Estos son los contratos secretos Bibian Hernádez, la colaboradora cercana de Correa

EXCLUSIVA. Bibian Hernández al parecer ejerció el Derecho sin tener título; recién lo obtuvo en 2021. La audiencia para formulación de cargos en su contra, por presunto lavado de activos, fue diferida para la mañana de este lunes 26 de febrero. Entre 2011 y 2023, recibió 15 millones de dólares en ingresos. Tuvo vínculos comerciales con NexoGlobal, la empresa clave en el Caso Sobornos, en el que fue sentenciado el expresidente Rafael Correa. Nota actualizada el 26 de febrero con el pronunciamiento de Hernández, quien asegura que las denuncias en su contra son infundadas y difamatorias.

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Descrita como la operadora política del correísmo. El nombre de Bibian Hernández saltó a la palestra a fines de enero, cuando la Fiscalía allanó las oficinas de esta abogada que al parecer ejerció la profesión como asesora legal sin haber tenido registrado su título: éste fue inscrito recién en febrero de 2021, según la página de Senescyt revisada por esta alianza.

El proceso por presunto lavado de activos se sigue contra Bibian Hermita Hernández, Luis Carlos O., Ericka C. y las empresas Global Strategy Law Bhv C.A. y Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A., dirigidas por Hernández.

Su nombre aparece citado en dos chats del caso Metástasis, por delincuencia organizada, en el contexto de las gestiones a favor de la agenda de impunidad del narco Leandro Norero. Puntualmente se evidenciaría su supuesta relación con los abogados y jueces de ese proceso.

En una carta dirigida a varios medios, Hernández desmintió cualquier relación ilegal en el caso de lavado de activos y dijo que se trataba de un juego político y un show mediático para difamarla. Su abogado, Alfonzo Zambrano también envió una carta a este medio aclarando que la abogada no tenía ninguna relación con el caso Metástasis (https://www.codigovidrio.com/code/se-pospone-formulacion-de-cargos-de-bibian-hernandez-que-desmiente/).

Esta alianza mapeó la actividad comercial de la investigada y las empresas a las que representa. En total, ella habría recibido ingresos superiores a 15,3 millones de dólares. En ese mismo período, habría tenido egresos por 4,5 millones de dólares, según fuentes del sistema financiero.

Sus relaciones contractuales secretas salen a la luz. Tanto Bibian Hernández como Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A. mantuvieron contratos por 103 mil dólares con NexoGobal S.A. Esta firma, actualmente en fase de liquidación, fue la entidad usada como fachada durante el gobierno de Rafael Correa, según el esquema descrito en el caso Sobornos 2012-2016.

Una oficina paralela a la Presidencia de la República gestionaba recursos, que llegaban como donaciones por parte de empresas privadas para financiar las campañas electorales del coreísmo. A cambio, las empresas donantes recibieron contratos públicos. NexoGlobal fue la firma que encubría estos hechos y les daba un manto de aparente legalidad contractual. Pamela Martínez Loayza, exjueza constitucional y exasesora del presidente Correa, fue una de las cabezas de este entramado. Esto no es casual, Hernández tuvo relación comercial con el entorno de la defensa del caso Sobornos.

Un pago de cien mil dólares vincula supuestamente a Hernández con un empresario implicado en una investigación internacional por lavado de oro.

Asesoramiento Global Integral Abogados Abbhv S.A. tuvo ingresos por 5 millones de dólares entre 2017 y 2022; en ese período tuvo egresos por un millón de dólares. Global Strategy Law Bhv C.A., por su parte, registra ingresos por cien mil dólares en ese período; en tanto que sus egresos representan algo más de diez mil dólares.

El nombre de Bibian Hernández se conoció públicamente después de que la Fiscalía hizo allanamientos en Guayaquil y Samborondón, dentro de un caso de lavado de activos. Foto cortesía Fiscalía

Un cliente TOP de ambas empresas y de la abogada Hernández es una firma constructora que resultó beneficiaria de la ilegal subdivisión de contratos, por parte de una contratista de origen chino.

Asesora legal de la Federación de Fútbol sin título

Desde mayo de 2017, Hernández se volvió asesora en temas legales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con un contrato por servicios profesionales, para el pago de dos mil dólares mensuales, más IVA, a través de factura. Llegó al cargo, a pesar de no tener su título registrado aún en el Senescyt, por influencia de un abogado de planta de la Federación. Ambos estarían, a su vez, relacionados con la adjudicación que una firma constructora recibió en mayo de 2018 para la construcción de la Casa de la Selección, en Daule, según documentos revisados por esta alianza.

El título de Hernández aparece registrado en el Senescyt el 2 de febrero del 2021.

Como asesora externa estuvo a cargo del seguimiento de importantes casos que enfrentaba la FEF en los que obtuvo fallos favorables.

Nacida en Quisapincha, provincia de Tungurahua, en diciembre de 1971, Hernández llegó a construir una red de empresas que la relacionan con personajes señalados por actos de corrupción. Entre ellos, representantes de firmas mencionadas como causantes del perjuicio al ISSPOL (seguridad social de la Policía).

Hernández aparece en registros de la Federación como Doctora con especialidad legal, desde 2017 

 

Los archivos del Senescyt ratifican que Hernández inscribió su título en 2021, cuatro años después de empezar a trabajar como asesora legal en la FEF.

En Miami, Hernández constituyó tres firmas, una de ellas, especializada en asesoría para figuras políticas.

En su base de relaciones comerciales se encuentra un abogado que fungió como director de Asesoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Él, a su vez, fue defensor de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, propietarios de Sky Jet Elite. Esta empresa fue creada en Miami en 2011, luego de que el segundo de ellos dejara la Dirección de Aviación Civil. La justicia estadounidense relacionó a la compañía con casos de narcotráfico

El portal de causas judiciales muestra que Hernández fue procesada en el pasado por el delito de estafa.

Ecuador se retractó frente al canje de armamento con EE.UU: Rusia torpedeó el acuerdo

Cambio abrupto de planes. Ecuador anuncia que no entregará material bélico a un país en conflicto. El canje de equipos militares con Estados Unidos se queda sin piso, aunque en enero pasado el presidente Daniel Noboa anunció el canje de chatarra rusa por equipos bélicos nuevos de Estados Unidos por 200 millones de dólares. No es casual que, al mismo tiempo, Rusia haya levantado sanciones a cinco exportadoras de banano. Moscú puso en marcha su batería de desinformación para desprestigiar el intercambio de arsenal.

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 “Ecuador no enviará material bélico alguno a un país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, como miembro, nosotros promulgamos la resolución de conflictos, siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias”.  Con esta declaración, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dejó sentada la posición oficial: Ecuador no concretará el canje de equipo militar de origen ruso con Estados Unidos. Así, queda sin piso el anuncio que, a inicios de enero, hiciera el presidente Daniel Noboa. El mandatario había mencionado la inminencia del intercambio de -lo que él denominó- “chatarra” por arsenal nuevo, de fabricación estadounidense, valorado en 200 millones de dólares para enfrentar la crisis de seguridad.

La suspensión del canje fue informada, el tercer viernes de febrero, por el embajador ruso en Quito, Vladimir Sprinchan, a agencias internacionales de noticias, y difundida en los canales oficiales de ese país.

La confirmación oficial ecuatoriana llegó días después, este lunes 19 de febrero. La canciller Sommerfeld compareció ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social del Legislativo. Su presentación tomó más de dos horas.

Quien preside la comisión, el asambleísta Patricio Chávez Zavala, representa a la fuerza política afín a la revolución ciudadana. Él fue embajador en Rusia durante el gobierno de Rafael Correa. En su juventud, estudió ingeniería mecánica en Moscú.

En su etapa diplomática, Chávez fue el artífice de importantes acuerdos que allanaron el camino para que Rusia se volviera un socio clave en la compra de banano y otros productos. Estuvo al frente de la embajada ocho años, desde 2007 al 2015. En su período en Moscú ocurrió el incidente mundial por la huida del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden, de Hong Kong a Rusia, mientras era buscado por las autoridades de Estados Unidos, para detenerlo por la filtración a la prensa de información considerada de seguridad nacional. Antes de llegar a Moscú, Snowden había pedido que Ecuador le concediera el asilo, para lo cual incluso recibió un salvoconducto que fue emitido por el entonces cónsul en Londres, Fidel Narváez. El plan era que Snowden llegara finalmente a Ecuador, con el apoyo de Rusia, que sería un país de paso, tras su llegada de Hong Kong.

Rusia dinamitó el canje

El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la entrega de supuesta chatarra rusa a Estados Unidos, a cambio de armamento para combatir a los grupos delincuenciales en Ecuador, destapó una campaña de desinformación de los medios oficialistas rusos RT y Sputnik.

Esos medios cuestionaron en sus publicaciones la ayuda que ofreció Estados Unidos al Ecuador. Sputnik apunta hacia supuestas injerencias en la soberanía ecuatoriana. Por su lado, RT habla de plan para ‘colombianizar’ a Ecuador y convertirlo, junto a Argentina, en el patio trasero estadounidense.

RT publicó el 8 de febrero pasado una nota titulada “Poder blando, mano dura: cómo Washington intenta aislar a América Latina de otros socios”, a propósito de las reuniones que Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE.UU. tuvo en Ecuador y en Uruguay. El video habla de las críticas y desconfianza de la central sindical uruguaya y de las intenciones de EE.UU. de conseguir que países de la región cambien armamento ruso por otros equipos de nueva tecnología. Se trata, según Sputnik, de una estrategia para “cazar lealtad”.https://actualidad.rt.com/video/498512-washington-intenta-aislar-america-latina-socios

En 1997, Ecuador compró a Rusia siete helicópteros MI para transporte de tropas. Estos aparatos iban a ser entregados a Estados Unidos, que los enviaría a Ucrania. Foto de archivo

Uno de los actores recurrentes que RT expone en sus notas es la Conaie. Por ejemplo, el 24 de enero publicó una noticia sobre un comunicado de esa organización indígena en el que se habla de un “intervencionismo” de Estados Unidos en Latinoamérica, “la potencia que nos considera su patio trasero”. Afirma que la cooperación ha “atentado la soberanía y los intereses nacionales, imponiendo doctrinas de seguridad con incidencia geopolítica”. La Conaie pidió transparencia sobre los alcances y los resultados de la cooperación.https://actualidad.rt.com/actualidad/496865-movimiento-indigena-ecuador-transparentar-acuerdo-eeuu

Sputnik publicó el 28 de enero su nota “Ecuador está cada vez más cerca de EEUU: por qué quiere deshacerse de su armamento ruso”. “El trasfondo de esta situación es en realidad que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia ya han llegado a la región latinoamericana, después de que la administración de Noboa decidiera que puede deshacerse del armamento que le había comprado al país eslavo en 2008”.https://sputniknews.lat/20240128/ecuador-cada-vez-mas-cerca-de-eeuu-por-que-quiere-deshacerse-de-su-armamento-ruso-1147754088.html

RT hila fino y publica textos como el titulado “Colombianizar a Ecuador o los efectos reales de las visita del Comando Sur”. “Ahora, con un ingreso en seguridad más activo de los EE.UU. y específicamente del Comando Sur y de Antinarcóticos, entonces la situación de Ecuador se vuelve mucho más similar a la colombiana de los últimos 30 años, donde las fuerzas militares estadounidenses instalaban bases militares, se involucraban en la lucha antiguerrillera y antinarcótica, invertían ingentes recursos y, en paralelo, la exportación de cocaína aumentaba exponencialmente”.https://actualidad.rt.com/opinion/ociel-ali-lopez/496887-colombianizar-ecuador-visita-comando-sur

En la nota “»Existe peligro de injerencia de EEUU en la soberanía de Ecuador», publicada el 26 de enero, Sputnik habló sobre la vía libre que la Corte Constitucional dio a dos acuerdos para cooperación militar entre EE.UU. y Ecuador, firmados el año pasado por el presidente Guillermo Lasso. “Causa preocupación en varios sectores políticos y sociales de este país suramericano debido al peligro que representaría la presencia militar para la soberanía nacional, opinó a Sputnik una legisladora ecuatoriana”. Se refiere a Patricia Núñez, de la Revolución Ciudadana.https://sputniknews.lat/20240126/existe-peligro-de-injerencia-de-eeuu-en-la-soberania-de-ecuador-1147754341.html

En la nota también se toman declaraciones del expresidente Rafael Correa, una fuente constantemente consultada por los medios rusos, al igual que su coideario y amigo, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Sputnik recordó que Correa, en días pasados, afirmó que EE.UU. quería impulsar en Ecuador algo parecido al Plan Colombia. “Los críticos del Plan Colombia señalan que fue usado para justificar la expansión de la influencia de EEUU en la región”.

Tras su posesión, el presidente Daniel Noboa se reunió con el embajador ruso Vladimir Sprichan.

