y fijando montos de \u00ednfima cuant\u00eda para despenalizar las acciones delictivas.<\/p>\n

Se debe reconocer el af\u00e1n de ese gobierno por realizar una modernizaci\u00f3n de los equipos b\u00e1sicos de protecci\u00f3n y dotaci\u00f3n para el cumplimiento de la misi\u00f3n espec\u00edfica constitucionalmente asignada a la Polic\u00eda de mantener la seguridad, pero no sin tener en consideraci\u00f3n que el costo fue el incremento de la injerencia pol\u00edtica en la estructura policial, al punto que se estableci\u00f3 una nueva rector\u00eda y dependencia absoluta del poder pol\u00edtico. Ello fue notorio en la designaci\u00f3n de cargos en todos los niveles de la instituci\u00f3n policial creando las \u00abComisiones de Pases\u00bb que no eran otra cosa que la decisi\u00f3n ministerial de colocar a sus allegados en puestos claves de la seguridad y a sus no allegados en los rec\u00f3nditos lugares que el territorio nacional permite.<\/p>\n

Esta realidad conlleva igualmente la afectaci\u00f3n de familias y la merma profesional, pues hasta hoy se mantiene una discrecionalidad marcada en la designaci\u00f3n para cursos de capacitaci\u00f3n nacional o internacional, pues este es un componente trascendental para garantizar la permanencia o separaci\u00f3n de la vida institucional.<\/p>\n

En el 2010 es relevante el acontecimiento del 30 de septiembre cuando ocurri\u00f3 la insubordinaci\u00f3n policial en el Regimiento Quito, contra el entonces presidente Rafael Correa. Tras esos sucesos el gobierno nhizo un cambio radical del modelo de gesti\u00f3n policial y la visi\u00f3n de desconcentraci\u00f3n de los cuarteles policiales bajo lo que se denomin\u00f3 \u00abPlan Seguridad Ciudadana y re Reformulaci\u00f3n del 2010\u00bb. As\u00ed se estableci\u00f3 un modelo de gesti\u00f3n policial que se soporta sobre el concepto de polic\u00eda comunitaria<\/em><\/strong>, que implic\u00f3 una inversi\u00f3n enorme en la contrucci\u00f3n de las llamadas UPC (unidades de Polic\u00eda Comunitaria) a nivel nacional; que en la pr\u00e1ctica diaria se torna inadecuadas a la realidad, pues para su funcionamiento en condiciones \u00f3ptimas se debe considerar los turnos del personal asignado y las condiciones de judicialziaci\u00f3n en caso de ejecutar cualquier forma de detenci\u00f3n, pues ello conlleva horas en los procesos de aseguramiento de los detenidos y su correspondiente judicializaci\u00f3n, dejando el sector en estado de abanadono mientras se cumplen con las diligencias judiciales. Esta problem\u00e1tica ha determinado que la ciudadan\u00eda en muchos casos proteste por la falta de respuesta policial ante los llamados de emergencia, as\u00ed como la gran inversi\u00f3n log\u00edstica que este modelo exige.<\/p>\n

Se efectuaron procesos de desconcentraci\u00f3n y la creaci\u00f3n de circuitos y subciruitos, creando sistema de control de productividad del personal. Para muchos de los ide\u00f3logos de este sistema, basado en la dispersi\u00f3n de unidades policiales y presencia activa en territorio, se consigui\u00f3 una reducci\u00f3n importante de varios de los indicadores de la inseguridad delictual como son el porcentual de robos (2011-2014) y al persistente descenso de los homicidios (2010-2015). Pero ello en realidad debe ser analizado en su real dimensi\u00f3n frente al incremento de las cifras negras y la desmotivaci\u00f3n ciudadana de presentar denuncias que no tienen respuesta alguna o encuentran una verdadera soluci\u00f3n al evento sucedido, pues el sistema investigativo no solo que se encuentra saturado, sino que es selectivo en la determinaci\u00f3n de investigaciones y resultados reales.<\/p>\n

