{"id":12497,"date":"2026-08-01T12:06:29","date_gmt":"2026-08-01T17:06:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=12497"},"modified":"2026-10-03T18:37:13","modified_gmt":"2026-10-03T23:37:13","slug":"un-bufete-espanol-que-apoyo-a-la-presidencia-tambien-evaluo-a-la-unidad-de-jueces-anticorrupcion-meses-antes-de-su-extincion-con-aval-de-la-judicatura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/un-bufete-espanol-que-apoyo-a-la-presidencia-tambien-evaluo-a-la-unidad-de-jueces-anticorrupcion-meses-antes-de-su-extincion-con-aval-de-la-judicatura\/","title":{"rendered":"Un bufete espa\u00f1ol, que apoy\u00f3 a la Presidencia, tambi\u00e9n evalu\u00f3 a la Unidad de Jueces Anticorrupci\u00f3n, meses antes de su extinci\u00f3n, con aval de la Judicatura"},"content":{"rendered":"

En julio pasado el Consejo de la Judicatura dio luz verde para que el estudio jur\u00eddico espa\u00f1ol Cremades & Calvo-Sotelo elabor\u00e9 un informe de avaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o de de la Unidad de Jueces Anticorrupci\u00f3n, que fue suprimida dos meses despu\u00e9s. En 2024, abogados del mismo bufete elaboraron un an\u00e1lisis que aval\u00f3 la constitucionalidad<\/b> del decreto emitido por la Presidencia de la Rep\u00fablica para declarar el estado de excepci\u00f3n. En ambos casos, el bufete ofreci\u00f3 sus servicios de oficio, al parecer sin que ninguna autoridad se los pidiera, y no cobr\u00f3 un solo centavo por sus servicios, incluidos los viajes desde Espa\u00f1a y su estad\u00eda en Ecuador. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/span><\/h3>\n

Redacci\u00f3n C\u00f3digo Vidrio<\/strong><\/p>\n

Abogados del bufete espa\u00f1ol Cremades & Calvo-Sotelo<\/strong> se volvieron aliados oficiosos y oportunos de la Presidencia de la Rep\u00fablica y del Consejo de la Judicatura (CJ),<\/strong> en momentos claves, entre 2024 y 2026.<\/p>\n

En su m\u00e1s reciente intervenci\u00f3n en Ecuador este estudio privado entr\u00f3 en escena para proponerle a la Judicatura la elaboraci\u00f3n de un informe de evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o de la Unidad de Jueces de Lucha contra la Corrupci\u00f3n y el Crimen Organizado<\/strong>. La propuesta de esa firma -un documento de 10 p\u00e1ginas en poder de este medio- fue entregada formalmente el 25 de junio pasado en Madrid, mientras la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo<\/strong>, se encontraba en una visita oficial a Espa\u00f1a e Italia. Un mes despu\u00e9s el pleno de la Judicatura aprob\u00f3 que esa firma legal elaborara el informe, que deb\u00eda estar listo en cuatro semanas, seg\u00fan el cronograma establecido.<\/p>\n

La Unidad fue eliminada semanas despu\u00e9s, el 7 de septiembre por el CJ, bajo el argumento de corregir un desequilibrio operativo<\/strong> y optimizar los recursos en la funci\u00f3n judicial. Eso en vista de que los jueces especializados -seg\u00fan la resoluci\u00f3n- ten\u00edan muy baja carga procesal y sus competencias pod\u00edan ser extendidas a otros juzgadores penales, que ya estaban conociendo este tipo de delitos en otras provincias, seg\u00fan indic\u00f3 Caicedo. Ante \u00a0una serie de reacciones adversas la titular de la Judicatura asegur\u00f3 que no fue eliminada ni disuelta, sino suprimida mediante un proceso de fusi\u00f3n y reestructuraci\u00f3n<\/b>. Las causas que antes manejaba de forma exclusiva esta unidad especial fueron asumidas por otras judicaturas penales y la Corte Provincial de Pichincha.<\/p>\n

