{"id":10240,"date":"2024-12-16T00:57:00","date_gmt":"2024-12-16T05:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=10240"},"modified":"2024-12-16T09:57:05","modified_gmt":"2024-12-16T14:57:05","slug":"la-corte-constitucional-pone-la-lupa-sobre-jueces-que-fallaron-a-favor-de-mineras-sin-licencia-ambiental-en-la-mana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/la-corte-constitucional-pone-la-lupa-sobre-jueces-que-fallaron-a-favor-de-mineras-sin-licencia-ambiental-en-la-mana\/","title":{"rendered":"La Corte Constitucional pone la lupa sobre jueces que fallaron a favor de mineras sin licencia ambiental en La Man\u00e1"},"content":{"rendered":"

Un enredo administrativo que ha permitido operar a dos mineras sin licencia ambiental en La Man\u00e1 y con un posible impacto a la naturaleza, se convirti\u00f3 un l\u00edo judicial que ha escalado hasta la Corte Constitucional. Esta instancia deber\u00e1 determinar si el fallo de tres jueces de la Corte Superior a favor de reanudar las actividades mineras se dio en apego a la norma o cometieron una falta por error inexcusable, lo que les podr\u00eda costar sus cargos. Mientras tanto, las empresas siguen extrayendo oro. La defensa de Comiagne y La Mana Rome Gold asegura que las denuncias son una campa\u00f1a premeditada en su contra, ya que cumplen con todas las reparaciones ambientales. Reconocen que operan sn licencia ambiental pero culpan al Ministerio de Ambiente de no entreg\u00e1rsela.<\/strong><\/p>\n

Alianza C\u00f3digo Vidrio – Vistazo<\/strong><\/p>\n

En la misma zona donde operan las mineras Comiagne y La Mana Rome Gold<\/strong>, tambi\u00e9n est\u00e1 asentada la embotelladora de agua Splendor, de la empresa Acquad\u2019or que, ante lo que considera da\u00f1os ambientales producidos por la actividad minera, present\u00f3 una acci\u00f3n de protecci\u00f3n. Para ello argument\u00f3 los mismos informes de las entidades estatales que han determinado: \u201cse hace de manera artesanal sin medidas de prevenci\u00f3n y cuidado del recurso h\u00eddrico\u201d; \u201cexiste una piscina presuntamente de sedimentaci\u00f3n, sin ning\u00fan manejo ambiental\u201d; \u201clos par\u00e1metros de aluminio, s\u00f3lidos suspendidos y hierro se encuentran sobre norma, por lo que se deber\u00e1 solicitar a la DZ3 inicio de proceso administrativo\u201d; \u201cuna vez realizada las inspecciones t\u00e9cnicas a las concesiones Ximena 1 se pudo verificar que los incumplimientos contin\u00faan y a pesar de que las mismas se encuentran suspendidas siguen realizando actividades mineras\u201d.<\/p>\n

En una primera instancia, en julio pasado, un tribunal anticorrupci\u00f3n, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, acept\u00f3 la acci\u00f3n de protecci\u00f3n y orden\u00f3 el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspecci\u00f3n y determinar la afectaci\u00f3n ambiental. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que se informe si hay investigaciones previas en Fiscal\u00eda por delitos ambientales, entre otras medidas. \u201cEn el caso que nos ocupa ha quedado probado el da\u00f1o ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisi\u00f3n de las entidades demandadas\u201d, sentenci\u00f3 el tribunal.<\/p>\n

El Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energ\u00eda y Miner\u00eda, y la Agencia de Regulaci\u00f3n Arcom, defendieron que han realizado un control efectivo y que prueba de ello son las docenas de informes y sanciones. La defensa de las mineras, por su parte, argument\u00f3 que acat\u00f3 todas las observaciones de pasivos ambientales, que no hay ning\u00fan da\u00f1o al medio ambiente y opera legalmente. Tanto entidades estatales como mineras apelaron la sentencia. Y el caso fue a parar a un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, conformado por Lady \u00c1vila, Diana Fern\u00e1ndez y Leonardo Barriga, quienes resolvieron el caso en un tiempo r\u00e9cord de dos d\u00edas. Le dieron la raz\u00f3n a las entidades de control y las mineras y ordenaron la reapertura de las actividades extractivas en esta zona de La Man\u00e1.<\/p>\n