La Tasa de Homicidios descendi\u00f3 de 18,74, en 2009, a 7,2, en 2014. El 2015 se redujo el \u00edndice de homicidios aproxim\u00e1ndose a 6 por cada 100.000 habitantes, un \u00edndice hist\u00f3rico que hac\u00eda 33 a\u00f1os no se repet\u00eda. Este mismo valor, el 2009, ubicaba la tasa de homicidios en 18,74; el descenso fue del 32%. Sin embargo, el Estado policial se impuso en Ecuador. Sobre todo, porque la capacidad policial se increment\u00f3 significativamente por la inversi\u00f3n millonaria que se realiz\u00f3 en medios que fueron ampliamente cuestionados como la adquisici\u00f3n de patrulleros marca KIA, inapropiados para las tareas de patrullaje y con denuncias de sobreprecios.<\/p>\n

La realidad geogr\u00e1fica y operativa del sistema policial super\u00f3 la capacidad que estos veh\u00edculos podr\u00edan brindar. No obstante, ya cumplida la vida \u00fatil de la flota completa, no se ha realizado ning\u00fan proceso para su reemplazo por veh\u00edculos m\u00e1s acordes a las exisgencias del servicio de seguridad en el pa\u00eds, no solo en el per\u00edmetro urbano como aparentemente se consider\u00f3 al realizar esta compra, sino acorde a la realidad rural del Ecuador.<\/p>\n

\u2026\u2026….<\/strong><\/p>\n

Ahora, frente a las cr\u00edticas de la vinculaci\u00f3n de efectivos policiales al submundo delincuencial, existen varios eventos que forzaron una investigaci\u00f3n sobre elementos de las propias filas policiales. Uno de ellos es el sonado \u00abcaso Hong\u00bb, en el cual un General en servicio activo estuvo bajo la mira de la justicia, sin que haya sido finalmente sentenciado. Otro fue el escandaloso \u00abCaso Pases\u00bb, que impuso una pena privativa de la libertad al ex Comandante, con muchos cuestionamientos sobre las verdaderas motivaciones de esta investigaci\u00f3n y sus resultados, por la proximidad de los investigados al poder pol\u00edtico de turno.<\/p>\n

El 2011 en un\u00a0cable diplom\u00e1tico, escrito en 2009, publicado por el diario\u00a0\u00abEl Pa\u00eds\u00bb. En esa comunicaci\u00f3n la embajadora estadounidense\u00a0Heather Hodges\u00a0dijo que \u00abla\u00a0corrupci\u00f3n\u00a0entre los agentes de la Polic\u00eda de Ecuador es amplia y bien conocida<\/em>\u00bb y que \u00ablos inversionistas de EEUU se muestran reacios a arriesgar sus recursos a sabiendas de que podr\u00edan ser objetivo de los corruptos los agentes del orden<\/em>\u00ab. Esta situaci\u00f3n vuelve a aflorar frente al reciente anuncio del embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, quien al referirse a las acciones anticorrupci\u00f3n mencion\u00f3, en una entrevista en el medio digital Primicias, que se est\u00e1n retirando visas a los generales investigados por varios casos de connotaci\u00f3n.<\/p>\n

No obstante, el Embajador riesgosamente deja en un cuestionamiento ampliado a todos los oficiales generales de la Polic\u00eda, en servicio activo y pasivo, pues no se precis\u00f3 las acciones judiciales que podr\u00edan existir. Tampoco puntualiz\u00f3 a quienes se refer\u00eda en particular. Una declaraci\u00f3n tan general no le hace bien a una lucha frontal contra la corrupci\u00f3n como la que pretende realizar el gobierno del Presidente Lasso y a las actuaciones de Antinarc\u00f3ticos, que este a\u00f1o ya desembocaron en la captura de 190 toneladas de droga, 153 de coca.<\/p>\n

Es fundamental mantener una pol\u00edtica de cero tolerancia a la corrupci\u00f3n y mecanismo de transparencia de los funcionarios llamados a hacer cumplir la Ley. Existen actualmente varios procesos en carpeta que deber\u00e1n ser materia de an\u00e1lisis en profundidad por la justicia. Sobre todo se deber\u00e1 considerar que un oficial de la Polic\u00eda es un funcionario p\u00fablico cuyos ingresos est\u00e1n limitados al sueldo que percibe del Estado, y que cualquier valor adicional deber\u00e1 ser justificado para sustentar un patrimonio coherente.<\/p>\n