La extinci\u00f3n de la Unidad, que oper\u00f3 cerca de cuatro a\u00f1os, desat\u00f3 una avalancha de cr\u00edticas. Juristas, gremios, acad\u00e9micos y sectores pol\u00edticos, as\u00ed como representantes de organismos internacionales, se\u00f1alaron que la Judicatura se extralimit\u00f3 en sus funciones y que la decisi\u00f3n es una injerencia a la independencia judicial. Esta arremetida contra otras funciones del estado tambi\u00e9n fue evidente el a\u00f1o pasado. El gobierno de Daniel Noboa acus\u00f3 a los nueve magistrados de la Corte Constitucional de favorecer al crimen organizado, en el contexto del tr\u00e1mite de decenas de demandas de inconstitucionalidad de organizaciones de sociedad civil contra tres leyes aprobadas por el Ejecutivo.<\/p>\n

Los ataques sistem\u00e1ticos a los jueces en Ecuador no son un caso aislado. Son parte de una tendencia de gobiernos autoritarios, de izquierda y derecha, \u00a0que ha cobrado fuerza en todo el continente. El Salvador, con Nayib Bukele en el poder,\u00a0aparece como el caso m\u00e1s evidente de ataque sistem\u00e1tico a la independencia judicial en la regi\u00f3n. El oficialismo ha capturado todos los poderes. En 2021 el partido oficialista destituy\u00f3 al fiscal general, frustrando investigaciones de corrupci\u00f3n contra funcionarios clave. luego, la Sala de lo Constitucional -hoy integrada por jueces alineados con el Ejecutivo- fall\u00f3 a favor de la reelecci\u00f3n presidencial consecutiva de Bukele, pese a la prohibici\u00f3n expresa de la Constituci\u00f3n. Guatemala\u00a0registra ataques sostenidos contra jueces y fiscales, especialmente quienes investigan corrupci\u00f3n y derechos humanos, al igual que Honduras, Nicaragua\u00a0y Venezuela que muestran un deterioro cr\u00f3nico. M\u00e9xico destaca por la reforma constitucional al poder judicial impulsada bajo el expresidente L\u00f3pez Obrador y continuada con las elecciones judiciales de 2025, que trasladaron el sistema de nombramiento de jueces a elecci\u00f3n popular. En Per\u00fa, Argentina y Colombia hay \u00a0tensiones recurrentes entre el Ejecutivo\/Legislativo y el Poder Judicial, aunque con una intensidad variable.<\/p>\n

La creaci\u00f3n en Ecuador de la Unidad de Jueces anticorrupci\u00f3n se fundament\u00f3 en reformas a tres art\u00edculos del C\u00f3digo Penal, que establecen la existencia y necesidad imperiosa de jueces especializados para el juzgamiento de delitos de crimen transnacional complejos, que \u00a0requieren de una especializaci\u00f3n, destac\u00f3 Fausto Murillo, quien en 2022 lider\u00f3 su conformaci\u00f3n. La decisi\u00f3n de la Judicatura se aparta de la Convenci\u00f3n de Palermo suscrita por el Estado Ecuatoriano en 2000, que concuerda con las exigencias de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de la cual Ecuador es suscriptor.<\/p>\n

Se volvi\u00f3 un imperativo despu\u00e9s de la pandemia, en vista de que las judicaturas penales en las distintas capitales de provincia y cantones del pa\u00eds fueron virtualmente cooptadas por las organizaciones criminales, en el contexto de la trasnformaci\u00f3n de Ecuador en una plataforma para carteles mexicanos y de los balcanes, por donde se env\u00eda un 70% de la coca\u00edna que se produce en Colombia. Mientras buena parte de los los jueces y sus familiares, especialmente en provincias de la costa, han sido amenazados otros fueron corrompidos para ponerse del lado de la delincuencia y la corrupci\u00f3n, dijo una fuente de la Judicatura que fue parte del proceso de selecci\u00f3n de juzgadores anticorrupci\u00f3n. Este fue el motivo por el cual la unidad se centraliz\u00f3 en Quito, para precautelar la seguridad de los juzgadores.<\/p>\n