Esto llev\u00f3 a Acquad\u2019or a interponer una acci\u00f3n de protecci\u00f3n en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable. El motivo: Acquad\u2019or denuncia que los jueces no dieron cuenta de la omisi\u00f3n cometida por los entes de control al no evidenciar los da\u00f1os ambientales ya que se estar\u00eda contaminando el agua de los r\u00edos la operaci\u00f3n sin licencia ambiental. Adem\u00e1s, argumenta que llama la atenci\u00f3n que el tribunal avoc\u00f3 conocimiento de la causa el jueves 26 de septiembre y, el martes 1 de octubre, tras haber revisado m\u00e1s de 700 p\u00e1ginas del expediente, emitieron su decisi\u00f3n en favor de las mineras. En decir, \u201cen dos d\u00edas laborables\u201d, cuando en estos casos los jueces suelen tardar semanas o meses en llegar a una resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Control disciplinario<\/strong><\/h3>\n

El pasado 10 de noviembre, la Direcci\u00f3n Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha ofici\u00f3 al presidente de la Corte Constitucional, Al\u00ed Lozada, la solicitud de declaratoria jurisdiccional en este caso. Eso quiere decir que un juez constitucional deber\u00e1 analizar la causa: si no encuentra inconsistencias, archivar\u00e1 el caso, pero si las encuentra, emitir\u00e1 un informe que se denomina \u201cdeclaratoria jurisdiccional previa\u201d. Esa es la manera en la que se controlan las acciones puntuales de los jueces.<\/p>\n

Luego, ese informe deber\u00e1 llegar al Consejo de la Judicatura para iniciar un sumario administrativo y emitir la sanci\u00f3n correspondiente. Un juez incurre en error inexcusable si (en una sentencia) hace una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica grave, ma\u00f1osa o grosera, que no admite disculpa. Por lo tanto, la sanci\u00f3n es la destituci\u00f3n, explica la vocal de la Judicatura Solanda Goyes. Sin embargo, si la Judicatura resuelve que la falla no es tan grave, puede aplicar una sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n por un mes sin sueldo. Pero, si en el an\u00e1lisis identifican que la decisi\u00f3n caus\u00f3 da\u00f1os irreparables a las partes involucradas, a terceros o da\u00f1os a la credibilidad del sistema de justicia, la \u00fanica salida es la destituci\u00f3n.<\/p>\n

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Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Foto de archivo<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

De todos modos, Goyes dice que en el proceso de sumario administrativo los jueces observados tienen derecho a contradecir y argumentar sus descargos.\u00a0 Esta alianza pidi\u00f3 una entrevista con los jueces Lady \u00c1vila, Diana Fern\u00e1ndez y Leonardo Barriga, que fallaron a favor de las mineras, para conocer su posici\u00f3n en el caso. Pero, a trav\u00e9s del departamento de Comunicaci\u00f3n de la Corte de Pichincha, respondieron que \u201cno pueden pronunciarse sobre las resoluciones\u201d.<\/p>\n

La defensa de las mineras<\/strong><\/h3>\n

\u00bfC\u00f3mo han podido operar Comiagne y La Mana Rome Gold por m\u00e1s de una d\u00e9cada sin licencia ambiental en una zona de recarga h\u00eddrica? Tom\u00e1s Alvear, abogado defensor de las empresas mineras, dice que todo esto es una campa\u00f1a de desprestigio patrocinada por la empresa Acquad\u2019or que solo responde a intereses econ\u00f3micos y no a una preocupaci\u00f3n por el medio ambiente.<\/p>\n

Alvear explica que en el proceso judicial se demostr\u00f3 que las empresas cumplieron con cada una de las sanciones emitidas por las diferentes entidades de control, dando cumplimiento a las reparaciones ambientales solicitadas. \u201cComo todo proceso humano, la miner\u00eda genera pasivos ambientales, que se han subsanado, sino no podr\u00edamos operar. No hay estudios que determinen la contaminaci\u00f3n del agua\u201d, dice Alvear.<\/p>\n

Sobre la licencia ambiental que debe emitir el Ministerio de Ambiente afirma cada dos a\u00f1os hacen la solicitud al Ministerio de Ambiente, pero que no han recibido respuesta al tr\u00e1mite en los seis meses que prev\u00e9 la ley, lo que da cuenta \u201csilencio administrativo\u201d que se interpreta como un visto bueno ya que no hay objeciones para la operaci\u00f3n minera. \u201cNo es una omisi\u00f3n del titular minero, sino del Ministerio de Ambiente que no da tr\u00e1mite\u201d, afirma el jurista, y a\u00f1ade que esto acarrea la destituci\u00f3n de los funcionarios que lo deben realizar.<\/p>\n