El discurso de los medios rusos sobre Ecuador y las armas

El periodista ecuatoriano Julio Vacacela vive en Dinamarca. En ese país, se sigue con atención las noticias desde Rusia y Ucrania, debido a la guerra que mantienen hace casi dos años. Él se ha concentrado en analizar lo referente a las restricciones que Rusia puso al banano ecuatoriano.

Aunque Rusia no ha aceptado oficialmente que tanto esto como la prohibición de ingreso de ciertas flores desde Ecuador, por supuestas plagas, es su respuesta ante el intercambio de armas entre Ecuador y EE.UU., según Vacacela “tanto los medios como la propia opinión pública rusa dan por hecha esta relación de causalidad y, en gran medida, la justifican”. Explica que en muchas columnas de opinión hay un tono de indignación sobre el asunto, que le resulta entendible por el momento bélico que vive el país.

Sobre la forma en la que los medios están tratando la tensión entre Ecuador y Rusia, apunta: “Más que desinformación, entiendo que Rusia es un país en guerra donde cualquier hecho entendido como ofensa va a provocar un sentimiento de venganza. En este momento la mesura no vende y apelar al patriotismo es un recurso eficaz para ponerse la venda antes de que se produzca la herida del desabastecimiento”.

El analista internacional Santiago Orbe sostiene que las narrativas no se construyen al azar, “se construyen desde el lado que usted se ponga: del lado de los opositores, los que lanzan las piedras, o del lado de los represores, que controlan a los lanzapiedras. ¿De qué lado se quieren poner ahora la comunicación?” Agrega que se ha puesto de moda la mediatización de la información, de los conflictos, del terror y del miedo. En este caso, afirma que lo que hace RT o Sputnik no está muy alejado de lo que hace CNN, por ejemplo: mientras los unos entrevistan a Vladimir Putin, los otros responden con una entrevista a Volodimir Zelenski, presidentes de Rusia y Ucrania, respectivamente.

Tanto Rusia como EE.UU. y China intentan acercarse a Latinoamérica porque ninguno quiere perderse el espectro en Latinoamérica y quieren mantener su presencia en el ámbito comercial, político y otros. “Fuera de la narrativa de los medios de comunicación, todo esto es geopolítica y política estratégica”.

El embajador Vladimir Sprinchan se reunió en varias ocasiones con la canciller Sommerfeld, para expresarle la molestia de su gobierno por el acuerdo con EE.UU.

 El origen del problema

El equipamiento de fabricación rusa que Ecuador iba a entregar a EE.UU. fue catalogado como chatarra por el presidente Noboa. Sin embargo, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Kevin Sullivan, informó que en realidad se trata de equipo bélico que se enviaría a Ucrania, como apoyo en medio de la guerra desatada tras la invasión rusa en febrero de 2022. Según el Kremlin, Ecuador no ha respondido a sus planteamientos para darle mantenimiento. El asunto ha escalado al punto en que Rusia está cerrando las puertas al banano y a las flores ecuatorianas.

Orbe señala que el país cometió un error en un indelicado proceso que se constituye en una violación al derecho internacional, por una falta de asesoría adecuada. Ecuador recibió el armamento ruso para que defienda su soberanía y existe un convenio firmado el 27 de noviembre de 2008, en donde se especifica que el material donado por Rusia a Ecuador no puede ser entregado a un tercer país y, según Orbe, mucho menos cuando existe un conflicto internacional tan evidente en el que participan Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN. Y esto pasa porque en los últimos cuatro gobiernos no hubo una política internacional ni un norte para guiar las acciones del país y para que en el sistema internacional se reconozca su posición.

Agrega que esta no es solo una cuestión política, sino que pone al país en un tema geopolítico y geoestratégico del que no se puede desentender. “La diplomacia es el conjunto de conocimientos y aptitudes para conducir con acierto las relaciones pacíficas entre los estados. No ha habido diplomacia efectiva, aunque contamos con extraordinarios funcionarios diplomáticos. Parece que no están siendo tomadas en cuenta sus opiniones porque las decisiones son coyunturales y entonces no se aplica inteligencia y tacto en las relaciones internacionales”.

Sanciones rusas al banano se levantaron, tras ataques mediáticos de satanización

Dos líneas discursivas satanizaron el banano ecuatoriano en Rusia: la plaga de la mosca jorobada y la carga contaminada con cocaína. Después de días de tensión por la suspensión de importaciones de cinco bananeras nacionales, la medida se levantó, en medio de negociaciones entre Moscú y Quito. Las autoridades diplomáticas insisten en que este tema no tiene relación con el anuncio del canje de equipo militar de origen ruso con Estados Unidos, pero el embajador ruso Vladimir Sprinchan dijo a una agencia de noticias de su país que el gobierno suspendió el canje de arsenal por equipos nuevos.

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Las sanciones de las autoridades rusas contra cinco empresas ecuatorianas exportadoras de banano quedaron insubsistentes. Lo anunció a mediados de febrero la canciller Gabriela Sommerfeld, tras una reunión con el embajador ruso, Vladimir Sprinchan.

“Finalmente mantuvimos una reunión con el embajador de Rusia. Se habló de temas superados para nuestra industria de banano; la autoridad fitosanitaria de Rusia mantendrá una reunión virtual el lunes con la autoridad ecuatoriana de Agrocalidad”. Mencionó que una delegación rusa visitará las fincas productoras y las instalaciones de Agrocalidad para constatar los controles fitosanitarios.

El embajador Sprinchan, de su lado, confirmó que las autoridades de ambos países trabajan con buena voluntad para superar las dificultades. “El mercado ruso es ahora el tercero para Ecuador”, alertó el diplomático al enfatizar que Rusia compra más banano ecuatoriano que muchos otros países, incluido Estados Unidos. Aclaró que el momento es positivo para Ecuador porque vende más de lo que compra a Rusia, anticipando que hay otros proyectos de cooperación en camino, entre ellos, obras hidroeléctricas y la construcción de un ferrocarril de carga para unir la costa y la sierra.

Sprinchan, quien en marzo cumplirá tres años al frente de la representación diplomática de su país en Ecuador, explicó que hay un nuevo momento en la relación entre ambos países, por la apertura que ha mostrado el gobierno de Daniel Noboa. También resaltó el papel de “puente de oro” que juegan los exbecarios ecuatorianos en Rusia, porque ellos comprenden “el alma” y “el espíritu” de su país.

Tanto la canciller ecuatoriana como el embajador de Rusia coincidieron en que no se relacionan las sanciones a las exportaciones del banano con los anuncios de canje de equipo militar de origen ruso con Estados Unidos. Esta operación de intercambio beneficiaría a Ucrania, país que sería el destino final de los equipos que Ecuador considera obsoletos. Al concretar el canje, Ecuador irrespetaría su rol de neutralidad en el conflicto entre ambas naciones.

“Las relaciones internacionales son muy delicadas y cada tema debe manejarse por separado”, enfatizó Gabriela Sommerfeld en la reunión con periodistas, el tercer viernes de febrero.

El diplomático ruso fue más explícito. “Son dos temas separados. Un tema es el pedido de sancionar (en forma) provisoria; hay cartas de hace algunos años, del servicio fitosanitario, ahora cuando se ordenó con Agrocalidad, los representantes de los países van a trabajar para evitar el aparecimiento de la plaga; el embajador ecuatoriano en Rusia habló con el director de nuestro servicio fitosanitario”.

A continuación, el embajador explicó que “con el (tema del) armamento vamos a esperar un poco. Me parece que el gobierno ecuatoriano, estoy seguro, no está dedicado a enviar armamento a un conflicto, teniendo en cuenta el estatuto de neutralidad, teniendo en cuenta el papel importante de Ecuador como miembro no permanente del consejo de seguridad (de la ONU) tiene una gran responsabilidad y compromiso de participar y contribuir a la solución de los conflictos en el mundo por vías pacíficas con instrumentos diplomáticos”. Insistió en que los temas de exportaciones a Rusia y canje de equipo militar “no están conectados, son separados”.

Al cierre de esta edición, las sanciones a las exportaciones se consideran un tema superado.

En cuanto al canje de equipo militar, todavía no hay una confirmación oficial ecuatoriana, frente a la información estatal rusa. Según ésta, la decisión del intercambio quedó en suspenso.

Esta alianza informativa detectó dos líneas discursivas en la campaña de desinformación desde Moscú. El objetivo: estigmatizar al producto estrella de exportación ecuatoriano hacia Rusia. Aquí las revelamos.

 


Varios medios rusos mantuvieron una campaña de estigmatización


La mosca jorobada presente en el banano

No es un tema reciente. En 2018 la prensa de ese país denunciaba la presencia de la mosca jorobada en cargamentos de banano.

“Al inspeccionar un lote de bananos ecuatorianos” recibidos en la ciudad rusa de San Petersburgo el 11 de diciembre, Rosseljoznadzor registró dos nuevos casos de la presencia de ese insecto. Dado que la introducción y propagación de la mosca jorobada polífaga representa una amenaza grave para la situación fitosanitaria en territorio de Rusia y para la salud de sus ciudadanos, Rosseljoznadzor se reserva el derecho a imponer (…) restricciones temporales a la importación de bananos desde Ecuador en el caso de que se repitan estas infracciones», advirtió el organismo. El insecto en cuestión es capaz de transmitir el cólera y su presencia es objeto de cuarentena en los países miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEE), cuyo miembro es Rusia, sentencia esa información.

En 2019, la advertencia era similar. En agosto de ese año, Rusia impidió el ingreso de 25 toneladas de bananos de origen ecuatoriano infectados por la mosca, que habían llegado al puerto de Nosorossiysk, en el mar Negro. Para ese año, 1,4 millones de toneladas de banano (el 96 por ciento del voluman total) se importó desde Ecuador.

“La mosca jorobada polífaga se detecta con frecuencia en los bananos importados de Ecuador, constató el Servicio de Control Veterinario y Fitosanitario ruso (Rosseljoznadzor)”, según un despacho de la agencia Sputnik de ese año. La agencia mencionaba que el problema adquirió un “carácter sistémico”.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura de Ecuador, a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), afirmó que cerca de 40.000 controles realizados entre 2015 y noviembre de 2019 no han registrado presencia de la mosca jorobada en el banano ecuatoriano.

«La Agencia, desde el 2015 hasta noviembre de 2019, a través de la Dirección de Vigilancia Fitosanitaria, ha realizado cerca de 40.000 monitoreos (…). Durante estas inspecciones, no se registraron reportes de la presencia de la mosca jorobada en ningún caso», según un comunicado oficial.

En medios locales se especuló que las acusaciones desde Moscú estuvieran relacionadas, directamente, con los hechos posteriores a las protestas de octubre de 2019. En esas jornadas violentas, que pusieron al país en vilo, desde el Palacio de Gobierno se mencionó que Moscú había tenido un papel preponderante en operaciones de desinformación sobre esos hechos.

Esta alianza accedió a un documento, la resolución 0049 del 30 de marzo de 2020, emitido por la autoridad fitosanitaria ecuatoriana. En esa normativa se establecen los estándares para el “proceso de lavado a presión de los contenedores y limpieza a bodegas de barcos para la exportación de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados, con la finalidad de disminuir el riesgo de contaminación por cualquier organismo que pueda llegar a ser considerado como una plaga”.

Esta nueva crisis sanitaria tendría relación con el canje de armamento con Estados Unidos. “La mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano y no ataca ni afecta a los cultivos”, explicó Agrocalidad. Según un comunicado oficial, los exportadores y fincas fueron notificados sobre la obligación de cumplir el plan de acción, con aumento de monitoreo en sitios y producción y empaque, manejo de plagas y rotación de plaguicidas.  De 13 mil envíos realizados a Rusia, el 0,3 por ciento fue notificado con la presencia de este insecto, lo cual no representa un riesgo para ese país de destino.

Cocaína en cargamentos

El periodista ecuatoriano radicado en Dinamarca, Julio Vacacela, detectó a su vez otra línea narrativa desde Rusia para desacreditar el banano ecuatoriano. Esto, en medio de la crisis por cuestionamientos a la posible presencia de la mosca jorobada, transmisora de la enfermedad del cólera, en cargamentos ecuatorianos.

Según esta línea discursiva, el banano ecuatoriano era “fruta dulce con un secreto”. Se trataría de la presencia de cocaína, que los rusos llaman pólvora, explica Vacacela. Entre 2010 y 2019, siete toneladas de droga fueron decomisados de cargamentos de banano, particularmente el que tiene a San Petersburgo como destino final. Según este discurso, el precio de la fruta es bajo para masificar su ingreso a ese país y disfrazar la llegada de drogas en los contenedores.

 


El Kremlin aplicó una estrategia de desinformación, según el WP

Desinformación made in Moscú

De hecho un informe del periódico estadounidense The Washington Post, difundido a mediados de febrero, reveló que hay en marcha un bien articulado plan desde Moscú para desinformar a la opinión pública, en medio de un contexto particular.