El espaldarazo de los espa\u00f1oles al gobierno<\/strong><\/h2>\n
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El bufete espa\u00f1ol le propuso al Consejo de la Judicatura elaborar la evaluaci\u00f3n de la Unidad, sin ning\u00fan costo, y tuvo acceso a informaci\u00f3n privilegiada. <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n
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El 27 de junio de 2024, Jos\u00e9 Francisco Est\u00e9vez (centro), copresidente de Cremades y Clavo-Sotelo, dio una rueda de prensa en Quito, junto con Elena Fern\u00e1ndez y Gabriel Fern\u00e1ndez, para respaldar al gobierno, en nombre de la Asociaci\u00f3n Mundial de Juristas. la Secretar\u00eda de Comunicaci\u00f3n convoc\u00f3 a los medios. Foto de archivo<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

No es la primera vez que abogados de Cremades & Calvo-Sotelo colaboran voluntariamente con autoridades ecuatorianas en temas jur\u00eddicos y constitucionales. Hace dos a\u00f1os, el 27 de junio de 2024, tres de sus integrantes, Jos\u00e9 Francisco Est\u00e9vez, copresidente de ese bufete, Elena Fern\u00e1ndez y Gabriel Fern\u00e1ndez, desembarcaron en Quito para respaldar al gobierno, en nombre de la Asociaci\u00f3n Mundial de Juristas<\/strong>, cuya sede est\u00e1 en Washington, Estados Unidos. Entonces dieron a conocer en una rueda de prensa los resultados de un informe que dijeron haber elaborado sobre la constitucionalidad del proyecto de Decreto Ejecutivo de declaratoria de estado de excepci\u00f3n<\/strong>, que el presidente Daniel Noboa<\/strong> estaba por presentar para su calificaci\u00f3n a la Corte Constitucional. Los medios fueron convocados a la conferencia por la Secretar\u00eda de Comunicaci\u00f3n de la Presidencia.<\/p>\n

En ambos casos los abogados espa\u00f1oles dijeron que actuaron de oficio, sin que ninguna autoridad o instituci\u00f3n del pa\u00eds se los pidiera, y que no cobraron un solo centavo por sus servicios para el Ejecutivo y la Judicatura. Eso incluy\u00f3 el pago de sus pasajes desde Espa\u00f1a a Ecuador, as\u00ed como el hospedaje, alimentaci\u00f3n y transporte en Quito. La Presidencia y la Judicatura tambi\u00e9n indicaron que los servicios de los abogados espa\u00f1oles fueron gratuitos.<\/p>\n

Los espa\u00f1oles Est\u00e9vez ni Fern\u00e1ndez aparecen registrados como integrantes de la Asociaci\u00f3n Mundial de Juristas. Solo Gabriel Fern\u00e1ndez es parte de ese organismo en calidad de delegado ante la ONU en Viena y socio de Cremades y Calvo-Sotelo.<\/p>\n

Una vez que Caicedo regres\u00f3 al pa\u00eds de su viaje a Italia y Espa\u00f1a, donde estuvo entre el 13 y el 27 de junio, los vocales de la Judicatura conocieron la propuesta para evaluar el desempe\u00f1o de las salas especializadas de los 19 jueces anticorrupci\u00f3n. Para entonces los funcionarios tambi\u00e9n empezaron a analizar la pertinencia de su continuidad, su posible reorganizaci\u00f3n, fusi\u00f3n o supresi\u00f3n, seg\u00fan confirm\u00f3 una fuente del Consejo, que pidi\u00f3 no revelar su identidad por seguridad.<\/p>\n