Todos los oficiales de las FFAA, Polic\u00eda e inclusive de los dem\u00e1s cuerpos de seguridad considerados por el cuestionado COESCOP deben someterse a un mayor escrutinio p\u00fablico. Solo as\u00ed se podr\u00e1 desarrollar un nivel de confianza en su gesti\u00f3n.<\/p>\n

No se pueden dejar de lado la existencia de pruebas de confianza realziadas a todos los Oficiales de la Polic\u00eda de manera permanente en cada uno de los procesos de calificaci\u00f3n previo a los ascensos je\u00e1rquicos. Hist\u00f3ricamente se conoce que estas han sido superadas por unos oficiales y minimizadas para otros que no las aprobaron. No obstante, ostentan cargos de alta responsabilidad en la seguridad nacional, pese a no cumplir ese requisito.<\/p>\n

La \u00f3ptica sesgada de las calificaciones de concepto ha sido igualmente puesta en duda. Ha servido para privilegiar las relaciones de subordinaci\u00f3n al poder pol\u00edtico m\u00e1s que a la calidad de los oficiales evaluados. Por este motivo, en m\u00faltiples ocasiones la justicia com\u00fan y el accionar constitucional han fallado con serios cuestionamientos a los procesos de evaluaci\u00f3n, previo el ascenso de los oficiales, sin que el Estado haya aplicado rectificaciones hasta el momento. No se puede olvidar que un ACTO administrativo se motiva con otro ACTO administrativo; no hacerlo infiere caer en la discresionalidad o el abuso de poder; condiciones que son precisamente alegadas por las defensas de los cuatro generales restituidos por una sentencia, que fue apelada por la Presidencia.<\/p>\n

\u2026\u2026….<\/strong><\/p>\n

El crecimiento de la problem\u00e1tica de la inseguridad tambi\u00e9n va de la mano con el incremento poblacional y los fen\u00f3menos de la migraci\u00f3n agresiva que ha vivido el pa\u00eds, con ciudadanos errantes en condici\u00f3n de calle. Por ello, se plante\u00f3, ya en el 2011, la necesidad de incrementar el pie de fuerza a 70.000 polic\u00edas, para cubrir la necesidad en el 2017, adem\u00e1s de aumentar los agentes especializados en \u00e1reas t\u00e9cnicas, t\u00e1cticas e inteligencia. Todas estas condiciones se suman cuando se debe analizar la problem\u00e1tica de la violencia que vive el Ecuador. No se puede desconocer un estado de excepci\u00f3n y varios de emergencia que han sido dispuestos por la conmoci\u00f3n interna que produce la violencia criminal y las condiciones de lesa humanidad que existen en los mal llamados Centros de Rehabilitaci\u00f3n. Este n\u00famero no ha sido alcanzado hasta el momento por la falta de presupuesto, as\u00ed como por la inversi\u00f3n log\u00edstica que se requiere, tomando en cuenta que la Polic\u00eda no ha entregado uniformes de dotaci\u00f3n desde el 2015, cuando cerr\u00f3 sus operaciones la cuestionada y fallida empresa FABREC.<\/p>\n

Es importante anotar que la violencia es causa y consecuencia del ciclo de la pobreza y el estancamiento econ\u00f3mico, producto de 14 a\u00f1os de ignorar la productividad y apostarle al gasto estatal. Esas condiciones han generado el caldo de cultivo para el aparecimiento cada d\u00eda m\u00e1s frecuente de alternativas econ\u00f3micas vinculadas a diferentes tipos de delitos muy rentables que contaminan a la poblaci\u00f3n joven del pa\u00eds, especialmente en la frontera, convertida en semillero para el crimen organizado y la violencia estructurada.<\/p>\n

Estos conceptos de violencia, inseguridad, percepci\u00f3n de inseguridad, se han vuelto cotidianos en medio de sociedades cada d\u00eda m\u00e1s convulsionadas que han desencadenado actos de violencia generalizada y ca\u00f3tica como la manifestada en octubre de 2019 en Ecuador. Son las condiciones similares que pusieron a Colombia en un enfrentamiento generalizado, que hoy es analizado por la CIDH. Estos eventos tampoco est\u00e1n tan lejos de lo acaecido en Chile o los chalecos amarillos en Francia, o en Washington, con la toma del Congreso por partidarios del expresidente Donald Trump. Todos estos fen\u00f3menos dejan profundas huellas y ense\u00f1anzas para los sistemas de seguridad. Sino aprendemos del pasado el futuro es muy riesgoso para todos.<\/p>\n