Se cumplen dos años desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, el 17 de marzo se realizarán elecciones en la primera nación.

Alrededor de una centena de documentos fueron revelados, por ese medio estadounidense, y muestran el objetivo concreto de Moscú: movilizar un engranaje de trolls y cuentas falsas para posicionar la imagen de un presidente ucraniano debilitado y una opinión pública dividida en ese país.

En contraste, el medio estadounidense cita una serie de fuentes según las cuales en Ucrania la sociedad se encuentra unida en condena a la invasión.

Uno de los documentos destapados muestra que el presidente ucraniano es visto como una suerte de Brad Pitt (actor estadounidense) con una presencia global.

Para fuentes citadas por ese artículo, el fin en última instancia es erosionar la moral ucraniana, y hacerla ver como dividida frente al conflicto.

Medio ruso vaticina sanciones a más bananeras ecuatorianas; Cancillería lo desmiente

Los medios rusos persisten en una campaña de desinformación. The Moscow News publicó ayer miércoles 14 de febrero un reportaje asegurando que el gobierno de Vladimir Putin extendió las sanciones contra 18 empresas bananeras de Ecuador, que ya no podrían importar la fruta a ese país. Eso como una retaliación por el acuerdo para el intercambio de armamento «chatarra» por equipos nuevos de Estados Unidos, valorados en 200 millones de dólares. La Cancillería desmintió nuevas sanciones y anunció que Rusia levantó el embargo a cinco empresas ecuatorianas.  

Redacción Código Vidrio

Según acaba de publicar el medio ruso Moscow Times, el Servicio de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia Rosselkhoznadzor habría ampliado su embargo bananero a los principales exportadores de Ecuador. “Rosselkhoznadzor exige a las autoridades ecuatorianas suspender la certificación que permite exportar a Rusia a otras 13 empresas”, indicó ese medio ayer miércoles.

Ante las publicaciones sobre las supuestas sanciones a empresas ecuatorianas, la Cancillería emitió un comunicado aclarando que esa información fue desmentida por las propias autoridades rusas.  Hoy, 15 de febrero, el embajador de Rusia, Vladimir Sprinchan, se reunió con la canciller Gabriela Sommerfeld, para abordar el problema fitosanitarlo en el banano.

En la cita se acordó que en los próximos días saldrá una misión de autoridades del Ecuador a Rusia para superar lo más pronto posible este impasse, que fue advertido desde hace 6 meses, cuando ese país, mediante comunicaciones, informó a las autoridades ecuatorianas acerca de dicho problema fitosanitario del banano.

El año pasado, Ecuador exportó más de 6,5 millones de toneladas de banano por 690 millones de dólares. Una quinta parte de ellas se destinó a Rusia. Foto cortesía del Moscow Times.

Cinco empresas fueron sancionadas 

A partir del 5 de enero pasado, la entidad de control Rosselkhoznadzo suspendió la autorización de importar bananas a cinco exportadores ecuatorianos, argumentando que en sus frutas habían detectado una plaga, por la presencia de la mosca Jorobada. Desde inicios de febrero, esa entidad exigió al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador que suspendiera su certificación. Entonces las autoridades ecuatorianas rechazaron la medida, pues las empresas nacionales sí cumplían con todos los requisitos fitosanitarios.

Hoy, viernes 16 de febrero, la Cancillería informó que Rusia levantó las sanciones a las cinco exportadoras.

Según The Moscow Times, el gobierno de Putin decidió radicalizar las sanciones los últimos días. Según ese medio, dos importadores rusos de banano confirmaron que están al tanto de este nuevo requisito de Rosselkhoznadzor. “Después de la ampliación, la lista de quienes no pueden importar plátanos a Rusia incluirá a 18 empresas, todas las mayores proveedoras de plátanos de Ecuador. Esto es esencialmente un embargo comercial”, dijo uno de ellos.

El trasfondo de las sanciones que se impusieron a las cinco exportadoras es el acuerdo que Ecuador concretó para transferir armamento y equipos rusos, considerados “chatarra” a Estados Unidos, a cambio de un arsenal nuevo por 200 millones de dólares. Una vez reparados, esos equipos bélicos rusos, que incluyen 9 helicópteros MI y lanzacohetes, adquiridos en 1997, podrían ser triangulados a Ucrania, que fue atacada por Rusia, que le declaró la guerra desde hace dos años.

En enero pasado, el presidente Daniel Noboa confirmó que el acuerdo con EE.UU. estaba en firme, puesto que se trataba de “chatarra”, equipos que no eran utilizados, inservibles, por lo cual no se necesitaba tener ningún consentimiento de Rusia para su traspaso.

Entonces, el anuncio generó la respuesta iracunda de Moscú, que amenazó con considerar hostil esta operación de intercambio.

El 5 de febrero pasado se reunieron la canciller Gabriela Sommerfeld, y el embajador de Rusia, Vladimir Sprinchan. 

Para Rusia, la decisión de Ecuador cambia la posición neutral que ha mantenido frente a la confrontación bélica, desatada en febrero de 2022 contra Ucrania.

Es más,  el embajador Sprinchan dijo al medio oficialista Sputnik, que “el envío de esta supuesta ‘chatarra’ será una contribución al conflicto. La posición declarada por el Estado –sobre la neutralidad y la búsqueda de oportunidades para la mediación entre Rusia y Ucrania o para una resolución pacífica por medios diplomáticos de este asunto- será violada”.

La última década, Rusia armó un engranaje de propaganda en Latinoamérica, según Douglas Farah, coautor del estudio “Campañas de Influencia Rusas en Latinoamérica”. A partir de ese esquema, habría conseguido en la región una respuesta de neutralidad frente a la invasión de Ucrania. Cuando Noboa anunció que daría paso al canje de equipo militar rompió el guión de lo esperado por Rusia.

Las últimas semanas los medios oficialistas rusos han iniciado una campaña sostenida de desinformación para apuntalar la decisión del Kremlin y satanizar el acuerdo entre Ecuador y EE.UU., así como desprestigiar al comercio entre ambos países.

El gobierno no se ha pronunciado sobre una posible modificación o suspensión del acuerdo con EE.UU., pese a las presiones de Rusia, que inicialmente esperaba que Ecuador se disculpara públicamente.

Las secuelas para Ecuador

La última década, Rusia y Ecuador estrecharon su relación comercial. El año pasado, este país exportó más de 6,5 millones de toneladas de banano por 690 millones de dólares. Una quinta parte de ellas se destinó a Rusia. La suspensión inicial de los certificados de cinco exportadores ecuatorianos limitó la exportación de plátanos en un 30%. Rusia es el mayor comprador de plátanos ecuatorianos.

Según la ministra de Comercio Exterior, Sonsoles García, las restricciones iniciales a las exportaciones ponen en riesgo 25.000 puestos de trabajo y 3.000 empresarios.

Sin embargo, en declaraciones a Teleamazonas, Sinsoles dijo que las medidas también son un nuevo reto para que los productores empiecen a buscar nuevos mercados.

Los precios del banano ecuatoriano se dispararon desde el año pasado, y siguen altos por los últimos impasses y sanciones a cinco empresas.

Así es cómo los narcos convirtieron a Galápagos en su gasolinera

 Las islas Galápagos, el icónico Patrimonio de la Humanidad, están siendo arrastradas por las mafias del narcotráfico. El año pasado aumentó, como nunca antes, el envío de cocaína por los
corredores que rodean las islas, según una investigación exclusiva que el 
sábado 13 de enero
publicó el Washington Post, que hoy este medio reproduce. 

 Los pescadores artesanales de las islas desvían el combustible que reciben subsidiado del Gobierno para venderlo a los narcotraficantes que llevan la droga hacia Centroamérica
y Estados Unidos en barcos pesqueros.

 El 2023, la Marina incautó 25 toneladas de cocaína en las Galápagos (nueve toneladas solo en noviembre) un aumento del 150 por ciento desde el 2022.

 La llegada desde México de una avioneta fantasma el 2021 a la isla Isabela, que luego fue robada, es uno de los hilos conductores de esta historia, que evidencia la facilidad con que operan los narcos.

Por Samantha Schmidt y Arturo Torres

“Charles Darwin la describió como la más desolada de las Islas Galápagos, un puesto de avanzada casi extraterrestre, llena de tortugas gigantes e iguanas marinas que no se encuentran en ningún otro lado del mundo, donde el humo salía de cráteres volcánicos y la lava fluía negra”. Así arranca la investigación del Washington Post que durante varios meses reportearon Schmidt y Torres en Ecuador continental y en las islas, el año pasado.

Según el reportaje del medio estadounidense (https://www.washingtonpost.com/world/2024/01/13/ecuador-violence-galapagos-cocaine/) actualmente más de 100.000 turistas visitan las playas blancas de Isabela. Los visitantes viajan por aire aterrizan en el aeropuerto José de Villamil, una pista de aterrizaje solitaria rodeada de maleza. Durante el día, las modestas instalaciones están atendidas por un solo empleado. Por la noche, todo está en tinieblas. No hay cámaras de seguridad, ni luces. Nadie vigila la entrada a una de las reservas más cuidadosamente protegidas del planeta.

Fue aquí, poco después del anochecer de una tarde a principios del 2021, donde el empleado del aeropuerto, de 53 años, se sorprendió por un ruido: el zumbido de un pequeño avión aterrizando sin previo aviso en la pista.

Presa del pánico, se subió a su motocicleta y fue apresurado a la Policía. Cuando las autoridades llegaron a la pista, el Cessna Conquest II había sido abandonado. Quien lo había pilotado huyó, dejando atrás ocho contenedores de combustible, cinco de ellos llenos.

Desde el principio, las autoridades sospecharon de narcotraficantes. Este misterio ofrece un vistazo a la creciente amenaza criminal a las Islas Galápagos, el sitio más apreciado del planeta por su biodiversidad única, donde Charles Darwin confirmó su teoría de las Especies. Hoy este paraje paradisíaco está siendo arrastrado hacia el creciente tráfico de drogas que consume gran parte de América Latina.

El 8 de enero del 2021 una avioneta Cessna aterrizó en la pista de Puerto Villamil, en Isabela, en la noche, sin previo aviso ni autorización. Cuando las autoridades llegaron a la pista, la aeronave fantasma fue abandonada. El piloto huyó, dejando atrás ocho contenedores de combustible, cinco de ellos llenos. Semanas después el avión fue robado. Foto archivo.

En el Ecuador continental, a 600 millas de distancia, narcotraficantes mexicanos y albaneses han fomentado un aumento en la violencia de bandas violentas como nunca en la historia del paí

El martes pasado, hombres armados aterrorizaron el país con una serie de ataques aparentemente coordinads.os, desde bombardeos vehiculares a revueltas carcelarias a secuestros policiales. Un grupo se apoderó de una estación de televisión durante una transmisión en vivo y retuvo al personal a punto de pistola. El presidente Daniel Noboa tomó la extraordinaria medida de declarar un conflicto armado interno en el país: “Estamos en un estado de guerra.”

Lo que fomenta este diluvio de violencia es la creciente demanda mundial de cocaína. Organizaciones criminales internacionales se están asociando con pandillas locales para mover la droga desde América del Sur a los Estados Unidos y Europa, destaca el informe del Washington Post.

Para realizar el viaje, los contrabandistas necesitan gasolina. Por lo que han usado a las Galápagos como su punto encubierto de reabastecimiento de combustible. Una gasolinera secreta del Pacífico.

En Isabela, el único empleado del aeropuerto temía que hubieran llegado los carteles. El Cessna fue remolcado a un costado de la pista y abandonado ahí.

Dos meses después, el empleado llegó tempranos en la mañana al aeropuerto para empezar a trabajar, pero se encontró con otra sorpresa. “Fui a lavarme la cara para ver si era verdad lo que vi», relató a las autoridades.

El avión fantasma ya no estaba. Había desaparecido.

El lucrativo negocio del contrabando de gasolina

 La ubicación de Ecuador lo ha convertido durante mucho tiempo en un punto de tránsito para los traficantes que transportan coca hacia Centro América y Estados Unidos por el corredor del Pacífico frente al perfil costanero. Cada año desde el 2019, las capturas de cocaína han roto récords. Al cierre del 2023 fueron capturadas 200 toneladas de esa droga.

Ahora los carteles están abriendo nuevas rutas. Para evitar a las autoridades antidrogas, muchos traficantes están optando por una ruta más tortuosa – una que gira justo al sur y al oeste de las Galápagos. Con lanchas rápidas o sumergibles, los traficantes pueden viajar hasta 14 días sin atracar, dicen funcionarios de la Marina ecuatoriana.

El 2023, la Marina capturó 25 toneladas de cocaína, una cifra sin precedentes. Los narcos utilizan la ruta trazada por el sur de Galápagos, lejos del perfil costanero continental, para para transportar la coca en barcos pesqueros que son abastecidos por lanchas en diferentes puntos del recorrido.