Este medio tambi\u00e9n pidi\u00f3 una entrevista con un vocero de Ambiente, para conocer los motivos por los cuales no se ha emitido la licencia ambiental por m\u00e1s de una d\u00e9cada, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.<\/p>\n

Santiago Y\u00e9pez, expresidente de la C\u00e1mara de Miner\u00eda, dice que s\u00ed hay la figura de silencio administrativo si el tr\u00e1mite no se resuelve en seis meses, pero eso simplemente aprobar\u00eda un estudio de impacto ambiental que es un requisito, pero no emitir\u00e1 la licencia que es un proceso posterior. \u201cTodos estamos conscientes de las demoras e ineficacias del Estado, pero la licencia ambiental es el permiso m\u00e1s importante. Hay empresas que esperan hasta 18 meses porque quieren hacer un trabajo leg\u00edtimo\u201d.<\/p>\n

Alvear culpa al Ministerio de Ambiente y dice que lo de Comiagne y La Mana Rome Gold no es el \u00fanico caso, puesto que el 90 por ciento de las empresas de r\u00e9gimen de peque\u00f1a miner\u00eda operan sin licencia ambiental por la ineficiencia del Ministerio de Ambiente. Est\u00e1 seguro que la Corte Constitucional les dar\u00e1 la raz\u00f3n.<\/p>\n

\u00bfY los derechos de la naturaleza?<\/strong><\/h3>\n

La Corte Constitucional deber\u00e1 resolver este caso por dos v\u00edas. El primero ser\u00e1 dar tr\u00e1mite a una acci\u00f3n de protecci\u00f3n extraordinaria que present\u00f3 Acquad\u2019or para revisar la sentencia del tribunal de Corte Provincial de Pichincha y la segunda ser\u00e1 el informe de error inexcusable contra los mismos jueces.<\/p>\n

Seg\u00fan Miguel Molina<\/strong>, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de Universidad Internacional (UIDE), el principal problema de la sentencia, m\u00e1s all\u00e1 de que llama la atenci\u00f3n que solo tom\u00f3 dos d\u00edas laborables en emitir su decisi\u00f3n, es que los jueces no tomaron en cuenta los derechos de la naturaleza, y consideraron suficientes los argumentos de los entes de control, cuando ha quedado demostrado que, pese a los informes y sanciones, el da\u00f1o ambiental y los incumpliendo se siguen prolongando. Lo que considera una inobservancia a los derechos constitucionales.<\/p>\n

\u201cSentimos que es trabajo de la academia involucrarse en esto\u201d, dice Molina, quien el 9 de diciembre present\u00f3 un Amicus Curie dentro de esta causa. Este t\u00e9rmino que se traduce como amigo de la corte, para aportar datos e ideas que puedan ayudar a tomar la decisi\u00f3n a los jueces constitucionales.<\/p>\n

Con este criterio coincide Ramiro \u00c1vila,<\/strong> expresidente de Corte Constitucional: \u201cLa Corte ha emitido amplia jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza: est\u00e1 el caso de Los Cedros, que habla del principio de precauci\u00f3n frente los posibles da\u00f1os que podr\u00eda afectar una actividad minera, por ejemplo, y el caso R\u00edo Monjas que trata sobre el cuidado de los r\u00edos\u201d. Efectivamente, estos argumentos no fueron considerados por los jueces, aunque el caso Los Cedros s\u00ed fue considerado por el tribunal anticorrupci\u00f3n que fall\u00f3 a favor de cesar las actividades de Comiagne y La Mana Rome Gold en primera instancia.<\/p>\n

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Ramiro \u00c1vila, expresidente de la Corte Constitucional, estima que jueces de Corte Superior no se pronunciaron sobre un tema de fondo de los derechos de la naturaleza, vulnerados por las mineras.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n
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El abogado constitucionalista Miguel Molina interpuso un Amicus Curiae para que la Corte Constitucional tenga m\u00e1s elementos sobre las vulneraciones a los derechos de la naturaleza en este caso.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Seg\u00fan los constitucionalistas las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, y se podr\u00eda considerar una vulneraci\u00f3n si los jueces no aplicaron esta jurisprudencia, por desconocimiento u otra raz\u00f3n.<\/p>\n