La decisi\u00f3n de suprimir el organismo fue tomando cuerpo en medio de una serie de inconvenientes que enfrentaban los jueces anticorrupci\u00f3n, sin tener una respuesta efectiva y oportuna del CJ, por su excesiva carga de procesos y a la falta de personal de apoyo. Sobre todo porque estaban sometidos a jornadas extenuantes en audiencias, que en varios casos terminaban a la madrugada, en vista de que deb\u00edan conocer procesos de otros de sus compa\u00f1eros, encargados de otros despachos, suspendidos o destituidos.<\/p>\n

La corrupci\u00f3n atenaza a la Judicatura<\/strong><\/h2>\n

El CJ, que es el \u00f3rgano administrativo y disciplinario del poder judicial, ha sufrido un desgaste acelerado en su credibilidad los \u00faltimos tres a\u00f1os, por estar envuelta en esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n, y por su sometimiento a intereses extrajudiciales relacionados con el crimen organizado y el poder pol\u00edtico. Desde 2022, la Judicatura ha tenido siete presidentes, que en promedio han estado en funciones menos de un a\u00f1o. En este lapso ninguno ha cumplido el per\u00edodo completo de los seis a\u00f1os en el cargo, pues la mayor\u00eda han sido encargados. Esto ha incidido directamente en una prolongada inestabilidad institucional, en medio de acciones sistem\u00e1ticas para someter a jueces y funcionarios judiciales a sus intereses. Precisamente un factor que agudiz\u00f3 la crisis es la participaci\u00f3n de dos sus \u00faltimos titulares en redes de narcotr\u00e1fico, manipulaci\u00f3n de concursos y tr\u00e1fico de influencias.<\/p>\n

Un momento de quiebre que mostr\u00f3 la magnitud del colapso fue la abrupta salida del cargo de Wilman Ter\u00e1n<\/strong>, en diciembre de 2023. Ter\u00e1n, quien antes de llegar a la Judicatura era ministro de la Corte Nacional de Justicia, fue detenido y luego sentenciado en tres juicios, que suman 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por su colaboraci\u00f3n con el narcotr\u00e1fico, obstrucci\u00f3n a la justicia y manipulaci\u00f3n del concurso de jueces de la Corte. Le sucedi\u00f3 en el cargo Mario Godoy<\/strong>, quien renunci\u00f3 en febrero pasado, mientras enfrentaba un juicio pol\u00edtico en la Asamblea, que lo destituy\u00f3 por incumplimiento de funciones, presiones a jueces y conflictos de inter\u00e9s. Estuvo dos a\u00f1os en funciones. Estos dos acontecimientos tambi\u00e9n marcaron el inicio de un distanciamiento del CJ de agencias internacionales que apoyaron la creaci\u00f3n de la Unidad.<\/p>\n