En lo que va del año, la Marina ha incautado casi 25 toneladas de cocaína en las Galápagos – nueve toneladas solo en noviembre – un aumento del 150 por ciento desde el 2022. Hace apenas cuatro años, la Marina capturó solo 1 tonelada, destaca la investigación del Post.

Durante años, los pescadores artesanales han recibido subsidios gubernamentales de combustible para salvaguardar sus precarios medios de sustento. Muchos ahora están aprovechando el combustible subsidiado por el gobierno para participar en el lucrativo negocio del contrabando de gasolina. En lugar de utilizar su combustible con descuento y legalmente adquirido para pescar, decenas de ellos están guardando sus suministros para los traficantes, dicen funcionarios de la Marina.

“Me han ofrecido entre $6,000 y $7,000 por un viaje”, relata un pescador. El hombre, de unos 40 años, habló de manera anónima para contar lo que dice fue su experiencia con el contrabando de gasolina hace años. Utilizando un teléfono satelital y siguiendo coordenadas GPS, dijo, se encontró con cuatro hombres enmascarados en una lancha rápida. Dos conducían, dijo; dos vigilaban armados la cocaína.

“Muchas personas se han hecho millonarias gracias a esto”, relata. Los funcionarios de la Marina dicen que los contrabandistas de gasolina pueden ganar hasta $30,000 por cada viaje.

Las incautaciones de cocaína en las Galápagos han aumentado en las últimas semanas. Pero ya no solo se trata de contrabando de gasolina y drogas a través de las islas: A finales de noviembre, la Marina encontró 112 rifles y 48 pistolas en una lancha rápida a unas 150 millas al sur de la isla San Cristóbal. Los investigadores sospechan que las armas iban dirigidas  para armar a las bandas ecuatorianas que luchan por el control de las rutas de narcotráfico.

La ruta de contrabando del Pacífico es la más difícil de controlar para las autoridades, y que las aguas que rodean Galápagos son particularmente vulnerables.

Ecuador es responsable de monitorear más de 750 000 kilómetros de océano – cinco veces más que su superficie terrestre. Más de 24 000 botes, registrados para pesca artesanal, zarpan de más de 120 puertos y de muchas otras playas que, en su mayoría, no son controladas por las autoridades. La presencia de Estados Unidos en esta costa es mínima; en 2009, el entonces presidente Rafael Correa expulsó a las fuerzas estadounidenses de una base militar en la ciudad portuaria de Manta.

La tripulación de la nave de la Armada Isla Darwin, durante un patrullaje en los mares de Galápagos. Foto cortesía del Washington Post de Carolyn Van Houten.

El Capitán Patricio Rivas, comandante de la Marina en las Galápagos, dijo que las islas se han convertido en una fuente importante de gasolina para contrabandistas que trabajan para el narcotráfico. Indicó que las autoridades están trabajando para rastrear y restringir el uso de combustible por pescadores artesanales.

Entrevistas que tuvimos con docenas de líderes locales, oficiales de inteligencia, residentes, activistas y pescadores revelan un archipiélago cada vez más cautivo del narcotráfico. Describen un lugar donde todos se conocen, donde los pescadores se vuelven ricos de la noche a la mañana, y donde una economía dolarizada y basada en el efectivo crea las condiciones ideales para el lavado de dinero.

Aeropuertos y puertos, particularmente en Isabela, tienen poca o ninguna seguridad. No hay cámaras de seguridad, tampoco hay oficiales de la marina monitoreando quién sale o ingresa en las noches. Su personal es escaso. Los empleados y funcionarios del puerto de Guayaquil en el Ecuador continental dicen que los contenedores que salen a las islas en barco rara vez son revisados por contrabando.

Una de las pocas líneas navieras que lleva comida y provisiones a las Galápagos pidió a las autoridades, en marzo de 2022, que provea una presencia policial permanente en el patio de recepción de suministros. El gobierno todavía no ha cumplido con este requerimiento.

Un equipo de oficiales de inteligencia que viajó a las Galápagos en octubre de 2022 para investigar acusaciones de corrupción en la Marina, reportó evidencia de que los marineros aceptaban sobornos para permitir que botes no autorizados entren y salgan de los puertos.

Por años, los isleños han encontrado paquetes de cocaína que llegan a las playas. Pero en una isla de alrededor de 3000 habitantes, muchos tienen miedo de reportar estos descubrimientos. Algunos dicen que han escuchado aviones no autorizados volando sobre Galápagos. El servicio de Inteligencia de la Marina está investigando rumores de pistas clandestinas escondidas en lugares inhabitados de las islas.

El Capitán Patricio Rivas, comandante saliente de la Marina en Galápagos, dijo que las islas se han convertido en una fuente importante de gasolina para contrabandistas qué trabajan para el narcotráfico. Los operativos se intensificaron y permitieron más incautaciones en los alrededores del archipiélago.

“Aquí en las islas todos son familia”, dijo el Capitán Rivas. “Hay muchas cosas que la gente mantiene ocultas. Puede que sepan quién está involucrado, pero no dicen nada”.

Hilda Moscoso Espinoza nació y creció en Isabela. Entre 1946 y 1959, esa isla era hogar de una colonia penal. Su padre fue uno de los últimos guardias. Ella recuerda el tiempo antes de los turistas, cuando solo cerca de 100 personas vivían allí. Las comidas eran comunales.

Ahora, la mujer de 58 años dice que ve cómo el flujo de drogas ha afectado a la comunidad. Un miembro de su familia ha luchado por años con la adicción a la cocaína y otras drogas.

Moscoso ha suplicado a los funcionarios locales que establezcan centros de rehabilitación, o psiquiátricos, para abordar el creciente uso de drogas en la isla.

“De poco a poco, las drogas se están tomando la isla”, dijo. “Y no hay ayuda.”

‘Aquí, es un secreto abierto’

El administrador del aeropuerto estaba aterrorizado de regresar al trabajo.

Le pidió a la Policía que vigile el avión en la noche, o que por lo menos instalen una cámara de seguridad y la apunten hacia la pista. Pero el departamento policial de Isabela, con solo 20 miembros, no estaba en capacidad de hacerlo, le dijeron, y el caso pasaba a manos de fiscales en una isla diferente.

El administrador, de 56 años, temía por su seguridad. Habló con el Washington Post bajo la condición de anonimato.

Hilda Moscoso nació y vive en Isabela. Dice que el flujo constante de drogas ha afectado a la comunidad. Un miembro de su familia ha luchado por años con la adicción a la cocaína y otras drogas. El consumo es creciente en las islas. Foto de Carolyn Van Houten, cortesía del Washington Post.

Sus miedos estaban justificados. Según oficiales de inteligencia el avión había venido de México. Un año antes, dijeron, la nave había viajado de Ecuador a México con un número de registro diferente, un vuelo ahora bajo investigación por presunto narcotráfico

El administrador no fue el único que hizo sonar la alarma. Poco después de que el avión llegara en enero del 2021, la cabeza de la fuerza policial de Isabela dijo a fiscales que tenía razones para creer que había personas en la isla que querían robar el avión, según un informe citado en documentos judiciales. El mayor William Albán pidió que más oficiales lo monitoreen. También les pidió que muevan los tanques de gasolina que habían quedado cerca del avión, porque facilitaban un posible robo.

Pero las autoridades nunca movieron los tanques y la Policía raramente revisaba el avión, dijo el administrador del aeropuerto.

Luego, en marzo del 2021, dos meses después de la llegada de Cessna, la fuerza policial se reunió en un restaurante en Puerto Villamil para celebrar el cumpleaños de Albán. Las fotos en documentos judiciales muestran alrededor de 15 hombres en Cuna del Sol levantando sus copas de vino. Un residente cercano dijo haber visto a los oficiales tomando hasta altas horas de la noche. En

algún punto ese día, creen las autoridades, el avión desapareció. Meses después, los fiscales acusaron a Albán y cinco otros oficiales de Policía por supuesta “asociación ilícita” por su conexión con la desaparición del avión y un presunto intento de cubrirlo. El juez Ramón Abad Gallardo los acusó de eliminar evidencia e informes del caso, y de no haber retirado los tanques de gasolina del aeropuerto. “Si la gasolina no hubiera estado en el avión o cerca a este, no lo hubieran sacado”, dijo Gallardo.

Los oficiales esperan el desenlace de su juicio. Albán no pudo ser ubicado para dar su versión al Post, que le envió mensajes s sus números celulares de referencia en el proceso.

Turistas toman fotos en la isla Bartolomé. Foto de Carolyn Van Houten, cortesía del Washington Post.

 

La investigación de la misteriosa llegada y salida del avión sigue abierta. Los investigadores de inteligencia reportaron en octubre de 2022 que la falta de seguridad en el aeropuerto de Isabela lo volvieron un centro perfecto para “narcoaviones.”

En un informe de inteligencia obtenido por el Washington Post, los investigadores dijeron que sospechaban que una aerolínea local y un empresario poderoso de las Galápagos estaban relacionados con tráfico de drogas y de fauna.

Meses luego de la desaparición del avión, dijo el administrador, un hombre se detuvo con una propuesta.

El hombre, a quien el administrador reconoció como un residente de las islas, ofreció $100,000 a cambio de acceso a la pista. No dijo cómo la usaría, indicó el administrador, pero sugirió que antes ya había hecho esos tratos.

El administrador tenía sospechas de un ex colega del aeropuerto. Cuando renunció, dijo, se sorprendió de ver que se mudaba a una casa más grande. La casa, dijo, hubiera sido imposible de comprar para este hombre con su salario de máximo $1,300.

Rivas, el comandante de la Marina en las islas, confirmó que un ex empleado de autoridades de aviación estaba bajo investigación por supuesto involucramiento en una “red de narcotráfico.”

Cuando el administrador rechazó la oferta del hombre, dijo, él respondió: “Tu compañero, él estaba dispuesto a tomar este tipo de riesgos”. El exempleado no respondió a nuestros mensajes y llamadas para comentar.

Al día siguiente -dijo el administrador- otro hombre llegó al aeropuerto. Esta vez, dijo, era un extraño, un hombre que parecía tener un acento colombiano. El hombre subió la oferta: $250,000. Más de lo que él podría ganar en 10 años de trabajo en el aeropuerto.

El 2023, fue capturado un semisumergible que llevaba cerca de una tonelada de cocaína. Foto cortesía de la Marina.

-“No quiero, no quiero”, respondió el administrador.

-“Entonces cuánto quieres?”, preguntó el hombre.

-“Mi vida no tiene un precio”, respondió el administrador.

Él, según aseguró, reportó las ofertas a un oficial de inteligencia.

El administrador ha visto que algunos de sus vecinos repentinamente encuentran el dinero suficiente para abrir un nuevo hotel, comprar un nuevo barco, construir una nueva casa. Los hombres y sus ofertas confirmaron lo que había sospechado por mucho tiempo: Isabela era un paraíso para el lavado de dinero del narcotráfico y las autoridades no hacían nada al respecto.

“Todos saben”, dijo. “Aquí, es un secreto a voces”.

China Andes Petroleum renegocia extensión de plazo, en medio de críticas por posible cementerio de desechos

En 2025 fenecen los contratos de Andes Petroleum en Tarapoa (bloque 62) y PetroOriental en los bloques 14 y 17. La autoridad nacional de Energía confirmó que está analizando la renegociación para la extensión del plazo para Andes. Su producción diaria bordea los 23 mil barriles de petróleo. Sin embargo, la operación de este bloque fue observada en el Cuarto Examen Periódico Universal a China, por vulneración de derechos. Pobladores denuncian la construcción de un cementerio de desechos tóxicos, junto a fuentes de agua.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

No hay plazo que no se cumpla. Inexorablemente, tres contratos hidrocarburíferos con inversiones chinas en territorio ecuatoriano llegan a su fin. Uno de ellos, el convenio de Andes Petroleum para la operación del bloque 62 en Tarapoa, se encuentra en “análisis de negociación para extensión del plazo”, según confirmaron fuentes del Ministerio de Energía, a esta alianza periodística. Este acuerdo termina en 2025.

El segundo es el contrato de PetroOriental, que opera los bloques 14 y 17 en la Amazonía ecuatoriana. “El Ministerio de Energía y Minas aún no cuenta con una propuesta oficial de la compañía” para una eventual negociación, según el Ministerio, en respuesta a la inquietud de esta redacción. Estos contratos también terminan en 2025.

Finalmente, capitales chinos –entre otros, de origen privado- integran el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El contrato para la construcción y operación del Oleoducto de Crudos Pesados y Prestación del Servicio Público del Transporte de Hidrocarburos, en su cláusula 4.1, fijó un plazo de vigencia de 20 años, desde el inicio de operación.