No obstante, para el abogado de las mineras los tres jueces consideraron todos los derechos, incluidos los de naturaleza. Hace \u00e9nfasis en que la justicia constitucional no debe resolver cuestiones que ya resolvieron los entes de control como el Ministerio de Ambiente, aunque todav\u00eda no emita la licencia ambiental.<\/p>\n

\u00bfEn qu\u00e9 terminar\u00e1? La acci\u00f3n de protecci\u00f3n la deber\u00e1 resolver Karla Andrade, magistrada de la Corte Constitucional. Y lo m\u00e1s seguro, dice Miguel Molina, es que ella misma tendr\u00e1 que pronunciarse sobre el error inexcusable, ya que se trata del mismo tema. El caso se resolver\u00e1 en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n

Control de pol\u00e9micas sentencias<\/strong><\/h3>\n

Hay dos niveles en la evaluaci\u00f3n del sistema judicial que no tiene un mecanismo para examinar la calidad de las sentencias de una manera sistem\u00e1tica. Por el momento puede actuar de oficio en casos puntuales porque un juez se demora mucho en emitir una sentencia, por ejemplo. Pero cuando hay casos para revisar la actuaci\u00f3n sobre las decisiones de un juez hace falta una demanda o queja para proceder con el proceso disciplinario de error inexcusable u otras causales que, previamente debe ser declarado por los tribunales superiores.<\/p>\n

La vocal de la Judicatura explica que el control disciplinario es un nivel. Y el otro nivel es la evaluaci\u00f3n de jueces, que tiene que hacerse por ley cada tres a\u00f1os, pero que no se ha hecho y hacen falta reformas para una evaluaci\u00f3n oportuna. En ese contexto, Goyes ha propuesto la evaluaci\u00f3n de tres pilares. Primero, la productividad para analizar cu\u00e1ntas sentencias emite en determinado periodo. Segundo la calidad de las decisiones, para lo cual debe tomarse una muestra, pues los jueces dictan entre 300 y 500 sentencias cada a\u00f1o, y no se pueden analizar todas. Y tercero la probidad, que implica que la Contralor\u00eda y otras instituciones del Estado proporcionen informaci\u00f3n sobre el patrimonio y otras consideraciones de los servidores judiciales.<\/p>\n

Pero para esto tambi\u00e9n hace falta la aprobaci\u00f3n de una reforma que est\u00e1 en manos de la Asamblea. \u201cEntonces nadie mide la calidad de los fallos ni si est\u00e1n sustentados, hasta que la Asamblea apruebe la reforma. Esto hace que evita la rendici\u00f3n de cuentas sobre los pronunciamientos o sentencias\u201d, comenta un juez que prefiere que no aparezca su nombre. Esto impide tener una radiograf\u00eda del sistema judicial y separar a los jueces que tengan un desempe\u00f1o deficiente.<\/p>\n

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ENTREVISTA.\u00a0 SANTIAGO PE\u00d1AHERRERA, EXDIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA<\/strong><\/span><\/p>\n

Los jueces no han sido evaluados desde hace ocho a\u00f1os<\/h2>\n

\u00bfC\u00f3mo est\u00e1 operando la evaluaci\u00f3n<\/span> de jueces de la Corte Provincial de Pichincha. Alguien eval\u00faa la calidad de los fallos, si est\u00e1n fundamentados y correctamente motivados?<\/strong><\/p>\n