Uno de los principales problemas ocasionados por la crisis sist\u00e9mica del CJ fue la postergaci\u00f3n indefinida del la designaci\u00f3n, por consurso, de 900 jueces, que requieren juzgados, tribunales y cortes en todo el pa\u00eds. Estas judicaturas han sido permeadas por a\u00f1os por redes de corrupci\u00f3n que a\u00fan siguen operando, seg\u00fan confirmaron funcionarios a cargo del control y jueces en varias provincias. El coletazo de ese represamiento tambi\u00e9n golpe\u00f3 a la Unidad de Jueces Anticorrupci\u00f3n, que no contaba con un banco de jueces elegibles para reemplazar a los siete titulares que hab\u00edan dejado sus puestos los dos \u00faltimos a\u00f1os, definitiva o temporalmente, por distintos motivos. \u00a0\u00a0<\/span><\/strong><\/h3>\n
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Los primeros 14 jueces anticorrupci\u00f3n fueron designados luego de un concurso y capacitaci\u00f3n en 2022, con el apoyo de agencias internacionales y del gobierno de Guillermo Lasso. Fotocomposici\u00f3n CV <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Consultados por C\u00f3digo Vidrio<\/strong>, cinco exjueces anticorrupci\u00f3n coincidieron en que en lugar de fortalecer la Unidad, la Judicatura la fue torpedeando o no intervino oportunamente por sus problemas internos. Eso pese a que los juzgadores anticorrupci\u00f3n empezaron a emitir fallos importantes contra poderosas estructuras y actores criminales. \u201cEl CJ se convirti\u00f3 en la punta de lanza de la estrategia para desmantelar la Unidad que se volvi\u00f3 inc\u00f3moda e incontrolable\u201d, destac\u00f3 un juez, que tras la supresi\u00f3n fue enviado a trabajar fuera de Quito en casos de violencia intrafamiliar, sin ninguna seguridad, pese a que hab\u00eda emitido fallos en casos contra peligrosos delincuentes y estructuras mafiosas. Tambi\u00e9n era evidente una creciente animadversi\u00f3n de jueces de otras unidades jurisdiccionales por el protagonismo que iban ganando los jugadores anticorrupci\u00f3n en casos de gran impacto.<\/p>\n

Serrano abre la caja de Pandora<\/strong><\/h2>\n

A fines de noviembre de 2025 la se\u00f1al de que los jueces anticorrupci\u00f3n hab\u00edan cruzado una l\u00ednea roja para la Judicatura fue el desenlace del juicio por lavado de activos contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. <\/strong>El 20 de noviembre el juez Carlos Serrano<\/strong>, junto con dos juzgadores m\u00e1s de su tribunal, sentenciaron a Srdan<\/strong>\u00a0a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n. Semanas antes, Serrano fue presionado por el entonces director provincial del\u00a0CJ,<\/strong>\u00a0Henry Gaibor, brazo derecho de Godoy<\/strong>, para fallar a favor del narcotraficante\u00a0https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/asi-vivio-el-juez-serrano-los-ultimos-dias-antes-de-abandonar-el-pais-el-8-de-diciembre-cuando-las-autoridades-lo-dejaron-desprotegido\/<\/a>. Serrano grab\u00f3 los pedidos de Gaibor y luego denunci\u00f3 lo ocurrido p\u00fablicamente, cuando el comandante de la Polic\u00eda, Pablo D\u00e1vila<\/strong>, orden\u00f3 que los dos polic\u00edas que lo custodiaban lo abandonaran, pese a que el riesgo contra su vida hab\u00eda aumentado. En diciembre, Serrano se fue del pa\u00eds y las semanas siguientes la Judicatura le acept\u00f3 la renuncia. Era el segundo juzgador en abandonar la Unidad. En julio del 2025 el primero en ser destituido fue \u00c1ngel Quito por negligencia manifiesta, al ordenar medidas cautelares y la inmovilizaci\u00f3n de cuentas bancarias de una empresa que no estaba siendo procesada en un <\/strong>caso judicial.<\/p>\n

Este a\u00f1o varios jueces m\u00e1s fueron investigados por la Fiscal\u00eda y sancionados por la Judicatura. En febrero fueron destituidos Christian Quito y Gabriela Lara<\/strong>, se\u00f1alados por presunta delincuencia organizada y tr\u00e1fico de influencias, en el denominado Caso Fachada<\/strong>.<\/p>\n

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El 27 de julio la Judicatura suspendi\u00f3 por tres meses a los jueces Byron Uzc\u00e1tegui (foto), Silvia Velasco y Wiler Ch\u00f3ez, por revocar la prisi\u00f3n preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. foto de archivo<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