Tal plazo acaba de vencer este 21 de enero, según explican fuentes del Ministerio. De hecho, la fecha inicialmente prevista para la finalización era el 11 de noviembre de 2023. Sin embargo, los eventos de “fuerza mayor” ocasionados por la erosión regresiva del Río Quijos y sus afluentes, ocurridos a partir del siete de abril de 2020, motivaron que el Viceministro de Hidrocarburos concediera a la compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) un plazo adicional de 71 días, 19 horas y 58 minutos adicionales. El tiempo fue contabilizado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La fecha de finalización, según este conteo oficial fue el 21 de enero de 2024, a las 19 horas y 58 minutos.

 

Según el Ministerio de Energía, “no se ha tenido una propuesta oficial por parte de la Compañía de Oleoducto de Crudos Pesados LTDA, para una posible extensión contractual”. Y al precisar cuál es el estado, menciona que “actualmente este Ministerio desarrolla el proceso de Transición previsto en el Contrato de Autorización, el cual contempla que el Estado y la compañía deberán subsanar cualquier discrepancia de orden técnico y legal dentro del contrato vigente, previo a la entrega del Estado”.

¿Fueron beneficiosos los contratos para el Estado? Esta alianza pidió al Ministerio la cuantificación en cada caso. La operación de Andes Petroleum en el bloque Tarapoa dejó un beneficio estimado oficialmente en 4.125 millones de dólares, entre 2011 y octubre de 2023, cita el Ministerio.

La operación de PetroOriental en los bloques 14 y 17 dejó un beneficio para el Estado de 1.417 millones de dólares, entre 2011 y octubre de 2023, según la fuente.

De su lado, el contrato de autorización del OCP prevé un beneficio por participación del Estado ecuatoriano en las cifras de transporte, asegura la autoridad oficial: éste rubro ha generado ingresos por más de 27 millones de dólares. Aparte, hay otras contribuciones: 280,8 millones por aranceles e IVA incluidos en la construcción del oleoducto. Además, las obligaciones contractuales del OCP por impuestos fueron de 17,6 millones. Está pendiente el cierre del ejercicio fiscal de 2023, para el impuesto a la renta. Y hay proyectos de responsabilidad social ejecutados en cuatro provincias, 11 cantones y 39 parroquias, según puntualiza el Ministerio. Desde 2001 se generaron más de 700 proyectos y apoyos puntuales; de ellos, más de 45 millones se invirtieron en los proyectos de responsabilidad social.

Detractores de las petroleras chinas  

Ahora bien, las operaciones hidrocarburíferas chinas en Ecuador tienen detractores. Colectivos de la sociedad civil que han monitoreado desde hace más de seis años el desarrollo de estos proyectos, incluyeron en sus informes a varios de ellos, con serias observaciones.

Personal de Andes Petroleum supervisa las operaciones productivas del bloque. Foto cortesía China Daily News.

China está atravesando el Cuarto Examen Periódico Universal. Se trata de un proceso de evaluación, en el marco de mecanismos previstos por Naciones Unidas, que parten de principios de obligaciones extraterritoriales de los Estados. “Un Estado que ha reconocido en su jurisdicción una empresa tiene la obligación de agotar esfuerzos para que este agente económico no vulnere derechos por fuera de sus fronteras”, explica Sofía Jarrín, asesora de incidencia internacional de Amazon Watch. Esta organización internacional integra el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente, CICDHA. El informe sobre “Actividades empresariales chinas y derechos humanos en América Latina: casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela” analiza 28 proyectos en total. De ellos, ocho se realizan en Ecuador.

“China tiene la habilidad de adaptarse al contexto internacional bastante rápido. Como sociedad civil era muy complejo llegar con reclamaciones, ni siquiera las embajadas responden a los oficios, desde traducir, encontrar un lugar, hay distancias geográficas, idiomáticas y condiciones políticas que devienen en una diplomacia económica indebida. Buscamos mecanismos de las Naciones Unidas, en esta caso el Tercer Examen Periódico Universal de China, en 2018”, explica la experta. Este instrumento evalúa a un estado cada cuatro años y medio. China ratificó el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. En ese contexto, la primera evaluación de 2018 estableció observaciones en 18 proyectos en cinco países. Para el Cuarto Examan Periódico Universal se monitorearon 28 proyectos, en nueve naciones.

Según la experta, las recomendaciones que acogió China luego del Tercer Examen “no fueron suficientes; las observaciones le dicen a China que desarrolle mecanismos de responsabilidad jurídica a las empresas, esto no había ocurrido, a veces las empresas tienen un poder de influencia superior a los Estados; son generalmente sujetos de derechos, pero cuando vulneran derechos de terceros logran una arquitectura de impunidad, porque derivan la responsabilidad al Estado y no a la empresa”. En marzo de 2023, se emitieron nuevas observaciones para China, referentes al cambio climático y a su financiamiento directo, el cual “debe evaluar la situación de cada país para evitar un sobreendeudamiento, este es un guiño a Ecuador”.

Andes y el bloque 62, Tarapoa

 

La operación de la petrolera Andes en Tarapoa está incluida en el informe presentado para el Cuarto Examen Periódico. Las actividades impactan en las comunidades de la cuenca del río Waiya, en las parroquias de Tarapioa, Cuyabeno y Aguas Negras, del cantón Cuyabeno. Indígenas de nacionalidades Siekopai, Siona y Kichwa viven los efectos, al igual que campesinos mestizos. Según el informe, la operación vulnera el derecho a un ambiente sano, a la salud, al agua, a la alimentación, al territorio y a la vida.

Andes Petroleum está conformada por capitales de China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC).

Según el informe de monitoreo, Andes Petroleum opera 14 pozos y es responsable del 22 por ciento de la producción en 2023. Participa en el holding que conforma el OCP. “Entre 2014 y 2016 la empresa ejecuta varias actividades de exploración del sector oeste del bloque Tarapoa (WBT) y la construcción de seis plataformas, vías de acceso y la perforación de 18 pozos exploratorios”.

“En mayo de 2017 monitores comunitarios indígenas Siekopai denuncian contaminación en las fuentes de agua, la presencia de manchas de hidrocarburos, espuma, aceite, olores fuertes de químicos y alta turbidez del agua. En otras zonas, comunidades indígenas denunciaron que la petrolera Andes Petroleum construye un cementerio de desechos tóxicos sin socializar los estudios de impactos ambientales y sin tener la licencia ambiental”.

De acuerdo con ese informe, la afectación llega a 500 habitantes de las comunidades de Paz y Bien; 200 habitantes de la comunidad La Libertad; 500 habitantes de la comunidad Jesús del Gran Poder; 500 habitantes de Poza Honda y 500 habitantes de Nueva Santana.

Según las comunidades Sotosiaya y Waiya la construcción de la plataforma TSW-E requirió la excavación de canales profundos, “sin la consulta previa a las comunidades”. La obra impactó en la hidrografía de la zona: “El desvío del agua del esterio AriPocoya, tributario del río Pocoya y Waiya, provocó la sequía casi total de estero”. El siete de agosto de 2017 la empresa habría impedido el ingreso de monitores al sitio”.

Además, en noviembre de 2012, Sinopec (contratada por Andes) inició trabajos de exploración sísmica 3D, con la colocación de explosivos por el territorio de la comunidad Siekopai de San Pablo de Kantesiyá. “La empresa instaló un campamento de trabajadores petroleros dentro de la comunidad, lo que alteró la vida en la comunidad: disparó el consumo de alcohol, provocó que violencia sexual y de género presentes se disparen”.

En octubre de 2017, Andes “realizó la construcción de un cementerio de desechos tóxicos de cortes de perforación de al menos 30 piscinas, sin un estudio de impacto ambiental o licencia ambiental. La obra se  construye a 500 metros del centro educativo César Borja; a 800 metros de la planta de tratamiento de agua potabe y a 300 metros de aluentes de agua que alimentan el río Waiya.

El bloque Tarapoa reportó una producción de 23.228 barriles de petróleo por día, a 2023, según el Ministerio.

 Beneficios al Estado por la operación de Andes hasta 2023

Los beneficios que ha recibido el Estado Ecuatoriano a través de la distribución de los ingresos por las exportaciones de crudo del bloque Tarapoa operado por Andes Petroleum desde el año 2011 a octubre de 2023, son los siguientes:

 

Andes Petroleum es un consorcio conformado con las inversiones de China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (Sinopec).
Es el operador privado predominante en el área hidrocarburífera en el país. Inició sus operaciones en 2006. Para 2015, las autoridades de la época estimaban que había producido un promedio de 52 mil barriles diarios de petróleo, con la aplicación de nuevas tecnologías. A ese año había incorporado 130 millones de barriles a las reservas totales, perforando 22 pozos exploratorios. Las autoridades ecuatorianas de esa época elogiaban “la confianza de empresas chinas”, según palabras del entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Y.

Medios rusos relacionan la dolarización con el narcotráfico y la violencia

Al menos eso es lo que ha intentado posicionar el canal ruso RT y otros medios que aprovecharon la coyuntura narcoterrorista en Ecuador para cuestionar la dolarización. Y no es un tema reciente: estos discursos siempre han estado presentes en ciertos actores para responsabilizar a esta medida de las crisis económicas y sociales. Ahora, si bien los expertos siempre han señalado a la dolarización como una variable importante en el fenómeno del narcotráfico, esta relación no es como la vende Rusia, ni la principal ni la única.

Alianza Vistazo – Código Vidrio

“Los países dolarizados atraen al narcotráfico como la miel a las moscas, algo que está comprobando actualmente Ecuador. Y por las malas…”. Son las palabras de apertura del presentador argentino Mirko Casale, quien hace el programa de “humor político” “Ahí les va”, reproducido por la cadena rusa RT a través de sus redes sociales. En este capítulo dedicado a Ecuador tras los hechos de violencia de inicios de enero, en medio de una declaratoria de conflicto interno armado, intenta situar a la dolarización como la causa del auge de las bandas criminales. “¿Qué nexos existen entre dolarización y narcotráfico? ¿Es posible salir de él una vez que el engranaje comienza a girar? ¿Qué lecciones pueden extraerse del caso ecuatoriano?”, se pregunta Casale, quizá haciendo un guiño a la Argentina de Miley que no ha descartado su idea de dolarizar el país.

El argumento principal es que los narcos se evitan “dolores de cabeza” en Ecuador al momento de hacer sus negocios, porque traen los dólares, se llevan la droga, y esos dólares inmediatamente entran al sistema financiero, sin pasar por un cambio de divisa, que haría saltar las alarmas. Al final, Casale contrargumenta que la dolarización por sí sola no explica el narcotráfico, que hay otros factores, como el descontrol estatal en fronteras y puertos, además de la crisis económica y situación de los jóvenes que, a falta de oportunidades, ven un camino en las bandas criminales. Pero ya dejó su tesis en el programa: ¿’Narcodolarización’? El caso ecuatoriano.

El capítulo que “Ahí les va” le dedicó al problema ecuatoriano el 16 enero no solo fue coyuntural, sino que ya traía cola. Unos días antes, RT destacaba en un titular: “Dolarización y narcotráfico: el vínculo por detrás del conflicto interno en Ecuador”. Un mes antes, en diciembre de 2023, RT titulaba “La crisis de seguridad de Ecuador inició con la dolarización hace más de 20 años”, en la que el economista ecuatoriano Ludwig Álvarez Rengifo dice que esa es la razón para que, 23 años después, Ecuador sea “sede logística” para tráficos ilegales “de armas, de blancas, también todo lo que es los dineros producto de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito…”

Mirando más atrás, en agosto de 2023, cuando fue asesinado el candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio, la cadena rusa decía que: “La dolarización de Ecuador lo ha convertido en el centro de operaciones de las mafias”. Pero ¿es la dolarización la causante de todos los males habidos y por haber?

Más allá del discurso

Bajo la teoría de que la dolarización atrae al narcotráfico, Panamá, que adoptó esta moneda hace 120 años y tiene frontera con Colombia, ya se habría “narcotizado” mucho antes que Ecuador. Los expertos coinciden en que el tema tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que el control militar que se desplegó con el Plan Colombia hizo que ciertas actividades se desplacen hacia Ecuador, aprovechando sus puertos en las costas del Pacífico.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), ubica a la década del 2000 como el inicio de la expansión del crimen organizado, cuando la banda de Los Choneros logra alianzas con organizaciones extranjeras como el Cartel de Sinaloa y las disidencias de las FARC. Una segunda etapa llegaría entre 2010 y 2015, cuando Los Choneros se hacen con el monopolio criminal, tras la salida de escena de las pandillas Latin Kings y Ñetas, que empezaron un proceso de pacificación.