El ejercicio de las potestades correctivas le corresponde a los jueces superiores, en el presente caso de la Corte Nacional de Justicia, quienes al conocer los recursos de casaci\u00f3n est\u00e1n llamados a realizar un control de legalidad de las actuaciones de los jueces de primera y segunda instancia. Uno de los aspectos a verificarse es si las decisiones judiciales cuentan o no con una motivaci\u00f3n suficiente, seg\u00fan la sentencia de la Corte Constitucional No. 1158-17-EP\/21. Ser\u00eda conveniente contar con estad\u00edsticas actualizadas respecto a casaciones admitidas en cada materia, tener una idea de cu\u00e1ntas sentencias son declaradas nulas por falta, indebida motivaci\u00f3n o motivaci\u00f3n suficiente, cu\u00e1ntas causas son reportadas al Consejo de la Judicatura, para que inicie los sumarios disciplinarios por la falta disciplinaria grave tipificada en el art\u00edculo 108 numeral 6 del C\u00f3digo Org\u00e1nico de la Funci\u00f3n Judicial. Adem\u00e1s es importante considerar que la falta o indebida motivaci\u00f3n puede conllevar al cometimiento de determinado juzgador de la infracci\u00f3n grav\u00edsima de error inexcusable, la cual debe ser declarada por los tribunales superiores, responsabilidad que en el caso de la consulta formulada recae del mismo modo sobre los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En este punto corresponde preguntarse si \u00bfen todos los casos los diferentes tribunales del m\u00e1ximo \u00f3rgano de justicia ordinaria del pa\u00eds est\u00e1n declarado el error inexcusable, la manifiesta negligencia y el dolo? La respuesta es no, lo cual se evidencia con las declaraciones de estas inconductas que realiza la Corte Constitucional en procesos en los cuales ha existido casaci\u00f3n. Ser\u00eda conveniente que exista una investigaci\u00f3n y una estad\u00edstica respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 652 numeral 10 del COIP, referente a la condena a costas a juzgadores, cuando les sea imputable la nulidad del proceso. Lo se\u00f1alado no s\u00f3lo tiene relevancia respecto a los procedimientos administrativos sancionadores sino tambi\u00e9n en los procesos de evaluaci\u00f3n lo cual es de competencia del Consejo de la Judicatura, pues sin duda ser\u00edan importantes elementos para evaluar a los jueces, no olvidemos para el efecto existen tres grandes par\u00e1metros: cuantitativo, cualitativos, de legitimidad y transparencia.<\/p>\n

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Santiago Pe\u00f1aherrera fue director del Consejo de la Judicatura. Foto de archivo<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

\u00bfDesde cu\u00e1ndo no hay una evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o de los jueces, en cuanto a sus fallos, y por qu\u00e9?<\/strong><\/p>\n