El 27 de julio la Judicatura suspendi\u00f3 por tres meses a los jueces Silvia Velasco, Byron Uzc\u00e1tegui y Wiler Ch\u00f3ez<\/strong>, por revocar la prisi\u00f3n preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez<\/strong>, y de sus hermanos dentro del caso Goleada<\/strong>. Ese tribunal consider\u00f3 de forma un\u00e1nime que la Fiscal\u00eda no pudo sustentar la necesidad de mantener detenido al Alcalde; es m\u00e1s los argumentos presentados no correspond\u00edan al caso investigado de delincuencia organizada sino a otro delito por posible evasi\u00f3n tributaria. Por eso decidieron que no hab\u00eda suficientes elementos para sostener la prisi\u00f3n. Al conocer la sanci\u00f3n, Uzca\u0301tegui denuncio\u0301 presiones previas de la Judicatura, incluyendo decisiones inesperadas que les obligaron a retrogradar audiencias en varios casos, incluido Goleada. De un momento a otro, a los tres funcionarios<\/p>\n

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intentos de forzar la reprogramacio\u0301n de audiencias mediante viajes<\/p>\n

internacionales, y advirtio\u0301 sobre un clima de intimidacio\u0301n generalizada<\/p>\n

que afecta a la independencia judicial ante decisiones que incomodan al<\/p>\n

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\npoder poli\u0301tico . El 8 de septiembre, la Direccio\u0301n de Control Disciplinario<\/p>\n

de la Judicatura recomendo\u0301 la destitucio\u0301n de los tres jueces.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Inconforme con la decisi\u00f3n la Fiscal\u00eda present\u00f3 una denuncia contra los jueces. Buscaba su destituci\u00f3n. Dos meses despu\u00e9s, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia acept\u00f3 la petici\u00f3n del Fiscal concluyendo que los jueces cometieron una \u00abfalta grav\u00edsima de error inexcusable\u00bb. Consideraron que los juzgadores no deb\u00edan discutir la existencia del delito al resolver la apelaci\u00f3n de la prisi\u00f3n preventiva. Pero ese fallo no fue un\u00e1nime. El ministro Javier de la Cadena estuvo en desacuerdo. Sostuvo, con argumentos jur\u00eddicos, que no hubo error inexcusable alguno, pues los jueces provinciales se limitaron a controlar la procedencia de la prisi\u00f3n preventiva, que es precisamente lo que un tribunal de apelaci\u00f3n debe hacer.<\/p>\n

Para el exjuez Carlos Serrano detr\u00e1s de la sanci\u00f3n hay aun problema mucho m\u00e1s grande. \u201cLo que est\u00e1 en juego es la independencia de la justicia especializada para decidir, en cada causa, si la prisi\u00f3n preventiva procede o no. En todas. Sin importar si son medi\u00e1ticas o si afectan al poder pol\u00edtico. El juez que decide con miedo a la sanci\u00f3n ya no decide. Obedece\u201d.<\/p>\n

En este caso \u00c1lvarez est\u00e1 enjuiciado por una denuncia impulsada por el fiscal general Leonardo Alarc\u00f3n. El Alcalde de Guayaquil est\u00e1 acusado de liderar una presunta red de delincuencia organizada y lavado de activos<\/strong>. El proceso ha avanzado atropelladamente en medio de debates legales y cuestionamientos sobre vicios de nulidad y una supuesta persecuci\u00f3n pol\u00edtica a \u00c1lvarez, quien es un duro opositor del Gobierno y es uno de los cuadros importantes del corre\u00edsmo.<\/p>\n

La sanci\u00f3n a los tres jueces desat\u00f3 cr\u00edticas generalizadas de diversos sectores, que defendieron la legalidad y argumentaci\u00f3n s\u00f3lida del fallo. No obstante, Mercedes Caicedo defendi\u00f3 la decisi\u00f3n del Pleno del CJ, que estaba obligado a sancionar a los jueces por la declaratoria previa de la Corte.<\/p>\n