Entre el 2015 y 2020, aterrizan en Ecuador otros actores criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, la mafia albanesa y otros grupos disidentes de las FARC. Y es asesinado alias “Rasquiña”, quien comandaba a Los Choneros. Para el 2020 se habría abierto una fase de atomización con la emancipación de las bandas satélites de Los Choneros, situación que parece haberse consolidado para para 2024, cuando el gobierno del presidente Daniel Noboa identificó 22 bandas a las que calificó de terroristas.

Durante todo este tiempo hubo narcotráfico y lavado de dinero en Ecuador, pero a criterio de Freddy Rivera, consultor de temas de seguridad e inteligencia y académico de Flacso, el lavado se intensificó desde 2018. No solo por el ascenso y disputa de las bandas criminales, sino también por tres medidas del gobierno de entonces que considera erradas: la eliminación del Ministerio de Justicia, la reestructuración de sistema de inteligencia y el debilitamiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

“Eso deja sin datos para hacer inteligencia criminal, inteligencia estratégica e inteligencia económica”, dice Rivera. “La dolarización no es la causa, es un ingrediente más, que es aprovechado por el crimen gracias a la falta de control de Estado”. Refuerza este argumento con el caso Metástasis que explotó a finales de diciembre y salpicó a un general, ex director de antinarcóticos y ex director del SNAIen el gobierno de Guillermo Lasso, a un exasambleísta afín al correísmo, y hasta al expresidente del Consejo de la Judicatura. El caso también salpicó el proceso de selección de Superintendente de Bancos. Aunque Ecuador es un país poco bancarizado y muchas transacciones se hacen en efectivo, es justamente el sistema financiero por donde pasa gran cantidad del lavado.

Un estudio de CELAG estimó que en 2021 se lavaron unos 3.500 millones de dólares, lo que representa un 3 por ciento del PIB. De allí, por ejemplo, que un análisis de InSight Crime destaque tres variables que inciden en el lavado: el rol del Ecuador como país de tránsito, el dólar como moneda en curso, y la permeabilidad del sistema bancario. De hecho, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que había encontrado “desmantelada” a la UAFE, lo que impide investigaciones y cruces de información.

Si bien, los análisis y expertos consultados por la cadena rusa aciertan en que parte del problema es la falta de control del sistema bancario, se equivocan al afirmar que el lavado es tan sencillo como pagar la droga en dólares y que esos dólares circulen en la economía ecuatoriana.

Una de las dinámicas y explicaciones de la violencia, explica Fernando Carrión, experto en seguridad, es que a los cárteles se les hacía difícil traer los dólares. Eso hizo que desde hace tiempo atrás empezaran a pagar a las bandas locales con parte de la droga. Eso a su vez hizo que las bandas empezaran a vender el producto en las calles y a pelearse por el territorio, consecuentemente, las bandas cada vez se hacen más poderosas. Por eso, Carrión considera que gran parte de ese lavado corresponde a recursos locales generados por las bandas. Esos 3.500 millones de dólares que se estarían lavando en el país, representan una suma muy alta dentro en la economía ecuatoriana, pero relativamente pequeña dentro de todo el tráfico internacional. “La dolarización sí, es un factor, pero decir que la droga depende de la dolarización o que la droga es un paraíso con la dolarización, hay una gran distancia.”

La agenda de la dolarización

A medida que la droga proveniente de Ecuador siga ganando mercado en Europa y otras zonas, en lugar de Estados Unidos, se comprobará si esas transacciones se hacen en euros, dólares u otras monedas. Pero, además, los analistas dicen que las incautaciones de armas están demostrando que los carteles no solo están pagando a las bandas locales con droga, sino con armas y tecnologías, como drones y equipos de comunicación, lo que les ha permitido dedicarse a otras actividades delincuenciales como la extorsión y minería ilegal, por ejemplo. Las dinámicas de la violencia y el lavado de dinero, sus causas y efectos van más allá de si el país está dolarizado o no.

Siempre ha habido un estigma sobre la dolarización de parte de ciertos políticos, dice Jaime Carrera Andrade, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF). Explica que los sistemas dolarizados implican una férrea disciplina fiscal de los países, es decir, que no se debe gastar más de lo que se tiene, y eso resulta ser una camisa de fuerza para los populismos y la demagogia. Por el contrario, en sistemas de moneda propia se pueden hacer devaluaciones. Esto quiere decir que, si un gobierno ya se acabó todo el dinero, recurre al Banco Central para imprimir más billetes, llámense sucre, pesos, bolívares, etc. Eso sirve para pagar los sueldos del sector público, pero al día siguiente, cuando esa persona va a comprar algo, como hay más billetes en circulación, las cosas son más caras.

Eso se llama inflación: “crecen los billetes, pero no crece la economía”, señala Carrera. Justamente Venezuela y Argentina, que han sido países que recurren a la devaluación, muestran inflaciones astronómicas, que han llevado a pensar en la dolarización. No obstante, en esas economías muchos sectores se manejan dólares para resguardar el valor del dinero. Así que las respuestas al narcotráfico o la hiperinflación no están en si un país es dolarizado o no, porque hay ejemplos para todo.

Carrera dice que la dolarización facilita el lavado de dinero, pero solo cuando el Estado es débil y no puede controlar las actividades ilícitas. Por eso, los analistas consultados coinciden en que para salir de esta crisis el país requiere institucionalidad. Primero, institucionalidad para impedir la permeabilidad del narcotráfico en la Justicia, las fuerzas del orden y la política. Segundo: reforzar sus sistemas de inteligencia estratégica e inteligencia financiera para detectar las transacciones que provienen de actividades criminales. Y tercero: crear las condiciones para una economía más formal y con mejores oportunidades para su población. Si eso, todo el despliegue militar del último mes, no servirá de nada.

Salir o no de la dolarización solo es una pregunta que se hace RT. Incluso puesto a hablar a expresidentes: fue uno de los temas abordados en el programa que Rafael Correa tiene en la cadena rusa llamado “Conversando con Correa”, en el que invitó al expresidente de Colombia Ernesto Samper y los dos coincidieron en que la dolarización es una de las causas de la desglobalización en América Latina, ya que el dólar impone sus reglas. La desglobalización se refiere a una disminución de la actividad económica de los países.

De hecho, uno de los principales temas de la geopolítica rusa es la creación de una moneda común para los BRICS y también el apoyo para una moneda regional en América Latina. Varios medios satélites de RT, como Sputnik, o en misma línea de Rusia, como Página 12, sobre todo en Argentina, donde el presidente Javier Miley ofreció dolarizar el país, replicaron el discurso de la dolarización y el narcotráfico cuando Ecuador vivía los peores días de violencia durante la segunda semana de enero. Pero ¿por qué la dolarización es objetivo de estos debates?

Una búsqueda rápida sobre lo que han publicado otros medios internacionales sobre la dolarización, como BBC Mundo, France24, DWNoticias, El País, muestran un abordaje a los retos económicos que implica para Ecuador o para una potencial medida en Argentina, pero ninguno ha fijado la tesis de una relación directa con el incremento del narcotráfico y la violencia como lo ha hecho RT.

El investigador estadounidense Douglas Farah, quien escribió el informe “Campañas de influencia rusa en América Latina, junto al español Román Ortiz, dice que a través de estos discursos Rusia intenta posicionarse en América Latina y lo está logrando. “Lo que buscan es quitar, redefinir lo que ha definido o tratado de definir Estados Unidos y la Unión Europea desde la guerra fría. El discurso es “necesitamos un mundo multipolar, Estados Unidos maneja un mundo unipolar”. Lo que ellos entienden es que no pueden quedar mensajes muy pro rusos, no están diciendo “Rusia es lo mejor”, sino: “Somos una alternativa a Estados Unidos”.

Postergación del cierre del ITT beneficiaría a petrolera china CDCC

China es el actor oculto en la operación del bloque 43-ITT. La empresa CDCC, subsidiaria de CNPC, también china, proyectó una inversión de 148 millones de dólares. El financiamiento es otorgado por la misma compañía, con una tasa anual de 6,37 por ciento, según el informe sobre actividades de empresas chinas en nueve países de la región, del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). Varios sectores ven con preocupación el anuncio presidencial de extender el plazo para el cierre de las operaciones del bloque petrolero. En agosto de 2023, la mayoría de votantes decidió dejar el crudo bajo el subsuelo de esa zona. El plazo para el cierre vence en agosto de 2024.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

En agosto de 2023, el 59 por ciento de ecuatorianos votó a favor de dejar el petróleo bajo el subsuelo del bloque 43, conocido como ITT, en el Yasuní. En ese grupo de votantes se encontraba el entonces candidato presidencial Daniel Noboa. Han transcurrido apenas cinco meses; el escenario cambió. El último lunes de enero,  Noboa –hoy presidente- anunció la posibilidad de aplazar el cierre de las operaciones del bloque. Éste debería cumplirse en agosto de 2024. Ahora está por verse; no está dicha la última palabra.

El estallido de la violencia, que tuvo su clímax el martes nueve de enero, provocó que el gobierno de Noboa declarara la existencia de un conflicto armado interno en el país. Es una declaratoria de guerra contra el terrorismo, identificado en 22 grupos narcodelictivos.

Aplazar el cierre de operaciones del bloque 43 permitiría un alivio económico al Gobierno, que busca financiar la decisión adoptada en materia de seguridad.

El anuncio sorprendió a más de uno. Especialmente, a los grupos de la sociedad civil que realizan vigilancia y monitoreo sobre proyectos extractivistas en la Amazonía.

“Por la dinámica del conflicto armado, otra de las víctimas del narcotráfico es el Yasuní. Es paradójico, el pueblo votó por la consulta; era una medida de reparación hacia los colectivos que hace diez años plantearon la iniciativa. Aplazar el cierre del bloque es un anuncio grave para la sostenibilidad democrática, en el marco de condiciones de lo que implica declarar un conflicto armado interno”, advierte Sofía Jarrín, asesora de Incidencia Internacional de Amazon Watch.

Esta organización integra el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA. Se trata de una iniciativa de la sociedad civil, que arrancó hace más de seis años, explica Jarrín. “Documentamos de forma sistemática las inversiones chinas en América Latina”. El grupo articula a organizaciones de nueve países, incluido Ecuador.

La explotación del bloque 43 – ITT impacta a una de las zonas más importantes del mundo en cuanto a biodiversidad y fauna, el Parque Nacional Yasuní, el cual ha sido catalogado por la UICN como un área protegida. Foto archivo

 

En julio de 2023 el colectivo CICDHA presentó el informe sobre “Actividades empresariales chinas y derechos humanos en América Latina: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela”. Esto, en el contexto del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas a la República Popular China.

China ratificó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “en el marco de ese documento se desprenden obligaciones en temas de derechos humanos”, explica la experta.

El informe del colectivo presenta el resultado del monitoreo a 28 proyectos, en los que participan 28 empresas domiciliadas en China y al menos ocho bancos chinos. “Se desarrollan en territorios de nueve países de América Latina: Argentina (tres); Bolivia (cuatro); Brasil (uno); Chile (dos); Colombia (uno); Ecuador (ocho); México (dos); Perú (cinco) y Venezuela (dos).

Los proyectos comprenden los sectores de minería (14), hidroeléctricas (cinco); hidrocarburos (cuatro); infraestructura (dos); industria agroalimentaria (dos) y energía (uno)”. Sofía Jarrín explica que la cantidad de proyectos ecuatorianos analizados refleja la actividad de los grupos de la sociedad civil.

La explotación de petróleo en el Yasuní es analizada en el marco de este estudio. Y hay hallazgos, preocupantes.

Los problemas del ITT

Las observaciones del informe se focalizan en uno de los campos del bloque 43, llamado Ishpingo Tambococha Tiputini, ITT. Este bloque, cita el informe, se encuentra en las inmediaciones del territorio de la nacionalidad indígena waorani y el parque Yasuní, reconocido por la Unesco como reserva de biósfera.

“De los tres campos que conforman el ITT, Ishpingo es el área más sensible, tanto por la vulnerabilidad de los pueblos indígenas que habitan en este territorio, como por la potencial afectación de la riqueza ecosistémica del Yasuní y su vital contribución en el equilibrio del clima global”.

China National Petroleum Corporation, CNPC, explica el informe, empezó a operar en el ITT en 2016. Esto se tradujo en la asignación del contrato de perforación y completación de pozos en el área de trabajo del Campo Tambococha, del bloque 43, desde 2017, operado por la estatal Petroamazonas EP, que hoy es Petroecuador. El contrato se extendió hasta diciembre de 2019.

Según el informe de monitoreo, en febrero de 2022, la Empresa Pública Petroecuador adjudicó el contrato de prestación de servicios para la perforación de 40 pozos en las plataformas A y B de Ishpingo a la empresa china Chuanquing Drilling Engineering Company Limited (CDCC), que es subsidiaria de National Petroleum Corporation (CNPC).

“El proyecto cuenta con una inversión proyectada de 148 millones de dólares. El financiamiento es otorgado por la misma compañía, con una tasa anual de 6,37 por ciento”, detalla el documento.