A los jueces de la carrera judicial jurisdiccional, es decir jueces de primer nivel, de cortes provinciales y de los tribunales de lo contencioso administrativo y tributario no se los ha evaluado desde hace unos ocho a\u00f1os. Todo proceso de evaluaci\u00f3n implica necesariamente presupuesto el cual como es de conocimiento general es limitado, requiere talento humano, que en el Consejo de la Judicatura est\u00e1 destinado a atender una gran cantidad de tr\u00e1mites que tienen el car\u00e1cter urgente, y por supuesto, se requiere que no existan obst\u00e1culos legales. El Pleno del Consejo de la Judicatura, con resoluci\u00f3n Nro. 186-2021 de 17 de noviembre de 2021, emiti\u00f3 el Reglamento General para la Evaluaci\u00f3n del Desempe\u00f1o y Productividad de las y los Jueces de las Cortes Provinciales y de las y los jueces de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario a nivel Nacional. Hasta el final de mi gesti\u00f3n como director general del Consejo de la Judicatura, 31 de enero de 2023, las \u00e1reas t\u00e9cnicas se encontraban trabajando en el instructivo para la evaluaci\u00f3n. Sin embargo que exist\u00eda avances respecto a la regulaci\u00f3n de los procesos de evaluaci\u00f3n, es importante se\u00f1alar que dentro del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n Nro. 17160-2020 00272, un tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia de 30 de diciembre de 2021, resolvi\u00f3 aceptar parcialmente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto y, revoc\u00f3 la sentencia de primera instancia del 2020, emitida por la Jueza de la Unidad Judicial de Contravenciones Penales y de Tr\u00e1nsito de Tumbaco. Dispuso: \u201c(\u2026) Como medidas de reparaci\u00f3n inmaterial se dispone que: a) El legitimado pasivo presente a la Asamblea un proyecto de ley que incorpore la metodolog\u00eda y el desarrollo de los par\u00e1metros cualitativos, cuantitativos, legitimidad y transparencia, por cada materia y cargo para la evaluaci\u00f3n integral de Jueces, funcionarios judiciales y funcionarios administrativos de la Funci\u00f3n Judicial de manera pormenorizada, que puede ser mediante Ley Reformatoria al C\u00f3digo Org\u00e1nico de la Funci\u00f3n Judicial, de igual manera deber\u00e1 plantear una reforma a la Ley Org\u00e1nica de Garant\u00edas Jurisdiccionales y Control Constitucional en la cual se establezca la creaci\u00f3n de jueces especializados en materia constitucional tanto de primer nivel cuanto las Salas respectivas en las Cortes Provinciales de Justicia (\u2026)\u201d. <\/em>La referida medida de reparaci\u00f3n dispuesta tiene un sentido claro: para evaluar a todos los servidores judiciales deber\u00eda previamente aprobarse una reforma al C\u00f3digo Org\u00e1nico de la Funci\u00f3n Judicial para establecer los par\u00e1metros de evaluaci\u00f3n cuantitativa, cualitativa, de legitimidad y de transparencia. No obstante, esa medida no es jur\u00eddica ni t\u00e9cnicamente viable, primero porque el Consejo de la Judicatura carece de iniciativa legislativa, no puede presentar proyectos de ley. Y en segundo lugar porque la Constituci\u00f3n es clara al determinar que le corresponde al \u00f3rgano de gobierno, administraci\u00f3n, vigilancia y disciplina de la Funci\u00f3n Judicial determinar los par\u00e1metros de evaluaci\u00f3n y no al legislador. Por \u00faltimo no es t\u00e9cnicamente conveniente establecer par\u00e1metros de evaluaci\u00f3n en la ley, pues no es lo mismo evaluar a jueces que a fiscales, que a defensores p\u00fablicos, que a servidores administrativos y no es lo mismo evaluar hoy a un juez que dentro de diez o m\u00e1s a\u00f1os. Si no lo ha hecho a\u00fan, la Asamblea deber\u00eda pronunciarse expresamente en dicho sentido y de esta manera, dar la viabilidad para que el CJ contin\u00fae con la determinaci\u00f3n de los par\u00e1metros de evaluaci\u00f3n sin necesidad de reforma legal, lo otro es que se declare la inejecutabilidad parcial de la sentencia.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>\u00bfQu\u00e9 implica la falta de una evaluaci\u00f3n permanente a los jueces, en qu\u00e9 medida afecta a los usuarios? <\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>El art\u00edculo 87 del C\u00f3digo Org\u00e1nico de la Funci\u00f3n Judicial regula la evaluaci\u00f3n permanente, la cual busca medir la calidad de trabajo que realizan los jueces. Permite contar con una radiograf\u00eda del \u00f3rgano jurisdiccional, separar a jueces que hayan tenido un desempe\u00f1o deficiente, dise\u00f1ar estrategias de mejora continua, legitimar y trasparentar la gesti\u00f3n de los operadores de justicia.En tal sentido, la evaluaci\u00f3n constituye una garant\u00eda, en especial para los usuarios que la tutela judicial efectiva no es una frase carente de sentido pr\u00e1ctico.<\/p>\n

\u00bfSe puede medir t\u00e9cnicamente si los fallos de los jueces son s\u00f3lidos, fundamentados, que no est\u00e9n sesgados o est\u00e9n claramente direccionados para beneficiar a una de las partes, por factores extrajudiciales?<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Por supuesto que s\u00ed, el principal mecanismo es al conocerse y resolverse diferentes recursos por parte de las instancias jurisdiccionales superiores. Otro mecanismo es con la inteligencia artificial, la cual permite saber cu\u00e1ntas sentencias corresponden a determinado juzgador, saber c\u00f3mo ha resuelto, conocer si en situaciones en las cuales los supuestos son los mismos se ha apartado de su criterio y con ello, de ser el caso iniciar una investigaci\u00f3n de transparencia. De hecho, como director general del Consejo de la Judicatura suscrib\u00ed un convenio con el Instituto Republicano Internacional que tiene por objetivo el fortalecer el sistema de justicia ecuatoriano, transferencia de conocimientos e intercambio de buenas pr\u00e1cticas en la regi\u00f3n, ejecuci\u00f3n de proyectos conjuntos y de investigaci\u00f3n jur\u00eddica, asistencia t\u00e9cnica y metodol\u00f3gica; procesos de formaci\u00f3n enfocados en la especializaci\u00f3n de los operadores de justicia, con vigencia de 2 a\u00f1os a partir del 05 de agosto de 2022; con dicho convenio se busca la implementaci\u00f3n de un software que permita lo antes se\u00f1alado, es importante que el CJ gestione su pronta implementaci\u00f3n.<\/p>\n

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