Reuni\u00f3n en la Judicatura <\/strong><\/h2>\n

El mismo d\u00eda lunes cuando el pleno del CJ sancion\u00f3 a los tres jueces, la presidenta Caicedo recibi\u00f3 en su despacho a abogados del estudio Cremades y Calvo-Sotelo. La reuni\u00f3n se llev\u00f3 a cabo entre las 11:30 y las 12:00, seg\u00fan un funcionario que estuvo al tanto de los contactos. En la cita conversaron sobre la factibilidad del avance del proyecto, que fue aprobada por el pleno de la Judicatura cuatro d\u00edas antes, el 23 de julio.<\/p>\n

En la sesi\u00f3n ordinaria de ese d\u00eda el pleno conoci\u00f3 los informes t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos de la propuesta para el acuerdo de cooperaci\u00f3n entre la firma espa\u00f1ola y el Consejo de la Judicatura. Eso con el fin de realizar \u201cun estudio objetivo y de evaluaci\u00f3n de las judicaturas especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupci\u00f3n y crimen organizado, para generar recomendaciones para el fortalecimiento institucional del sistema de administraci\u00f3n de justicia\u201d.<\/p>\n

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En la sesi\u00f3n, el Consejo aprob\u00f3 los informes favorables presentados por las Direcciones de Asesor\u00eda Jur\u00eddica y de Gesti\u00f3n Procesal, que recomendaron avanzar con el acuerdo de cooperaci\u00f3n con el estudio Cremades y Calvo-Sotelo. Y destacaron\u00a0 que \u201cno signific\u00f3 ning\u00fan costo para el Consejo y que tendr\u00eda un car\u00e1cter de confidencialidad y reserva de la informaci\u00f3n institucional compartida\u201d.<\/p>\n

Reparos de la Coordinaci\u00f3n internacional\u00a0 \u00a0<\/strong><\/h2>\n

En la reuni\u00f3n tambi\u00e9n intervino la responsable de la Coordinaci\u00f3n de Relaciones Internacionales y Cooperaci\u00f3n<\/strong> del Consejo. La funcionaria advirti\u00f3 que esa entidad \u201cno posee competencia para gestionar o suscribir instrumentos de cooperaci\u00f3n con entidades privadas, como despachos internacionales de abogados, por cuanto sus atribuciones se circunscriben a la coordinaci\u00f3n con organismos internacionales, agencias de cooperaci\u00f3n, conforme a la normativa institucional vigente\u201d. En consecuencia -agreg\u00f3- \u201ccualquier acercamiento o formalizaci\u00f3n con actores del sector privado excede el \u00e1mbito competencial de esta coordinaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>\u201cEn mi calidad de coordinadora de relaciones internacionales, la naturaleza de nuestras funciones con las relaciones internacionales est\u00e1n orientadas \u00fanica y exclusivamente a la cooperaci\u00f3n o firma de instrumentos con organismos internacionales y sus socios complementarios\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n

Sin embargo, el pleno acogi\u00f3 la propuesta t\u00e9cnica del estudio espa\u00f1ol y dispuso que las direcciones correspondientes elaboren el acuerdo que garantice no solamente la seguridad, sino tambi\u00e9n la confidencialidad de la informaci\u00f3n entregada para el estudio que se elabor\u00f3.<\/p>\n

Para cuando se autoriz\u00f3 el convenio, Cremades y Calvo-Sotelo inform\u00f3 a la Judicatura que su equipo de abogados ya estaba llevando a cabo \u201cun an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n externa e independiente sobre la situaci\u00f3n y el encaje jur\u00eddico de la unidad judicial de garant\u00edas penales especializada en el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupci\u00f3n y el crimen organizado\u201d. El objetivo -seg\u00fan el bufete- era que la Judicatura disponga de herramientas que faciliten la toma de decisiones orientadas a la mejora y el fortalecimiento de estas judicaturas (\u2026). Para su correcta ejecuci\u00f3n, el CJ se compromete a colaborar, sin que ello suponga asumir gasto econ\u00f3mico alguno\u201d.<\/p>\n