La operación del campo Ishpingo vulnera tres derechos: al territorio; a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane; y el derecho al ambiente sano y evitar los efectos del cambio climático.

Derechos vulnerados

Al territorio. El bloque intersecta con los territorios de vida de los pueblos en aislamiento voluntario (PIAV) Tagaeri y Taromenane, y la Zona Intangible (ZITT), que fue delimitada en 1999.

El campo Ishpingo A interfiere directamente en la vida de los pueblos en aislamiento, al vulnerar los principios de no contacto y autodeterminación, cita el informe.

La explotación del bloque 43 – ITT impacta a una de las zonas más importantes del mundo en cuanto a biodiversidad y fauna, el Parque Nacional Yasuní, el cual ha sido catalogado por la UICN como un área protegida. Abarca más de 770 hectáreas de bosque húmedo, en el cual se han registrado unas 1.500 especies de plantas, 600 especies de aves y 167 especies de mamíferos. Entre ellos, especies acuáticas amenazadas como el manatí amazónico y las nutrias gigantes.

El informe de monitoreo enfatiza que por las irregularidades y potenciales afectaciones a los derechos de la naturaleza, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador interpuso en junio de 2022 una Acción de Protección. Esto, para impugnar al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En ella, se señalaba a las entidades ecuatorianas por la “omisión de sus funciones por la ausencia de control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado frente a la suscripción del contrato con la empresa China National Petroleum Corp (CPNC) para la operación de pozos en el campo Ishpingo”.

El parque nacional Yasuní

 

Las organizaciones de la sociedad civil determinan que las empresas chinas tienen responsabilidades. Según el informe, “China tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las personas afectadas por sus decisiones, acciones y omisiones, dentro y fuera de sus fronteras, de manera progresiva, no discriminatoria y hasta el máximo de sus recursos disponibles”. Una de las recomendaciones menciona que “las empresas domiciliadas en el territorio y/o jurisdicción de los Estados partes deben ejercer la debida diligencia para identificar, prevenir y atender las violaciones a los derechos”.

Los intereses de China

El estudio “China en el Yasuní ITT” fue lanzado a mediados de 2023 por la organización de la sociedad civil Latinoamérica Sustentable (LAS). Es una voz de alerta.

En él se describe que cuando la empresa china CDCC entró por primera vez al campo Ishpingo Norte, llegó a 300 metros de la Franja de Amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).

La Corte Constitucional prohibió actividades extractivas en la Zona de Amortiguamiento de la ZITT, esto suspendió la expansión de nuevas plataformas petroleras en el campo Ishpingo Sur.

“El campo Ishpingo no solo es el campo más sensible del Bloque ITT-43 por su proximidad a la ZITT en el Yasuní, sino que también este territorio es fundamental para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri-Taromenane debido a su riqueza en palmas de morete, importante fuente de alimento y refugio para estos pueblos”.

La empresa china CDCC se adjudicó la explotación de 40  pozos en las plataformas A y B del campo. “Dos meses después de la firma, el 13 de abril se abrió la primera válvula del pozo A5 en Ishpingo y para el 5 de mayo se incorporó el segundo pozo A6”,arelata el estudio. El objetivo  era perforar 36 pozos más, para obtener 200 mil barriles diarios. Eso no se cumplió. Todo indica que en Ishpingo el crudo es de baja calidad. “Una de las principales razones que presionan la expansión petrolera en Ishpingo es la deuda externa con China, que al menos durante los siguientes tres años continúa atada al pago con petróleo. Ishpingo es el área con mayores reservas de todo el Bloque ITT-43. Según fuentes oficiales, de los 458 millones de barriles de petróleo en reservas probadas en el bloque, el 87% están en el campo Ishpingo”, señala el documento.

Escenarios

A fines de enero, el presidente Noboa advirtió que pediría un criterio a la Corte Constitucional para determinar si se puede aplazar el cierre de las operaciones del bloque. Este estaba previsto para agosto de 2024.

“Si la Corte accede, estaría actuando en forma incoherente, frente a su decisión de dar paso a la consulta popular, resuelta en mayo de 2023, con diez años de retraso frente a las demandas de los colectivos”, advirtió Sofía Jarrín, de Amazon Watch.

Para la experta, no deja de ser paradójico que mientras la sociedad civil señala a las empresas chinas por sus prácticas violatorias de derechos, el Gobierno busque irrespetar la voluntad popular, expresada en las urnas en agosto de 2023.

Vicepresidenta Abad agita el avispero: torpedea el acuerdo con Israel   

Al menos cuatro comunicaciones oficiales ha enviado la Cancillería a la vicepresidenta, Verónica Abad, pidiéndole que se abstuviera de emitir declaraciones que pudieran echar al traste la negociación del acuerdo que Ecuador negocia con Israel, para la concreción de 25 mil plazas de trabajo para ecuatorianos en ese país.

Redacción Código Vidrio

Este martes 30 de enero, la vicepresidenta Verónica Abad volvió a desconcertar al Gobierno. Difundió un comunicado en el cual hizo públicas las advertencias de la canciller, Gabriela Sommerfeld, de abstenerse de pronunciarse sobre el acuerdo que se afina con Israel «ya que todo este tema está siendo directamente negociado al más alto nivel”.

“La intención de la vicepresidenta Verónica Abad nunca será entorpecer los procesos encaminados a conseguir el desarrollo de los objetivos nacionales, razón por la cual, esta institución respetará los lineamientos establecidos por la Cancillería”, indicó Abad en un comunicado de la Vicepresidencia.  “Seguiremos velando por el cumplimiento del plan de gobierno que el país respaldó mayoritariamente en las urnas y auguramos éxito en la toma de decisiones a favor del empleo y la seguridad, por el bien de los ecuatorianos”, recalcó, tras el tirón de orejas del Gobierno.

Los pronunciamientos constantes y reuniones de la Vicepresidenta con diferentes actores políticos dentro y fuera del país, al margen de las directrices del presidente Daniel Noboa, han provocado encendidos roces, que tuvieron un primer desenlace en diciembre pasado. Entonces, Abad fue designada inesperadamente por Noboa “embajadora de paz en el conflicto entre Israel y Hamas”.

Antes del viaje a Israel, en diciembre pasado, la canciller Gabriel Sommerfeld, mantuvo una reunión con la vicepresidenta para darle indicaciones sobre su misión como embajadora de paz. Foto Vicepresidencia.

Pese a las sucesivas alertas, el martes pasado Abad dio unas declaraciones que nuevamente agitaron el avispero en la radio colombiana Caracol. Desde Tel Aviv, la Vicepresidenta dijo el presidente Noboa no estaba cumpliendo con su plan de gobierno, y lamentó que se estuvieran gestionando empleos para el exterior y “no en el país donde las necesidades son mayores”.

Tras estas declaraciones, ayer 30 de enero la canciller Sommerfeld volvió a llamarle la atención, a través del oficio Nro. MREMH-VRE-2024-0162-M, pidiéndole que se abstuviera de pronunciarse en los medios de comunicación, pues no cuenta con ninguna autorización oficial y sale de los canales diplomáticos formales, en perjuicio de la política exterior. “Se ha mal informando sobre el alcance del acuerdo y eso genera falsas expectativas en la población”, dijo una alta fuente de la Cancillería.

La Vicepresidenta también ha dado varias entrevistas sobre la relación Ecuador- Venezuela, que desentonan con las directrices del Gobierno, que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro.

Así mismo, en otro comunicado previamente se le instruyó a la vicepresidenta Abad que cualquier pronunciamiento público sobre política exterior debía ser autorizado previamente por la Cancillería.

“La política exterior la dicta el Presidente y la Canciller la ejecuta a través de las respectivas instrucciones que imparte al servicio exterior ecuatoriano. Abad cumple actualmente las funciones de embajadora en Tel Aviv, y debe seguir esos lineamientos”, dijo un funcionario diplomático.

El artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que las misiones diplomáticas, como órganos de las relaciones internacionales, dependen directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y sólo a éste corresponde impartirles o transmitirles órdenes e instrucciones.

“Qué sería nuestro país si los representantes de las 44 misiones dan declaraciones a los medios sobre lo que piensan de la política exterior que dicta el Presidente, o comentan y ofrecen cosas que no están en acuerdos antes de que terminen su negociación?”, se preguntó el funcionario consultado por Código Vidrio.

Así operan las economías criminales en Ecuador

La región y Ecuador viven un rápido deterioro en la situación de seguridad. La inseguridad es asociada con delitos violentos generadores de alta conmoción social que quedan en la impunidad. Todas estas actividades criminales tienen un lado muy poco visibilizado en el país, pero absolutamente indispensable para saber su razón de existir, vinculada estrechamente con sus economías. Esa radiografía poco explorada a fondo se muestra en la investigación «Economías Criminales en Ecuador», que se presentó este lunes 29 de enero.  

Redacción Código Vidrio

En el país existe una elevada tasa de homicidio-asesinato (45 muertes por cada 100 mil habitantes) modalidad sicariato, asalto y robo con armas de fuego, secuestro extorsivo, delitos dolosos contra la administración pública (enriquecimiento ilícito, peculado, concusión). Además evasión tributaria, presencia de grupos de delincuencia organizada, lavado de activos, tráfico de armas, minería ilegal, tráfico de seres humanos, inmigración ilegal, falsificación, contrabando, y el narcotráfico (macro y micro tráfico de estupefacientes y sustancias sujetas a fiscalización).

Toda esta cadena delictiva tiene un fin, acceder a recursos económicos a toda costa y a cualquier precio. Las manifestaciones delictivas esconden la dinámica económica que mueve los hilos de todos los nodos criminales y los roles de sus operadores en diferentes sectores.

Este lunes 29 de enero, a las 15:00, la Fundación Konrad Adenauer presenta una investigación inédita de gran profundidad, muy oportuna. Se trata del estudio «Economías Criminales en Ecuador», escrito por los exministros del Interior Patricio Carrillo y María Paula Romo; el especialista en seguridad Mario Carrillo y  Santiago Andrade.

En el prólogo de la obra, la Fundación, que tiene como uno de sus pilares la seguridad, destaca que con este trabajo busca construir el diálogo entre diferentes actores, tendiendo puentes para el desarrollo de nuevas ideas y acciones que beneficien colectivamente a la sociedad. Se trata de un proceso investigativo minucioso, riguroso y equilibrado que tiene el corte de análisis a  inicios de 2023.

Los temas que se abordan en profundidad son: Economías criminales; tráfico de armas, municiones y explosivos; deterioro de la gobernabilidad del Estado y  fricción y realidad de la delincuencia organizada.

Las organizaciones criminales  se cimentan en su probada suficiencia recursiva en todos los ámbitos (financiamiento; tecnología y comunicaciones; monopolio de la cadena de diversificación delictiva; logística, armamento y seguridad); así como en las amplias redes de imbricación estructurada, impregnación estatal en los aparatos de prevención, control y represión (aparato de seguridad pública y de defensa), influencia política (financiamiento de campañas políticas y apropiación del aparato administrativo).

Además en la permeabilización institucional de los órganos del poder público (cooptación de funcionarios gubernamentales en las distintas funciones del Estado, niveles de gobierno, y sistema de justicia), penetración corporativa y social (gremios empresariales y financieros, y de la economía popular y solidaria), capacidad de expansión territorial y multinacional, mimetización financiera, estructuración de velos societarios inescrutables, alta capacidad de permeabilizar la economía nacional en todos los sectores, segmentos y escalas, utilizando el terror para la generación expansiva del miedo como factor de disolución de la democracia. 

En este oscuro contexto, la institucionalidad llega a ser percibida como una suerte de connivencia, impotencia o incluso de resignación del Estado, frente a las múltiples amenazas que tiene la convivencia pacífica.

Según recalca el informe, eso obliga al Estado a pensar en nuevas estrategias, actualizar las que ya existen; o aún mejor, generar otras, a partir de un nueva agenda y nuevo modelo de seguridad pública integral, que permita responder efectivamente contra las actividades delictivas del crimen organizado y reconociendo que este ha permeado a la sociedad ecuatoriana a un nivel de profundidad ciertamente agudo, en el que el mismo simbolismo representado por el servicio y la obra pública, como justificación histórica de la propia existencia del Estado, se halla en riesgo.

Según el exministro Carrillo, un ejemplo de ello es el caso Metástasis y su relación con el episodio ocurrido en el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de Manta. Las noticias dan cuenta del aprovechamiento doloso de disposiciones legales que norman el régimen de contratación pública, para presuntamente inyectar dineros de procedencia ilícita en la ejecución de contratos administrativos, y blanquear recursos provenientes del narcotráfico.