Ecuador no cuenta con una herramienta jur\u00eddica consolidada para la defensa de los ciudadanos, que garantice a los funcionarios de las entidades encargadas de hacer cumplir la Ley niveles m\u00ednimos de seguridad jur\u00eddica. La ant\u00edtesis de ellos es el C\u00f3digo Org\u00e1nico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden P\u00fablico (COESCOP). Est\u00e1 vigente desde junio del 2017, el COIP (2014), con sus m\u00faltiples reformas, que dejan profundas dudas sobre la forma de juzgar y las verdaderas garant\u00edas para mejorar el sistema de justicia con las innumerables cr\u00edticas que lo rodean.<\/p>\n

Esos cuerpos normativos nacieron bajo la \u00f3ptica del gobierno \u201crevolucionario\u201d y su visi\u00f3n de \u00a0la solidaridad y la reconstituci\u00f3n del tejido social. Pero, las acciones de los gobiernos de turno, en los \u00faltimos 14 a\u00f1os, est\u00e1n muy distantes de esas proclamas.<\/p>\n

Le corresponde al actual mandatario Guillermo Lasso enfrentar sus consecuencias, para lo cual deber\u00e1 desapegarse de viejas falanges de esta nueva trova que trajo la revoluci\u00f3n de la seguridad ciudadana. Adoptar medidas efectivas para establecer conceptos de prevenci\u00f3n activa y reactiva, coordinaci\u00f3n interinstitucional para el desarrollo de programas de seguridad sostenibles con el talento humano y recursos indispensables. Adicionalmente, debe fortalecer los sistemas de inteligencia y procesamiento sistem\u00e1tico de la informaci\u00f3n antidelincuencial para la correlaci\u00f3n de eventos a escala nacional.<\/p>\n

Eso es indispensable cuando vivimos una era de organizaciones delictivas, no de delincuencia de oportunidad, como la amenaza principal. Se suman los factores externos del ingreso de armas y dinero del narcotr\u00e1fico y delitos conexos. El desaf\u00edo de la seguridad no puede ser materia de improvisaci\u00f3n. Hay que sepultar los discursos l\u00edricos esgrimidos por los principales responsables del incremento de la violencia ciudadana.<\/p>\n

Es hora de desprenderse de las ideolog\u00edas caducas, recuperando la sensatez del pensamiento l\u00f3gico y el pragmatismo en las acciones de control. Esto debe ir de la mano de la aplicaci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas que han sido exitosas en el resto del mundo. Nos hemos llenado de estudios elaborados por iluminados del conocimiento como el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia 2019\u20132030, Plan de Seguridad Integral 2019-2030, Plan Estrat\u00e9gico de la Polic\u00eda 2017-2021 y el Plan Estrat\u00e9gico Integral de Seguridad Fronteriza Frontera Norte 2018. Todos se han sumado a las cientos de estrategias enunciadas en cada rendici\u00f3n de cuentas de las entidades de seguridad, que no aterrizan en acciones efectivas.<\/p>\n

El Presidente deber\u00e1 respaldarse activamente con personas que realmente asuman el compromiso de ser parte de la soluci\u00f3n en un problema complejo. No solo de aquellos que buscan perpetuarse en estas estructuras con resultados nefastos. Es hora de tener funcionarios con decisiones efectivas, sin compromisos ocultos, para empujar un cambio radical en el rumbo que tiene la inseguridad, que actualmente es el principal problema del pa\u00eds. Como ha dicho el presidente Lasso, la seguridad ser\u00e1 prioridad en su gobierno hasta recuperar la paz ciudadana y gobernabilidad absoluta en todos los rincones del pa\u00eds. No pueden existir c\u00e1rceles sin Dios ni Ley, ni ciudades sumidas en el miedo o la violencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  En Ecuador, desde su retorno a la democracia en 1979, los modelos de seguridad se han aplicado por la Polic\u00eda en funci\u00f3n de la tendencia ideol\u00f3gica de los gobiernos de turno. 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