En la presentaci\u00f3n de su propuesta el bufete espa\u00f1ol destac\u00f3 que cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados en el asesoramiento a distintos gobiernos, organismos internacionales e instituciones p\u00fablicas. Entre otros proyectos mencionaron que participaron en el dise\u00f1o y la creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), por encargo del gobierno de ese pa\u00eds.<\/p>\n

Luego de que se concret\u00f3 la supresi\u00f3n de la Unidad, este medio pidi\u00f3 a la presidenta de la judicatura, Mercedes Caicedo, a quien hab\u00edamos entrevistado una semana antes, que confirmara si el informe del estudio espa\u00f1ol hab\u00eda sido tomado en cuenta para esa decisi\u00f3n. Nuestra consulta fue canalizada a la Direcci\u00f3n de Innovaci\u00f3n, que respondi\u00f3: \u201cEl Pleno del Consejo de la Judicatura aprob\u00f3 la Resoluci\u00f3n 187-2026 (firma del acuerdo con Cremades y Castro-Sotelo) en funci\u00f3n de los informes t\u00e9cnicos realizados por las direcciones de Gesti\u00f3n Procesal, Planificaci\u00f3n, Innovaci\u00f3n y de Asesor\u00eda Jur\u00eddica. De hecho, los considerandos de la Resoluci\u00f3n recogen con claridad los insumos t\u00e9cnicos que la sustentaron, en los que no consta el an\u00e1lisis de esa firma jur\u00eddica\u201d.<\/strong><\/p>\n

Tambi\u00e9n pedimos que la Judicatura nos facilitara el informe de Cremades y Calvo-Sotelo, pero no han respondido nuestra solicitud.<\/p>\n

C\u00f3digo Vidrio<\/strong> solicit\u00f3 una entrevista a la representante del bufete espa\u00f1ol Todora Toma, quien fue el contacto con la Judicatura para la elaboraci\u00f3n del acuerdo de cooperaci\u00f3n, y de la propuesta firmada por Santiago Calvo Sotelo. Hasta la publicaci\u00f3n de este reportaje no respondi\u00f3 a nuestra solicitud que buscaba esclarecer cu\u00e1nto hab\u00edan invertido en la realizaci\u00f3n de los estudios para la Presidencia y la Judicatura y sus viajes a Ecuador.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Al justificar la decisi\u00f3n de suprimir la Unidad, Caicedo asegur\u00f3 que no debilitaba la lucha contra el crimen organizado, pues en realidad se trat\u00f3 de una fusi\u00f3n en la que se extendi\u00f3 la competencia a 50 jueces para conocer casos anticorrupci\u00f3n y de crimen organizado. \u201cAs\u00ed buscamos elevar la tasa resolutiva, y que en las audiencias en este tipo de delitos se resuelva de manera m\u00e1s \u00e1gil\u201d, destac\u00f3 Caicedo.<\/p>\n

Al ser consultada sobre el funcionamiento y resultados de la Unidad dijo que en la pr\u00e1ctica jueces de otras provincias ya estaban tramitando casos complejos de crimen organizado, por lo cual las vacantes de los jueces anticorrupci\u00f3n ser\u00edan llenadas con juzgadores temporales de los 222 que ser\u00e1n seleccionados en los pr\u00f3ximas d\u00edas por el pleno del Consejo. No habr\u00e1 un concurso. La convocatoria es interna y est\u00e1 dirigida a todos los servidores que acrediten al menos cinco a\u00f1os en la Funci\u00f3n Judicial, incluyendo los secretarios de los despachos.<\/p>\n

Caicedo adem\u00e1s destac\u00f3 que se hab\u00edan presentado varios conflictos de competencias, que se resolvieron a favor de jueces de otras judicaturas, fuera del complejo norte, donde trabajaba la Unidad, en Quito.<\/p>\n

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