Las empresas financian las obras de los municipios 

A partir del 2009, en Ecuador es factible que en la obra pública, “se presenten propuestas de financiamiento otorgado por los propios oferentes, o por inversionistas, organizaciones estatales, u organismos e instituciones financieras o crediticias”; y que desde aproximadamente un lustro, la incipiente –o ausente– política de inversión pública del Estado, ha generado que, ante la crítica situación económica, el efecto provocado por la no entrega de anticipos, los municipios convoquen concursos públicos en los que una de las condiciones es que el financiamiento del contrato sea asumido por las empresas.

Rutas de ingreso y salida de cocaína

No obstante, el sentido preventivo de financiamiento alternativo que tiene la normativa jurídica, ha sido pulverizado, indica la investigación. En el caso específico de ese municipio, al menos 20 contratos se han suscrito con esa modalidad. Por lo cual esta mala práctica amenaza con extenderse –si ya no lo está– en el resto de gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales o en el mismo gobierno nacional que hoy anuncia la construcción de nuevos centros penitenciarios sin transparentar el proceso de contratación.

En este momento histórico, sale a la luz la investigación Economías Criminales en Ecuador que recaba, organiza e interpreta información a partir del análisis de elementos relacionados con los mercados ilegales de alta rentabilidad y el impacto de esta economía criminal en las amenazas contra la seguridad ciudadana, en la obra pública.

Es un diagnóstico preventivo, no es el salto estratégico en la gestión de seguridad. La visión es verificar la complejidad del fenómeno para revertir este tipo de tendencias –esto solamente se logra relacionando claramente las respuestas con las causas–, lo cual, aunque parece evidente, suele ser el camino más complejo.

Es una alternativa ante la convergencia criminal que se organiza y coopera de una forma cada más sofisticada; todos somos testigos de la diversificación de los delitos interrelacionados, según Carrillo, coordinador del equipo. Esto hace urgente tener una mejor comprensión y entendimiento de la lógica de alianzas y las cadenas de los negocios criminales.

A partir de estudiar cada mercado y sus indicadores de estructuras (¿quién?), operatividad (¿dónde?) e impacto (¿cuánto?), se podrá definir el ¿por qué? Esto es necesario para los estados, y para el Ecuador en particular, a fin de modernizar y democratizar los mecanismos de gestión de la seguridad en todos los niveles de gobierno.

Este estudio de las economías criminales permitirá además aplicar y evaluar longitudinal y transversalmente, y de manera contrafactual, las acciones desde líneas base para mirar comportamientos y tendencias, con la intención de evitar el dispendio de recursos y alcanzar inversiones justificadas en la reducción objetiva y subjetiva de las violencias y el delito.

Así como, determinar la efectividad de la política criminal del Estado ecuatoriano sobre el desarrollo de las economías criminales en la vasta economía informal, debido a que la irrupción del fenómeno delictivo en Ecuador ha llegado a niveles no conocidos en la historia contemporánea. La continua aparición de episodios criminales en la mayoría de las provincias, dan cuenta de una diversificación de delitos, para cuya apreciación real es necesario estudiarlos en función de la violencia generada, la vulnerabilidad del tejido social, la brecha existente entre el dinamismo de la economía y las demandas de la ciudadanía social; vinculándolos con el debilitamiento del Estado, la desarticulación de los niveles de gobierno, la ausencia de políticas públicas como pilar del sistema de fuentes normativas, la securitización y militarización de la sociedad (como única reacción de los órganos punitivos a la violencia generada por la reversión del sentido de estatalidad en el proceso social y económico) y la distorsión en la ritualidad política.

Ecuador tiene problemas de seguridad -señala la investigación- en la medida en que se mantenga ceguera o se pretenda ignorarla. El fenómeno no es nuevo y es en democracia que se debe enfrentar, lo han hecho y lo hacen otras sociedades, no es que desaparece, se trata de que siempre estará presente, pero las ventanas de oportunidad siempre existen, no puede cooptar y dañar todo. No hay países en el mundo entero con cero delitos, hay países con mejores indicadores de resistencia; ahí aparece la primera congruencia de este estudio: entender desde información disponible, académica, doctrinaria y relevante producida en otros espacios.

También se pone énfasis en caracterizar el dato, clasificarlo y conceptualizarlo para definir insumos de política pública y estrategia. Así busca conectar y correlacionar sus resultados con argumentos éticos, de abuso de poder (corrupción e impunidad) cuantificar en aproximados los costos económicos de los mercados ilegales y el detrimento en el desarrollo social, también permitirá el análisis con reflexiones justificadas estadísticamente.

Estudios fragmentados de cada mercado ilegal, son otros de los aportes, todos centrados en el argumento de la economía criminal de los mercados de mayor rentabilidad económica. Otras contribuciones revelan los actores públicos y privados que podrían participar y su incidencia en los negocios informales e ilícitos. En Ecuador la información oficial se obtuvo de fuentes abiertas y cerradas, organismos de control formal y bases de datos de instituciones de los diferentes niveles de gobierno; en lo regional y mundial de informes e índices de percepciones y barómetros con contenidos relacionados a las variables de estudio, según se cita en el estudio.

Un informe de esta naturaleza no sólo es relevante porque aporta información sobre un tema de gran interés para el debate público. Sino, sobre todo, porque plantea una pequeña estrategia de incidencia sobre el círculo rojo de opinión pública y respecto de los legisladores que tramitan reformas en materia de seguridad (Comisión Especializada de Seguridad y Relaciones Internacionales en primera instancia), las autoridades de la Función Ejecutiva que son responsables de esta área de la política pública: Ministerio de Gobierno y del Interior, Defensa, Unidad de Lavado de Activos, SERCOP, autoridades mineras y ambientales, autoridades migratorias, entre otras; y los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales.

Entre las principales conclusiones destacan: los conceptos de crimen organizado y economías criminales se utilizan a partir de 1990. Estudiosos del tema criminal sostienen que las sociedades con baja capacidad de aplicación de la ley son superadas por industrias ilegales que maximizan sus beneficios a partir de la poca probabilidad de cumplir condenas. Un debate serio y equilibrado sobre la inseguridad debe basarse en entender mejor el fenómeno y conceptualizar esta amenaza a la democracia que permea y debilita el poder estatal.

Así se han consolidado los grupos de delincuencia organizada (GDO) formando redes donde convergen diversos mercados ilegales transnacionales de alta rentabilidad como narcotráfico, trata de personas, delitos ambientales y minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, etc. Para este fin, corrompen funcionarios estatales y cooptan instituciones públicas y privadas con la finalidad de generar impunidad y realizar contratos con el Estado, beneficiándose de la obra pública.

El mapa de los grupos criminales

Esta integración criminal cuenta con tres estructuras, una violenta encargada de masificar el delito común -asalto y robo-, de asesinar en modalidad sicariato, del secuestro extorsivo, y de actos de terrorismo menor en las cárceles y calles. Un segundo nivel responsable del fraude procesal que permita a su vez debilitar la confianza en el sistema de justicia; en este mismo nivel se ubica un empresariado corrupto que soborna y una prensa trabajando para crear relatos y narrativas que deslegitiman a quienes los enfrentan. Finalmente, la tercera estructura es una elite política mafiosa y populista que, evita la creación de leyes de calidad.

Cuando el Estado pierde su capacidad de control a través de la disuasión y coacción, aparece el crimen organizado y empieza a competir en términos de economía, justicia, llegando incluso a coaccionar al ciudadano, esto no es por generación espontánea, advierte la investigación.

Es un poder que actúa desde la sombra para reducir las capacidades estratégicas del Estado, muchos consideran que los países afectados por el crimen organizado y las economías ilegales han perdido extensión territorial, son espacios controlados por los grupos de delincuencia organizada.

Las economías ilegales se organizan con apoyos de actores estatales, el fin es introducir dinero ilegal en el sistema económico formal, esa maquinaria de producción de economía subterránea, producto de un portafolio criminal, es la principal causa del conflicto. Por eso una de las  recomendaciones de los autores es reestructurar el sistema de justicia; «de lo contrario llenaremos de terroristas las cárceles sin lograr desarticular el andamiaje criminal».

500 mil personas dependen de redes criminales

Según el Foro Económico Mundial (FEM) los mercados ilegales representan en términos de economía subterránea entre el 8 y el 15 % del PIB. La UNODC establece que en el Ecuador se lava dinero en aproximadamente 4 y 5 % del PIB, se dice que cada punto del PIB representa 45 mil o 50 mil empleos, lo que permite inferir que medio millón de personas trabajan para la cadena de ilícitos asociadas con el crimen organizado. Eso además podría ser una base electoral populista que tiene impacto en la definición de la política pública de seguridad.

Reconociendo que existe un deterioro de la gobernabilidad derivado de inserción de las economías ilegales en el país, como efecto de la corrupción e impunidad económica, consideramos oportuno analizar el conflicto desde una mirada geoestratégica, geopolítica y geoeconómica.

Ubicados en la región mas violenta del mundo el Estado está cada vez más marginado. Eso debido a los niveles más altos de violencia y más bajos de transparencia, con mayor integración criminal de los carteles mexicanos, el Tren de Aragua venezolano, los maras centroamericanos, el paramilitarismo colombiano, las milicias brasileras, unidas a mafias de Europa del este, como la albanesa, con la declaratoria de conflicto interno por la presencia de 22 grupos terroristas ecuatorianos, con la expansión en la producción de cocaína por Colombia y Perú, con la competencia del fentanilo y las anfetaminas en el consumo norteamericano y la desintegración regional por ideologías políticas.

A diferencia de lo que nos dicen: Actores del crimen organizado con poder político son responsables del desorden y la violencia, y no los delincuentes que mueren en la calle o en las cárceles, no son los capos etiquetados como los más buscados y peor los ahora detenidos por terrorismo en un conflicto interno.

Economía ilegal no es sólo narcotráfico, es un holding empresarial corrupto e ilegal ligado con todo mercado ilícito.

Cada sociedad tiene el tipo de delincuencia que se merece, sugiere la investigación. Pero también el tipo de control que quiere e insiste. Las economías ilegales son la real amenaza para la pervivencia de la democracia y del Estado. El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico ilícito de todo mercado que constituya medio y oportunidad para el delito y un mecanismo para imponerse a través de la fuerza, con armas, con explosivos, u otras medidas, incluidos los ataques cibernéticos y mediáticos de prensa vocera de la mafia, es lo que más impacta en la inseguridad, mucho más en sociedades con problemas estructurales, como pobreza extrema, exclusión, inequidad y corrupción.

Confianza de la población en sus instituciones 

Es el crimen organizado y su economía ilegal lo que vulnera la calidad de vida, afecta la gobernanza, limita la gestión pública fragmentando al Estado y destruye la democracia atentando principalmente contra el sistema político jurídico, señala el informe. A la vez que socava la relación gobierno ciudadano a través de un conjunto de acciones transitorias o permanentes, en tiempo y espacio donde el Estado se encuentra incapacitado para contener la criminalidad.

Esta incapacidad -apunta la investigación- se traduce en:

-Sistemas ineficientes de justicia (investigadores, peritos, fiscales y jueces) sin procesos de rehabilitación social, sin modelo de gestión de cárceles y penitenciarias, con déficit de equipamiento y tecnología en lo policial y militar.

-Instituciones atacadas y deslegitimadas como maniobra para alcanzar desconfianza y perdida del principio de autoridad, con una débil aplicación de la ley.

-Nulo intercambio de información y desconfianza inter agencias, abandonada la cooperación internacional, sin el diseño de políticas de prevención e ineficiente servicio de inteligencia criminal y una sociedad con armas y recursos para enfrentar y anular el estado de derecho.

El mercado criminal actúa como una mano invisible que maximiza los conflictos sociales. El impacto, según este reporte,  no es solamente en la cultura, en la ética y en la moral pública, es en la justicia, en la defensa y protección de derechos, en la economía, en la organización social y política, en la confianza y en la democracia. Allí está en gran parte el germen de la violencia y delincuencia.

Las ciudades azotadas por estos fenómenos experimentan además procesos de deshumanización, con frecuencia presionan a los gobiernos por medidas que limiten derechos en su afán de contener la irracionalidad y la inconducta ciudadana, demandan leyes severas y en una suerte de evidente egoísmo disfruta de todo aquello que le haga suponer es utilizar toda la fuerza contra el malo.

Ese desdoblamiento de la personalidad nos impide ver nuestra propia conducta, y nos condiciona a juzgar solamente la de los otros, destaca el informe. Para un crecimiento exponencial de la violencia, la economía criminal debió haberse elevado en mayor proporción, y de manera similar, incremento la corrupción en todos los espacios.

¬¿Cuánto de esa ilegalidad practicamos¬?, desde adquirir un bien sin factura o de contrabando, comprar bienes ilícitos, pagar un soborno, pedir una coima, etc. Lo cierto es que el Ecuador tiene una elevada presencia de economía ilegal y un ejército de ciudadanos que con conciencia o inconciencia laboran para los mercados criminales, concluye la investigación.